“Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento del expresidente de la República de Chile, Sebastián Piñera Echenique […] Oportunamente se informará sobre sus funerales. Agradecemos las masivas muestras de cariño y preocupación que hemos recibido durante estas amargas horas”, dijo en un comunicado la oficina del exmandatario.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, confirmó desde el Palacio de La Moneda el fallecimiento. Además, el presidente Gabriel Boric decretó duelo nacional y la celebración de un funeral de Estado.

“Un helicóptero capotó [cayó] con sus cuatro tripulantes. Tres de ellos lograron llegar por sus propios medios a la orilla, están fuera de peligro. No fue el caso del cuarto tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Hace pocos momentos hemos tenido la confirmación de parte de Carabineros que nos indica que la Armada pudo llegar al lugar donde se provocó el accidente y recuperar el cuerpo del expresidente Piñera, que ha fallecido”, expresó la funcionaria.

Según diario El País, Piñera pilotaba el helicóptero que se estrelló en el sector de Ilihue, cerca de su casa, ubicada en Bahía Coique, donde pasaba los veranos con su familia cada febrero. Era un día lluvioso en Ranco y el expresidente, un experto piloto, había enfrentado en el pasado más de un aterrizaje de emergencia. Esta tarde, según las primeras informaciones, Piñera había salido de la casa de su amigo José Cox, empresario, pilotando un helicóptero modelo Robinson R 66.

¿Quién fue Piñera?

Sebastián Piñera fue el primer mandatario de Chile en dos períodos (2010 y 2014 – 2018 y 2022). También fue el primero de derecha que gobernó el país desde el retorno a la democracia.

Se casó en 1973 con Cecilia Morel —con quien tiene cuatro hijos—, Piñera combinó durante muchos años la gestión pública con la actividad de sus empresas. A finales de los años setenta obtuvo la representación para Chile de las tarjetas de crédito.

Fue el principal accionista de la aerolínea Lan Chile (actual Latam). También del canal de televisión Chilevisión y de Blanco y Negro, la sociedad que maneja uno de los clubes de fútbol más populares del país, Colo-Colo.

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La oposición Chilena no consiguió la aprobación, en el Senado, para el juicio político y destitución del presidente Sebastián Piñera. Necesitaban 29 de los 43 votos del Senado, para remover al mandatario. La oposición sólo cuenta con 24, por lo que era imprescindible cinco sufragios del oficialismo.

Aunque la votación aún no concluye, ya votaron 15 de los 19 legisladores gobiernistas. Esto hace imposible que alcancen a los 29 votos. El fracaso del juicio político contra Piñera se esperaba, pues era muy improbable que cinco oficialistas aprobaran accionar contra el presidente.

La crucial sesión se produce a sólo cinco días para que los chilenos acudan a las urnas a elegir presidente para el período 2022-2026. Al término de su mandato, el 11 de marzo de 2022, será Piñera quien entregue el poder al ganador de los comicios presidenciales.

El mandatario sigue en funciones tras la admisión del juicio político por la Cámara de Diputados, hace una semana. Solo tiene prohibido salir de Chile, pero cuando se formalice el rechazo del juicio político, su arraigo será levantado.

Las acusaciones contra Piñera son “haber infringido abiertamente la constitución y las leyes” y “haber comprometido gravemente el honor de la nación”. Las acusaciones se votarán por separado.

La sesión

La sesión inició el martes temprano, con la intervención de tres diputados acusadores sobre los fundamentos que llevaron a la Cámara de Diputados a admitir, hace una semana, el juicio por 78 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones. Siguió con la presentación de los descargos de Piñera, por intermedio de su abogado.

Los diputados dijeron que Piñera favoreció la venta de un proyecto minero y portuario familiar, pactada en un paraíso fiscal, para eludir impuestos. Así afectó el principio de probidad y dañó gravemente el prestigio de Chile.

El abogado defensor, Jorge Gálvez, alegó que Piñera “goza de una inocencia judicialmente establecida”, tras una indagación judicial, de 2017, que incluyó la revisión de 1.800 correos electrónicos, que lo sobreseyó tras concluir que no intervino ni usó información privilegiada en la transacción de 2010.

Agregó que la venta del negocio familiar fue hecha por una sociedad en la que los hijos del gobernante tenían una participación “no controladora”. Que los hechos están prescritos y que Piñera se enteró de la transacción luego de finalizado su mandato, en 2014.

La constitución establece que un gobernante puede ser enjuiciado políticamente durante su gestión y hasta seis meses después de concluido su término.

