«No hay nada que impida que un funcionario sea procesado dos veces. La Asamblea hizo un trabajo que debió hacerse en enero. Ahora falta que la función judicial investigue y haga el trabajo que le toca; dar respuestas a la ciudadanía. Hay un riesgo de que quede impune por todo, pero Romo debe dar la cara», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

El legislador expresó su preocupación por la opinión de distintos actores que aplauden la gestión de la exsecretaria de Estado. «La tarea del Gobierno no es sostener funcionarios, sino presentar un mejor escenario para que todo mejore», mencionó.

Mensaje de la la Presidencia

Después de la decisión de la Asamblea, Gómez confirmó que esta instancia no es un reducto más de Carondelet. «Con esta decisión, la Asamblea le dice al presidente que ninguno de los suyos está exento de fiscalización. Cuando en una nación hay corrupción hay poco que festejar. Esto solo explica que hay infracciones», señaló.

Votos en contra de la censura de Romo

El funcionario advirtió que los votos en contra del juicio político de Romo se miden por las afinidades políticas. «Hace tiempo se pidió la remoción de Romo por el tema de Mendoza. En este caso particular son asambleístas que confían en la Ministra. Si alguien cree que Romo tiene que ser salvada es penoso», concluyó. (GG)

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“Por disposición del señor César Litardo Caicedo, Presidente de la Asamblea Nacional. Según lo dispuesto en los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de la Implementación de las sesiones virtuales y teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional se convoca a las y los asambleístas a la sesión 687 en modalidad virtual con el objeto de tratar el juicio político en contra de la abogada María Paula Romo Rodríguez”, reza la convocatoria.

Causales del juicio

Los asambleístas Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranjo, acusan a la ministra de Gobierno por incumplimiento de funciones. Las causales presentadas son: uso de bombas lacrimógenas caducadas y lanzamiento a los centros de paz durante las manifestaciones de Octubre de 2019.

En un principio, se planteó la convocatoria tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación, pero se desestimó en el informe por considerarlo fuera de sus funciones.

Para lograr su censura y destitución es necesario alcanzar una votación igual o superior a las dos terceras partes del Pleno, es decir 91 votos.

Moreno lamenta la potencial destitución

La posible destitución de la Ministra le traería más pena al país que al presidente Lenín Moreno, según lo manifestó. El mandatario calificó de un acto heróico las acciones que la Secretaria de Estado mantuvo en las protestas.

“Ella se sentiría aliviada de poder liberarse de una tarea tan dura como le ha correspondido. No olvidemos que si es que hubo una persona que se comportó con heroicidad durante octubre fue la ministra de gobierno», dijo el pasado 16 de noviembre en «De Frente con el presidente». (GG)

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Gómez, junto a la asambleísta Amapola Naranjo, fueron los que plantearon el juicio en contra de la ministra de Gobierno en enero pasado. El uso de bombas lacrimógenas caducadas por parte de la Policía Nacional, durante las manifestaciones de octubre de 2019. La intromisión de los agentes en zonas de paz cuando niños y madres indígenas descansaban son algunas de las causales del juicio a la ministra por incumplimiento de funciones.

Otras causas

Sin embargo, el 10 de septiembre, Gómez y Naranjo hicieron el pedido de incluir en el expediente de Romo las investigaciones sobre el reparto de hospitales. Reparto en el que María Paula habría sido «la mente maestra», según palabras del ex asambleísta Daniel Mendoza, actualmente procesado por este delito en Fiscalía.

Pero al parecer el Gobierno aún tiene injerencia en el Legislativo. “Qué sucede ahora… resulta que el presidente de la Asamblea habría olvidado incluir el expediente del reparto en el juicio político contra la señora Romo”, mencionó Gómez con relación al presidente de la Asamblea, César Litardo.

El asambleísta también aseguró que los tratos de Romo con los legisladores son la causa del actual desprestigio de la Asamblea Nacional. Gómez mencionó al asambleísta Luis Pachala y a su bancada como parte de esos convenios con la ministra.

