El Cabildo entregó esta dotación junto a la Secretaria de Seguridad y Gobernabilidad, la Empresa Metropolitana de logística para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana, con el presupuesto de la tasa de seguridad, que es un aporte que realizan todos los ciudadanos.

Además, la entidad entregó equipos de protección personal, como: chalecos anticorte, cascos, gas pimienta y guantes. La iniciativa pretende potenciar las capacidades operativas y administrativas de las instituciones.

«El objetivo es garantizar la seguridad personal de todos los involucrados en estas tareas fundamentales», reza el comunicado.

Muñoz enfatizó que la seguridad de los ecuatorianos es lo que debe primar en los planes del gobierno de turno. Sin embargo, reiteró que aunque este punto no es responsabilidad netamente las autoridades de los cantones, hoy el Municipio muestra su interés en aportar y velar por el cuidado de todos.

El Municipio presentó los valores de las adquisiciones distribuidos de la siguiente manera:

• Equipos de protección técnica ascendió a más de USD 1 millón;
• Dotación de camionetas representó una inversión cerca de USD 642 mil;
• Campamento para el Grupo Táctico Forestal tuvo alrededor de USD 633 mil; y,
• Chalecos anticorte más de USD 445 mil.

«Con estas acciones, el Municipio de Quito reafirma su compromiso con la ciudadanía y la protección del Distrito Metropolitano. Juntos, construiremos un futuro más seguro», reza el comunicado.

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»¿Una mujer? ¿Estás loco? Con razón no duraste», dijo en su segmento del medio digital La Posta.

Seminario destacó que el rol del cargo a esta cartera de Estado, constituye una oportunidad para tener un vocero creíble en el Gobierno. Argumentó que »necesitamos un mujer hablándonos de seguridad».

Según la tesis del exfuncionario, los ecuatorianos se caracterizan por tener una perspectiva de cuidadores y de cohesión social. Sin embargo, a Vera le pareció una locura y comparó su idea con la del expresidente Rafael Correa, cuando posesionó a una mujer como Ministra de Defensa (Guadalupe Larriva).

La mujer como figura de credibilidad

Seminario calificó el hecho de que una mujer asuma este puesto como una medida extrema para recuperar la credibilidad. Recalcó que actualmente la Policía tiene un 30 % de credibilidad.

Por su parte, Vera resaltó que en Colombia el comandante del Ejército y la Policía son los que hablaban cuando el país estaba amenazado. ‘‘¿Aquí una mujer?», cuestionó. (A.G.M).

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Según información comprobada por Ecuavisa, el presidente Guillermo Lasso habría solicitado que la renuncia de Ordóñez se efectúe el 17 de abril debido a la agenda que tenían que despachar en los últimos días.

El exfuncionario asumió la Secretaría de Seguridad el 2 de agosto de 2022, luego de ser Consejero del Gobierno Lasso.

Su paso por la política

Ordóñez, abogado de profesión, fue asambleísta de CREO por la provincia de Pichincha desde mayo de 2021. En su rol registró 145 asistencias y 12 ausencias (según el Observatorio Legislativo). Además fue integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario. En 10 meses nunca presentó un proyecto de ley.

No obstante, su nombre se puede asociar a varios comentarios misóginos realizados durante su gestión. Acciones cuestionadas por sus pares asambleístas y varias organizaciones de la sociedad civil.

Además, El pasado 4 de febrero, Ordóñez abandonó el cargo de asambleísta pues consideró que el Pleno “ha diluido en enfrentamientos, consignas, dogmas, y lugares comunes, pensando en el propósito electoral más que en las soluciones reales”. Días después confirmó que el presidente Guillermo Lasso le pidió ser su consejero.

 Lasso creó, el 2 de agosto, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado para que sea liderada por Ordóñez.

Se salvó de un juicio político

El Tribunal de Garantías Penales de Quitumbe dispuso archivar el juicio político en la Asamblea Nacional contra el exsecretario de Seguridad el 6 de abril. Según el magistrado, el juicio no contaba con los requisitos necesarios.

