«Reiteramos nuestro rechazo a cualquier violencia o amenaza contra las instituciones y sus representantes, y nuestro apego al respeto a las instituciones del Estado y al Estado de derecho”, dijo Fitzpatrick ante las intimidaciones a Salazar.

La mañana del 2 de junio la Fiscal mantuvo una reunión con los representantes de esta embajada, sin embargo, no se detallaron los puntos tratados en este encuentro.

Por otro lado, la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP), del Comité Empresarial Ecuatoriano, incluso, del exasambleísta por Pachakutik, Salvador Quishpe.

»Estamos seguros que no se detendrá en la investigación en los casos sobornos, sobre precios y venta anticipada de petróleo en el Gobierno de la Revolución Ciudadana», resaltó Quishpe.

¿Cómo avanza el caso de Salazar?

Los miembros del colectivo de Acción Jurídica Popular, presentaron al Cpccs en una audiencia pública las pruebas del supuesto plagio de Salazar en una tesis académica. En la sesión, leyeron uno a uno los textos que la fiscal habría tomado de nueve autores en total y no tendrían ninguna cita ni referencia en el pie de página.

Al finalizar su exposición, el colectivo reclamó que solo tres de los siete consejeros estuvieron presentes en la sesión. De igual manera, Salazar no acudió, pues señaló que el Cpccs no tiene ningún rol fiscalizador como el que tenía la Asamblea Nacional.

Ahora el caso pasará a manos de la Secretaría Técnica Anticorrupción del Cpccs para que se emita un informe de la investigación realizada y se socialicen los resultados en el Pleno del organismo.

La secretaria técnica Mariángel Muñoz aclaró que hasta ahí llegan su competencias como Consejo, ya que los funcionarios no tienen las potestad de destituir a ninguna autoridad. (A.G.M)

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Quishpe aclaró que la decisión no es definitiva y que otro candidato podría correr por el movimiento arcoíris. Sin embargo, señaló que mantienen conversaciones con otra organizaciones para crear una «mega coalición».

La Izquierda Democrática (ID) es uno de los partidos que están en el ojo de PK para construir una alianza de cara a la elecciones anticipadas. No obstante, también intentará acercamientos con seis organizaciones política más.

Entre las aproximaciones, Quishpe dijo que buscarán puentes con Otto Sonnenholzner, Yaku Pérez y Fernando Villavicencio con el fin de que salga un solo candidato.

«Estamos proponiendo que conversemos, porque no pueden salir cuatro candidatos, sino uno solo. Ojalá sea posible para no dispersar la votación. Nos parece adecuado porque ellos han dicho que se ubican en estas tendencias desde el centro hacia la izquierda», manifestó.

Por otro lado, descartó la posibilidad de generar alianzas con la Revolución Ciudadana. «Trabajaremos con todas las organizaciones y con todos los candidatos, menos con el correísmo, obviamente».

Sobre los otro candidatos

De las tres figuras políticas con las que Quishpe y compañía buscarán acercamientos, solo Fernando Villavicencio ha confirmado su candidatura a la Presidencia de la República.

El exlegislador «independiente» es impulsado por el movimiento Gente Buena e inició conversaciones y acuerdos con Construye, anteriormente conocido como Ruptura 25, que es liderado por la exministra de Moreno, María Paula Romo.

Por su parte, Otto Sonnenholzner no ha oficializado su candidatura y hasta el momento no tiene una organización que lo auspicie. Sin embargo, su nombre resuena en la derecha y el partido Avanza lo invitó a ser su candidato.

Además, en entrevista con La Posta, Sonnenholzner rechazó la posibilidad de apoyar la candidatura de Villavicencio por considerar que «tiene intención de voto muy baja».

Finalmente, Yaku Pérez señaló a través de redes sociales que con la muerte cruzada es momento de «construir una tercera vía real y una minga nacional». El político fue candidato a los comicios presidenciales de 2021 por Pachakuitk y quedó en tercer lugar.

No ha hecho públicas sus intenciones de ser el próximo inquilino de Carondelet, pero no se descarta la posibilidad. No obstante, Quishpe precisó que -por ahora- no forma parte de Pachakutik, pero los diálogos están abiertos.

