La audiencia, instalada en la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y la Familia No. 1, al norte de Quito, presentó 25 elementos probatorios que sustentan la acusación, incluyendo testimonios, peritajes y documentos. Fiscalía solicitó prisión preventiva para el legislador, alegando que los hechos ocurrieron en un contexto de «cercanía» con la víctima.

Paralelamente, las declaraciones del ministro de Gobierno, José De La Gasca, han generado una aguda controversia. En entrevista con Democracia TV, el funcionario anticipó que el contenido del celular del legislador revelaría «trafasías, atracos, pactos oscuros y vínculos con narcodelincuencia». De La Gasca vinculó el Caso Ligados, sugiriendo que evidencias digitales revelarán irregularidades de «la clase política que nos gobernó durante una década». Además, insinuó que Díaz podría ofrecer una «colaboración eficaz» en casos ajenos a la violación, afirmando que: «Lo que él deba decir será revelador para el país».

La abogada Mónica Luzárraga cuestionó la legitimidad de estas declaraciones: «¿Es un montaje para chantajear y convertir a acusados en voceros del poder?», advirtiendo sobre la violación al debido proceso. Subrayó que el Ministerio de Gobierno carece de atribuciones para predecir contenidos bajo custodia judicial.

¿Entrega voluntaria?

El ministro del Interior, John Reimberg, reveló que la entrega «voluntaria» de Díaz respondió a allanamientos policiales donde se incautaron 8 teléfonos con «información clave». Reimberg admitió que fue una «entrega bajo presión».

Según Reimberg, los dispositivos contienen información clave para el proceso investigativo. También enfatizó que, pese a la entrega voluntaria, el delito cometido es grave y debe tener consecuencias.

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