«Tenemos dos meses en el año, donde vemos un ligero incremento que no es significativo. Junio, julio (entre ambos meses), la últimas semanas e diciembre y la primera semana de enero. Tiene mucho que ver con el contexto cultural, en diciembre por las festividades de Navidad y a mediados del año más vinculado al tema educativo, escuelas y colegios. Están terminando el año lectivo y algunos pierden o se quedan a supletorios», dijo Pablo Analuisa, coordinador de Salud Mental de la Secretaría Metropolitana de Salud, a Radio La Calle.

En diciembre, explica el experto, también aparece la realidad socioeconómica con hombres que han perdido sus trabajos y que son sostén de familia. Las estadísticas revelan que los hombres son mucho más propensos al suicidio que las mujeres, específicamente en una proporción de 3 a 1.

Una problemática silenciosa

¿Por qué ocurre este fenómeno? Para el psicólogo, intervienen algunas razones. «Una de las principales es la que está relacionada con los servicios de salud. Culturalmente se le dio el rol al hombre de que no puede expresar emociones, que debe ser el sostén económico, pero también emocional de la familia. Eso impide que exista una expresión de su emotividad cotidiana. A la larga genera un peso que, como no tiene salida emocional, no conversa ni tiene consulta psicológica, llega a un punto sin retorno».

A eso se suma que los métodos que utilizan los hombres para cometer suicidio son mucho más efectivos que las mujeres. «Cuando existe un intento de suicidio en un hombre usualmente es letal a diferencia de las mujeres. Muchas veces el acto no se consuma, pero sí dejan secuelas, por ejemplo, al ingerir medicamentos o cortarse las venas, quedan en una condición biológica comprometida.

Salud mental, una prioridad para el Municipio

Para la Secretaria de Salud del Municipio se ha vuelto una prioridad la salud mental, especialmente la prevención del suicidio. Cuentan con 10 puntos de los cuales se destaca, la asistencia en casos de emergencia de un caso inminente de suicidio mediante un convenio con el ECU 911. Seis psicólogos se encuentran en las cabinas del ECU para atender de forma directa estos casos. Hasta el 13 de diciembre, se han atendido 332 casos.

A esto se han incorporado otros servicios como la teleconsulta en salud mental, terapias de acompañamiento para prevenir el suicidio y hablar de salud mental. Para esos casos no emergentes se debe agendar a través de la línea municipal 101, opción 9. Se realizaron 2.068 atenciones en los tres primeros meses de funcionamiento, a través de un equipo de 10 psicólogos con formación en psicoterapia breve.

A tomar en cuenta

Lo primero es buscar ayuda profesional. Para el psicólogo, es importante diferenciar entre tres niveles. El bajo, donde el sujeto habla sobre suicidio. Uno moderado, donde además de hablar empieza a planear las herramientas y circunstancias del posible intento de suicidio. El nivel alto abarca hablar, planear y tener hora, lugar y fecha para llevar a cabo el acto. Los ciudadanos deben buscar ayuda si se encuentran en los dos últimos niveles.

«La salud mental es un derecho», es la consigna de la Secretaría de Salud, por lo que esperan que el Municipio de Quito apruebe la ordenanza de salud mental que complementaría a la ley que rige a nivel nacional. El objetivo es formar redes de salud mental y hablar del tema a nivel comunitario. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todo ser humano atraviesa, al menos una vez en su vida, por un problema de salud mental. (MIB)

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A una semana de haber comenzado el evento, el director de la editorial, Germán Gacio, argumentó que la renuncia se debe a la desorganización de la actual edición y al olvido al que han sido sometidos los expositores. Mencionó que algunos de los inconvenientes son: la falta de comunicación institucional, la desinformación sobre los protocolos de montaje y desmontaje y reglamentos de participación.

“Es imposible para nosotros, viniendo desde el austro del país, organizarnos con tanta desinformación a tan poco tiempo del evento”, detalla.

Además, indicaron que les colocaron en un piso que no les correspondían, pues esta editorial representa un total de 15 autores, es decir, el 20 % de los autores invitados y debían ubicarse en el stand principal. También denunciaron que en la zona de editores (zona principal de la feria) existen dos ocupantes  que se hacen llamar editores cuando en realidad son “imprenteros de libros piratas”.

“Desconocemos si esta decisión es por amiguismo o por desconocimiento, pero ambas son ciertamente escalofriantes”, mencionó.

