La nueva cartera de Estado ejercerá todas las competencias, obligaciones, presupuesto, convenios y contratos de la Secretaría de Derechos Humanos. Por otro lado, las casas de acogida y centros de atención integral brindarán atención a las víctimas de violencia de género.

“Desde el primer día de Gobierno dije que usaría todas las herramientas a nuestro alcance para frenar esta lacra social. Hoy estamos pagando una deuda histórica de anteriores gobiernos con nuestras niñas y mujeres”, dijo el mandatario en su discurso.

Flores manifestó que desde la Secretaría de Derechos Humanos se brindó 48 mil atenciones a víctimas de violencia de género, en sus 45 puntos a nivel nacional. Ahora, para cumplir su objetivo de fortalecer las atenciones hasta el 2025, abrirá los denominados “Centros Violetas” en todas las provincias del país. Los primeros espacios será inaugurados en Esmeraldas y Sucumbíos.

El Registro Único de la Violencia contra la Mujer (RUV)

En el evento también se realizó la presentación de la primera fase del RUV, en colaboración con ONU Mujeres, la Unión Europea y la Iniciativa Spotlight.

La propuesta consiste en la creación de una plataforma digital que proporcionará información demográfica y datos estadísticos sobre incidentes de violencia. Esta acción permitirá crear políticas públicas y emitir una alerta temprana de violencia. El registro se construirá con el apoyo de las siguientes instituciones:

• Consejo de la Judicatura
• Policía Nacional
• Ministerio de Inclusión Económica y Social
• Ministerio de Salud
• Ministerio de Educación
• Ministerio del Interior
• ECU 911

«Tengan la seguridad de que la decisión de mi Gobierno para combatir y erradicar la violencia contra las mujeres no se detendrá ni un solo día», afirmó Lasso.

Desde el Consejo de la Judicatura, el titular Fausto Murillo manifestó que aportaron con más de un millón de registros de denuncias por violencia, acciones de protección, demandas de alimentos, delitos sexuales, entre otros.

Apenas se crea y ya le quitaron presupuesto

En la propuesta de creación se estableció que el nuevo Ministerio de la Mujer heredaría todas las funciones y recursos de la Secretaría de Derechos Humanos. En este sentido, la proforma presupuestaria 2023 destinó USD 12 millones a este sector, un 43 % menos frente a la designación del 2022. (A.G.M).

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La petición también está dirigida a enjuiciar al secretario Nacional de Seguridad Pública y del Estado, Diego Ordóñez, y a la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, por las mismas causas.

El asambleísta Ricardo Vanegas envió la solicitud de juicio político a sus 137 colegas el 28 de septiembre. Así lo anunció durante su intervención en la sesión número 800 de las Asamblea Nacional.

El legislador aseguró que su bancada ya cuenta con 32 firmas para este proceso. Señaló que buscan juzgarlos por su «omisión e inacción», pero enfatizó que no solamente por la muerte de la abogada. Las masacres carcelarias, la inseguridad que vive el Ecuador y la detención ilegal del presidente de la CONAIE, Leonidas Iza, constan en el listado de la petición.

El jefe de la bancada socialcristiana, Esteban Torres dijo a Radio La Calle que todavía no han discutido la iniciativa, que se reunirán para tomar una posición al respecto. Por su parte, la líder del bloque de UNES, Marcela Holguín no respondió a las llamadas.

«Tenemos 32 firmas para el juicio político (…) Esperamos las firmas de los asambleístas de Unión por la Esperanza, la Izquierda Democrática y el Partido Socialcristiano. El país pide sanción a quienes incumplieron funciones», publicó Vanegas a través de Twitter.

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“Invitamos a su excelencia y por intermedio a los Miembros de la CIDH para que, en aplicación del artículo 41. letra e) de la Convención Americana de Derechos Humanos y en garantía de los mismos, solicitamos formal y expresamente a la Comisión, para que realice las observancias y asesoramiento necesarias en el caso, en especial para que las investigaciones se realicen de forma transparente, efectiva e imparcial con respecto a los derechos humanos con enfoque de género”, publicó la Secretaría a través de Twitter.

En el caso Bernal se encuentran detenidas dos cadetes de la Escuela Superior de la Policía por supuesto encubrimiento. En cambio, Germán Cáceres, presunto autor del asesinato, aún está prófugo de la justicia.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) frente al caso

La ONU instó al gobierno de Guillermo Lasso a tomar medidas frente a la escalada de violencia contra las mujeres en el Ecuador. Asimismo lamentó la muerte de la abogada y el alto índice de femicidios del año en curso.

