La legisladora presentará sus alegatos este miércoles 26 de abril durante el proceso de sustanciación vigente, efectuado por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Estos alegatos estarán sustentados en las comparecencias y purebas documentales solicitados por los integrantes de dicha Comisión.

En el proceso se espera la presencia de los asambleísta acusadores en el proceso de juicio político contra el primer mandatario. La lista la integran Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex Pachakutik), Rodrigo Fajardo (separado de ID), Pedro Zapata (PSC). Sus alegatos serán presentados desde las 09h00. Posteriormente, Edgar Neira Orellana, abogado defensor empezará su intervención a las 11h30.

Viviana Veloz argumenta que Guillermo Lasso «conoció, auspició y permitió la corrupción en las empresas públicas, entre ellas, Flopec». Respecto a los recursos que se habrían desviado a favor del jefe de Estado expuso que «hubo una distracción de fondos públicos, y para eso hay que contratar un perito para que haga esa auditoría».

Según el examen de auditoría de la Contraloría General del Estado, hasta el pasado 5 de noviembre de 2021, Veloz señala la existencia de una pérdida de más de USD 6 millones.

Sin embargo, desde aquel mes hasta la actualidad la cifra habría alcanzado USD 110 millones. Pero quien debe determinar aquello es un perito, según explicó Viviana Veloz. De momento, en el marco del enjuiciamiento se tomará como referente la primera cifra señalada por Contraloría.

JR

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«Rodrigo Fajardo y sus aliados, han fungido como alfombra Saquicelista, que responde únicamente a agendas personales, alianzas con el correísmo y acuerdos bajo la mesa», dicta el comunicado de la ID firmado por el presidente del partido, Enrique Chávez.

El partido ratificó al asambleísta Ramiro Narváez como coordinador de la bancada legislativa. Sin embargo, resaltaron que el presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, no lo registra legalmente. El objetivo sería »mantener bajo control los votos que sumen a los intereses de la bancada legislativa representadas en Saquicela», recalcaron.

Réplica

Por su parte, el comunicado de la Bancada Legislativa de la Izquierda Democrática representada por Rodrigo Fajardo manifestó que los asambleístas liderados por Chávez no tienen vergüenza de cambiar sus posturas. «Súbitamente se muestran como críticos de un Gobierno al que han sostenido», dicta un comunicado.

De igual manera, señalaron que se reservarán el derecho de tomar acciones legales contra las personas que «con base de calumnias pretenden beneficiarse de la confusión en medio de una coyuntura tan crítica». También ratificaron su apoyo al juicio político contra el presidente, Guillermo Lasso.

Los exilios de la ID

En noviembre del 2022, la ID separó de la bancada a los asambleístas Marlon Cadena, Rodrigo Fajardo y Yeseña Guamaní por incumplir con las leyes del Consejo. Además, autorizaron al presidente Nacional, Enrique Chávez y a la Fiscalía General del Estado (FGE) tomar acciones disciplinarias y legales pertinentes contra los miembros de la ID.

“Iniciar con los procesos a quienes se han tomado atribuciones ilegítimas de representación de la ID y que han usado la identidad y los símbolos de la organización a título individual o colectivo”, reza el comunicado.

La presidencia de Chávez

Según la legisladora Guamaní, la directiva del Consejo Ejecutivo Nacional de la ID la conforman presidentes provinciales prorrogados que no respetan los estatutos. Una de las presuntas ilegalidades es designar al segundo vicepresidente del partido, Enrique Chávez, como presidente encargado en reemplazo de Guillermo Herrera.

Con esta resolución, aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se respetó el orden de sucesión y se desconoció a la primera vicepresidenta del partido, Analía Ledesma “por ser mujer”, resaltó Guamaní.

Agregó que el propósito de la designación de Enrique Chávez era tomarse el partido con el apoyo de asambleístas disidentes de la ID. Su objetivo era desconocer el liderazgo de Xavier Hervas y perseguir a los legisladores que no estaba de acuerdo con sus “intereses ocultos”. (A.G.M).

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Tras esto, la decisión inicial del CAL se queda sin fundamentos. De este modo, en lugar de remitir el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional (CC), dispone a los solicitantes completar los requisitos correspondientes, e incluso corregir errores.

¿A qué errores se refiere?

La reconsideración llega tras el surgimiento de nuevas alertas sobre errores en el expediente presentado. Los legisladores solicitantes invocaron artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP) vinculados a concusión y peculado, derogados desde febrero de 2021.

En razón de ello, Virgilio Saquicela, presidente de la Asamblea, convocó nuevamente al CAL para revisar lo aprobado previamente. Fue así como se obtuvo una nueva resolución.

Las asambleístas Johanna Moreira y Nathalie Arias, integrantes del CAL (quientes votaron en contra), expresaron que no se busca «completar» requisitos, sino «corregir» los errores.