“Es esa bancada, liderada por el señor Luis Pachala, en coordinación con el señor Mendoza y el señor Azuero quienes hicieron un acuerdo con la ministra Romo para entregarle la Fiscalización al Gobierno. Es decir el primer poder del Estado que tiene que fiscalizar a los ministros, al Gobierno”.

Juicios políticos

La anterior Comisión de Fiscalización no atendió los cinco juicios políticos en contra del ex ministro Richard Martínez y tres en contra de Romo. “El único bloque, que no ha apoyado los pedidos de juicio político en contra del señor Martínez y la señora Romo, es el bloque del asambleísta Pachala”, sentenció el asambleísta Gómez.

El legislador aseguró que, si Litardo no incluye el expediente del reparto al juicio contra Romo, él mismo presentará un nuevo pedido de juicio en contra de la presidenta del Directorio del ISSPOL. Gómez afirmó que también están investigando a la ministra de Moreno por los problemas financieros en torno al dinero de la Seguridad Social de la Policía. (DR).

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En enero de 2020, los legisladores Roberto Gómez (exCREO) y Amapola Naranjo (RC) presentaron la solicitud de juicio político. Sin embargo, el mismo presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, no convocó al CAL para iniciar el proceso.

La funcionaria admitió que no es la primera vez que solicitan el juicio político en su contra por los hechos violentos sucedidos en las protestas de octubre. Según el registro de la Defensoría del Pueblo se registraron “8 personas fallecidas a escala nacional, siendo Pichincha la provincia con la mayor incidencia” resultado de los enfrentamientos y la represión policial.

Romo alegó que a pesar de responder a las preguntas del Legislativo, “hay voces que insisten en la calificación de este juicio”. Según la ministra, es resultado de su gestión. “No me perdonan haberlos enfrentado y denunciado” agregó.

Según un tuit publicado en su cuenta oficial, María Paula Romo comparecerá ante la Asamblea las veces que requiera. Sin embargo, los antecedentes dicen algo diferente. A pesar de recibir las convocatorias de comparecencia en ocasiones anteriores, la funcionaria logró evadir la función fiscalizadora de la Asamblea.

Exceso policial en las movilizaciones de octubre de 2019

El proceso propuesto por los asambleístas Gómez y Naranjo responde a diferentes causas. Entre ellas, se menciona el exceso policial, el uso de bombas lacrimógenas caducadas, el ataque a centros de paz y el incumplimiento de funciones al convocar de forma tardía al Comité Interinstitucional para la Protección de Periodistas y Trabajadores de la Comunicación. Esto último a propósito de las agresiones que sufrieron los periodistas que cubrían los sucesos de octubre.

Ahora la solicitud pasará a la Comisión de Fiscalización para que inicie el proceso de recepción de pruebas y testimonios. El proceso también contempla el juicio en contra del implicado en actos de corrupción por fraude al CONADIS y el presidente del Consejo de Participación (CPCCS), Christian Cruz.

Un poco antes de la aprobación de la solicitud, la ministra Romo colgó en sus redes sociales un video sobre la carta enviada al CAL. En él, pide que califiquen el juicio político en su contra. Para la ministra, el proceso se da porque es “incómoda” para muchos sectores políticos. (AB)

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“El fondo del audio es que, la Ministra conoce que alguien le dice que a su nombre se está pidiendo prebendas y cargos. La obligación del Ministro en ese segundo es decir, denuncie, vaya en este momento a la Fiscalía”, aseguró Gómez.

Ahora, Romo enfrenta un proceso de censura y destitución en la Asamblea Nacional por incumplimiento de sus funciones. Sobre la existencia de este audio, la Ministra dijo: “no tiene ninguna relación conmigo ninguna de estas acusaciones y, si es que cualquier persona considera que hay algo que investigar, pues tienen que hacerlo las autoridades competentes”.

El audio revela una conversación entre una persona que se presenta como Gerente General del Hospital de Tulcán y la Ministra de Gobierno. La funcionaria del hospital declara que Andrés Romo habría pedido su renuncia por “el hecho de no haberle concedido algunos contratos”.

Roberto Gómez cuestiona que la Ministra Romo conoce de la existencia de este audio y no se pronuncia de ninguna forma sobre esto.

CLL

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