“El Sistema de las Naciones Unidad en Ecuador lamenta profundamente el femicidio de María Belén Bernal (…) según los últimos datos oficiales de la Función Judicial, en lo que va del 2022 se han reportado 264 homicidios intencionales de mujeres, 59 registrados como femicidios, instamos a las autoridades del Estado a reforzar sus esfuerzos para la protección de las mujeres, y la respuesta contra todas las formas de violencia”, mencionó la ONU.

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La titular de secretaria, Paola Flores, explicó ante la Comisión de Seguridad de la Asamblea Nacional que en el seguimiento de la implementación de estas políticas se encuentran en una revisión.

Dichas políticas se aprobaron en febrero, por lo que es necesario una nueva verificación para perfeccionar y garantizar la eficacia de los procesos. Esto para brindar un trato digno de las personas privadas de la libertad (PPL), por lo que son parte de los grupos de atención prioritaria.

Flores resaltó que ya se cuenta con una hoja de ruta, de cumplimiento obligatorio, por parte de las entidades miembros del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.

Además, la Secretaria recalcó que es indispensable promover el desarrollo de políticas públicas en el marco de los DDHH. Por lo que es necesario la participación y corresponsabilidad del Gobierno Nacional y la ciudadanía como Política de Estado.

También aseguró que todas las acciones se encaminan a formar verdaderos Centros de Rehabilitación Social. Esto, para que puedan tener la posibilidad de reinserción laboral y familiar, por lo que dispuso la implementación y cabal seguimiento de la Política Pública.

Asimismo, dijo que está programado el envío quincenal de los avances de su aplicación. Además, mencionó que este jueves, 26 de mayo, dispuso una convocatoria del Directorio para analizar los siguientes pasos.

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«Como Presidenta del Directorio del Organismo Técnico del SNRS conseguimos el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el censo penitenciario con el que se busca conocer los datos reales de la población penitenciaria», publicó Ordóñez a través de su cuenta de Twitter.

La secretaria Ordóñez dijo que recogieron recomendaciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para «mejorar el sistema penitenciario». También precisó que trabajan conjuntamente con Criminalística, el Registro Civil y con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para la obtención de datos de los reos.

A ello sumó que consiguieron financiamiento no reembolsable de cerca de USD 200 mil a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo este censo y «conocer los datos reales de la población penitenciaria».

Política pública para los PPL

Mencionó que desde octubre del año pasado, la Secretaría de DD.HH. trazó una hoja de ruta, presentó y aprobó la «Primera Política Pública de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos». Se contaría con un presupuesto de USD 27 millones que da luz verde a este censo penitenciario.

Ordóñez detalló que el presupuesto se dividió en 12 ejes, enfocándose en salud, educación y trabajo. Además se destinará una parte para fortalecer al SNAI. La funcionaria indicó que «investigarán» los recientes hechos violentos y que apoyarán a familiares de víctimas de la crisis carcelaria nacional actual.

Detalló que en el último amotinamiento en la cárcel de Turi, en Azuay, atendieron a 200 familiares de personas privadas de libertad (PPL). Según la secretaria, contaron con el apoyo del sector privado y la alcaldía de Cuenca para gestionar entierros y otros servicios respectivos. Dijo que dispondrán al Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil y la Fiscalía General del Estado en un solo flujo que facilite la atención de familiares y allegados de los ppls.

El problema penitenciario de hace más de 4 años

En 2018 fue eliminado el Ministerio de Justicia, ente que estaba a cargo del sistema penitenciario, y desde su descuido, negligencia y corrupción hasta la actualidad, se dispararon los hechos violentos en las cárceles del país. Ordóñez mencionó que el Gobierno de Guillermo Lasso recién incorporó a este organismo en octubre del año pasado. Cuando nosotros asumimos no existía esta política pública», añadió la funcionaria, refiriéndose a una resolución de la Corte Constitucional que exigió al Gobierno.

Desde ese entonces trabajan para mejorar el sistema carcelario con los factores ya mencionados. Añadió que realizan monitoreo a la situación desde diciembre de 2021 para ajustar la metodología del censo penitenciario y otras resoluciones. Desde noviembre del año pasado «se percataron de la urgencia de realizar este censo penitenciario», expresó ordóñez.

Censo penitenciario y otras reformas

Por ello, dijo que se han reunido con las respectivas comisiones observadoras (como la de pacificación) que evalúan la crisis carcelaria nacional. Expresó que tienen en cuenta las problemáticas de la violencia al interior de los recintos y la tasa de más del 14% de hacinamiento según cifras oficiales. Y es por esto que, el presidente Lasso emitió el decreto 355 que dispone beneficios penitenciarios a 330 PPL sentenciados por delitos menores. Esta cifra podría aumentar.