La acusación fue presentada, en octubre, por 16 diputados opositores luego de conocidos los Papeles de Pandora, una investigación periodística internacional, sobre negociados en paraísos fiscales. Por estos hechos, la Fiscalía Nacional abrió una investigación penal para indagar si las revelaciones de los Papeles de Pandora “pudieran revertir caracteres de delito”, relacionados con cohecho, soborno o infracciones tributarias.

Este es el segundo juicio que enfrenta Piñera durante su segundo mandato (2018-2022). El primero fue a fines de 2019 y no llegó a tramitarse por no reunir los requisitos necesarios, según la mayoría de los diputados.

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Con 78 votos a favor, 57 en contra y 3 abstenciones. La decisión queda ahora en manos del Senado.

Las causas

El proceso de juicio político se llevaría a cabo por las supuestas irregularidades en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal, revelada en los Papeles de Pandora.

La acusación constitucional presentada el pasado 13 de octubre por la oposición pasará al Senado. Esa institución se encargará de juzgar al mandatario por el escándalo revelado por los Pandora Papers.

La acusación se votará en la Cámara Alta unos días antes de que Chile celebre el próximo 21 de noviembre las elecciones más trascendentales de su historia reciente.

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Ese día, un carabinero provocó la caída de un manifestante de 16 años al río Mapocho y lo que es aún más representativo, no intervino en ninguna acción de rescate del joven.

Compañeros del menor lo rescataron de la zona donde impactó su cuerpo. La indignación de organismos de derechos humanos y de la comunidad internacional se han puesto de manifiesto.

Esto a pesar de ahora la Fiscalía chilena, sostiene que el carabinero «habría impulsado» al joven manifestante, como lo reportó el diario El Mercurio, en su edición de domingo.

Existen decenas de videos donde se observa el papel que desarrolla el oficial en la caída del joven que lo empuja, con fuerza, contra el puente.

En la mira internacional

Otro, diario como The Clinic, luego de analizar las circunstancias del hecho, presentó las diversas reacciones por este hecho a nivel mundial.

«Diversas reacciones ha generado el hecho ocurrido la tarde de este pasado viernes, luego de que un joven de 16 años terminara con lesiones graves tras ser empujado por un carabinero «.

La noticia ha puesto sobre la palestra a Chile, debido a las violaciones a los derechos humanos producidas por agentes del Estado durante las diferentes movilizaciones . Son múltiples las denuncias que existen en contra del Estado chileno.

Hoy se registraron nuevas protestas y las multitudes se han convocado nuevamente para mañana para nuevas jorandas de protesta.

Aquí algunas portadas de la prensa internacional recogidas por el periódico The Clinic.

Debido a esto, la noticia ha llegado a varios medios internacionales como es el caso del diario británico The Guardian, que tituló sin mayor empacho: “Chilean police throw boy, 16, off bridge during protests” (Policía chilena arroja a un niño, 16 años, desde un puente durante protestas). Asimismo, agregan que la esta agresión “es la última de una serie de presuntos abusos contra los derechos humanos por parte de Carabineros”.

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Entre los temas más destacados están las personas con lesiones oculares (350 aproximadamente), muchas de ellas perdieron un ojo y dos quedaron completamente ciegas.

«Hay razones fundadas para creer que se usaron armas menos letales de manera inadecuada e indiscriminada, lo que contraviene los principios internacionales destinados a minimizar el riesgo de heridas», dice el informe.

El documento de 35 páginas se envió al Gobierno de Sebastián Piñera. El informe agrega que las «violaciones (a los DD.HH.) incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza. Esto dio como resultado la privación arbitraria de la vida y en lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias.

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“De acuerdo con información recibida por la CIDH, desde el inicio de las protestas sociales el 18 de octubre, la cifra de víctimas mortales ha ascendido a 26, de las cuales al menos 5 habrían sido por acción directa de agentes del Estado y 2 bajo custodia del Estado en comisarías de Carabineros”, reza una parte del comunicado.

“Según información del Ministerio de Salud, los servicios de urgencias médicas del país atendieron a 12.652 personas heridas en relación con las manifestaciones y el INDH constató directamente en hospitales 2.808 heridos en el contexto de las manifestaciones”, agregó.

Sobre el número de personas con “traumas oculares como consecuencia del impacto de perdigones o bombas lacrimógenas de Carabineros”, la organización cuenta al menos 283, en algunos casos con la pérdida total de la visión en dos ojos.

El organismo registra al menos “20.645 detenciones y 950 personas en prisión preventiva”. La Fiscalía Nacional avanza en la investigación de “2.670 casos de presuntas violaciones a los derechos humanos”. 422 hacen referencia a casos de niñas, niños, o adolescentes, 44 casos de torturas y 26 por violación o abuso sexual por parte de agentes del Estado.

