Abarca mencionó que la FGE no comprueba el peculado o la malversación de fondos en cuentas personales de los implicados o de sus familiares. Según la exsecretaria, las declaraciones que presentó el personal de la Contraloría General del Estado (FGE) «entra en muchas contradicciones«.

«Ellos no alcanzan a justificar porque se trata de temas técnicos (…) Lo que hay es una especie de conjeturas«, dijo en La Calle.

Agregó que el grupo de testigos y testimonios mencionó que las pruebas contratadas no fueron las que se entregaron a la capital. Sin embargo, justificó que ese personal no tenía la capacidad o competencia técnica para saber si correspondían o no al problema se salud que atravesaban. Recalcó que lo grave fue que la FGE no solicitó apoyo técnico para el análisis de las pruebas.

«Se puede demostrar que la ARCSA, quien da el permiso o aprobación de insumos y medicamentos, dio la certificación de que eran pruebas PCR», expuso.

Un proceso largo, largo

La exfuncionaria indicó que el proceso demoró más de tres años. En ese tiempo, la Fiscalía tomó a dos grupos de implicados; el primero donde entraban personas de la Secretaría de Salud y otro donde la involucran a ella, a su equipo – que ingresaron a la entidad en julio de 2020 – luego del proceso de contratación, y a Yunda.

Luego de la audiencia en 2020, se reinstaló el 1 de febrero de 2024, pero se suspendió por cuatro ocasiones y se retomó el 28 de febrero. Además, indicó que en su momento solicitó apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que haga una validación de las pruebas. No obstante, la entidad señaló que no tiene la competencia o validación necesaria para remitir un informe.

¿Cómo se repartieron las pruebas?

Abarca mencionó que la estrategia que tomó la administración – de ese entonces – fue realizar las pruebas a nivel comunitario y no a nivel hospitalario para detectar el nivel de contagio. Es decir, acudieron a los sectores populares donde acceder a una prueba PCR privada costaba entre USD 80 o USD 120. Las visitas a nivel comunitario contaban con brigadas comunitarias, médicos, psicólogos, entre otros, que acudían a las casas de las personas más vulnerables.

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