Aunque la diferencia entre mes y mes no supondría una cantidad muy alta, la diferencia desde agosto de 2021 es de USD 41.15.

La canasta familiar básica está conformada por los productos y gastos básicos de una familia de 4 miembros con 1.6 personas que perciben un ingreso total mínimo es decir, USD 793.33.

Ese ingreso cubriría las necesidades en un 105% y dejaría un 5% de sobrante (39.16%). Sin embargo solo el 32% ganan más que el salario básico y tienen un empleo adecuado, según el INEC.

El gasto de los ecuatorianos

El presupuesto de la canasta familiar básica se destina así: misceláneos (USD 258), alimentación (USD 249), vivienda (USD 194) e indumentaria (USD 50).

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Ante la falta de consensos, el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, estableció que la decisión será tomada hasta el 22 de diciembre. Para ello, firmó el acuerdo ministerial 268, en el que señala que solamente por esta vez habrá una nueva reunión para determinar el valor salarial del año entrante.

La propuesta de los trabajadores se basa en la oferta de campaña del presidente Guillermo Lasso (subir a USD 500 en cuatro años). Lo que supone un incremento de USD 25 en el año. Esto dividido en dos partes. La primera, USD 12.5 en enero de 2021 y los restantes USD 12.5 al empezar el segundo semestre del 2022.

Por el contrario, representantes de los empleadores indicaron que el incremento que reclaman los trabajadores no es viable en términos productivos. Este sector propone un incremente de USD 2.60.

Ambas partes rechazaron las propuestas presentadas. Frente a esta situación, el ministro del ramo espera que en estos 22 días las partes alcancen un acuerdo. Sin embargo, de no haber consenso, el Ministerio de Trabajo definirá el salario para el 2022, según dicta la ley.

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Su nombre es tan largo que se vuelve tedioso. Sin embargo, el proyecto no supera a las 200 páginas y contiene reformas a varios cuerpos normativos en un lenguaje que parece encriptado. Además, el informe técnico de la Subsecretaría de Presupuesto y la Subsecretaría de Política Fiscal señala que no es posible calcular “el impacto fiscal debido a la dificultad para identificarlo o porque no existe información al respecto”. A pesar de esto, considera pertinente “continuar con el trámite de aprobación del dictamen para el Proyecto de Ley”. La lógica es: “no estamos seguros de lo que puede producir, pero no es peligroso que se siga tramitando”.

Basta con analizar unos cuantos artículos con modificaciones al Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Tributario y la Ley de Régimen Tributario Interno para intuir que una inevitable crisis sobrevendrá si se aprueba.

Las regalonas reformas tributarias

• Los artículos 18, 32 y 71 dan cuenta de la eliminación del anticipo del impuesto a la renta. Es decir, si se aprobara, las empresas no estarán obligadas a calcular un estimado de impuesto para el siguiente año de actividades, lo que permitiría la evasión de impuestos a gran escala.
• En el artículo 69 se exonera del impuesto a la salida de divisas a las transferencias y depósitos realizadas al exterior, añadiendo en el artículo 70 que sí se aplicará el impuesto en pagos “por la importación de materias primas, insumos y bienes de capital”, pero este será apenas de 2,5%. El peligro de esta reforma es que, sin el impuesto, saldrá más dinero de lo que ingresa al país, arriesgando a la economía a una falta de liquidez.
• En el artículo 389 se determina un impuesto único y temporal para los años 2020, 2021 y 2022 a los ingresos extraordinarios de las empresas más grandes del país que va de 0.10% a 0.20% respectivamente. Sin embargo, Pablo Dávalos, economista ecuatoriano, sostiene en su análisis de esta ley que, hasta 2018, estos grupos económicos “contribuyeron en impuesto a la renta, en promedio, con un 2.2% de sus ingresos brutos”.

La política financiera y el Banco Central mutarán al toque de una varita mágica

• En el artículo 142 se establece la conformación de una Junta de Política, Regulación y Estabilidad Financiera “con autonomía administrativa, presupuestaria y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación financiera, de seguros y valores” con miembros designados por el presidente de la República por un periodo de seis años. Esta forma de designación, deduce Dávalos, deja abierta la posibilidad de que los miembros “representen a intereses corporativos” y que, al tener “acceso a información clave sobre indicadores económicos y monetarios, utilicen esa información en beneficio propio”.

