Observaciones

A primera vista, se descarta la tesis del régimen de Lasso. Son 17 sectores prioritarios que sufrirían recortes a su inversión, según la legisladora por UNES, Jahiren Noriega.

Por otro lado, el economísta Marco Flores resaltó que es necesario un cambio de política económica porque la economía que lleva a cabo Lasso es muy débil. Precisó que existen distorsiones en la comparación de valores o cifras de un año y otro. Además, apunta que la proforma no satisface a los 18 millones de ecuatorianos.

Acotó que hay un alto rubro para gasto corriente y apenas 7.3 millones de dólares para lo demás.

En cambio, María de Lourdes Lozada, representante de los Jubilados, solicitó el incremento del presupuesto para el pago a los maestros jubilados de los últimos tres años. A esta observación se unió el asambleísta de UNES, Blasco Luna, que mencionó que lo destinado para los jubilados en la proforma es preocupante, porque no alcanza para el pago.

Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE, destacó que las universidades han sido víctimas del recorte presupuestario; por ejemplo, la Universidad de Cuenca. En la proforma se reduce el dinero en al menos diez instituciones de educación superior (IES).

Los parlamentarios del oficialismo, Eitel Zambrano y Guido Chiriboga señalaron que existe un incremento presupuestario a favor de las universidades. Asimismo, contradijeron la exposición de Lozada respecto a los maestros jubilados. «Es un tema netamente del incentivo jubilar y no de la jubilación. El incentivo no tenía una fuente de financiamiento», dijo Zambrano.

La asambleísta por UNES, Ana Herrera, refirió que sí existe un recorte a las IES. “Una cosa es lo que se dice y otra la que nos han entregado, por lo que es necesaria la revisión”, enfatizó.

Finalmente, la doctora Verónica Chávez, del Colectivo de Salud, indicó que el sector de la salud está en graves problemas. Los ejes del Plan Decenal, la baja ejecución presupuestaria, problemas urgentes, “banderas rojas”, entre otros puntos relacionados con el presupuesto son cabos sueltos.

Instituciones que perderían…

Según el Gobierno, para el 2023 está prevista una inversión social de USD 15.276 millones, superior a los USD 14.500 millones proyectados para el 2022. Además, considera que cumple con las normas constitucionales para el Sistema Nacional de Salud y para la Educación Inicial, Básica y Bachillerato. Sumados los dos ámbitos aumentarían en total USD 1.223,7 millones.

Un análisis que no convence. Noriega asegura que hay instituciones de sectores prioritarios que ven decapitada su inversión desde el régimen. Entre las observaciones, la proforma no contempla la creación del Ministerio de la Mujer, anuncio de Lasso para apaciguar la violencia machista en el Ecuador.

La Secretaría de Derechos Humanos pierde una inversión del -46.5 %, mientras que el Ministerio de Inclusión Económica y Social -10 %. Sumadas las dos entidades encargadas del desarrollo social y las mujeres son más de USD 13 millones menos.

En el sector salud, el Ministerio del ramo tiene -7 % y la Secretaría Técnica Ecuador Crece sin Desnutrición infantil -30 %. Esto significa menos USD 21,4 millones.

La proforma recorta a la justicia más de USD 20 millones. El Consejo de la Judicatura refleja -75 % y la Defensoría Pública -38 %. La seguridad también pierde más de USD 30 millones. El Ministerio de Gobierno (-96 %) y el ECU-911 (-7 %).

Finalmente, a nueve universidades se les disminuye la inversión en más del 70 %. La Central, de Cuenca, Nacional de Educación, de las Artes, Técnica de Ambato, ESPE, Técnica del Norte de Ibarra, de Guayaquil, y Técnica de Manabí son las más afectadas. «En total 85% menos recursos para inversión», aseguró Noriega.

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La legisladora Mireya Pazmiño señaló que las conclusiones del informe enmarcan la responsabilidad estatal al no ejecutar políticas públicas que detallen un control político adecuado. Explicó que la Policía Nacional no está cumpliendo con los protocolos pertinentes y las instituciones encargadas  de la seguridad tampoco. “No tenemos un control adecuado en cuanto a la práctica de la Constitución, los derechos humanos y algunos tratados internacionales vigentes en el país”, precisó.

Enfatizó la complicidad del gobierno al no brindar información extra, ni los nombres de las autoridades a cargo de la supervisión y seguridad esa noche. Comunicó que la comparecencia de Ordóñez y sus comentarios misóginos a las comisionadas mostraron el desinterés y poca sensibilidad ante el femicidio de María Belén dentro de la Institución.

