Frente al hecho el presidente Guillermo Lasso manifestó todo su apoyo al policía en cuanto a recursos y defensa jurídica. Así mismo, la mañana de este viernes ratificó su ayuda. Expresó que no descarta la posibilidad de indultar al policía, pero ¿puede hacerlo? ¿Cuándo y en qué circunstancia cabe el indulto presidencial?

La respuesta es sí. El presidente Lasso podría indultar al policía Santiago Olmedo, pero no en estos momentos.

Indulto presidencial

El indulto presidencial es una «herramienta» del presidente de la República para perdonar la pena a un preso. No obstante, se perdonan (o disminuyen) los años que la persona debería pasar en la cárcel, pero no su culpabilidad por el delito. Es decir, el sentenciado deberá pagar la reparación integral que hayan impuesto las autoridades.

Además, el indulto aplica a las sentencias ejecutoriadas, o sea, cuando ya no se puedan interpone más recursos judiciales, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

En el caso del policía Santiago Olmedo, el presidente Lasso todavía no puede actuar. Esto debido a que a la defensa del cabo le quedan recursos de apelación. De hecho el ministro del Interior, Patricio Carrillo anunció que analizan la posibilidad de apelar la decisión del Tribunal.

Una vez que todos los recursos judiciales se agoten, Lasso podría emitir el indulto vía decreto ejecutivo.

Reparación integral

Aun en el mejor de los escenarios, Olmedo deberá cumplir con la reparación integral que impuso la Justicia. El pago de 10 salarios básicos unificados que son USD 4.250 y USD 10 mil a los familiares de los asaltantes fallecidos. Al ser dos familias, en total deberá pagar USD 20 mil.

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La reunión prevista para las 18:30 se pospuso al menos tres veces durante el día. Sin embargo, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia informó que finalmente decidieron cancelar la junta. No dieron mayores detalles.

Según iba a apoyar

El pasado 19 de enero, el primer mandatario expresó su preocupación por la condena de tres años y cuatro meses de prisión que recibió el servidor policial. A través de su cuenta de Twitter indicó que daría “todo el apoyo” a Santiago Olmedo para que salga en libertad.

“Es indignante e incomprensible que un policía, como el cabo Santiago Olmedo, que protegía la vida de un adolescente, sea condenado. La Policía Nacional debe tener las garantías para cumplir con sus deberes. Le daremos todo el apoyo necesario para que recupere su libertad”, publicó el presidente Lasso en su red social.

Asimismo, en otro tuit señaló que lo “respaldaría con hechos” y que buscaría las vías necesarias para garantizar su libertad

Mañana presenta el proyecto de Ley a la Asamblea

El pasado 23 de enero, el presidente Lasso informó que mañana martes 25 de enero presentará en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley para regular el uso de la fuerza y reformar varios cuerpos legales, cuya finalidad sería fortalecer la seguridad.

“El objetivo es autorizar el uso progresivo de la fuerza, respaldando a los policías y a los militares, también reformará la Ley de Seguridad Pública y del Estado para mejorar la cooperación entre la Policía y Fuerzas Armadas, sin esperar estados de excepción, sino en tiempo regular”, señaló-

Asimismo, dijo que la normativa busca asegurar que los servidores policiales tengan patrocinio legal cuando son sujetos de investigaciones. “Que no pase lo del cabo Santiago Olmedo que tiene que asumir el costo de su defensa. El estado asumirá el costo de la defensa de la policía y de los elementos de las Fuerzas Armada que resulten enjuiciados, en el cumplimiento de su deber”, afirmó el presidente.

También informó que este proyecto de Ley propone reformar el COIP y ordenar que existan investigaciones más diligentes. Explicó que se crea el delito de terrorismo en los centros de privación de libertad y que no será necesario que el juez notifique al sospechoso, disminuyendo así el peligro de fuga.

Además, sostuvo que el cuerpo legal tendrá disposiciones legales orientadas a reducir el hacinamiento y a fortalecer la gestión en los centros de privación de libertad.

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El movimiento político dijo que apoya la posibilidad de un indulto al cabo Santiago Olmedo, siempre y cuando haya actuado en defensa de terceros y de sí mismo.

“Desde 2018, bajo pretexto de reducción del Estado, inició el desmantelamiento de las instituciones a cargo de la seguridad. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Interior se convirtió en un espacio de reparto político con graves denuncias de corrupción. Así también, se eliminó el Ministerio de Justicia, dejando el Sistema de Rehabilitación Social a la deriva sin presupuesto ni recursos humano y tecnológico calíficados. Se destruyeron las capacidades de Inteligencia Estratégica de Estado y se pasó nuevamente a una competencia sin
sentido entre inteligencia militar y policial con alta influencia de intereses extranjeros”, argumenta el comunicado.

También enfatiza en que este desmantelamiento ocasionó que el 2021 fuera el más violento de los últimos diez años.

“Un aumento de los homicidios en más del 186.4% en comparación a 2017. Esto quiere decir que, durante el último año, existieron cerca de siete homicidios cada día en el país. La confianza en la institución policial cayó del 53% en 2017 -la segunda policía mejor evaluada en América Latina, después de Uruguay- a solo el 34% en 2021, según el Latinobarómetro”, recoge el documento. 

El movimiento dice que el Gobierno intenta culpar a la "falta de un marco legal” que permita la actuación de la policía. Afirma que esta es otra respuesta mediocre ante las masacres y la crisis de seguridad. 

“La realidad es que el gobierno no tiene rumbo, ni prioridades, ni capacidad de gestión pública. En medio de la crisis social y económica, la policía se encuentra desbordada, sin recursos suficientes para hacer su trabajo y enfrentar adecuadamente la inseguridad que vivimos. Se han retrocedido diez años en los niveles de seguridad alcanzados hasta 2017”, argumenta. 

La Revolución Ciudadana explica que antes del Gobierno de Lenin Moreno, la inversión pública en seguridad se triplicó. “Entre 2006 y 2016, la tasa de homicidios pasó de 17.7 a 5.7 por cada 100 mil habitantes, la más baja en Ecuador durante los últimos 15 años y solo superior a las de Chile y Bolivia en la región”, sostiene.

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