Durante la tarde de este martes, el asambleísta Esteban Torres (PSC) había manifestado que el documento final no deberá tener fallas, previo a ser enviado a la CC. Asimismo, explicó estos acontecimientos ocurren dentro del plazo establecido en la norma para calificar el pedido de juicio.

¿Qué implica esto?

Los asambleístas Viviana Veloz (UNES), Mireya Pazmiño (ex PK), Pedro Zapata (PSC) y Rodrigo Fajardo (ID) deberán completar dichos requisitos en el plazo de tres días.

La solicitud previa de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, tenía cinco días en el CAL. Se esperaba que el expediente correspondiente fuese enviado a la Corte Constitucional para que efectue el dictamen de admisibilidad.

JR

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La moción para designar a Veloz en el cargo fue presentada por Rodrigo Fajardo, asambleísta de Izquierda Democrática y y secundada por Mireya Pazmiño, disidente del partido Pachakutik. La designación fue unánime.

«Esta comision debe cumplir con un trabajo transparente para dar respuestas al pueblo. No seremos parte de la corrupción del Gobierno de Lasso. Por ello propongo a Viviana Veloz para que presida esta Comisión (…) por su trabajo ético y transparente», expuso Rodrigo Fajardo, previo a la votación.

Mireya Pazmiño fue elegida como vicepresidenta de la Comisión

Posteriormente la mesa de trabajo, Diego Esparza (asambleísta independiente) propuso a Mireya Pamiño como vicepresidenta de la Comisión. La moción fue aceptada por seis votos afirmativos y abstención de Gruber Cesario Zambrano.

La Comisión multipartidista tiene un lapso que tiene 30 días para presentar un informe al Pleno de la Asamblea, alrededor del caso también llamado ‘El Gran Padrino’.

«Estamos en una etapa crítica (…) cito al presidente Guillermo Lasso cuando dijo que cambiaría al país en 100 minuto, pero ha cambiado el país para mal. Dijo que no gobernaría con familiares en la presidencia, cosa que no se cumplió», manifestó Fajardo, respecto a la presunta trama de corrupción.

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Esto se suscitó, luego de que Ulloa anunció que interpondrá una acción de incumplimiento de sentencia en contra de la Asamblea por el retiro de la placa (cuya frasa inscrita dice: «Ningún poder del Estado está en por encima del control constitucional», ordenada por el juez Ángel Lindao.

Además, Ulloa presentará otra acción de incumplimiento contra la Asamblea Nacional por no posesión del Superintendente de Bancos y por la no posesión de consejeros suplentes.

«La Asamblea Nacional, en representación de los ciudadanos, sus verdaderos mandantes, no se someterá a intervenciones inconstitucionales de ninguna otra Función del Estado, ya que estos carecen de eficacia jurídica y no claudicará en la defensa de sus derechos y aspiraciones de mejora y desarrollo del pueblo«, concluyó el comunicado.

Los asambleístas que firmaron la proclama son Mireya Pazmiño (Pachakutic), Rodrigo Fajardo (Izquierda Democrática), Luis Esteban Torres (PSC) y Mauricio Zambrano (UNES) junto al presidente de Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela.

JR

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Según la legisladora Guamaní, la directiva del Consejo Ejecutivo Nacional de la ID la conforman presidentes provinciales prorrogados que no respetan los estatutos. Una de las presuntas ilegalidades es designar al segundo vicepresidente del partido, Enrique Chávez, como presidente encargado en reemplazo de Guillermo Herrera.

Con esta resolución, aprobada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) no se respetó el orden de sucesión y se desconoció a la primera vicepresidenta del partido, Analía Ledesma “por ser mujer”, resaltó Guamaní.

Agregó que el propósito de la designación de Enrique Chávez era tomarse el partido con el apoyo de asambleístas disidentes de la ID. Su objetivo era desconocer el liderazgo de Xavier Hervas y perseguir a los legisladores que no estaba de acuerdo con sus “intereses ocultos”.

El 26 de octubre del 2022, los legisladores solicitaron al CNE la justificación legal de la designación de Enrique Chávez como presidente del partido ID. Sin embargo, la entidad no pudo justificar esta acción en su respuesta del 9 de noviembre del 2022.

Ante la situación, solicitarán la comparecencia de los vocales del CNE para que respondan por sus omisiones en este caso. Por otro lado, presentarán una denuncia en la Fiscalía General del Estado (FGE) por las decisiones arbitrarias de las cabecillas de la ID.

Más presiones de la ID…

Además, Guamaní dijo que querían obligarlos a salvar al Consejo de la Judicatura (CJ) “porque ya comprometieron los votos de ID y no pudieron cumplirles. De 10 legisladores que formamos parte de la bancada oficial, tres votamos a favor del juicio político”, resaltó.

Otra de las razones sería la imposición de cambiar al coordinador de bancada, por lo que no aceptan la renuncia de Marlon Cadena como líder de la ID en el Legislativo. En este sentido, Guamaní ratifica el apoyo a Cadena, como coordinador de bancada y a Fajardo como suplente.