Finalmente, comentó que, pese a esta renuncia su cronograma interno no se suspenderá y acordaron con otros expositores presentar su catálogo y los libros durante la FLIQ.

Inicio de la FILQ

La feria del libro tiene previsto iniciar del 15 al 22 de diciembre. La coordinadora de la red de metropolitana de bibliotecas, Natalia Enríquez, comentó que la selección de los escritores se realizó con base en la vigencia, producción y actualidad de las obras.

En la FILQ se realizarán lecturas, conversatorios, lanzamientos, talleres, conciertos, obras de teatro, mediaciones lectores. Indicó que hay cerca de 180 autores nacionales en la lista y los autores internacionales confirmados hasta el momento son:

• Alejandro Zambra (Chile), 
• Carlos Satizábal (Colombia), 
• Edmundo Paz Soldán (Bolivia), 
• Evelio Rosero (Colombia), 
• John Fitzgerald Torres (Colombia), 
• Jorge Boccanera (Argentina), 
• Juan Manuel Roca (Colombia),
• Laura Escudero (Argentina), Liliana Colanzi (Bolivia), 
• Lina Meruane (Chile), 
• Mariano Quirós (Argentina), 
• Patricia Ariza (Colombia) y,
• Selva Almada (Argentina)

(N.J.C)

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Quito, 14 ene (La Calle).- El Secretario de Salud de Quito, Francisco Viteri, descartó el confinamiento. A pesar de que la competencia, respecto a la declaratoria de esta media recae sobre el COE Nacional, Vitero sostuvo que “no es una alternativa que hayan tomado otros países para disminuir el impacto de Ómicron”.

“Las medidas, hasta el momento, son las mismas. No encontramos alguna otra que debamos incorporar y que sea lo suficientemente comprobable para contrarrestar el virus” aclaró.

Asimismo, indicó que se mantiene el 75% de aforo en las unidades de transporte y que, a partir de hoy, el carné de vacunación es obligatorio. “Los primeros 8 días se hará una sensibilización para que las personas sepan cómo se va a manejar e ingreso a los buses y al transporte público”, dijo.

En la entrevista realizada en Radio la Calle, Viteri no precisó la manera más efectiva para controlar el aforo de los buses, pero hizo un llamado a la corresponsabilidad ciudadana.

Por otro lado, dijo que aún no se puede elevar la alerta de naranja a roja, pues a pesar de que el nivel de transmisibilidad del virus es alto, también hay otros indicadores epidemiológicos como la celeridad de mortalidad que se mantienen y la vacunación que tiene índices elevados en la población quiteña.

Sobre las pruebas de detección del virus

“Ninguna persona requiere un pedido médico para hacerse una prueba, lo que sí va a hacer es que una brigada médica realice una evaluación”, dijo Viteri.

Además, señaló que el municipio de Quito no ha adquirido pruebas, solo se están aplicando las que el ministerio de salud provee.

Sectores con mayor índice de contagio en la ciudad

Ómicron es la variante predominante en la capital. Según el Secretario de Salud las parroquias que registran mayor cantidad de casos son:

Parroquias urbanas: Cotocollao, Iñaquito, Mariscal Sucre, Centro Histórico, Chimbacalle y La Magdalena

Parroquias rurales: Calacalí, Tababela, Zámbiza, Cumbayá y Pifo

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El pasado lunes 26 de abril, la Fiscalía emitió dictámenes acusatorios en contra de 11 de los 14 procesados en los que se menciona a Ximena Abarca y Linda Guamán.

«Guamán no tenía ningún tipo de facultad para la terminación de ningún contrato. No todas las personas que trabajan en un ente están necesariamente implicadas en un acto de corrupción. Es necesario tomar en cuenta las funciones y autoridad. Las autoridades le acusan a nuestra defendida de peculado cuando no tenía que ver con lo que le competía a ella», dijo durante una entrevista para Radio La Calle.

La abogada insistió en la inocencia de su clienta. Sobre la terminación del contrato, dice la abogada, se rigieron expresamente a lo que dictaba la Ley Humanitaria. En el artículo se expresa que no se pueden terminar esos convenios cuando existan valores pendientes de pago y peor por el modelo de mutuo acuerdo.