• El artículo 227 otorga al Directorio del Banco Central la potestad de definir “el techo para las operaciones de gestión de liquidez” basado en una regla de respaldo, eliminando la necesidad de definición de una política de liquidez (que consta en el artículo 118 del Código Orgánico Monetario y Financiero). Sin dicha política, no existirá protección para la dolarización.

• La cereza del pastel es el cambio del objetivo del Banco Central del Ecuador. El artículo 27 del actual Código Orgánico Monetario y Financiero sostiene que es un instrumento de la política monetaria, cambiaria y financiera del Estado. En la presente ley, el artículo 157 sustituye al artículo 27 y define que su objetivo es “fomentar y mantener un sistema monetario estable, coadyuvar a la estabilidad financiera y administrar su balance con el fin de preservar la integridad de la dolarización”. Siendo este su objetivo, se esperaría que destine los recursos de la reserva internacional para “salvar” u otorgar créditos a las instituciones financieras privadas.

El analista Pablo Dávalos advierte una posible crisis sistémica, es decir, una crisis de la dolarización, una situación similar a la que vivió Ecuador entre 1999 y 2000. Las predicciones son suficientemente nefastas y alarmantes para disponerse a colocar todos los reflectores en el accionar de la Asamblea Nacional este jueves 31 de octubre.

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El objetivo era ahuyentar a una burbuja inmobiliaria que merodeaba, por ese entonces, al mercado de la construcción.

Fue una ley polémica que detonó el descontento y protestas en Quito caracterizadas por blandir banderas negras en la avenida de Los Shyris. La propiedad y la herencia eran intocables para un grupo de la sociedad, opuesta a contribuir, incluso para su propio beneficio.

Esa Ley fue derogada en 2018 como efecto de la Consulta Popular. Se argumentó, con cifras del Banco Central del Ecuador, que su efecto inmediato fue la caída de la actividad de la construcción de 1,7% entre el tercer trimestre 2017 y el tercer trimestre 2018.

En las circunstancias actuales, la industria de la construcción no ha mejorado. Sigue contrayéndose y en el presente período ha disminuido 3,7% su actividad en relación al mismo período del año pasado. Algo no cuadra, quizás la Ley de Plusvalía no era la razón para la bajada en esta importante industria.

La baja actividad de la construcción es uno de los componentes que afectan a la economía ecuatoriana. En junio de 2019 -refiere el Ejecutivo en su nuevo proyecto de ‘Ley de crecimiento económico’ – el 57% de la población económicamente activa está en un empleo inadecuado (menos horas de trabajo, informalidad, deseo de cambiar de empleo).

Luego de la convulsión social que causó el Gobierno mediante un decreto desacertado respecto a los subsidios de los combustibles, sumado a un paupérrimo manejo de la crisis, se alcanzaron acuerdos. Las partes más polémicas y que deterioraban el empleo, fueron pulidas y descartadas mayormente del nuevo proyecto de Ley, mediante el que se pudiera recaudar 700 millones de dólares. Ahora, ¿adivinen qué?… les conviene revisar en la alacena sus provisiones de Nutella, porque de pasar el trámite de Ley, las reventas de inmuebles en los primeros cinco años pagarán tributos correspondientes al excedente de sus valores. Se propone la eliminación del anticipo al Impuesto a la Renta y al mismo tiempo que no se permita deducir gastos a quienes perciban ingresos mayores a 100.000 dólares anuales. Se regresa la vista a quienes más pueden aportar. 

Los preocupados son los representantes de las diferentes cámaras, quienes suman sus críticas a las del exbanquero Guillermo Lasso, pese a que este tipo de regulaciones contribuyen a cuidar un mercado de una disparada caótica. Lo logró el pueblo en las calles;  no hay espacio para el egoísmo partidista en estos días críticos para este proyecto de Ley.

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