La “persecución política” a Guamaní

En la rueda de prensa, la legisladora también denunció persecución política, psicológica y simbólica en su contra. De hecho, levantó medidas administrativas de protección contra los asambleístas de la ID, Alejandro Jaramillo y Johana Moreira. Este recurso se dio en razón a la “confabulación” de ellos y otros parlamentarios para la destitución de su cargo a la vicepresidencia del Legislativo. Además, intentaron levantar su inmunidad parlamentaria.

Por otro lado, manifestó que también persiguieron a su familia. Por estas razones, la parlamentaria llevará su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Y tendrán que responder todos los involucrados en esta persecución”, agregó. (A.G.M).

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Mediante un comunicado la ID informó que los tres asambleístas ya no forman parte de este bloque legislativo por incumplir con las leyes del Consejo Ejecutivo Nacional como máximo órgano de decisión del Partido. Además, autorizaron al presidente Nacional, Enrique Chávez, Provincial, Alejandro Jaramillo y a la Fiscalía General del Estado (FGE) tomar acciones disciplinarias y legales pertinentes contra los miembros de la ID.

“Iniciar con los procesos a quienes se han tomado atribuciones ilegítimas de representación de la ID y que han usado la identidad y los símbolos de la organización a título individual o colectivo”, reza el comunicado.

Finalmente, enfatizaron su postura de ejercer una “oposición responsable, coherente y clara en defensa de la institucionalidad, estabilidad democrática los derechos de la mayoría, la reactivación económica para garantizar empleo y la transparencia en la toma de decisiones desde el legislativo”. (N.J.C)

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A 500 metros de la plaza central del cantón Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, se concentran decenas de retroexcavadoras que extraen de manera ilegal oro del río Guanache.

En este lugar y el río Gala, ubicado en Bella Aurora, se registró un aumento de esta actividad minera durante el último año. Además, de la identificación de 22 concesiones.

Pese a estar sumergidos en la contaminación, la vicealcaldesa Patricia Villacís, informó que el río Gala es el único que mantiene los niveles de contaminación normales.

Pues, los habitantes del sector tienen acceso al agua desde el cantón vecino Pucará.

ILEGALIDADES EN LOS PROCESOS DE SANCIÓN A LAS CONCESIONARIAS

De las 22 concesiones identificadas en esta zona ninguna posee algún tipo de sensación.

Según Primicias, de todas esas concesiones, 10 se encuentran en trámite para obtener un título minero, seis están en medio de un proceso de regularización, tres no han iniciado ningún tipo de proceso y otras tres se manejan bajo el régimen de minería artesanal.

Por lo que, el viceministro de ambiente, José Antonio Dávalos, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, en mayo del 2022 levantó seis informes al inspeccionar la zona, pero ninguno dispuso algún tipo de sanación o suspensión para los implicados.

La única concesión que recibió una orden de suspensión fue Leliatere 1, de la compañía Colibrimining.

Sin embargo, la sanción se retiró, ya que, según el ministro de Energía y Mina, Xavier Mera, ésta subsanó los requerimientos técnicos.

Pues, la concesionaria especificó que el agua sin tratamiento se aloja en una quebrada a 10 metros de distancia.

Ante esto, los asambleístas Juan Cristóbal Lloret y Rodrigo Fajardo, miembros de la Comisión de Biodiversidad, insisten en que se investigue porque el Ministerio del Ambiente no inició con los procedimientos correspondientes oportunos.

REPERCUSIONES AMBIENTALES Y SOCIALES SIN ATENDER

“El pedido de nuestras comunidades es cuidar el 10% del agua no contaminada que nos queda”, detalló el presidente del Frente Ciudadano en Defensa del Río Gala, José Leonidas Feijó en el diario Primicas.

Pues, pese a que en el 2019 las concesiones Ximena, Rossana y Guanache fueron suspendidas, hasta el momento no se han evidenciado mejoras ambientales, y, en su lugar la minería ilegal expande sus frentes.

Además, dentro de este mundo de ilegalidad surgen problemas relacionados a la violencia, robos, secuestros y otros conflictos sociales que afectan a los habitantes del cantón.

OPERATIVOS EN EL SECTOR

El 25 de agosto, se realizó un operativo en el río Guanache, el que se encontró un total de 30 máquinas. De las cuales, 13 eran excavadoras y 12 clasificadoras. Además de, 300 galones de diésel.

De la misma manera, el pasado 08 de septiembre las Fuerzas Armadas, la Policía, personal de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales realizaron un operativo en el cantón.

En el cual se encontraron 200 bultos de material mineralizado, 77 tacos de dinamita, 60 tacos de nitrato de amonio, 25 libras de nitrato de amonio, cuatro bocaminas y otros elementos de para la minería ilegal y se detuvieron a 16 personas en una concesión sin permiso, según Primicias.

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