«Las pruebas RT Lamp si son PCR»

El fiscal Alberto Santillán indicó que el Alcalde Jorge Yunda, principal acusado, mediante comunicación con la secretaria de Salud, Ximena Abarca y la coordinadora técnica de la Secretaría Linda Guamán conoció que las pruebas entregadas por la empresa no eran PCR sino RT Lamp. De acuerdo con su posición estos requerimientos no cumplían con las especificaciones técnicas determinadas en el contrato.

La abogada, por su parte, manifestó que la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) determinó que las pruebas RT Lamp si logran su cometido; detectar el virus con la reacción en cadena de polimerasa.

«En los medios se ha popularizado que la prueba RT lamp no es PCR que significa reacción en cadena de polimerasa. Hay algo que se debe aclarar: estas pruebas detectan la enfermedad con polimerasa y lo hace con variación de temperatura, es decir que también son PCR», señaló.

Con respecto al teléfono incautado del hijo del Alcalde, Sebastián Yunda, que contiene chats de WhatsApp y mensajes de Twitter intercambiados con funcionarios de la Alcaldía, la abogada manifestó que no hay prueba suficiente. «Lo que dice Sebastián Yunda no tiene peso en este caso. Los chismes no deben tener peso dentro de un juicio político no lo que se diga en un chat», concluyó.

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“Estamos en una verdadera crisis sanitaria. Lo que recomendamos es que la ciudadanía tome las medidas de bioseguridad y el autoconfinamiento. Hago un llamado a las autoridades, es necesario disponer de instrumentos y normativas para la pandemia”, dijo Abarca.

La secretaria Abarca aseguró que Quito registró 111.174  casos confirmados de Covid-19, hasta la semana 14 de este año. Por su parte, el Ministerio de Salud reveló que son 114.404 ciudadanos infectados por el virus. Lo que más preocupa a las autoridades es el incremento de 4.000 casos en la última semana.

Existen 119  pacientes en espera por camas en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 57 personas en espera de camas generales. Abarca explicó que en la Corte Constitucional se ha reconocido la necesidad de crear una normativa respecto de cómo actuar frente a la pandemia. Estas medidas deberían empezar por cada gobierno local y después extenderse hasta el Gobierno nacional.

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El proceso contempla cuatro aspectos: formación de un equipo de coordinación, planificación, logística y distribución, y la aplicación. Tiene el objetivo de realizar la prevención primaria, reducir los casos, hospitalizaciones y muertes, y restablecer una nueva normalidad.

El plan prioriza el personal de primera línea y sectores estratégicos; reducir el riesgo de muertes y casos graves; disminuir la velocidad de transmisión. La intención de la autoridad es mermar el impacto en la población vulnerable, lograr la reactivación productiva. Además, prevé el retorno a clases presenciales y regreso a la normalidad.

Quito dispondrá de 21 centros de vacunación ubicados en el Centro de Atención Temporal del Bicentenario, tres Unidades Metropolitanas de Salud, cinco unidades educativas, seis administraciones zonales, y seis “Casas Somos”.

Abarca explicó que la vacunación estará a cargo del Municipio de Quito y el Ministerio de Salud Pública, este último con dos personas (vacunación y registro); el proceso se desarrollará con 30 brigadas de vacunación en 2 jornadas de 07h00 a 21h00.

Al momento, 3.600 personas han recibido la primera y segunda dosis. «Las vacunas no impiden la transmisibilidad; lo que hacen es disminuir la mortalidad y la gravedad de la enfermedad», dijo Abarca.

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La tarde de este lunes 15 de marzo, Fiscalía determinó estas medidas cautelares para Abarca y otras dos personas procesadas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR.

«Agradezco a mi familia Alma Lucía y Mateo Martinez a mi abogado defensor Nicolás Salas, a mis amigas, a los salubristas que luchan día a día contra la pandemia, a las organizaciones de mujeres, a Linda Guamán y al señor Alcalde Jorge Yunda por su solidaridad. ¡Libertad!», escribió la Secretaria de Salud en su Twitter.

Abarca también expresó su agradecimiento al defensor del Pueblo, Dr. Freddy Carrión Intriago.

El pasado 12 de marzo, Ana Lucía Martínez Abarca, hija de Ximena Abarca expresó: “su estado de salud se está deteriorando; ella tiene una condición respiratoria que requiere manejo hospitalario, requiere de oxígeno y eso la Corte y la Fiscalía no lo han considerado».

Fiscalía abrió esta investigación en febrero de 2021. El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial dictó medidas cautelares para Ximena Abarca y otras seis personas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR para Covid-19.

