Según la justicia ecuatoriana, Moreno debía presentarse de manera periódica ante un juez por el delito de cohecho, en caso de corrupción de Sinohydro en el que fue acusado. Esta medida se tomó como alternativa a la prisión preventiva que solicitó la Fiscalía General del Estado (FGE). De la misma manera, debía declarar cada cuatro meses en la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Sin embargo, el exjefe de Estado hizo caso omiso de las directrices de la Función Judicial.

En su momento, Moreno alegó que la disposición de que se presente ante las diferentes entidades judiciales se debería a una mera «vanidad«. Esta sería la segunda falta que comete el exmandatario. La primera fue en octubre de 2023 y la segunda en febrero de 2024, detalla el Expreso.

Moreno mantiene la certeza de que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, no podrá solicitar prisión provisional para él y su esposa porque son personas de la tercera edad. Para él, lo lógico sería que pida prisión domiciliaria, de todos modos «cumple un trabajo con las personas con discapacidad». «Eso no me haría ningún daño», proliferó.

Los antecedentes

El 5 de junio de 2023, el juez Mauricio Espinosa negó el pedido de prisión preventiva para Moreno y su esposa Rocío González, pese a incumplir con las medidas cautelares dictadas. Bajo este amparo, los implicados podían defenderse en libertad, pero debían presentarse en el Consulado de Ecuador en Paraguay.

El exjefe de Estado se pronunció en su cuenta de Twitter. Aseguró que es inocente y agradeció a la “institucionalidad y a la justicia” por esa decisión. Además, rechazó cualquier vinculación y responsabilidad en la construcción de la obra Coca-Codo Sinclair.

Oídos sordos a lo que diga la ley

El 19 de abril de 2023, la FGE pidió prisión preventiva para Moreno, su esposa e hija, Irina Moreno, entre otros involucrados del caso Sinohydro. La orden llegó hasta la Interpol para que los busque y capture. Posterior a eso, el 5 de marzo del 2023, la entidad de control inició el proceso en contra de 37 personas por el presunto delito de cohecho. A partir del 13 de marzo, los sospechosos debían presentarse periódicamente ante la Corte Nacional de Justicia.

Sin embargo, 10 de los implicados incumplieron las medidas dictadas por el Tribunal, entre ellos el expresidente , su esposa e hija, Xavier Macías, María Auxiliadora Patiño, Liu Asheng, Cai Runguo, Pablo Zatizabal, Mauricio Pérez y Francisco Castello.

El impulso fiscal sostuvo que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil. (N.J.C)

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La acción ocurre después de que varios procesados incumplieran la presentación periódica impuesta por la entidad en la formulación de cargos por delito de cohecho.

La noticia fue confirmada esta martes 10 de abril de 2023. No obstante, no se específico a cuáles de los 37 procesados se les revisará dichas medidas.

Por ahora, en ese grupo de procesados destaca el expresidente Lenín Moreno y Rocío González, su esposa. La pareja actualmente reside en Asunción, Paraguay. Ambos no han acudido a las presentaciones, con inicio programado para el 20 de marzo y cuya periodicidad sería cada 15 días.

Sin embargo, la defensa de Moreno argumentó que trasladarse a Ecuador es «médicamente imposible«. Por ello solicitaron que las presentaciones correspondientes se realicen en la delegación diplomática ecuatoriana existente en ese país. Aunque el pedido fue negado, el pasado 22 de marzo por Espinosa.

Adicionalmente, el conjuez rechazó la revisión de medidas a favor de seis procesados, en los que figura Irina Moreno, hija del ex presidente.

Moreno y la prisión preventiva

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), sostiene que en caso de que una persona decida no cumplir una medida alternativa impuesta por los organismos correspondientes, Fiscalía puede solicitar el cambio de dicha medida y el juez deturno deberá dictar prisión preventiva.

Moreno, sin embargo, al pertenecer a la población de tercera edad y tener una discapacidad, ir a prisión no es viable. De modo que, si el juez lo admite, el arresto domiciliario sería la medida a dictarse mientras las investigaciones avanzan.

El caso Sinohydro se relaciona a los supuestos pagos de USD 76 millones en sobornos por parte de esa empresa asiatica a cambio de obtener la firma del contrato para construir la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, además del financiamiento de la obra en beneficio del EximBank de China.

JR

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Esta medida será atendida el 17 de marzo de 2023. El exjefe de Estado y sus familiares formarían presuntamente parte del entramado de corrupción en Sinohydro, también conocido como Ina Papers.

En esta medida solicitaron la presencia del extitular del Consejo Nacional de Discapacidades (Conadis), Xavier Torres por tener conocimiento de todos los procesos y desventajas de las personas con discapacidad. Además, participará un grupo de abogados con un amicus curiae.

