Tras el acuerdo, en junio de 2023, con el banco suizo Credite Suisse para proteger el archipiélago y apaciguar la deuda externa, el Gobierno Nacional realizó el canje de un porcentaje del pago de los intereses de la deuda externa, alrededor de USD 1.628 millones, por bonos azules de USD 656 millones.

De este trato, el Estado se «ahorra» USD 1.126 millones y tendrá que destinar más de USD 300 millones en un fideicomiso de ”Galápagos Life Fund” (GLF), una corporación constituida en Estados Unidos.

He aquí el problema. Una investigación de Hoja de Ruta reveló que uno de los miembros del directorio de GLF es la Cámara de Turismo de Galápagos. El presidente de esa organización es Eduardo Brito, mano derecha del empresario Roque Sevilla.

El medio digital sostiene que Brito fue gerente administrativo de Metropolitan Turing C.A. y el exalcalde de Quito fue presidente de la empresa y toda su familia Sevilla está metida en el negocio. Brito sería la conexión directa entre el gremio turístico y Metropolitan Turing.

Además, dentro de esta empresa hay un supuesto socio más: fideicomiso de administración SACOPO, el cual es socio accionista de seis empresas más: Hotel Mashpi y el Hotel Casa Gangotena. Este último integrante del directorio de GLF y a su vez a Roque Sevilla.

María de los Ángeles Mantilla Cabeza de Vaca es dueña de SACOPO y hermana del socio fundador del fideicomiso de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), Gonzalo Mantilla Cabeza de Vaca.

El GLF está conformado por 11 miembros responsables de la gestión de fondos, en este directorio solo se encuentran cinco representantes ecuatorianos, pero estos solo tienen voz, no voto, es decir, los nacionales no pueden hacer nada ni tocar nada. Los otros seis miembros son de empresas internacionales que administran y definen toda actividad.

Es privatización, así de claro

Dicho fideicomiso operará en el archipiélago hasta el 2041. Según el economista Pablo Dávalos, esta negociación implicaría que GLF defina las políticas públicas, sobretodo de inversión, en Galápagos. Por ende, ellos se encargarían de la administración de las actividades comerciales como la pesca y el turismo.

Ahora el Gobierno ecuatoriano solo tiene cinco de once miembros en el directorio del GLF, es decir, un voto nulo en las decisiones. Además dijo que uno de los problemas es que no hay supervisión en el manejo del fideicomiso ya que si vigila a si mismo.

”Prácticamente es una privatización, es una entrega de soberanía y está prohibido por la Constitución y por todos los instrumentos internacionales.”

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«No le estoy calumniando al señor Sevilla, la empresa que gana el contrato del Metro de Quito, que se valoró aproximadamente en 200 millones de dólares, está representando a la familia de Sevilla», comentó en KCH FM Radio. Asimismo, pidió a los concejales y a las autoridades que fiscalicen.

Sin embargo, el concejal de Quito, Wilson Merino mencionó que la denuncia debe hacerse por medio de canales oficiales. Asimismo, aseguró que este no es un caso particular de investigación, pues se debe indagar todo el proceso del Metro de Quito.

«Creo que hay que procesar las diferentes denuncias ciudadanas sobre las posibles irregularidades del Municipio de Quito en un espacio técnico. Me parece que está comisión debe fiscalizar la integridad del Metro de Quito desde la construcción hasta el contrato de operación para comprobar que existió transparencia», explicó para Radio La Calle.

Sevilla el opositor de Yunda

El 4 de agosto de 2022, se viralizó en redes sociales un audio, supuestamente del exalcalde de Quito, Roque Sevilla. Aquí, Sevilla mencionaba que se está reuniendo con Paco Moncayo y las cámaras de la producción para tratar la salida del alcalde Jorge Yunda.

Además, hacía referencia a una manifestación, también para exigir la salida del entonces alcalde, que tendría lugar el 10 de agosto y que aglutinaría a las Cámaras de la Construcción, a la Cámara de Comercio de Quito, a la Cámara de Industriales e incluso al arzobispo de Quito y a los medios de comunicación.