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Ante el evidente cisma en el movimiento, Quishpe pidió a los integrantes del bloque legislativo que actúen unidos y no caigan en «ningún tipo de tentación». Sin embargo, la posición del legislador respecto al juicio político contra el primer mandatario ha sido ambivalente desde el inicio del proceso.

Pachakutik es una de las fuerzas políticas más cuestionadas de la coyuntura, tanto dentro como fuera de la organización política. Sus últimas acciones han estado en el ojo de la crítica por sus polémicas elecciones de autoridades y el audio filtrado de la subcoordinadora Cecilia Velasque.

¿Ahora sí y antes no?

Cuando era jefe de bloque, Quishpe se mantuvo escéptico frente al juicio político al jefe de Estado. Inclusive mantuvo confrontaciones con el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, por diferencia de criterios.

En un inicio expresó su negativa en apoyar el enjuiciamiento político debido que la bancada no lo había discutido plenamente. Sostuvo que hacía falta una resolución colectiva de las bases, pese a que en la última Asamblea General de la Conaie sus miembros aprobaron la destitución del presidente Lasso.

En esta postura coincide el actual coordinador de la bancada, Mario Ruiz, quien ha señalado en medios de comunicación que sus votos están condicionados a las pruebas que presenten los proponentes al juicio político.

Problemas en el movimiento

Las elecciones de la coordinación nacional del PK dieron como ganador a Guillermo Churuchumbi al mando del movimiento político. No obstante, hubo un ala -identificada con la derecha- que desconoció al coordinador electo.

Al menos una treintena de dirigentes y asambleístas mostraron su preocupación por el ascenso de Churuchumbi, el candidato de Leonidas Iza. Frente a esta situación, los «indispuestos» señalaron que analizan salirse de las filas del PK.

Las elecciones fueron impugnadas y a través de redes sociales Pachakutik anunció que se realizarán nuevos comicios. Sin embargo, miembros del Tribunal hicieron públicos sus desacuerdos tanto a la impugnación como a la ratificación del CNE a favor de Churuchumbi.

Eso no es todo…

El movimiento arcoíris arrastra también las declaraciones de la subcoordinadora Cecilia Velasque, quien en un audio filtrado supuestamente habría explicado negociaciones de votos en el Legislativo para salvar a Lasso a cambio de ministerios.

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La presidenta del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), Marcela Arellano, presentó las propuestas de reforma con base en las últimas modificaciones del sistema laboral. Según la dirigente, entre las iniciativas están: el derecho a la seguridad social y sueldo fijo para los trabajadores que se desempeñan en plataformas digitales.

De la misma manera, el proyecto incluye aspectos de despidos, participación laboral de mujeres y personas con enfermedades catastróficas y mujeres en estado de gestación y lactancia.

Días vacacionales

La propuesta de 86 artículos pretende que el sector privado cuente con los mismos beneficios que el sector público. Es decir, con un mes vacacional.

En Ecuador, los empleados privados tienen 15 días de vacaciones al año, y a partir del quinto se incrementa un día por año hasta llegar a un máximo de 30 días, detalla El Comercio.

El proponente de este proyecto, el asambleísta Salvador Quishpe reconoció la viabilidad de los puntos. Sin embargo, comentó que muchos emprendedores mencionaron que estos lapsos de vacaciones complicarían la productividad por el número de empleados que tienen.

El legislador indicó que receptará otras ideas con el fin de que este documento no tenga objeciones en el segundo debate en la Asamblea. Además, enfatizó que el documento debe estar fundamentado para que no tena vetos o “hilos sueltos” que puedan vulnerar los derechos de los trabajadores. (D.C)

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Quishpe enfatizó que no tenía conocimiento de la asamblea que organizó la Conaie. Sin embargo, su presidente Leonidas Iza desmintió dichas palabras. Asimismo, los asistentes de Quishpe mencionaron que desconocían de la reunión que autoconvocó el legislador.

Radio La Calle pudo constatar la falta de conocimiento sobre esta sesión. Una periodista acudió a la invitación del «acuerdo nacional» y registró que los asistentes alrededor no estaban al tanto.

