“Quiero pensar que se trata de delincuencia común (…) no me quebrarán”, dijo en su cuenta de X.

En un video difundido en redes sociales se puede observar como varios espacios de su casa quedaron en desorden: los cajones de los armarios fueron saqueados y los documentos de su despacho estaban regados en el piso.

El eventual legislador recibió mensajes de apoyo de diferentes miembros del movimiento político al que pertenece. Para el exconsejero del Cpccs Walter Gómez en este hecho los sujetos no buscaban ni televisores ni dinero.

 “¿Dónde está la Policía y la Fiscalía? (…) Me imagino que se moverán tan ágil como una tortuga”, cuestionó. (AGM).

Quiero pensar que se trata de delincuencia "común" se metieron a mi casa, se llevaron laptop, CPU, Token
Guayaquil invivible…..!
No me quebrarán ….! pic.twitter.com/WjQ0onju4A

— Roberto Cuero (@RobertoCueroM) November 5, 2023

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El Presidente del Legislativo convocó para el martes 9 de mayo a las 10h45 la sesión del Pleno de la Asamblea para dar a conocer este informe. Los 137 asambleístas son los que deberán decidir si aprobar o no el juicio político contra el Jefe de Estado.

El documento fue enviado a Saquicela después del debate en la Comisión de Fiscalización. Con cuatro votos a favor y cinco en contra, no fue aprobado el informe no vinculante que recomendaba que el juicio político no se lleve a cabo.

»Se debe remitir al presidente un informe motivado y eso es lo que hará la Comisión de Fiscalización. La ley no dice un informe aprobado o no aprobado», aclaró la legisladora oficialista, Ana Belén Cordero.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Roberto Cuero, miembro de la Comisión, manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta Gabriela Molina, quien dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Argumentó que está “sesgado” y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Al finalizar la sesión, la proponente del juicio político, Viviana Veloz señaló que se incumplió el procedimiento parlamentario, debido a que Villavicencio clausuró la sesión cuando existía otra moción sobre la mesa. (A.G.M).

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A partir de las 10h00 la mesa parlamentaria se reunió para socializar el informe motivado por el proceso se sustanciación al juicio político del Jefe de Estado. Solo la asambleísta de UNES e interpelante, Viviana Veloz estuvo presente. Los otros tres proponentes faltaron a la convocatoria.

La sesión inició con varios pedidos en el orden del día, entre ellos el análisis de la función de los asesores en la redacción del informe, la cual fue aprobada y propuesta por el asambleísta oficialista Marco Troya. Según él, existieron interferencias en este proceso.

En este sentido, el legislador de UNES Roberto Cuero rechazó sus declaraciones y manifestó que ellos «no han amenazado ni han atropellado al equipo asesor», como lo habría insinuado Troya.

Otras mociones…

Legisladores de UNES tenían la intención de pedir un cambio en el orden del día para colocar un punto que permitiera “aprobar” el informe sobre el juicio político y agregar sus observaciones. La petición se hizo debido a que la convocatoria únicamente pretendía dar a conocer el informe borrador.

Para Villavicencio, el objetivo de UNES y el PSC era «obligarles» a aprobar un informe alternativo que planteaba el enjuiciamiento a Lasso. «Ventajosamente la presidencia de la Comisión logró impedir que esta moción de cambio del orden del día sea aprobada», resaltó.

Anteriormente, la bancada oficialista propuso tres cambios en el orden del día y solo fue aprobada la de Troya. Según el presidente de la mesa parlamentaria, solo están permitidas tres mociones de esta clase durante las sesiones, por ende, no dio paso al pedido de UNES.

La lectura del informe

La lectura del informe inició desde el punto cuatro y duró aproximadamente cuatro horas. El documento expuso las pruebas y fragmentos de las comparecencias que determinaban la supuesta inocencia del presidente Lasso en el presunto delito de peculado.

Además, el informe señaló que no hay evidencias para probar que hubo un contrato entre FLOPEC y Amazonas Tanker, en julio del 2022. De igual manera, expuso que no se pudo corroborar la identidad de Danilo Carrera, cuñado del Presidente Lasso, y Rubén Chérres en los audios difundidos por el medio digital La Posta.

