Los oficiales tuvieron que bajarse del vehículo para empezar a empujar y así continuar con su labor. Esta no sería la primera vez que el transporte de la Policía cuenta con inconvenientes mecánicos.

Las patrullas sin mantenimiento

Al finalizar el 2022, el ministro del Interior, Juan Zapata, admitió que la Policía Nacional está en estado de emergencia. Además, ninguna provincia del país cuenta con un 100% de patrullas en buen estado.

Para Zapata este es el principal motivo por el que los oficiales de Policía no pueden cumplir con un mayor patrullaje y hacerle frente a la delincuencia.  El funcionario indicó que hay un plan para adquirir nuevos vehículos, valorado en USD 382 millones aproximadamente. Sin embargo, el plan aún no entra en vigencia.

Promesas sin cumplir

El secretario de Seguridad, Diego Ordoñez, mencionó que el proyecto para equipar a la Policía, valorado en 83 millones, todavía está “en proceso de compra”. Desde cascos, vehículos, atención a UPC y otros materiales que se ofrecieron el año pasado deben seguir un procedimiento. (D.C.)

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Para Ordóñez, el comunicado de las instituciones no representa a la mayoría de los ecuatorianos porque provienen «solo de dos» entidades. Además, resaltó que varios usuarios en redes sociales apoyaron esta idea.

«Hay que considerar que la una estuvo involucrada en las movilizaciones de octubre y junio, y la otra fue creada en el correísmo», resaltó.

Violencia con más violencia…

El secretario enfatizó que el decreto ejecutivo 707 para el porte de armas es una «manera de defensa adicional». De acuerdo con Ordóñez, los requisitos previos para llevar las armas son suficientes.

Además, mencionó que la intención del Gobierno no es «animar a las personas a tener armas». Sin embargo, el secretario repitió que esto incluye la posibilidad a quienes tengan la capacidad de tener este equipo.

«Si un delincuente está convencido que su víctima no tiene un instrumento de defensa lo atacará, pero hoy lo va a pensar dos veces porque va a tener un arma o un gas pimienta», aseguró para FM Mundo.

¿Es un distractor?

Según Ordóñez, esta medida no tiene nada que ver con la muerte de Rubén Chérres, amigo del cuñado de Lasso, Danilo Carrera, quien tenía presuntos nexos con la mafia albanesa y el caso «El Gran Padrino». Señaló que el mandatario y sus funcionarios analizaron la propuesta por más de seis meses.

«Esto se pensó por varios meses. El Gobierno no tiene nada que decir sobre la muerte del señor, para eso está la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Nacional», dijo.

Pronunciamiento de las universidades

Cinco universidades del Ecuador expresaron su rotundo rechazo frente a la autorización del porte de armas para uso civil del presidente Guillermo Lasso.

La academia advierte que este es un gran error del Gobierno Nacional y que lo único que logrará es agudizar los conflictos y la violencia en el país. Además, exigen al Ejecutivo inmediatamente esta decisión y formular verdaderas políticas para garantizar la seguridad y promover un ambiente social de convivencia.

Al pronunciamiento se suma la Universidad de Cuenca, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Politécnica Salesiana, la Universidad de las Artes y la Universidad Católica de Cuenca. (N.J.C)

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«Ordóñez cuando asumió el cargo de consejero presidencial presentó ante Contraloría su declaración, bajo juramento, de no poseer directa o indirectamente bienes o capitales en paraísos fiscales incumpliendo el Pacto ético», describe la denuncia.

El recurso legal fue interpuesto por Sofía Espín, Mónica Palacios, Patricia Núñez, Jhajaira Urresta, Walter Gómez y Comps Córdova.

Ordóñez, bajo la mira de las autoridades

El 10 de febrero, la legisladora Patricia Nuñez solicitó información tributaria y financiera sobre la empresa offshore que presuntamente tendría el secretario de Lasso.

El pedido fue dirigido a entidades de control: Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Superintendencia de Bancos.

Nuñez, en su cuenta de Twitter, publicó las cartas de solicitud que envió a las distintas entidades. «Fiscalizamos», dijo.

Un medio digital denunció que Ordóñez sería secretario y subtesorero de la empresa offshore Larg Latin American Corporation, en Panamá. Esta offshore aún está activa y no fue declarada por el funcionario antes de asumir su cargo público.

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El pedido fue dirigido a entidades de control: Contraloría, SRI, Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y Superintendencia de Bancos.

Nuñez, en su cuenta de Twitter, publicó las cartas de solicitud que envió a las distintas entidades. «Fiscalizamos», dijo.

Un medio digital denunció que el secretario sería secretario y subtesorero de la empresa offshore Larg Latin American Corporation, en Panamá. Esta offshore aún está activa y no fue declarada por el funcionario antes de asumir su cargo público.

Con offshore y todo se quedó en el puesto

El secretario de Seguridad, Diego Ordóñez, se mantiene en el puesto, luego de la renuncia de varios funcionarios del Gobierno Nacional por el fracaso de la consulta popular.

El funcionario aseguró que no recuerda tener la empresa, ni tiene idea de que se trata esta nueva denuncia. (N.J.C)

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Ordóñez pidió indagar a los magistrados John Rodríguez, Vicente Oña, Simón García y Emerson Curipallo. La investigación también va dirigida hacia el exjuez Banny Molina.

Rodríguez

El juez Rodríguez labora en una Unidad Multicompetente en Yaguachi, en Guayas. Él dispuso que Ángelo Javier Achile, alias «Negro Angelo», y Kevin Javier Manzaba, sean trasladados del centro penitenciario N° 3 del Guayas a la cárcel de Santo Domingo.

Frente a esta resolución judicial, el Gobierno Nacional manifestó su rechazo a la decisión. Señaló que los dos PPL trasladados son responsables de los asesinatos de al menos 40 personas durante la masacre carcelaria en Santo Domingo.

Molina

El juez Banny Molina concedió un hábeas corpus al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel y al acusado de corrupción durante el morenato, Daniel Salcedo.

El exsegundo mandatario cumplía una pena de 14 años en prisión. Estaba recluido desde octubre de 2017. Fue condenado por asociación ilícita en el caso Odebretch (6 años) y por cohecho en el caso Sobornos (8 años).

Por su parte, Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria por Covid-19 en el Gobierno de Lenín Moreno. Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de cárcel por peculado.

Finalmente, el Consejo de la Judicatura (CJ) decidió destituir al juez Molina el 22 de diciembre. La resolución se tomó debido a que cometió un «error inexcusable» al otorgar hábeas corpus.

Los otros jueces

Ordóñez exhortó una investigación patrimonial contra el juez Curipallo, quien dispuso la libertad provisional al exvicepresidente Glas. También sobre el magistrado Oña, que concedió medidas sustitutivas a alias «Gordo Luis», cabecilla de Los Lobos.

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