En la grabación, se hablaba de plantear un pedido directo a la Corte Constitucional para aplicar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. “Para que salten el proceso lento y tomen la decisión inmediata para sacarle a Yunda del puesto que está ocupando”, se escucha en el audio.

Sobre la Comisión de Fiscalización

De la misma manera, Merino agregó que la Comisión de Fiscalización del Metro que él propuso, deberá ser aceptada o negada en la Sesión de Consejo este martes 20 de junio. «La iniciativa ha sido exitosa porque ya cuenta con el apoyo del alcalde, Pabel Muñoz«, afirmó.

Se pretende que la Comisión se conforme por concejales de diferentes tiendas políticas y tener un enfoque de representación territorial y política. «Necesitamos que en esta comisión haya paridad, es decir, mujeres y hombres y que en el fondo se trabaje de manera técnica porque se pretende la búsqueda de la verdad», expresó.

De la misma manera, comentó que el proceso de investigación que se pretende realizar con el proyecto del Metro no se trata de «una cacería de brujas», sino una iniciativa que pretende que se esclarezca el desarrollo del Metro y sus repetidas trabas. (DCJ)

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La primera en desaparecer fue la de asuntos políticos a cargo de Aparicio Caicedo, quien pasó a conformar la nómina de Lasso como consejero presidencial con rango de ministro de Estado.

Posterior a ello, el 12 de agosto, mediante el Decreto Ejecutivo No. 526, el mandatario anunció la derogación del Decreto 213 que designó a Rafael Cuesta como consejero honorífico para la gestión y estrategia comunicacional del presidente.

En la disposión a diferencia de otras en donde se agradece los servicios prestados y consta el nombre de la persona a cargo, Lasso solo informó de la derogación del cargo.

Tras esta segunda derogación, el 16 de agosto, se conoció de la renuncia de Roque Sevilla como consejero de Gobierno Ad honorem para el medio ambiente.

En este caso, mediante el Decreto Ejecutivo No. 530, Lasso agradeció a Sevilla por sus servicios prestados y derogó el Decreto 364 que lo puso en el cargo.

Hace pocos minutos se conoció que en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, el ad honorem en la lucha por la desnutrición infantil, Luis Coloma renunció al cargo y que no comparecerá en la investigación que realiza la Comisión.

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Se trata, en su mayoría, de designaciones sin salario, y por ende, podría creerse que sin rendición de cuentas. La creación de estos espacios inició el 24 de mayo del 2021. Aparicio Caicedo consiguió la asesoría política, mientras que la de políticas públicas contra la desnutrición infantil está liderada por Enrique Luis Coloma.

Otra de las consejerías, creada el 20 de julio, para la protección del sector bananero fue entregada a Juan José Pons.

Con el tiempo, algunas consejerías se disolvieron y en otros casos se transformaron. Como por ejemplo, la Consejería de Inversiones y Alianza Público-Privadas, liderada por Roberto Salas Guzmán, fue disuelta el 23 de noviembre y pasó a ser la Secretaría Técnica de Asociaciones Público-Privadas y de Gestión.

Otra de las consejerías disueltas fue la de Juan Carlos Holguín, quien era embajador itinerante para temas estratégicos y ahora es el nuevo ministro de Relaciones Exteriores. Holguín no presentó ningún informe durante sus siete meses de gestión.

El 1 de octubre de 2021 se creó la Consejería a la Gestión y Estrategia comunicacional del presidente dirigida por Rafael Cuesta Vallarino, hijo del gerente general de TC Televisión, Rafel Cuesta Caputti.

Última consejeria

La última de las consejerías creadas por el presidente es la del empresario Roque Sevilla, nombrado este 4 de marzo por Decreto Ejecutivo 364, como asesor presidencial ad honorem en temas relacionados a la conservación y protección del ambiente.

