La propuesta fue planteada por la exasambleísta Rocío Guanoluisa. La universidad tendrá su sede matriz en Quito y sus promotores serán el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, esta última entidad será la que asigne a las respectivas autoridades.

La institución empezára a funcionar con 6 mil cupos y tres carreras específicas: Investigación Criminal y Forense, Seguridad Ciudadana, e Inteligencia Estratégica y Prospectiva. Con el paso del tiempo se abrirán nuevas ofertas académicas.

La presidenta de la Comisión de Educación, Zolanda Plúas, comentó a Radio La Calle que el gobierno financiará la universidad por cinco años con una inversión de USD 3 millones anuales, en total serían USD 15 millones.

La exlegisladora Guanoluisa señaló que la Universidad de Ciencias Policiales tiene financiamiento propio, pues el Ministerio de Economía y Finanzas firmó una acta administrativa en julio del 2021.

»Al no existir una modificación en el gasto público, el proyecto de ley no incurre en alguna inconstitucionalidad» resaltó frente al Pleno del Parlamento.

Puntos a favor

»En al actualidad para que se formen nuestro criminólogos debemos mandarlos al exterior con todos los gastos pagados y tenemos recursos limitados. Si nosotros tenemos este instituto de educación superior seremos un referente», dijo el comandante de la escolta legislativa, Francisco Zumárraga.

Resaltó que la universidad se convertirá en un tanque de pensamiento no solo para capacitar a sevidores policiales, sino a ciudadanos que tengan interés en temas de seguridad. De igual manera, sería un campo de conocimiento para personal de las Fuerzas Armadas, agentes metropolitanos de tránsito y guardias de seguridad privada.

Por su parte Plúas destacó la amplitud de la oferta académica en educación superior, pues más bachilleres accederán a cupos.

Puntos en contra

»El sistema de educación superior no puede ser utilizado para satisfacer caprichos de determinadas instituciones», dijo la asambleísta por la Revolución Ciudadana (RC), Ana María Raffo.

La parlamentaria indicó que la creación de una universidad »exclusiva» para la Policía atenta el artículo 28 de la Constitución, que señala que la educación debe estar al servicio del interés público.

Enfatizó que una institución de educación superior nunca podrá ser la responsable de la implementación de políticas públicas de seguridad, pues la atribución le corresponde al Presidente de la República y a la Policía.

Por otro lado, el asambleísta Mauricio Zambrano dijo que el anterior gobierno fue uno de los grandes promotores de este proyecto con el que buscarom distraer a la ciudadanía de los fallidos planes de seguridad.

Destacó que para la creación de la Universidad de Ciencias Policiales existe un déficit de USD 2 millones. El Ministerio de Finanzas había otorgado un presupuesto menor a la iniciativa presentada para su creación. (AGM)

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El comunicado argumenta que la expulsión de los legisladores: Rocío Guanoluisa, Lucía Placencia y Xavier Santos, se debe a sus “públicas y notorias actuaciones que van en contra de la línea política socialdemócrata” del movimiento.

Sin embargo, los parlamentarios y sus pronunciamientos respecto a la decisión tomada por la bancada no se han hecho esperar. Xavier Santos dijo que su accionar siempre contemplará a quienes lo llevaron a representarlos en la Asamblea.

El legislador también mencionó que su deber es buscar el beneficio de los ciudadanos y no defender los intereses de una organización política. 

Igualmente, mencionó en una entrevista, el pasado 4 de mayo de 2022, que no ha sido notificado de manera formal; por lo tanto, aún no ha sido expulsado oficialmente del bloque legislativo.

Por otro lado, la parlamentaria Lucía Placencia, quien integra la comisión pluripartidista que evaluará a Guadalupe Llori, presidenta del Legislativo; manifestó que «la bancada empezó con 18 asambleístas; después fueron 15 y ahora son solo 10 parlamentarios».

Placencia explicó, mediante un comunicado que, en su caso, el argumento que se utiliza para separarla de la bancada es «alejarse de las líneas partidistas».

Esto, sin tener un proceso disciplinario de por medio y sin ningún órgano nacional que autorice las decisiones de separar a una asambleísta de una bancada, señala la legisladora.

También dijo anhelar que la crisis interna que atraviesa la ID se solucione dentro de los parámetros legales.

La parlamentaria Rocío Guanoluisa aún no se ha pronunciado en sus redes sociales oficiales.

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