Con base en todos los argumentos, el informe resolvía no recomendar el juicio político contra el presidente Lasso. Sin embargo, gran parte de los asambleístas no estaba de acuerdo con esta resolución.

Una mesa sin acuerdos

Después de la lectura del informe, Cuero manifestó su inconformidad y recalcó que existe una clara diferencia entre juicio penal y juicio político.

A este argumento se sumó la asambleísta de UNES, Gabriela Molina que dejó en claro que su única función como legisladores es determinar las responsabilidades políticas que no fueron cumplidas por parte del Jefe de Estado.

Por otro lado, el parlamentario Bruno Segovia cuestionó el informe redactado por los asesores de la Comisión. Manifestó que está «sesgado» y no recoge todas las pruebas, ya que el presidente Lasso si conocía la presunta corrupción en FLOPEC.

Una vez concluidas las intervenciones, la legisladora oficialista Ana Belén Cordero mocionó la votación para la aprobación del informe. Con un »digno final» Villavicencio dijo »¡Por los albañiles a favor!, sin embargo, los votos no fueron suficientes y se clausuró la sesión. (A.G.M).

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En consecuencia, la oficialista Ana Belén Cordero fue la encargada de dirigir la sesión de sustanciación, en el marco del proceso de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso.

El suceso ocurrió, luego de que el asambleísta Roberto Cuero (UNES), apeló la presidencia de Fernando Villavicencio por faltar a sus atribuciones en dicho rol.

Ahora, Fernando Villavicencio no podrá dirigir la Comisión de Fiscalización durante la etapa de «actuación de prueba», hasta el próximo 26 de abril, en el trámite de enjuiciamiento contra el primer mandatario.

El proceso

El inicio de la etapa de «actuación de prueba» en el marco de juicio político en contra el jefe de Estado inicio con la comparecencia del Luis Verdesoto, ex secreatrio Nacional Anticorrupción. Posteriormente, le siguió Fabián Pozo, ex secretario Jurídico de la Presidencia.

Se tiene previsto que este miércoles 19 de abril el proceso avance con las comparencias de otras 13 personas. En la lista figuran Luis Lavayen, actual gerente general de Flopec.

Concluida esta etapa, la Comisión tendrá un plazo de diez días para elaborar el informe en el que recomiende o no el proceso de enjuiciamiento contra Guillermo Lasso.

JR

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«¡GOLPE BAJO A VÍCTIMAS DE LOS ABUSOS DE LA BANCA! En accidentada sesión de ayer, 5 miembros (de 9) de la Comisión de Fiscalización recomiendan archivar el juicio político a la Superintendencia de Bancos. Será en el Pleno donde veremos quién está con la banca y quien con el pueblo», escribió en un tuit.

El comunicado fue publicado, después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó archivar este proceso político con 5 votos a favor y cuatro en contra.

¿Pagando favores?

La asambleísta Paola Cabezas (UNES) también cuestionó la votación de este juicio político. «La superintendenta de Bancos nunca entregó ninguna información para la investigación de Pandora Papers. ¡Qué coincidencia! cinco miembros de la Comisión de Fiscalización recomiendan no dar paso a su juicio político. ¿Están pagando favores?», preguntó en un tuit.

Otros pronunciamientos

El asambleísta Roberto Cuero (UNES), miembro de la Comisión, manifestó mediante un video que «gracias al voto de 5 asambleístas de la Comisión de Fiscalización, miles de personas perjudicadas por la banca usurera, jamás obtendrán justicia a sus reclamos».

Además, reveló que solo el 17% de los reclamos presentados ante la Superintendencia de Bancos favorecen a los usuarios. De esta manera, el asambleísta, Pascacio Córdova, señaló que una vez más la mayoría gobiernista protege a los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.

Archivo del juicio político

La decisión se tomó el 6 de febrero. En el informe, elaborado con aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio, se concluyó que Arregui no incurrió en el incumplimiento de sus funciones.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los legisladores aprobaron el informe que recomendó archivar esta solicitud de juicio político.

Darwin Pereira impulsó el proceso, ya que acusó a Arregui de incumplimiento de sus funciones en ocho casos. Entre ellos, pagos debitados en instituciones financieras privadas, y la acción frente a la capación ilegal de dinero en ´Big Money’.

La Comisión remitirá el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que lo puedan someter a consideración del Pleno.

