La Comisión resolvió con tres votos a favor recomendar la destitución de Llori.  El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, tendrá cinco días para dar a conocer la decisión al Pleno.

En la reunión, el legislador Dalton Bacigalupo denunció que miembros de esta comisión fueron presuntamente víctimas de amenazas por parte del grupo de abogados de Llori. “Esto es intolerable y escandaloso. No se puede amenazar a quienes conformamos el Comité de Ética de una manera tan burda y grosera”, precisó.

Además, comentó que Roxana Meza pidió protección a Saquicela para impedir cualquier tipo de agresión en su contra. Meza aseguró que pagó el 70 % de su sueldo para el alquiler del vehículo en el que se movilizaba Llori. También, indicó que depositó dinero a uno de los guardaespaldas de la parlamentaria para la gasolina.

La asambleísta por UNES, Luisa González aseguró que Llori nunca compareció ante la Comisión y siempre la representó un abogado. “Su defensor no fue capaz de presentar las pruebas suficientes para se desvincule a Llori de estas acusaciones. Al contrario, las pruebas y testimonios proporcionados fueron contundentes”, detalló.

Para la legisladora socialcristiana Marjorie Chávez, lo más grave que recae sobre Llori es haber tomado el sueldo de sus asesores para cancelar los precios del vehículo en el que se movilizaba. “Lo peor es arrebatarle el sueldo a un empleado. Esto es un acto ruin y despreciable”, puntuó.

Defensores de Llori

Ante la posible destitución de Llori, los primeros en responder a esta acusación fueron miembros del bloque de Pachakutik.

El jefe de bloque, Salvador Quishpe, mencionó que analizarán las pruebas presentadas y seguramente habrá un acto de solidaridad de la bancada con su homóloga. También señaló que si Llori ejecutó y gestionó algo tuvo que ser en cumplimiento de su rol como presidenta.

Origen de la denuncia

El 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Johanna Ortiz presentó una denuncia contra Llori por el presunto delito de cobro de diezmos cuando ejerció como titular del Parlamento.

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El Comité de Ética sigue con el proceso de investigación a la legisladora Guadalupe Llori (PK), por presunto cobro de diezmos cuándo era presidenta de la Asamblea Nacional. Las acusaciones fueron de la asambleísta Johanna Ortiz (UNES), quien interrogó a los testigos del caso.

A la sesión acudió la parte denunciante y un delegado de la denunciada. En esta ocasión se convocó al asambleísta Alejandro Guamán, quien anteriormente fiscalizó el mismo caso contra Llori. Esta investigación la impulsó una denuncia del medio digital La Posta y el legislador corroboró los nombres de los involucrados y las facturas emitidas.

“Los papeles no hablan, la que habla es la persona. Los papeles no pueden reemplazar a la voz del ser humano”, dijo el abogado de Guadalupe Llori, Julio César Sarango.

Las evidencias en contra de Llori

El 7 de noviembre compareció Carlos Cadena, exfuncionario de la unidad de transporte de la Asamblea Nacional, quien afirmó que la exadministradora del Legislativo, Gloria Larenas habría solicitado el alquiler de un vehículo facturado por USD 605, sin embargo, desconocía quien lo iba a ocupar.

También compareció la encargada de servicios generales del Parlamento, Roxana Meza, quien además figura en gran parte de las facturas presentadas como evidencia. La funcionaria relató los acontecimientos de una reunión de la administración general de la Asamblea. Durante la reunión, en la que también estaba Cadena, Larenas informó sobre la disposición de Llori para alquilar un vehículo para sus movilizaciones, principalmente en territorio y fines de semana.

Con base en la orden de Llori, se contrató a la empresa Avis Renta Car. Los funcionarios rentaron un Ford Explored color negro aprobado por el personal de seguridad de la expresidenta en su primera semana de uso.

El 9 de julio de 2021 se canceló a la empresa Avis la cantidad de $ 603,66 por el alquiler del vehículo. Se emitió la respectiva factura y el valor fue cancelado con su tarjeta de crédito.

El 16 de julio de 2021 se realizó un depósito por USD 140 en la cuenta de ahorros del servidor policial Freddy Yugcha Catota, quien desempeñaba las funciones de seguridad y conductor de la expresidenta.

El 23 de julio de 2021 nuevamente se canceló el valor de USD 201,22 a la empresa Avis por la renta del mismo vehículo, y por concepto de combustible $ 120, que se transfirió a Freddy Yugcha.

El 6 de agosto de 2021 transfirió de su cuenta personal a la cuenta de la empresa Avis la suma de $ 387,46, esa fue la última fecha en la que canceló los valores por el alquiler del vehículo. En total, entre la renta del auto y combustible suman USD 1.452.  Algunos valores fueron pagados con la remuneración propia de los funcionarios sin tener el debido reembolso hasta la presente fecha.  (A.G.M)

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