“Pedimos los nombres de las autoridades y cadetes que estuvieron en funciones el 10 y 11 de septiembre de 2022 como una forma de garantizar la verdad. Sin embargo hasta el momento no hemos tenido acceso a tal lista”, dijo.

La secretaria de la Comisión, Daniela Jervés informó que la señora Elizabeth Otavalo seguirá “desestabilizando” hasta saber lo que realmente ocurrió con su hija. Además, advirtió que Ordóñez prefirió cuidar la institucionalidad de la Policía que cuidar a las víctimas del caso.

“Las declaraciones de Ordóñez parcializan los hechos y vulneran los derechos de las victimas afectando la obligación del Estado de investigar las violaciones del derecho de la vida”, destacó.

Solicitudes de reparación detallados en el informe

Solicitan dar de baja a todos los funcionarios y autoridades que estuvieron presentes ese día y el cese de funciones a quienes omitieron su responsabilidad en el caso. Exigen que se investigue con celeridad y pertinencia la participación del Estado y lo que no debería hacer un Estado de derecho.

También piden juicios políticos contra el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; Ministro del Interior, Patricio Carrillo; la secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores y la renuncia inmediata del Comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas. (N.J.C)

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Para el mandatario, la reunión predispuesta era de vida o muerte. Al parecer las propuestas que presentaron eran la única esperanza que mantenía para erradicar la violencia contra la mujer. “Es indispensable mantener un diálogo de manera abierta, sin ningún limitante para poder tratar este tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos”, aseguró. Sin embargo, las acciones que ha tomado el mandatario solo responden al escándalo mediático, político y social ante el asesinato de María Belén Bernal.

Acuerdos establecidos con el Ejecutivo

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores informó que en la jornada de diálogo se concentraron diferentes mujeres de la academia, organizaciones civiles y mujeres afroecuatorianas. Todas con el propósito de establecer propuestas concretas contra la violencia hacia la mujer.

Las respuestas que ofreció Flores ocasionaron más confusión e incertidumbre, pues tras varias horas de reunión las únicas soluciones que se concretaron fueron:

• El presidente mediante decreto ejecutivo dispuso que el registro único de violencia contra la mujer (RUV) estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y no del Ministerio de Gobierno.  
• Se fortalecerá la institucionalidad de la Secretaria de DD.HH. mediante la propuestas de creación del Ministerio rector.
• Se mejorará la coordinación con gobiernos parroquiales, municipales y provinciales para fortalecer los sistemas de protección local y materia de DD.HH.
• Se incrementará el presupuesto a las casas de acogida y centros de atención para garantizar los servicios a mujeres y niños víctimas de violencia. 
• Se fortalecerá el sistema de formación referente a las víctimas de feminicidio.

Afirmó que esta no será la única sesión con el Ejecutivo, se prevé una segunda reunión el 18 de octubre.  

Declaraciones del Consejo de la Judicatura

La directora del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes comentó que implementaron una política técnica que cuenta con el apoyo y los recursos necesarios. Mientras que en el país se registra un aumento de los casos de femicidio y las victimas de violencia denuncian no recibir ningún tipo de apoyo o compensación.

“Se ha propuesta una política focalizada integral que atienda los casos de femicidio y muertes violentas. Es necesario encontrar y atender las causas de este problema a efectos de reducirlos”, enfatizó.

Según Goyes, el presidente brindó el apoyo y respaldo suficiente para poner en práctica las propuestas establecidas. Además, anunció que en la próxima reunión el Consejo de la Judicatura presentará un proyecto concreto contra la violencia de género.

“Es importante la unión porque las mujeres negras están en la lucha, es importante que sigan el proceso para erradicar la violencia contra las mujeres”, manifestó María Luisa Hurtado, coordinadora Nacional de Mujeres Negras. (N.J.C)

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En un video que se viralizó en redes sociales se evidencia como el hombre le da un primer golpe en el rostro a la mujer. Posteriormente la fémina se acercó a dos mujeres que se encontraban en el lugar y este continuó con la agresión. Ante este suceso los espectadores no ayudaron a la joven.  

Sanciones

La Policía Nacional confirmó que el agresor pertenece a la institución y que se realizarán las respectivas sanciones contra el uniformado. Según el informe se dispuso judicializar el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).  