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Hoy a las 16h00, Nicolás Salas, abogado de Ximena Abarca presentará un recurso de apelación de las medidas sustitutivas vigentes. El abogado explicó que otras personas procesadas en este caso tienen medidas cautelares distintas: grillete electrónico, prohibición de salida del país y presentación periódica.

«¿Por qué en el caso de Ximena Abarca a los jueces les son insuficientes estas medidas frente a la prisión preventiva? Lo que solicitamos es justicia y la defensa en libertad», dijo el abogado.

Para Ana Lucía, las juezas buscan presionar y forzar a Abarca a quebrarse en sus condiciones. «Queremos decires de manera clara, directa y tajante, señora Fiscal Diana Salazar, señora Fiscal Ruth Amoroso ¡no lo van a lograr!”, dijo emotiva Martínez.

El caso que está en indagación

El Municipio de Quito y la Secretaría de Salud compraron las pruebas PCR para Covid-19 a inicios de la pandemia, cuando Lenín Mantilla era el secretario de Salud. El 13 de junio de 2020, Abarca ingresó a esta dependencia del Municipio para hacerse cargo.

«Desde entonces hasta el día de hoy Ximena no ha ordenado ni ha pedido el pago de un solo centavo del dinero de los quiteños, ¿entonces dónde está el perjuicio?», cuestionó Salas

Fiscalía ha manejado distintas medidas en el caso, lo que atenta al derecho a la defensa. Cuando Fiscalía inició el proceso penal, manejaba la teoría de un supuesto sobreprecio, después dijeron que las pruebas son «chimbas». Ahora, para la vinculación de Ximena Abarca, dictan que tuvo que dar por terminado el proceso de compra de manera obligatoria y no por mutuo consentimiento, explicó el Dr. Salas.

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«De manera escandalosa, tres juezas negaron hoy el habeas corpus interpuesto por el Dr. @freddcarrion de @DEFENSORIAEC. Esto a pesar de que se demostró mi enfermedad respiratoria crónica, soy de la 3era edad y que la prisión pone en riesgo mi vida. Esto es persecución política clara», expresó Abarca en Twitter.

La Defensoría del Pueblo interpuso el habeas corpus a favor de la Secretaria de Salud, pero el pedido fue negado. «Las juezas de la Corte Provincial de Pichincha no lo analizan desde el punto de vista constitucional, se limitan al tema legalista «, señaló el Dr. Freddy Carrión Intriago, Defensor del Pueblo.

Intriago aseguró que las juezas no determinaron los argumentos por los cuales aseguran que la doctora Abarca corre el riesgo de fugar y no comparecer al proceso.

El pasado 16 de febrero, la Corte Provincial dictó medidas cautelares para Ximena Abarca y otras seis personas por presunto delito de peculado en la compra de pruebas PCR para Covid-19.

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Fiscalía informó que, de forma reservada, obtuvo información sobre «funcionarios habrían ocultado documentación con información técnica sobre presuntas irregularidades en adquisición de pruebas para Covid-19».

Fiscalía mostró un informe firmado por la Asesora Técnica para el análsis y procesamiento de pruebas para diagnóstico de Covid-19, Linda Guamán. El documento revela que uno de los kits de pruebas para Covid-19 no tiene el nivel de sensibilidad 99-100% establecido en el contrato.

Al momento, no existen pronunciamientos del Municpio de Quito, ni las autoridades de la Secretaría de Salud. Este es el segundo caso de presunta corrupción que se registra al interior de esta dependencia del Cabildo quiteño. El pasado 27 de mayo de 2020, Lenin Mantilla fue desvinculado de la Secretaría de Salud por presuntos casos de corrupción.

En noviembre del mismo año, Mantilla recibió prisión preventiva por presunto delito de peculado.

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Según datos de FGE, la compra de pruebas para Covid-19 representó un perjuicio para el Estado de USD 4’274.000

Fiscalía procesó a siete personas, entre ellas Lenin M., por la adquisión irregular de pruebas para Covid-19 durante la emergencia sanitaria. En el caso tabién está involucrado Alejandro V., gerente de la empresa Salumed S. A.

Entre los elementos presentados por la fiscal Ruth Amoroso están las proformas de la Compañía Salumed S. A. de 100.000 kits de pruebas para Covid-19, el contrato de externalización de Laboratorios One Lab para la ejecución del convenio y el informe de responsabilidad penal emitido por Contraloría General del Estado (CGE).

