«El Movimiento de Unidad Plurinacional Pachakutik, comprometido con los intereses de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas, ha planteado el proceso de Juicio Político contra la Superintendenta de Bancos por haber dejado en absoluta indefensión a los usuarios que han sido perjudicados por las diferentes entidades y por la utilización de fondos públicos para contratar capacitación internacional burlando el sistema de contratación pública», señala el escrito.

La Comisión de Fiscalización, encabezada por el asambleísta Fernando Villavicencio, presentó un informe de mayoría que pretende archivar el juicio politico. Sin embargo, con los votos de Pachakutik, integrado por 25 legisladores, y de UNES, con 48 asambleístas, existirían más de 73 votos para la censura y destitución de Arregui.

El pedido de juicio político se debatirá este martes 15 de febrero, a partir de las 09h00, en la Asamblea Nacional.

Los motivos

Las acusaciones contra Ruth Arregui son por irregularidades en la designación de defensores del cliente en las instituciones financieras, pagos debitados en bancos privados, falta de control y vigilancia de las actividades del sistema financiero frente a denuncias de supuesto fraude informático, falta de control en la captación ilegal de dinero como el caso de Big Money, en la ciudad de Quevedo, renegociación de deuda entre usuarios y la banca privada, entre otras.

El informe sobre el archivo del juicio político fue firmado por cinco legisladores: Ana Belén Cordero, Pedro Velasco y Marco Troya (CREO-BAN), María Soledad Diab (PSC) y Fernando Villavicencio (CN-PSE). Según estos asambleístas, la superintendente de Bancos no incurrió en incumplimiento de sus funciones.

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«¡GOLPE BAJO A VÍCTIMAS DE LOS ABUSOS DE LA BANCA! En accidentada sesión de ayer, 5 miembros (de 9) de la Comisión de Fiscalización recomiendan archivar el juicio político a la Superintendencia de Bancos. Será en el Pleno donde veremos quién está con la banca y quien con el pueblo», escribió en un tuit.

El comunicado fue publicado, después de que la Comisión de Fiscalización y Control Político recomendó archivar este proceso político con 5 votos a favor y cuatro en contra.

¿Pagando favores?

La asambleísta Paola Cabezas (UNES) también cuestionó la votación de este juicio político. «La superintendenta de Bancos nunca entregó ninguna información para la investigación de Pandora Papers. ¡Qué coincidencia! cinco miembros de la Comisión de Fiscalización recomiendan no dar paso a su juicio político. ¿Están pagando favores?», preguntó en un tuit.

Otros pronunciamientos

El asambleísta Roberto Cuero (UNES), miembro de la Comisión, manifestó mediante un video que «gracias al voto de 5 asambleístas de la Comisión de Fiscalización, miles de personas perjudicadas por la banca usurera, jamás obtendrán justicia a sus reclamos».

Además, reveló que solo el 17% de los reclamos presentados ante la Superintendencia de Bancos favorecen a los usuarios. De esta manera, el asambleísta, Pascacio Córdova, señaló que una vez más la mayoría gobiernista protege a los funcionarios del gobierno de Guillermo Lasso.

Archivo del juicio político

La decisión se tomó el 6 de febrero. En el informe, elaborado con aportes de los asambleístas Ana Belén Cordero, María Soledad Diab, Pedro Velasco, Marco Troya y Fernando Villavicencio, se concluyó que Arregui no incurrió en el incumplimiento de sus funciones.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los legisladores aprobaron el informe que recomendó archivar esta solicitud de juicio político.

Darwin Pereira impulsó el proceso, ya que acusó a Arregui de incumplimiento de sus funciones en ocho casos. Entre ellos, pagos debitados en instituciones financieras privadas, y la acción frente a la capación ilegal de dinero en ´Big Money’.

La Comisión remitirá el informe a la Presidencia de la Asamblea Nacional para que lo puedan someter a consideración del Pleno.

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