«No sabía de esta reunión, pero rescato la iniciativa. Aquí lo que nos interesa es la disputa de poder. Los socialcristianos dejan de apoyar al presidente Guillermo Lasso para apoyar el regreso de Correa, dijo el coordinador de Pachakutik, Max Hidalgo.

Ante esta concentración de última hora, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, precisó que hay algunos asambleístas de Pachakutik que navegan en las aguas del neoliberalismo. Además, afirmó que Quishpe fue parte de quienes aprobaron la reunión que se llevaria a cabo este 17 de marzo.

«Ahora saldrá a decir cualquier cosa. Ayer nos llegó la invitación, pero ellos sabían muy bien de esta reunión desde el 24 de febrero.  Nos sorprende el boicot y la división que pretende generar (Quishpe)», precisó.»

¿Qué tratarían en la reunión?

El líder de la bancada Pachakutik convocó a esta reunión para construir un gran «acuerdo nacional» para atender la crisis económica, política, social y económica del país. Según Quishpe, los asambleístas que apoyan la «caída» de Lasso tiene ciertos afines políticos.

«Los que apoyan el juicio político contra Lasso no quieren que se terminen los contratos petroleros que firmaron en 2011 y 2012», refirió.

Ante esto, la Conaie mencionó que esta reunión paralela es una «clara postura divisionista», pues la asamblea del movimiento indígena fue una decisión que se tomó en conjunto con las organizaciones sociales. (N.J.C)

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A la reunión planificada por Quishpe acudieron los legisladores: Patricia Sánchez, Napoléon Santos, Marcelo Larrea, Marcelo Ushiña, Max Hidalgo y otros asistentes. Para los presentes, está bien que los otros gremios mantengan sus reuniones para brindar soluciones. Sin embargo, los acusaron de crear una desarticulación, a pesar de que ellos son minoría.

Quishpe sostiene la misma tesis del oficialismo. Aseguró que detrás de la petición para que el jefe de Estado salga del poder se esconden intereses políticos.

«Los que apoyan el juicio político de Lasso son los que estuvieron diez años en el poder y quieren que no se terminen los acuerdos petroleros del 2011 y 2012», comentó.

Para encubrir su inclinación al régimen, también señaló que «la petición del pueblo, que está cansado de la inestabilidad e inseguridad que vive el país. Este punto me aparece legítimo», aseguró.

Mientras tanto, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, aseguró que el dirigente tenía conocimiento de esta reunión y fue uno de los que dió su voto para que se realice. Sin embargo, la asambleísta Patricia Sánchez culpó a la comunicadora de esta «falla». De la misma manera, Quishpe reiteró que no sabía sobre la reunión que mantivo la Conaie.

«Si no nos reunimos con la organización no fue por un problema de logística, son por otras cosas que todos sabemos», dijo.

La disputa con su ala derecha

Iza señaló que hay asambleístas de PK que caminaron junto al movimiento indígena. No obstante, hay otros que están haciendo un boicot y se están «vendiendo» a las posturas neoliberales.

«Ayer nos llegó la invitación de esa reunión, pero ellos sabían desde el 24 de febrero que aprobamos esta asamblea. Nos sorprende el boicot y la división que pretende generar (Quishpe)», precisó.

Apuntó que los mismo que pidieron la muerte cruza para Lasso, ahora, se retractan. Para Iza, esta inestabilidad se debe a que los legisladores están «remando en las políticas noeliberales y defienden las posturas políticas del Gobierno Nacional».

Movilizaciones

Iza aseguró que la Conaie no determinará una fecha ni la hora para una movilización o paro nacional. El presidente señaló que esta decisión la tomarán en conjunto con las otras organizaciones. (N.J.C)

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«Pachakutik debe actuar sin cálculos en apego a las resoluciones ya tomadas», manifestó Iza a través de su cuenta de Twitter.

Según Quishpe, la bancada tomará la decisión una vez que los asambleístas que promovieron esta iniciativa la presenten formalmente. El legislador indicó que el pedido de juicio político la evaluarán y analizarán en una diligencia provincial y nacional, más el bloque.

«No vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva, siempre hemos actuado de manera colectiva, consultado a nuestras bases», dijo.

Quishpe enfatizó que el coordinador nacional llamó a un consejo para evaluar esta opción y determinar en conjunto una postura y mencionó que esta resolución no solo la discutirán al interno de la bancada.

