«Haciendo los papeles de defensor de la protesta y de defensor de la ciudad, se repartían las cosas. Uno de los actores y encargado de proteger las protestas, Jorge Yunda Machado, alcalde electo de Quito, en ese tiempo, se sentaría a dividir la ciudad con su amigo y socio Andrés Paez Benalcazar», reveló Freire previo a la difusión de dichos audios.

Según explicó, esto ocurrió «bajo la asesoría y direccion del fallido gobierno de Lenín Moreno, en la persona del tercer partícipe, de lo que van a recibir hoy, Santiago Cuesta Caputi (consejero de ese entonces)».

Asimismo, Freile, enfatizó que «los audios seran entregados de manera integra (a la prensa) y lo que evidencia es como a espaldas de nosotros se construyen discursos de odio y violencia para mantenernos divididos. Nuestra función, a riesgo de nuestra seguridad personal, es poner esto sobre la mesa».

¿Qué decían los audios difundidos por Freile?

En los audios reveleados tienen que ver con tres temas: las frecuencia de Radio Municipal y Radio Pichincha (así como el concurso de frecuencias de ese entonces), la construcción de 50.000 parqueaderos debajo del parque «La Carolina» (a través de empresarios relacionados con Andrés Páez) y la elaboración de encuestas (no se mencionan los propósitos).

A continuación, presentamos los audios difundidos a través de la red social Twitter:

JR

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Para el jefe de Estado, las mafias, el narcotráfico y el crimen organizado son los principales grupos que han atacado al Gobierno porque les “golpearon el bolsillo” y no les han permitido meterse en su administración.

El presidente manifestó que es probable que el exconsejero presidencial del Gobierno de Lenin Moreno, Santiago Cuesta Caputti; el exrepresentante de Seguros Sucre, Diego Sánchez; y el exministro del Interior en el Gobierno de Rafael Correa, José Serrano, estarían detrás del medio digital La Posta.

“Los grupos mafiosos que controlaban el negocio de seguros a través de la Compañía de Seguros Sucre y lo que hicimos fue ponerla en liquidación; otros mafiosos que tenían que ver con la compra de medicamentos, hoy tenemos un sistema para hacerlo con subasta inversa; hemos luchado también contra estas mafias que asaltaban al ISSPOL y que robaron USD 900 millones, de los que hemos recuperado USD 300 millones”, en este último punto el mandatario se refirió de manera indirecta al exministro del Interior, José Serrano.

La respuesta de Serrano

Como respuesta, Serrano tildó a Lasso de chulquero y le recordó las empresas offshore que fueron reveladas en la investigación de Pandora Papers. Además, le recalcó que revise el expediente del caso ISSPOL, donde está realidad y los verdaderos sentenciados. (A.G.M).

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“Constan ingresos por USD 345 mil depositados por parte de Naparina Corp S.A. y su propietario Enrique Cadena Marín, intermediario petrolero, y salidas por USD 122.400 para Jaime Baquerizo Escobar, contratista de Petroecuador que se encuentra prófugo, y su padre Jaime Baquerizo Chávez”, reseñó el medio.

Una treintena de cuerpos del expediente se refieren únicamente a las cuentas bancarias de Santiago Cuesta. Asimismo, figura su esposa Gloria Vinueza (junto al hermano de esta) y Julio César Vinueza. La evidencia indica cheques y papeletas de depósito o de cobro y detalla los bancos utilizados para el supuesto ilícito.

¿Qué hizo Fiscalía?

Durante el operativo se allanó la casa de Santiago Cuesta Caputi, alfil de Lenín Moreno. No obstante, el ex asesor no ha sido vinculado y tampoco se le ha solicitado asistir a declarar. Además, su nombre figura en las transcripciones de algunas grabaciones en poder de Fiscalía.

Actualmente, Santiago Cuesta está en España y fue intervenido por su estado de salud. Frente a los allanamientos de Fiscalía por el caso Las Torres, publicó un comunicado. En este desconoce sobre “compras, ventas, transacciones y cualquier tipo de negociación petrolera que se haya realizado entre el Estado ecuatoriano representado por alguna de sus autoridades y alguna empresa compradora o intermediaria del petróleo”, informó el medio.

Caso Las Torres

Fiscalía investiga a un grupo de servidores públicos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de la estatal Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la Contraloría General del Estado.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera en Miami. Posteriormente fueron apresados el Contralor subrogante Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Una exposición de la trama de escándalos en torno al Hospital de Pedernales, fue preludio de las exigencias de Naranjo. Así, sentada frente a su monitor, blandiendo un papel con su solicitud impresa, la asambleísta soltó los nombres: Lenín Moreno, Presidente de la República, Santiago Cuesta, exsecretario de gobierno y Diana Salazar, Fiscal General del Estado. Aquellos fueron los funcionarios públicos cuya comparecencia solicitó Naranjo.

Adicionalmente, la legisladora pidió que se tramite una petición al SNAI para que permita comparecer, vía telemática, a los procesados Daniel Mendoza, exjefe de bancada de Moreno, y José Tamayo, exdirector del Servicio de Contratación de Obras (SECOB).

Antecedentes

Presuntas redes delictivas y tramas de corrupción habrían sido el nido donde se definió el destino del Hospital de Pedernales. De ese modo, el Consorcio Pedernales Manabí se benefició de la adjudicación irregular del contrato en febrero del 2020. Ello le permitió recibir más de USD 8 millones como anticipo, sin retención impositiva alguna. Sin embargo, las raíces de la corrupción parecen sumergirse más profundo.

El 13 de julio del 2020, Fiscalía determinó indicios de responsabilidad penal contra el asambleísta Eliseo Azuero. Este, junto con el oficialista Daniel Mendoza, habría coordinado una red delictiva para desviar los fondos destinados a la construcción del Hospital de Pedernales. Para sus própositos, Azuero habría solicitado que José Tamayo se hiciese cargo del Servicio de Contratación de Obras (SECOB). Tamayo es un hombre cercano a Azuero. Según Mendoza, María Paula Romo habría accedido a la petición de Azuero y, con esto, abierto camino al delito. (JBS)

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La diligencia será el 4 de agosto a las 15:00. El organismo indicó que Cuesta debe comparecer en la Unidad de Fuero de Corte Nacional de la Fiscalía General del Estado, en Quito, que realizó, además, la petición a la Secretaría Jurídica de la Presidencia que se remita información sobre las funciones y competencias de Cuesta.

En la investigación, se señala al exconsejero presidencial como presunto operador de negociaciones en la Asamblea Nacional, y en Manabí. No es la única autoridad relacionada al Ejecutivo en rendir declaración.

Anteriormente, Fiscalía solicitó la versión de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. Este caso implica al exlegislador Daniel Mendoza (AP) y el asambleísta Elíseo Azuero (Badi), que está en proceso de destitución.

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Dicha declaración a realizarse el 11 de diciembre tiene como objetivo averiguar sobre la contratación del asesor electoral Jordi Segarra. En marzo de 2019, Santiago Cuesta dijo que él pagó la asesoría de Segarra durante la campaña de Lenín Moreno. También indicó que no reportó el gasto al CNE, porque, según él, no era un gasto electoral.

¿Quién es Jordi Segarra?

Segarra es un estratega político cuya especialidad es el desarrollo de proyectos métrico-dirigidos basados en inteligencia de datos.

«Hasta el momento, ha encabezado 15 campañas presidenciales y 59 campañas para gobiernos alrededor del mundo. Su promedio total de victorias electorales es del 95.96 por ciento», dice su página web

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