Ordóñez informó esta resolución a través de su cuenta de Twitter. El funcionario señaló que la acusación en su contra tiene acusaciones imprecisas y no cuenta con las firmas suficientes. Agregó que el Tribunal le concedió una acción de protección por “violación a sus derechos constitucionales”. (N.J.C)

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Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.

Rodríguez

El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.

Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.

Molina

El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.

Los otros jueces

Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.

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En una carta, enviada el 29 de noviembre de 2022, al alcalde Santiago Guarderas, el secretario de Seguridad encargado, Guido Núñez, cuestionó la operación de este sistema de transporte, prevista para el 21 de diciembre de 2022.

En el documento, Núñez recordó que el 23 de noviembre la Secretaría de Seguridad convocó a una reunión en la que participaron representantes del ECU 911, la Policía Nacional y del Ministerio del Interior para verificar los avances de las dos mesas de trabajo instaladas para tratar temas de seguridad y de comunicación relacionados con el Metro de Quito.

La conclusión: la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito incumplió “varios acuerdos a los que se habría llegado en temas de comunicación y seguridad”. Núñez detalló cinco problemas que presenta ese sistema de transporte:

Tecnología

Núñez asegura que “desde el ECU 911 existen observaciones a la parte tecnológica y operativa, que no han sido solventadas”.

Por ejemplo, dice, no se ha implementado la estructura “para funcionar bajo tierra, y cómo va a ser la articulación con los entes de emergencia”.

Según el funcionario, el ECU 911 desconoce “cuál va a ser el sistema, la gestión y el canal que va se va a utilizar para que se comuniquen todas las instituciones”.

 Agregó que tampoco hay certezas acerca del funcionamiento de la consola de integración de comunicaciones y la articulación referente a tiempos de comunicación.

Simulacro fallido

 El ECU 991 también cuestiona un simulacro realizado por la Empresa Metro de Quito, pues “no se lo realizó de manera adecuada”. La carta de Núñez señala que no existen protocolos de seguridad definidos. “La Empresa Metro de Quito solo ha enviado un documento general, que no cuenta con protocolos específicos en casos de emergencia”.

Tampoco se establecen los tiempos de respuesta, los grados, ni la capacidad resolutiva que va a tener el Metro de Quito.

El documento agrega que los lineamientos elaborados por la Empresa Metro de Quito “no consideran problemas relativos a la seguridad ciudadana. Tampoco contempla las formas de actuación en casos del cometimiento de delitos en las instalaciones, ni sobre la forma de respuesta”.

Sistema no autorizado

El Ministerio del Interior también muestra su preocupación por el inicio de operaciones del Metro de Quito. Su vocero, Óscar Gabela, dice que el sistema TETRA, que será utilizado por el Metro de Quito, no está autorizado en Ecuador.

“Se requiere que este sistema tenga conectividad con el sistema de emergencia. Si no cumple con ello, no podría ser aprobado, ni utilizado”, señala Núñez en su carta.

El secretario de Seguridad agrega que funcionarios de la Empresa Metro de Quito han insistido que el sistema TETRA no podría responder a las emergencias que se presenten en el metro.

Redacción: Primicias

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Después de un año, el TCE emitió una resolución y calificó a esta acción como una infracción electoral muy grave. El secretario deberá pagar la suma establecida en un plazo de 30 días.

En noviembre del 2021, Palacios presentó a la Asamblea Nacional y al TCE una denuncia contra Ordóñez, quien era asambleísta de la bancada oficialista. La acusación se sustenta en un tuit ofensivo del funcionario hacia Palacios.

“Pasar del tubo a la curul y surgen estas argucias torpes”, expresó el tuit que fue eliminado después de la polémica generada en redes sociales.

En diciembre del 2021, el Legislativo sancionó a Ordóñez con una suspensión de 15 días sin sueldo, por la agresión a la parlamentaria denunciante. (A.G.M).

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