Un paso adelante y dos atrás

Junto a ellos, otros parlamentarios también se retractaron de su apoyo a la idea de juicio político contra Lasso. La asambleísta Yeseña Guamaní (ID) indicó que su bancada aún no ha tomado una decisión al respecto y detalló que esta fracción votó a favor del informe por las necesidades que tiene el país.

«Votamos a favor del informe que recomienda el juicio político al presidente porque es evidente las carestías del Ecuador. Además, ahí se lo solicita por la causal de omisión, que es evidente», refirió.

No obstante, repitió que esta decisión será a la interna de la bancada, pues no han considerado lo que diga el Consejo Ejecutivo Nacional.

De la misma manera, el asambleísta Esteban Torres (PSC) aseguró que no firmará «un texto que le pase alguien». Señaló que la bancada no dará los votos en algo que haya sido partícipe.

«Estamos en contacto con el resto de bancadas para ver si hacemos algo en conjunto. Si se pretende que esto pase de la Corte Constitucional necesita preparación, hay que ser serios con el proceso», apuntó.

UNES a favor del informe

Mientras tanto, la legisladora Gissela Garzón (UNES) cuestionó la seriedad de sus homólogos ante la decisión favorable al informe el pasado 4 de marzo. Aseguró que detrás de todas estas retracciones existen cálculos políticos.

«Dan el voto, presionan al Gobierno para actúe y luego cambian de opinión. ¿Cómo firman algo en lo que no estaban de acuerdo? ¿A caso no leyeron lo que estaban firmando?», puntualizó. (N.J.C)

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Según Quishpe, el primer mandatario comparte responsabilidad en esta presunta trama de corrupción al haber delegado a través del decreto 107 al exgerente de EMCO, Hernán Luque como titular de la empresa pública.

«El artículo del Código Orgánico Administrativo (COA) dice que todos los actos del delegado serán también de responsabilidad del delegante. En este caso, los casos de corrupción de Luque son también de responsabilidad del presidente de la República», sostuvo el jefe de bancada de Pachakutik, quien espera que Fiscalía ponga las medidas cautelares pertinentes.

Ante el llamado al «acuerdo nacional» del régimen tras la derrota del referéndum, Pachakutik fue la única fuerza política que no expresó públicamente su rechazo.

Radio La Calle se contacto con Salvador Quishpe para despejar las dudas. El legislador respondió que analizarían enviar a un delegado a la reunión del 9 de febrero en Carondelet.

Sin embargo, ningún representante de la organización asistió, con lo que quedó sentada la decisión de darle la espalda a Guillermo Lasso.

Caso Encuentro

También conocido como «El Gran Padrino». Es una supuesta red de corrupción en las empresas públicas que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado del presidente.

La trama de corrupción fue revelada por el medio digital La Posta. Desde entonces se han ido sumando otros actores como Fiscalía, que lo denominó «Encuentro». Inclusive, dentro de la Asamblea Nacional se creó una comisión multipartidista para indagar la red delictiva.

Los presuntos delitos habrían sido cometidos por altos funcionarios del Estado y del círculo cercano al primer mandatario. Nexos con la mafia albanesa, financiamiento del narcotráfico, venta de cargos, sobornos e intromisión en la justicia son los supuestos crímenes que se habrían cometido desde Carondelet.

La lista de involucrados es larga. El operador de Carrera sería Rubén Cherres. Luego se revelaron nombres de gerentes y altos cargos de las empresas públicas y extrabajadores del Banco de Guayaquil.

Las últimas revelaciones salpican desde familiares de la exministra morenista, María Paula Romo, pasando por el exconsejero presidencial Aparicio Caicedo, hasta llegar al hijo del mismo presidente, Guillermo Lasso Alcívar. Todos han negado las acusaciones.

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El encuentro será en el Palacio del Carondelet, a las 16:00, con el objetivo de establecer una hoja de ruta en “beneficio” del país.

El presidente de la ID, Enrique Chávez, comentó a este medio que pese a su inasistencia, la bancada enviará un escrito al mandatario en el que priorizan las necesidades que aquejan al Ecuador. «Enviaremos una planificación en lo que el presidente debe rectificar en su gestión (…) Respaldamos la democracia, pero no un llamado en la víspera», resaltó.