El Tribunal de la CNJ llamó al juez Adrián Rojas para que conozca y explique la medida cautelar para Moreno y su cónyuge. La Fiscalía ordenó que Moreno y su esposa se presenten periódicamente a la Sala Penal de la Corte. Su primer llamado sería el 20 de marzo.

Moreno en la embarrada

Luego de dos años, finalmente, la Fiscal General Diana Salazar, acusó a Moreno, su esposa, una de sus hijas y 30 personas más por el caso Sinohydro. Según la autoridad, la familia del exmandatario habría recibido USD 660 mil en sobornos distribuidos de la siguiente manera.

Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes del proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

Sin embargo, Moreno aseguró que durante su cargo como vicepresidente del Ecuador solo estuvo a cargo del manejo de los sectores estratégicos, por lo que repitió que nunca mantuvo una relación con la empresa china.

No obstante, la fiscal Mayra Moreno sospecha que el exmandatario aprovechó su cargo para actuar como intermediario ante la Embajada China para favorecer a Sinohydro, según Radio Pichincha.

Le cancelaron la prisión preventiva

Moreno, a través de su cuenta de Twitter, agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Además, tildó de «arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Mi hija se ganó el dinero pintando

Moreno aseguró que los USD 50 mil que habría recibido su hija fueron por un contrato que realizó con la familia Macías y no por los presuntos sobornos de los que se la acusa por el caso Sinohydro.

Mencionó que su hija firmó un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

¿Se va o no a Paraguay?

El exjefe de Estado confirmó, el pasado 7 de marzo, que solicitaría asilo político a Paraguay. Según él, esta petición la realizaría por su condición médica y resaltó lo crítica que es su situación de salud, por lo que el maltrato de viajar en un avión puede perjudicar su estado.

Sin embargo, en otras declaraciones comentó que no pedirá asilo político en ese país, pues cooperará con la justicia. También, remarcó que le «gustaría» regresar a Ecuador y dar la cara ante estas acusaciones.

Pero todo es culpa de Correa…

Moreno responsabilizó al expresidente Rafael Correa y al exvicepresidente Jorge Glas por la presunta red de corrupción en este caso de corrupción.

El exmandatario indicó que quien tomaba las decisiones en los contratos era Correa y quien se encargaba de los sectores estratégicos era Glas. El exmandatario se deslindó de todas las acusaciones que la Fiscalía General del Estado realizó en su contra.

«Todas mis transferencias, los pocos bienes que tengo hipotecados son investigados. Por esto me sorprende todo este entramado», refirió. (N.J.C)

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“Desde ciertos sectores -que manejan sus propios intereses y agendas- se me acusa de criminalizar a la profesión”, expresó la fiscal inicialmente en su texto publicado a través de Twitter. El suceso ocurre 24 horas despúes de formularse cargos contra 37 personas por el presunto delito de cohecho.

El caso Sinohydro, indaga sobre una presunta red de corrupción asociada a la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Según Salazar, el monto de esas presuntas coimas supera los USD 76 millones: «el más alto por corrupción judicializado hasta el momento en nuestro país«.

Ante la relevancia del suceso pidió a los interesados revisar el expediente del caso, para dimensionar su magnitud. Asimismo, sostuvo que ciertos procesados han invocado un «espíritu de cuerpo que podría encubrir actos reñidos con ley».

«Más allá de presiones económicas, mediáticas, políticas y de cualquier otra índole, mi compromiso estará siempre con el Estado de derecho, la justicia y las víctimas», mencionó Salazar.

En la audiencia de formulación de cargos, efectuada el pasado viernes, Fiscalía presentó 225 elementos de convicción y se refirió a las cantidades de dinero presuntamente repartidas a cada implicado.

Posteriormente, se ordenó que el expresidente Lenín Moreno y su esposa, Rocío González (radicados en Paraguay), cumplan con la medida cautelar de presentación cada 15 días en la Sala Penal de la Corte Nacional, en Quito.

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Sobre los casos Coca Codo Sinclair e InaPapers, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión, dijo que convocó a 41 comparecientes, entre ellos a Lenín Moreno, expresidente; su esposa Rocío González, y sus hijas, Cristina, Irina y Karina, y a su hermano Edwin Moreno.

También serán llamados Ricardo Alemán, María Auxiliadora Patiño, Emilio Torres, Xavier Macías, la fiscal Diana Salazar, etc. Las comparecencias por este caso empezarán el 29 de septiembre.

Roberto Cuero, María Gabriela Molina y Comps Córdoba (UNES), increparon durante la sesión sobre el orden de prioridad de los casos que trata la Comisión. Solicitaron que al tema de  Ina Papers se le dé especial atención.

Villavicencio añadió que la investigación de los casos Coca Codo Sinclair e Ina Papers permitirán esclarecer toda una presunta red de sobornos.

