Quito, 31 julio (La Calle).- Este 30 de julio de 2025, grupos de activistas protagonizaron una marcha pacífica pero enérgica en Quito para rechazar el Decreto Ejecutivo Nº 60 emitido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición, que ordena la fusión de seis ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos, ha generado preocupación por el debilitamiento institucional de carteras clave como la del Ambiente y la de la Mujer y Derechos Humanos.

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DECRETO 60 ELIMINA MINISTERIOS CLAVES

El Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado el 24 de julio de 2025, establece la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, y del Ministerio del Ambiente con la cartera de Energía y Minas. La medida también contempla una masiva desvinculación de personal público. Organizaciones civiles advierten que estas fusiones invisibilizan agendas fundamentales como la defensa del ambiente y la protección de derechos de mujeres y niñas.

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MUJERES LIDERAN LA MARCHA EN QUITO

La protesta comenzó en los exteriores del Ministerio de la Mujer y culminó frente al Ministerio del Ambiente, en el norte de la capital. Con pancartas, tambores y consignas como “¡Fuera, Noboa, fuera!”, las manifestantes denunciaron que eliminar instituciones orientadas a garantizar derechos es una regresión inaceptable. Algunas portaban cruces negras y nombres de víctimas de femicidio como símbolo de denuncia.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1950707990069227562

FUNDACIÓN ALDEA ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Datos de la Fundación Aldea revelan que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se registraron 82 femicidios en Ecuador, de los cuales al menos 12 fueron contra niñas o adolescentes. Estos datos refuerzan la crítica de que eliminar el Ministerio de la Mujer desmantela políticas urgentes frente a la violencia de género.

La movilización ciudadana contra el Decreto 60 evidencia el rechazo a medidas que, según organizaciones sociales, vulneran derechos fundamentales y debilitan la estructura institucional del país. Las protestas continúan y se prevé que más colectivos se sumen en los próximos días en defensa de los derechos humanos y ambientales.

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Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

VIDEO ALFREDO ESPINOSA: https://www.instagram.com/p/DMjIzR7POWK/

Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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Quito, 24 julio (La Calle).- El Gobierno ecuatoriano implementa una reestructuración sin precedentes del aparato estatal que elimina 5.000 puestos de trabajo del sector público, como parte de un agresivo plan de eficiencia que transforma radicalmente la administración nacional. La portavoz gubernamental Carolina Jaramillo confirmó esta decisión durante el anuncio oficial de la fusión ministerial, estableciendo un nuevo paradigma en la gestión pública del país.

MINISTERIOS SE REDUCEN DE 20 A 14 EN REORGANIZACIÓN INTEGRAL

El Decreto Ejecutivo N.º 60 oficializa la fusión de ministerios y secretarías de Estado, concentrando las funciones gubernamentales en estructuras más compactas. La Secretaría General de Administración Pública ejecutará esta transformación institucional bajo la dirección del Gabinete de la Presidencia. «La idea es crear partidas que realmente sean necesarias», explicó Jaramillo, aclarando que «la supresión de estas 5.000 partidas no significa que se generarán otras 5.000 nuevas». Esta medida representa la mayor reorganización administrativa en décadas.

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FMI IMPULSA AJUSTE FISCAL QUE DESENCADENA DESPIDOS MASIVOS

El compromiso gubernamental con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelera los despidos masivos en Ecuador tras la ampliación del programa crediticio de USD 4.000 millones a USD 5.000 millones. El acuerdo internacional exige al Gobierno de Daniel Noboa implementar un ajuste fiscal de 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2025, escalando a 1,7 puntos en 2026. Esta presión financiera internacional convierte los despidos públicos en una herramienta obligatoria para cumplir las metas fiscales establecidas con el organismo multilateral.

TRANSMISIÓN CAROLINA JARAMILLO: https://www.youtube.com/@PresidenciaEc

FUNCIONARIOS RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN BASADA EN AÑOS DE SERVICIO

El reglamento gubernamental establece compensaciones económicas para los funcionarios de carrera afectados por la cesación laboral. Los empleados públicos recibirán cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, calculados desde el quinto año de trabajo y tomando como referencia el salario básico del 1 de enero de 2015. El monto máximo de indemnización alcanza 150 salarios básicos.