Respuesta de la RC

Revolución Ciudadana, a través de un comunicado, mencionó que no participará del «supuesto diálogo» que ahora busca el presidente Lasso.

«(…) Un diálogo que hoy busca lavarle la cara al gobierno con las lágrimas de los que hoy no pueden acceder a servicios y derechos por culpa de la indolencia e inoperancia del gobierno de Lasso», reza el comunciado.

Aseguró que no se puede dialogar con «quienes no tienen palabra». Además, remarcó que la solución democrática es adelantar las elecciones.

«Si no puede gobernar, deje que alguien más lo haga», detalla.

PSC también se niega

Los socialcristianos también mantuvieron su postura de no ser parte del «acuerdo nacional» que propone Lasso. «No dialogar ni participar en ningún -acuerdo nacional- convocado por el Presidente de la República», detalla el comunicado.

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“Un NO a todas las 8 preguntas a esta consulta mañosa del Régimen. No queremos que el presidente siga gobernando por decreto, al margen de la Constitución y de las leyes que se construyen”, resaltó.

Según Sánchez, todos los asambleístas de PK respaldaron esta decisión. Por su parte, el coordinador principal de PK, Salvador Quishpe, manifestó que iban a dejar abierta la posibilidad de respaldo a cualquiera de las opciones.

Las organizaciones que conforman PK estarán difundiendo la campaña por el NO en redes sociales y en los diferentes territorios y comunidades, así lo manifestó Sánchez en rueda de prensa. “No queremos minería a gran escala sobre territorios indígenas y fuentes de agua; también le decimos no a la metida de mano mañosa del presidente Lasso en la justicia y los órganos de nominación de todas las autoridades a nivel nacional”, agregó.

La Conaie y el NO

Días atrás, el presidente de la Conaie, Leonidas Iza, hizo un llamado a sufragar por el “NO” en la consulta popular del próximo 5 de febrero. Para el líder indígena, el Gobierno Nacional no goza de buena popularidad y el referéndum buscaría darles credibilidad política.

“El 5 de febrero, ningún tanque de oxígeno al Gobierno Nacional en la consulta popular que no resuelve ningún problema de este país”, mencionó Iza.

Para la Conaie, el referéndum no ayudará al progreso de los ecuatorianos, sobre todo de las comunidades indígenas. Las “8 preguntas mañosas de Lasso” no contribuirían con la generación de empleo, el cuidado al medio ambiente, el acceso a la educación, entre otros problemas del país. (A.G.M).

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Pachakutik presentará la denuncia el próximo martes ante el CAL y luego al Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Durante el debate para la derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, Luna se dirigió al curul del legislador Salvador Quishpe y se refirió a él con insultos e intentos de agresión.

El incidente sucedió luego de que la parlamentaria Sofía Sánchez señalara que la reforma tributaria se aprobó por un pacto de UNES con el Gobierno en 2022, señaló El Universo.

Según Quishpe, los asambleístas de Pachakutik con raíces ancestrales reciben permanentes agresiones, burlas y actos racistas.

“Tan solo porque no somos del agrado de su línea política, resulta que somos los ponchos dorados, los mente reducidas, el rey del betún y tantas otras cosas que descalifican el proceso”, indicó.

La denuncia que presentará Quishpe se fundamenta en e artículo 171 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El legislador comentó que esta solicitud también irá contra Pamela Aguirre por comentarios similares en una sesión anterior. Reiteró que espera que el CAL actúe en justicia y no de manera sesgada.

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La Comisión resolvió con tres votos a favor recomendar la destitución de Llori.  El presidente del Legislativo, Virgilio Saquicela, tendrá cinco días para dar a conocer la decisión al Pleno.

En la reunión, el legislador Dalton Bacigalupo denunció que miembros de esta comisión fueron presuntamente víctimas de amenazas por parte del grupo de abogados de Llori. “Esto es intolerable y escandaloso. No se puede amenazar a quienes conformamos el Comité de Ética de una manera tan burda y grosera”, precisó.

Además, comentó que Roxana Meza pidió protección a Saquicela para impedir cualquier tipo de agresión en su contra. Meza aseguró que pagó el 70 % de su sueldo para el alquiler del vehículo en el que se movilizaba Llori. También, indicó que depositó dinero a uno de los guardaespaldas de la parlamentaria para la gasolina.