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“No por eso yo podría decir o acusar al señor Guillermo Lasso, tal vez ni sepa que existe una cuenta en su banco, que él tenga algo que ver con el tema de Fondos Global. Este ejemplo es interesante. Quiero llamar a la cordura y a la reflexión. Quiero llamar a que este equipo de trabajo, que tiene algunas vertientes políticas y filosóficas, haga un trabajo con objetividad”, sostuvo Cuero.

Estas declaraciones, ocurrieron durante la sesión de la Comisión de Fiscalización, que investiga el caso Saab, después de que el presidente de la comisión, Fernando Villavicencio, tildó al Gobierno de Rafael Correa de “perseguidores, corruptos y delincuentes”

“Su líder me ha acusado de que yo trabajo para la CIA. Hasta hoy he ido a cobrar. Le insisto a Rafael Correa que me de la dirección. Su gobierno allanó mi casa acusándome de tener información reservada, me tuvo cinco años en el exilio. Tuve una sentencia ilegal y finalmente les gané. Hay que tener calidad moral para hablar en esta Comisión”, dijo Villavicencio.

Cuero respondió: “Yo no soy delincuente, a mi no me va a atacar porque usted no tiene ninguna prueba. Usted no puede acusarme de delincuente (..) en este Gobierno hay casos de corrupción, en el Gobierno de Lenín Moreno hubo casos de corrupción. Usted no puede acusar a todas las personas de un gobierno, de corruptos. Rechazo contundentemente que usted me diga delincuente”.

El legislador de UNES reiteró que el hecho de que Flogocons tenga una cuenta en el Banco de Guayaquil, no quiere decir que Guillermo Lasso tenga que ver con Álvaro Pulido. Puntualizó que esta misma lógica debe aplicar para el sistema Sucre. “¿O ellos siempre serán culpables por ser de la Revolución Ciudadana”, cuestionó.

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Roberto Cuero, legislador de UNES, fue el proponente de la moción. “Si en el sistema único de compensación regional hubo gente que se aprovechó del sistema y la Asamblea venía tratando una Ley que podía darle herramientas a las instituciones, para que puedan judicializar este tipo de cosas y el presidente Lasso vetó esa Ley. ¿Qué debería hacer esta Comisión? Por lo menos llamar a la persona que le dio la información al presidente o ¿el presidente estaba consciente de lo que estaba vetando? Yo propongo y lo elevo a moción, que invitemos al presidente Lasso a la Comisión y nos diga por qué vetó esa Ley”, argumentó Cuero.

Cuero y su compañero de bancada, Comps Córdova, reiteraron que Lasso deberá explicar los motivos para vetar esa normativa, al inicio su gestión. También, deberá responder por las acciones que tuvo en Panamá, un paraíso fiscal donde Saab habría tenido recursos.

La Comisión de Fiscalización aprobó el calendario de comparecencias, incluida la del presidente Guillermo Lasso, de forma unánime.

La Comisión reabrió el expediente del caso Alex Saab, empresario y diplomático colombo-venezolano, por lavado de dinero y exportaciones ficticias entre Ecuador y Venezuela. Este caso salió a la luz en medio de la polémica por los Pandora Papers, que involucran al presidente Guillermo Lasso.

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Sobre los casos Coca Codo Sinclair e InaPapers, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, dijo que convocó a 41 comparecientes, entre ellos a Lenín Moreno, expresidente; su esposa Rocío González, y sus hijas, Cristina, Irina y Karina, y a su hermano Edwin Moreno.

También serán llamados Ricardo Alemán, María Auxiliadora Patiño, Emilio Torres, Xavier Macías, la fiscal Diana Salazar, etc. Las comparecencias por este caso empezarán el 29 de septiembre.

Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdoba (UNES), increparon durante la sesión sobre el orden de prioridad de los casos que trata la Comisión. Solicitaron que al tema de  Ina Papers se le dé especial atención.

Villavicencio añadió que la investigación de los casos Coca Codo Sinclair e Ina Papers permitirán esclarecer toda una presunta red de sobornos.

El 2019, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno, por intermedio de su hermano, con la empresa off shore INA Investment. En ella se habrían depositado dineros provenientes del pago de comisiones por parte de la constructora china de Coca Codo Sinclair.

Con información de El Mercurio.

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