Finalmente, la CIDH insta al gobierno del país a actuar con diligencia frente a todos estos casos y encontrar a los culpables. Las protestas en Chile llegarán a los dos meses el 18 de diciembre, entre la preparación de una nueva constitución y las demandas de los ciudadanos.

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«Según nuestro último sondeo de un 67% de las personas está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y las marchas», informó la entidad en sus redes sociales.

Chile está paralizado debido a una serie de movilizaciones que inicialmente estaban en contra de las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera.

Sin embargo los pedidos y manifestaciones se intensificaron, exigiendo la reforma de la constitución vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet.

KV

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El presidente, Sebastián Piñera reconoció, el domingo pasado, que «el desenlace final de esas cuatro semanas aún no está escrito. Aún nos falta un largo camino por recorrer».

El camino para una nueva Constitución está abierto. Sin embargo, las manifestaciones continúan en el país. Los ciudadanos exigen una constitución «transparente» y «respuestas rápidas» por parte del senado.

Hasta el momento las protestas en Chile dejan al menos 23 muertos, más de 2.300 heridos y más de 15.000 detenidos.

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A ellos se suman los 22.957 Carabineros (policía) acuartelados, 15.911 Carabineros en terreno (en medio de las protestas), 28.908 uniformados de las Fuerzas Armadas en las calles y 51.000 miembros de las Fuerzas Armadas acuartelados.Estas cifras corresponden al más de 4’317.076 manifestantes en todo el país que salieron a las calles, de los cuales 2’314.356 pertenecen solo a la Región Metropolitana.

¿Qué pasó en Chile?

Todo inició el 18 de octubre pasado, cuando la insatisfacción por el aumento del precio del boleto del Metro provocó que varios jóvenes decidieran saltar los torniquetes para no pagar como muestra de protesta.

Aunque el gobierno de Sebastián Piñera retrocedió en la decisión, ya era muy tarde. Chile exigió nuevos derechos, mostró nuevas insatisfacciones y continuó con la protesta que, finalmente, buscó la creación de una nueva Constitución que derogue a la creada por el dictador Augusto Pinochet.

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“Respaldamos los esfuerzos que el gobierno de Chile viene realizando para mantener la paz, el orden público, la seguridad ciudadana y la institucionalidad democrática, utilizando los instrumentos legítimos que le otorga la Constitución y la ley”, señaló PROSUR en un informe.

Los abusos y las muertes de ciudadanos chilenos no han cesado tras 28 días de protestas en contra del gobierno de Sebastián Piñera. Medidas políticas y económicas, como el alza de 30 pesos en el precio del pasaje del metro, disgustaron a la población, especialmente a los jóvenes estudiantes. Las protestas continúan hasta hoy, la gente se mantiene en las calles exigiendo no solo un cambio en el modelo económico neoliberal impuesto, sino también la salida del actual mandatario.

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La periodista Katy Watson, del equipo de la BBC, preguntó al mandatario: “Hay llamados a que dimita. ¿Lo va a hacer?”, a lo que el mandatario chileno contestó con un tajante “No” (…) “Estos problemas se han ido acumulando en los últimos 30 años, soy responsable de parte de ello y asumo mi responsabilidad, pero no soy el único”.

Con 13% de aprobación, es el jefe de Estado con las cifras más bajas desde el regreso a la democracia en Chile en 1990.

El presidente chileno mencionó que va a llegar al fin de su gobierno porque “fue elegido democráticamente por una enorme mayoría de chilenos”.

Protestas en Chile

Las manifestaciones que comenzaron el 18 de octubre cuando el presidente Piñera ordenó el alza de la tarifa del metro, detonó la más profunda crisis social y política de los últimos treinta años del país. Pese a que el gobierno suspendió la subida del precio del transporte público y se comprometió a impulsar una agenda social que el pueblo chileno ha esperado, como el aumento del 20% de las pensiones, el pueblo no parece dar tregua y se encuentra en su tercera semana de protestas exigiendo la salida de Piñera.

Frente al uso desproporcionado de la fuerza empleada para reprimir las protestas el mandatario dijo en la entrevista: “Explicaré cómo debe funcionar las fuerzas policiales. En primer lugar, tienen que tratar de actuar solo con su presencia. Luego, deben intentar convencer a las personas cuando están cometiendo disturbios y luego, solo en casos extremos y de manera proporcional, pueden usar gases lacrimógenos o agua”.

Activistas, encabezados por el Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, emplazaron a Piñera a frenar lo que denuncian como “graves y sistemáticas” violaciones de los derechos humanos.

Al respecto el mandatario mencionó que: “Hay muchas presuntas quejas sobre uso excesivo de la fuerza y si eso tuvo lugar puedo garantizar que será investigado (…) y será juzgado» “No habrá impunidad», aseguró.

PE/EP

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