La asambleísta por UNES, Luisa González aseguró que Llori nunca compareció ante la Comisión y siempre la representó un abogado. “Su defensor no fue capaz de presentar las pruebas suficientes para se desvincule a Llori de estas acusaciones. Al contrario, las pruebas y testimonios proporcionados fueron contundentes”, detalló.

Para la legisladora socialcristiana Marjorie Chávez, lo más grave que recae sobre Llori es haber tomado el sueldo de sus asesores para cancelar los precios del vehículo en el que se movilizaba. “Lo peor es arrebatarle el sueldo a un empleado. Esto es un acto ruin y despreciable”, puntuó.

Defensores de Llori

Ante la posible destitución de Llori, los primeros en responder a esta acusación fueron miembros del bloque de Pachakutik.

El jefe de bloque, Salvador Quishpe, mencionó que analizarán las pruebas presentadas y seguramente habrá un acto de solidaridad de la bancada con su homóloga. También señaló que si Llori ejecutó y gestionó algo tuvo que ser en cumplimiento de su rol como presidenta.

Origen de la denuncia

El 30 de agosto, en representación de la Bancada UNES, la asambleísta Johanna Ortiz presentó una denuncia contra Llori por el presunto delito de cobro de diezmos cuando ejerció como titular del Parlamento.

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Quisphe mostró la otra cara de la moneda. A través de su cuenta de Twitter, cuestionó el trabajo del presidente Lasso por el desborde que sufrieron las utilidades del banco. La entidad financiera redujo sus utilidades de USD 92 millones en el 2019 a USD 5 millones en el 2021. ¿Presidente Guillermo Lasso para quién trabaja? comentó.

Mientras cuestiona el apoyo del presidente al banco por redes sociales, en el paro nacional del 2022 hizo latentes sus barras. No solo admitió que le dio consejos para que atienda las exigencias de los indígenas en las movilizaciones. Sino también, aseguró que las protestas fueron acciones motivadas por el correísmo y no por la Conaie.

«Debo señalar que no estamos para dar el gusto al correísmo, estamos con el objetivo de derogar el decreto 883, nuestros territorios, vamos a luchar por eso y no por cosas oscuras que no responden a los propósitos del movimiento indígena», expresó a través de sus redes sociales.  

Sin embargo, el 1 de noviembre del 2022, en medio de la ola de inseguridad que vivió el país, Quishpe enfatizó «la muerte cruzada es inmiente». «El gobierno de Lasso es incapaz de resolver lso problemas de inseguridad, de falta de oportunidades, pero sí es agil para anunciar la venta del Banco del Pacífico», detalló.

Venta del Banco del Pacífico

El presidente del Banco del Pacífico, Roberto González, la caída de las utilidades de la entidad financiera se tribuye al proceso de reestructuración que pasó, luego de que se lo pusiera a la venta. “Las indemnizaciones por despidos, reestructuración morosidad heredada por las decisiones políticas influyeron en la caída de USD 24 a USD 5 millones”, comentó. (N.J.C)

Salvador Quishpe le da la espalda a Guillermo Lasso

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En menos de un mes, el Ecuador conoció que desaparecieron 55 mil quintales de arroz y 228 toneladas de rocas con oro de las bodegas del Estado. Ambas, valoradas en $ 3.1 millones. Ahora, una nueva “desaparición” se sumaría a esta lista, ¿quiénes responden por estas irregularidades?

Las instituciones involucradas son los ministerios de Agricultura y Ganadería y el de Energía y Minas; además de instituciones que derivan de ambas entidades públicas.

Sobre el gas

El 27 de octubre del 2022, el asambleísta Salvador Quishpe Lozano (PK), solicitó información al ministro de Energía y Minas, Xavier Vera, por inconsistencias en el Reporte de Evaluación de Producción Vs Objetivos, donde indica una disminución “por arte de magia” de 6 millones de pies cúbicos de gas. El acta aún no ha sido respondida por el funcionario.