El 2019, un portal denunció una presunta vinculación de Lenín Moreno, por intermedio de su hermano, con la empresa off shore INA Investment. En ella se habrían depositado dineros provenientes del pago de comisiones por parte de la constructora china de Coca Codo Sinclair.

Con información de El Mercurio.

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La declaración tendrá lugar el próximo 26 de marzo a las 13:00, también deben dar su versión los ministros Mauricio Pozo (Economía), Rene Ortiz (Energía), Rosi Prado (Turismo) y Julio Recalde (Vivienda).

Otras declaraciones

Este miércoles, el exdirigente deportivo, Rodrigo Paz, rindió su versión de los hechos por Zoom. Los tick tockers María del Mar Cruz y Salomón Doumet vacunados en el Teodoro Maldonado Carbo no dieron su versión, tampoco el chef Diego Balmaseda, quien fuera vacunado en la Universidad Espíritu Santo.

De acuerdo con el abogado Pablo Encalada, “en el caso del chef, los tick tockers y los rotarios, los encargados fueron los directores de las zonales y hospitales y no el exministro Juan Carlos Zevallos”.

Vacunados VIP

La esposa del presidente Moreno, Oswaldo Hurtado y Gonzalo Rosero son algunos de los nombres que constan en la lista de vacunados VIP, según la información que entregó el portal digital La Posta.

El medio tuvo acceso a documentos del Ministerio de Salud Pública e indicó que dos días después del inicio del Plan de Vacunación aparecieron los primeros vacunados que no pertenecían al grupo de la Fase Cero de esta planificación.

Además de Rocío de Moreno, se vacunaron: Liz Gilier, asesora de Moreno, Fredy Miño, persona encargada de la silla de ruedas del presidente.

Para el 23 de enero se vacunaron en el Hospital de Los Valles: Oswaldo Hurtado, expresidente de la República. Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa. Carlos Larreátegui, canciller de la Universidad de las Américas. Ricardo Mora Bien, abogado. Roberto Espinosa, dueño de la pasteurizadora Quito. El asesor político Jaime Durán Barba y su hermano Rodrigo y el exministro de Finanzas, Pablo Better.

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“Si fue o no una imprudencia política de mi parte, no lo sé, no soy político. No entiendo de política. Ahora bien, si alguien desearía que dentro de este proceso deje fuera a mi madre o a cualquier otra persona, debo decirle que difiero, con todo respeto, de ese criterio”, dijo en esa ocasión.

Las declaraciones tuvieron repercusiones. El defensor del Pueblo pidió la investigación de Fiscalía por un presunto tráfico de infulencias y la Asamblea Nacional procesa dos juicios polìticos en su contra. Sin embargo, el ministro no ha emitido pronunciamiento y el seguimiento del plan de vacunación aparece por boletín de prensa.

Voceros fantasmas

Rocío González de Moreno no solo es primera dama también es secretaria técnica del Plan Toda Una Vida que lleva adelante el gobierno. Aunque sus entrevistas en medios de comunicación son limitadas, la última vez que hizo una aparición pública fue el pasado 24 de enero en la corte que acompañó al presidente en su viaje a Estados Unidos.

La última declaración del secretario de Gabinete de la Presidencia, Juan Sebastián Roldán fue el 27 de enero para indicar que el presidente Moreno se vacunó en la semana que llegó el primer lote de vacunas.

“El presidente ya se vacunó. Se vacunó la semana pasada. Nosotros esperaremos a que nos corresponda en términos de edad”, dijop a un medio internacional mientras estaba en Washington con el mandatario.

Por otra parte, el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena no ha emitido palabra sobre la investigación que Fiscalía lleva en su contra desde el año pasado por presunto delito de peculado. Investigación que Fiscalía dejó en el limbo. “Es una calumnia, es mentir, es difamar. Yo soy de dueño de ninguna empresa de publicidad», expresó el pasado 28 de diciembre.

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Según declaraciones de Johana Pesántez, secretaria jurídica de la Presidencia de la República, el nombre de Gonzalez habría sido referido en un presunto caso de asociación ilícita y tráfico de influencias, delitos por los que Tuárez fue detenido y es investigado.

La semana pasada, agentes de Fiscalía y Policía Nacional detuvieron a Carlos Tuárez por ofrecer cargos en varias instituciones del Estado, entre ellas la Dirección de Aviación Civil (DAC) y la Aduana, a cambio pedían grandes cantidades de dinero, que irían desde los USD 5 millones hasta los USD 20 millones.

Al momento, Tuárez tiene orden de prisión preventiva, junto con otras 27 personas. El ex presidente del CPCCS fue trasladado a la Cárcel Cuatro, en el Inca, ubicada al norte de la capital. Otras seis personas implicadas tienen la orden de libertad, pero con medidas sustitutivas

CLL

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