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Entre los datos a recolectar está la condición de salud de los reos y la identificación oportuna de cada una de estas personas. También precisó que trabajan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Organización de Naciones Unidas (ONU) para diseñar la infraestructura del sistema penitenciario.

Añadió que recibieron informes de que los centros de rehabilitación social ‘son muy grandes’. Aclaró que las recomendaciones como la de la CIDH son de establecer lugares con aforos de máximo 500 personas. Así, la administración y control de estos recintos serían más eficientes de acuerdo a este informe.

Ordóñez rescató que trabajan en reestructurar los centros de privación de libertad como primer paso para poner en marcha esta recomendación.

Otras acciones que toman son los indultos a delitos menores y disposición de detención domiciliaria a quienes hayan cumplido entre el 40% y el 60% de su pena respectiva. La funcionaria mencionó que su objetivo es reducir los índices de violencia en el contexto penitenciario a través de implementar nuevas y distintas medidas administrativas del Gobierno.

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A través de la cuenta oficial de Twitter, la Red Nacional de Casas Acogida, menciona que “Las casas de acogida NO son sitios para depositar mujeres víctimas. Son sitios especializados que ofrecen atención integral.”

¿Cuáles son los nuevos requisitos?

Algunas de las normativas que se exigen es que al menos cinco años de “experiencia específica en temáticas de violencia basada en género hacia las mujeres». También cinco años de “experiencia general en proyectos de desarrollo social”.

Se suma también la experiencia que deberán demostrar en asesoría a instituciones y organizaciones en temáticas referentes a la violencia de género. Además la infraestructura y el equipamiento adecuado para prestar una atención integral. Adicionalmente, están las “alianzas estratégicas en redes relacionadas con las temáticas de erradicación de la violencia”. De igual forma, los datos generales de la organización social (como estatuto, el representante legal o RUC y Registro de Directiva).

Estos requisitos mínimos constan en el proyecto borrador del Reglamento de Suscripción de Convenios para el funcionamiento de estos lugares. La Secretaría lo subió a su página web desde el 11 de enero.

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En este escenario, Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, aseguró que el año 2022 marca un paso importante para la prevención de la violencia hacia niñas y mujeres y para evitar su revictimización.

Durante una entrevista con Radio La Calle mencionó que esta cartera de Estado cuenta con un presupuesto de USD 24 millones para trabajar en la prevención de cualquier tipo de violencia. Indicó que USD 13 millones del presupuesto asignado se destinarán a la prevención de violencia sexual.

Dentro del plan de prevención de violencia sexual se implementarán aulas educativas y, en dos semanas, aproximadamente, se terminará la política pública para la prevención en el ámbito educativo, manifestó la secretaria.

Igualmente, Ordóñez insistió en el fortalecimiento de los servicios de protección integral y la atención a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, sobre todo, en las fronteras norte, sur y en la Amazonía.

Caso Santiago Olmedo

Respecto al fallo contra el policía Santiago Olmedo, Ordónez dijo que la Secretaría respeta la independencia judicial y que la Cartera de Estado garantiza los derechos humanos y el mejoramiento de los debidos procesos, así como la prevención de la violencia, el delito, y el seguimiento de los procesos y reestructuración del tejido social.

También informó que la Secretaría se encuentra trabajando en la capacitación anual de derechos humanos, desde la garantía de no repetición, para que, por ejemplo, el caso de Olmedo no vuelva a ocurrir.

Igualmente, reconoció la existencia de una crisis de derechos humanos en los centros penitenciarios del país y un olvido por parte del Estado. Por ello, hizo énfasis en que los derechos humanos son universales y deben superarse todas las deficiencias que pueden existir al momento de aplicar la ley.

Añadió también que esta cartera de estado ha tomado acciones como trabajar en política pública para la rehabilitación social, con enfoque de derechos para la rehabilitación y la reducción del hacinamiento.

También en la realización de un censo penitenciario para una adecuada gestión y clasificación de los centros penitenciarios, así como mantener un dialogo permanente con las personas privadas de libertad.

Otros temas

Ordónez comentó que esta Cartera de Estado cuenta con presupuesto, mecanismos de atención, mesas de diálogo y de trabajo, y acompañamiento para otros temas de interés social como la migración, discriminación, trata y explotación sexual.

Hizo especial énfasis en priorizar el dialogo frente a cualquier otro accionar, construir desde y con las diferencias. Además, señaló que el Estado y esta dependencia son conscientes de deudas históricas y sociales que tiene el país.

Además, aclaró que la intervención de la Secretaría se lleva a cabo cuando en el ordenamiento jurídico ya no existen más recursos e instancias. Su trabajo, dijo, se orienta a la erradicación de las violencias, la reparación y que la ciudadanía tenga respuestas del Estado.

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