Sobre el arroz

En el caso de los 55 mil quintales de arroz, este medio conversó con el asambleísta Walter Gómez (UNES), quien aseguró que, en los siguientes días, la Comisión de Soberanía Alimentaria tratará este y otros temas en el Legislativo.

“Creamos una subcomisión, y vamos a tener las comparecencias del ministro y del liquidador de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) en la segunda semana de noviembre”, dijo Gómez.

Las irregularidades denunciadas en los anteriores días quedan, por ahora, en un limbo jurisdiccional. Los entes responsables aún no realizan un pronunciamiento oficial. Y las comisiones fiscalizadoras empezarán a recabar información en los siguientes días.

(J.P.C)

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Veloz acusó a Quishpe de haber lanzado ofensas hacia ella, durante una sesión del Pleno de la Asamblea Nacional. Concretamente en la sesión 772 donde se trataba la destitución de Guadalupe Llori como Presidenta de la Asamblea.

La votación a favor de la sanción tuvo los votos del presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela (Independiente) y de los vocales del CAL, Darwin Pereira (PK), Johana Moreira (disidente de la Izquierda Democrática) y Ronny Aleaga (UNES).

Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta del Legislativo y Nathalie Arias, del oficialismo y vocal del CAL, se abstuvieron.

El incidente ocurrió el pasado 31 de mayo, en donde se dieron cruces verbales entre Quishpe y la bancada de UNES, antes de destituir a Guadalupe Llori (PK) como presidenta de la Asamblea Nacional del Ecuador.

Denuncia contra Saquicela se esfuma en la Asamblea

El asambleísta Salvador Quishpe aún no ha emitido declaración alguna frente a la medida emitida pot el CAL.

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«Lo primero que se necesita dentro del movimiento Pachakutik es cambiar de autoridades», dijo Pazmiño.

Frente al accionar del coordinador de la bancada de PK, Salvador Quishpe y de algunos de sus miembros, la asambleísta dijo que el movimiento necesita un cambio de coordinador que cumpla con los principios de la bancada.

Así también, aseguró que su distanciamiento del movimiento fue a consecuencia del mal accionar de sus compañeros, debido que han ido en contra de los principios de la bancada y de su gente.

Al referirse sobre la llamada realizada por Salvador Quishpe a la Presidencia de la República, Pazmiño recalcó que el accionar de PK no está enfocado hacia al Ejecutivo.

«El actuar de Pachakutik es pegado a su pueblo, no al Ejecutivo, no pegado a medidas neoliberales», aseguró.

Pazmiño manifestó que la convocatoria para la remoción de autoridades estaría prevista para agosto.

Accionar de la Asamblea frente a las protestas sociales

Con respecto a las manifestaciones desarrolladas en el país desde el pasado 13 de junio, la asambleísta dijo que el Legislativo no ha pensado en la Muerte cruzada, debido al accionar que puede tener el Ejecutivo.

«Lo que va hacer el Ejecutivo es sacar a la Asamblea Nacional, él se estará quedando por seis meses, aparte que no creemos mucho en su palabra y se puede declarar dictador», aseguró Pazmiño.

Pazmiño hizo un llamado a no satanizar a las protestas, ni a los pedidos del movimiento indígena.

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«Para los que se dedican a andar grabar que dizque hacemos recomendaciones al Gobierno para que atienda con estos temas, pero por supuesto. Por supuesto que hemos hecho una serie de recomendaciones, muchas personales, otras institucionales. Claro que hemos recomendado», dice Quishpe en un vídeo.

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Agregó «Presidente, firme un decreto ejecutivo y a través de ese decreto ordene a sus gobernadores que vayan y controlen los precios de los alimentos. E fin, cuantas recomendaciones hemos hecho. Exigimos que se atiendan los puntos de la movilización. Graban eso y tratan de tergiversar. hagan lo que quieran. Nosotros aquí vamos a exigir que se atiendan nuestros puntos de la lucha del pueblo Ecuatoriano».

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“Ahí se mandaron algunas recomendaciones, que yo no le puedo decir por teléfono (…) y creo que desde el viernes que hablamos hasta ahorita ha pasado demasiado tiempo, pero ahí tienen algunas recomendaciones, incluso para el discurso del presidente”, se escucha decir a Quishpe.