“Art1.- La Presidencia de la República contará con la Consejería de Gobierno Ad Honorem para el ambiente, que se encargará principalmente de asesorar al Presidente de la República en tema relacionados a la conservación y protección del medio ambiente, la promoción y el impulso del desarrollo sostenible y la reducción de la contaminación”, dice el decreto.

¿Voluntarismo?

Considerar que la denominación ad honorem involucra una especie de voluntarismo, sin recibir remuneración, sugiere que una rendición de cuentas por parte de dichos servidores es casi improbable.

”No hay que estigmatizar que alguien quiera dar su aporte intelectual, académico o profesional, pero hay que diferenciar los espacios. Si uno quiere hacerlo desde la sociedad civil porque no quiere recibir una retribución económica puede hacerlo desde una ONG, fundaciones, propuestas de política pública”, opina un experto.

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La situación del Municipio de Quito es ambigua: Jorge Yunda respalda su cargo con una sentencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que además anuló el proceso de remoción; y, Guarderas, por su lado, se ampara en una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) que ratificó la remoción de Yunda.

El punto de concentración de la movilización será entre los parques El Arbolito y El Ejido a las 16h30.

El presidente de la Cámara de Comercio de Quito, Carlos Loaiza, indicó que la crisis ética, moral y financiera del Cabildo, sin duda, motiva a pasar de la opinión a la acción.

Con esta acción se pondría de manifiesto lo supuestamente expresado por el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, a través de un audio que se viralizó ayer.

En esa grabación, se habla de una hoja de ruta para despojar a Yunda de la Alcaldía y “retomar el manejo de la ciudad”. Y el primer paso era, precisamente, presionar a la Corte Constitucional para que falle en contra de Yunda.

#FueraYunda: Reacciones en redes sociales

En las redes sociales se evidencian posturas diferentes frente a la crisis del Municipio. Hay quienes, con fervor ‘cívico’, exigen la salida de Yunda y amplían la convocatoria del 10 de agosto. Por otro lado, están quienes cuestionan los intereses que se juegan con la remoción de Yunda. Aquí las más destacables:

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Además, hace referencia a una manifestación, también para exigir la salida del alcalde, que tendría lugar el 10 de agosto y que aglutinaría a las Cámaras de la Construcción, a la Cámara de Comercio de Quito, a la Cámara de Industriales e incluso al arzobispo de Quito y a los medios de comunicación.

En la grabación, se habla de plantear un pedido directo a la Corte Constitucional para aplicar el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. “Para que salten el proceso lento y tomen la decisión inmediata para sacarle a Yunda del puesto que está ocupando”, se escucha en el audio.

Finalmente, señala que luego constituirán una comisión de la ciudad «que va a hacer propuestas, cuando tengamos un gobierno decente; propuestas sistemáticas para volver a manejar la ciudad debidamente”, dice Sevilla.

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«Es una decepción para la ciudad, un golpe en la moral. Tengo entendido que varios sectores importantes de la ciudad se han reunido para armar un proceso de revocatoria de mandato. Habrá que hacer el esfuerzo de recoger firmas que estoy convencido se lo logrará en poquísimo tiempo», dijo en una entrevista con Andrés López.

De acuerdo con Sevilla, «es triste para la ciudad que vuelva una persona rechazada por lo concejales y que no le corresponde estar allí. Le va a ser imposible hacer algo de gobierno. Llevamos meses sin gobierno».

Dijo también que a Yunda no le importa la ciudad. «Todo dice que a Yunda no le interesa la ciudad, le interesan los amigos y la gallada. Le interesa seguir aprovechando los recursos públicos».

En la otra orilla

Por otra parte el expresidente Abdalá Bucaram mostró su satisfacción por la decisión de los jueces en este caso.

«No tengo ninguna relación con el alcalde Yunda y no se si es amado o odiado en Quito. Pero este señor fue electo por el pueblo, me emputa que la prensa quiera imponer su alcalde. Entonces para que carajo hacemos elecciones? 2 pillos-llas le montan un proceso y se acabó? Que es esto?», escribió en un tuit.

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