FGE solicitó una orden de detención para  Lenin M., y Alejando V., vigente desde el 28 de mayo del 2020. La Policía Nacional aún no ejecuta la orden.

Lenin M. fue desvinculado de su cargo el pasado 27 de mayo de 2020. En rueda de prensa virtual, el alcalde de Quito, Jorge Yunda dijo que ha desvinculado de su cargo al secretario metropolitano de salud Lenín Mantilla por el caso de presunto sobreprecio en la compra de pruebas Covid-19.

En su momento, el Alcalde de Quito Jorge Yunda expresó: “hemos pedido al secretario de salud y a los funcionarios inmersos que den un paso al costado para que tengan independencia en esta situación. Yo mismo ya hice una solicitud a Fiscalía para que haga las investigaciones pertinentes”.

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“Hasta la actualidad si bien si ha disminuido la demanda de las camas generales, las camas UCI, es decir de cuidados intensivos, para pacientes con COVID están llenas y han permanecido llenas durante todo este tiempo”, dijo durante en entrevista con Radio La Calle.

La doctora determinó que los ciudadanos pueden desarrollar sus actividades al 50% de lo ocurría normalmente. “Si nosotros rebasamos ese cupo epidemiológico tendríamos retrocesos y deberíamos recurrir a las restricciones parecidas a las que tuvimos en el inicio de la pandemia”, añadió.

Las consecuencias del feriado del 10 de Agosto

Abarca mencionó que cada semana los miembros de la mesa de salud se reúnen para hacer un análisis de los casos de COVID en Quito. Entre los participantes está el Ministerio de Salud, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, organismos internacionales, las universidades, entre otros.

“Hasta la semana 36 vimos un descenso en la cantidad de pacientes contagiados. Sin embargo, en la semana 37, es decir la anterior semana, vimos un aumento de personas fallecidas. Esta cifra corresponde a la semana 34, o sea al 10 de agosto donde hubo un pico de personas contagiadas”, añadió.

La experta coincidió en que los efectos se visibilizan con el paso del tiempo. Además, recalcó la importancia del uso de las normas sanitarias a fin de que no se presenten nuevos picos. La doctora sugiere mantener las medidas sanitarias como distanciamiento social, uso de mascarilla, desinfección y lavado de manos. (GG)

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«La decisión es el resultado de un análisis liderado por la Secretaría de Salud respecto a la situación de la pandemia en el DMQ (Distrito Metropolitano de Quito», decía el comunicado.

Para el próximo 28 de agosto, el COE Metropolitano, en cambio, espera mantener una reunión para analizar la reapertura de las terminales terrestres en Quito.

El transporte en Quito

De acuerdo a los registros de la Secretaría de Movilidad del Municipio de Quito, la ciudad cuenta con 47 líneas de buses urbanos. La operación de las mismas, permite cubrir 222 rutas dentro de la ciudad. (SGA)

El pasado 26 de junio, el transporte público se declaró en quiebra alegando que la municipalización del servicio es ineficiente y necesita una millonaria inversión por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

“Durante la cuarentena antes del amarillo tuvimos reuniones permanentes con la Secretaría de Movilidad, ahí se analizaron las posibilidades de demanda y oferta. Pero lo que no se consideró fue la del sistema productivo. Antes de la pandemia, el 70 % de la población utilizaba el servicio. Hoy se ha reducido al 20%”, explicó para Radio La Calle, Carlos Poveda, gerente del Consorcio Sur Occidental.

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Al momento de buscar las ofertas para decidir la compra, la comisión técnica del Municipio “no incluyó el análisis comparativo de los ítems y precios ofertados a la Secretaría, que permita establecer adecuadamente el presupuesto referencial”, aseguró la Contraloría.

Según el informe de la Contraloría, en abril que se efectuó la compra, el entonces secretario metropolitano de salud, Lenín Mantilla “no presentó el plan de contingencia solicitado por el Alcalde (Jorge Yunda), a fin de establecer las características de la necesidad”.

El valor del contrato se estableció con base en la oferta ganadora, “el 13 de abril de 2020 se aprobó el inicio del proceso, se elaboró el acta de recepción de ofertas y el informe de viabilidad, en el que se recomendó la adjudicación del proceso sin analizar las propuestas económicas y técnicas de los otros dos oferentes”, explicó CGE.

Al momento, no hay pronunciamientos oficiales del alcalde Jorge Yunda, ni de las autoridades competentes.

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