Asimismo, se escucha al asambleísta ofrecer su apoyo a la persona del otro lado del teléfono y pasarle el número telefónico de su colega legislador Eitel Zambrano. “Cualquier cosa, yo estoy aquí”, reitera el asambleísta de Pachakutik.

Del mismo modo, en otra parte de la conversación, Quishpe señala que no hay una respuesta desde el Gobierno y que debería buscarse estrategias para atender la movilización. “No digo al 100%, pero en alguna medida debe haber una respuesta y abortar todo ese proceso que los correístas están frotándose las manos”, dice.

De igual forma, Quishpe acusa a la mayoría legislativa de una presunta “desestabilización” política.

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La noche de este martes 7 de junio, el proyecto de Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza fue aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional con 104 votos a favor.

Frente a esto, Salvador Quishpe sostuvo que el objetivo de la Ley era luchar contra la delincuencia y no contra la lucha social, alegando que los artículos 23, 24, 25 inmersos en la Ley, atentan contra quienes salen a protestar por sus derechos.

 “El correísmo en su discurso dice que están protegiéndole a la gente, cuando proponemos varios temas para sacar de esta Ley los artículos 23, 24 y 25 y evitar que la Fuerza Pública pueda castigar a las mujeres, jóvenes, estudiantes, indígenas, trabajadores en una movilización social, se hacen los pendejos, votan para que esas leyes y artículos se aprueben, a nuestro entender es parte del pacto lo mismo hicieron con la Ley tributaria”, dijo Quishpe.

Salvador Quishpe pidió al presidente Lasso que vete parcialmente la Ley y elimine los artículos que castiga a la protesta y la resistencia social.

Respuesta de UNES

Mediante un comunicado, la Bancada Unión por la Esperanza (UNES) explicó que su apoyo para la aprobación de la Ley fue con el fin de evitar más excusas por parte del Gobierno para combatir contra la delincuencia y aseguraron estar vigilantes.

“La Bancada RC buscó modificar los artículos ambiguos sobre la protesta social conscientes que pueden ser un instrumento contra los luchadores populares que seguirán enfrentando las políticas neoliberales, estaremos vigilantes”, dice el comunicado.

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Con 81 votos a favor, Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional fue destituida de su cargo por supuesto incumplimiento de funciones. Frente a ello, el vicepresidente del Legislativo, Virgilio Saquicela asumió ese lugar.

“El día de ayer, democrática y legítimamente los representantes de la ciudadanía, han tomado una decisión que era la destitución de la expresidenta, Guadalupe Llori. Hoy nos toca asumir esta responsabilidad y abrir el diálogo”, expresó Saquicela.

Saquicela dijo que buscará la institucionalidad del Parlamento, con lo que aseguró abrir un diálogo con todas las bancadas políticas del Legislativo.

Así también, manifestó que seguirá trabajando para dar continuidad con las responsabilidades del Legislativo y sacar lo antes posible los proyectos de Ley pendientes.

“No hemos pactado absolutamente nada. El único compromiso es el diálogo interno con todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional”, dijo Saquicela.

Frente a la decisión de investigar la administración de Llori, Saquicela sostuvo que no iniciará ningún proceso.

Inconformidad de algunas bancadas políticas

Entre las bancadas que apoyaban la presidencia de Guadalupe Llori, se encuentran Pachakutik (PK) y Creo, quienes sostienen que la destitución de Llori no tiene validez, pues las medidas cautelares presentadas por PK frenaban cualquier decisión.

Salvador Quishpe, coordinador de Pachakutik aseguró que el Pleno actuó ilegítimamente, ya que no respetó el orden del día de la sesión 772, ni la orden del juez sobre la abstención de conocer y tratar el informe presentado por la Comisión Pluripartidista Ad Hoc.

«Las medidas cautelares ordenan a la presidencia y al Pleno de la Asamblea Nacional, absténgase de conocer, se fueron por encima de todo eso e iniciaron lo que ya se conoce.», expresó Quishpe.

Por su parte, Nathalie Arias, asambleísta por Creo dijo que su bancada no reconoce a Saquicela como el nuevo presidente del Legislativo.

«Hoy nos vamos a dirigir a él como lo que en este momento representa, presidente encargado de la sesión que se hoy se continúa.», dijo Arias.

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