“La Policía ratifica su compromiso permanente de velar por la seguridad ciudadana y orden público en todo el territorio ecuatoriano”, reza el comunicado. Además, la policía ordenó al Departamento de Asuntos Internos que realice acciones administrativas al agente para que este caso no quede en la impunidad.  

La Secretaria de Derechos Humanos se pronunció “ante los hechos de violencia en contra de la mujer en la provincia de Los Ríos, activamos nuestros servicio de protección integral (…) nuestro eje fundamental es la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. (A.M.B)

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“La defensa de los Derechos Humanos en el Ecuador en cualquier circunstancia ha sido, es y será un puntal de mi gestión. Le damos tanta importancia a este tema que en noviembre de 2021 presentamos la campaña para la prevención de violencia contra las mujeres. El gobierno anterior destinaba USD 2 millones a esta causa. Nosotros lo incrementamos a USD 24 millones”, dijo el mandatario.

Agregó que, por primera vez, un gobierno crea una política pública para la rehabilitación social “Es importante que en los 36 centros de detención del país sean espacios de una verdadera rehabilitación. En esta época debemos fortalecer la reactivación económica, pero también garantizar el goce de derechos para los ecuatorianos”.

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Por su parte, Flores dijo que contribuirá desde la acción para que los derechos humanos no sean solo una utopía. “Agradeceré la confianza depositada cada día con esmerado trabajo y el servicio por la ciudadanía, organizaciones y colectivos en este Gobierno del encuentro, donde los ecuatorianos tienen un futuro claro. Un futuro donde caben todas y todos y podemos contribuir a una patria mejor. Estamos preparados para este gran desafío”.

Paola Flores

Antes de llegar a este cargo, Flores se desempeñó como concejala de Cuenca, auspiciada por el movimiento político Igualdad, liderado por el actual ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera. Flores es abogada de profesión, titulada por la Universidad Técnica Particular de Loja en el año 2000.

De acuerdo con el portal Radiografía política, fue presidenta de la empresa privada Perusa S. A. (2006-2009), justamente cuando desempeñó ese cargo recibió una demanda por “pago de haberes laborales”, según consta en la página del Consejo de la Judicatura. Del 2010 al 2011 fue asistente administrativa en el Municipio de Cuenca. En su cargo como concejala presidió la Comisión de Igualdad, Género e Inclusión Social. Es una de las personas de confianza de Marcelo Cabrera junto con el actual director de la Agencia Naciónal de Tránsito, Adrián Castro. MIB

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El pasado 28 de abril se conoció la renuncia de la funcionaria por «diferencias irreconciliables con la nueva visión del Gobierno”. Ordóñez dijo que son visiones difíciles de compartir y, por ello, junto a su equipo, dan un paso al costado.

En esa semana también renunciaron el ministro de Energía y Minas, Juan Carlos Bermeo; el ministro de Defensa, Luis Hernández y Pedro Álava, ministro de Agricultura. Sin embargo, para estos sectores los reemplazos ya fueron definidos.

¿Por qué hay tanta demora para definir quién estará al frente de la Secretaría? ¿Acaso el sector de los derechos humanos no es tan importante como el sector de Energía y Minas, Defensa o Agricultura?

Creación y funciones de la Secretaría de Derechos Humanos

La Secretaría de Derechos Humanos fue creada durante la presidencia de Rafael Correa, el 15 de noviembre de 2007, bajo el nombre de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Sin embargo y de acuerdo al Decreto Ejecutivo No. 560, el 14 de enero de 2019 fue transformado a la Secretaría de Derechos Humanos.

La cartera de Estado está encargada de la justicia, de la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y el acceso efectivo a una justicia de calidad y oportuna. Es decir, de la plena vigilancia de los Derechos Humanos.

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«Esta decisión es motivada por la nueva visión planteada por el Gobierno Nacional, la cual dista del objetivo inicial de construir un país de oportunidades y encontrarnos por los derechos», dice una parte del comunicado.

Agregó que los hechos violentos del 8 de marzo y el manejo de la crisis penitenciaria. Ademas del silencio ante los hechos repudiables de violencia contra niños/as y mujeres «solventa ese sentir».

Ordóñez sería el tercer miembro de este gabinete en dimitir del cargo en esta semana. La Secretaría de Comunicación dijo que el presidente Lasso está realizando un evaluación de Gabinete y que solicitó las renuncias. MIB

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