ECUADOR ENTRE LOS 10 PEORES PAÍSES PARA TRABAJADORES SEGÚN ÍNDICE INTERNACIONAL

Por segundo año consecutivo, Ecuador figura entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 2025. Esta clasificación convierte al país en el único representante sudamericano dentro de este grupo crítico, evidenciando un deterioro sistemático de las condiciones laborales nacionales. El ranking internacional refleja políticas gubernamentales que debilitan progresivamente los derechos sindicales y las garantías laborales, consolidando un entorno hostil para la clase trabajadora ecuatoriana en el contexto regional.

Los despidos masivos de funcionarios públicos marcan un punto de inflexión en la política laboral ecuatoriana, combinando presiones fiscales internacionales con una reestructuración estatal de gran envergadura. Esta medida, respaldada por compromisos con el FMI, transforma definitivamente el panorama del empleo público mientras Ecuador enfrenta cuestionamientos internacionales sobre sus políticas laborales.

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«La LOEP, que es la que da este otro abanico de remuneración variable. Bajo nuestro criterio no es posible pagar remuneración variable a los trabajadores y está en los contratos colectivos. En el contrato de CNEL está la remuneración variable . Esto, que es el concepto de la rentabilidad, no se puede pagar en el sector público. Usted paga utilidad en el sector privado», dijo la ministra en Radio Centro.

Desde que se expidió la ley, ésta no cuenta con un reglamento y de acuerdo con la ministra, están trabajando en ello con la Secretaría Jurídica de la Presidencia. El proceso durará 90 días, es decir, saldría en octubre.

Según la ministra, existen cuatro empresas públicas que tienen la figura de remuneraciones variables en sus contratos colectivos:

La Corporación Eléctrica de Ecuador (Celec); La empresa distribuidora Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). También la empresa pública de telecomunicaciones Corporación Nacional de Electricidad (CNT).

Según Núñez, el artículo 26 de la LOEP indica que «El Estado ejercerá las acciones de nulidad y repetición, de ser del caso, en contra de los representantes que dispusieron, autorizaron o suscribieron dichos contratos», por lo que pueden acudir a la función judicial. (MIB)

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A pesar de los desafíos financieros, Vega reconoció los esfuerzos del Estado para también cubrir los sueldos de diciembre, comprometiéndose a hacerlo antes de fin de año o, en el peor de los casos, a principios de enero.

¿Cuál es la situación de las finanzas del país, a la fecha?

Al informar sobre las finanzas estatales, el ministro reveló un saldo cercano a los USD 300 millones en la cuenta del Estado, destacando el apoyo del sistema financiero y del sector privado.

No obstante, el Gobierno todavía debe enfrentar cuentas significativas por pagar en áreas críticas como seguridad y salud, que ascienden a USD 4.317 millones.

JR

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Aunque esta denuncia ya la realizaron en 2018, las autoridades no han tomado acciones y estos problemas continúan en el sector de la salud. También, cuestionó la irresponsabilidad del Ministerio de Salud por no atender estos problemas.

Una primera negligencia

La directora detalló que el primer error fue que la Corte Constitucional (CC) permitiera que en el concurso de contratación, los postulantes no presenten en ese momento el registro sanitario y lo hagan después.

“Cualquier persona puede decir yo voy a traer un medicamento o dispositivo al precio más bajo precio, esta gana a los que tiene todas las cosas en regla que la ley obliga y luego los responsables verán si tiene registro sanitario. La lógica es ir por el precio más bajo”, mencionó para Sonorama.

La directora comentó que todo esto incumple con el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud que especifica: «Todo tipo de insumos médicos, alimenticios y de otras categorías para el sector público deben contar con su registro sanitario«.

La representante de Asedim criticó que se hayan entregado cerca de USD 129 millones a las empresas que adquieren los medicamentos sin que completen todos los requisitos que demanda la ley.

“Al no tener seguimiento de registros no se sabe la calidad y procedencia de insumos que van para el sector público. Algunos podrían estar vencidos, usados, o podrían no ser aptos para el uso en pacientes”, refirió. (M.J)

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1. La recaudación del IVA revela que las ventas internas y externas acumuladas entre enero y septiembre de 2022 no produjeron ningún impacto mayor al observado el año 2021. Es que la actividad económica no crece con el vigor ni la expansión social necesarios para producir crecimiento, generar empleo adecuado y reducir pobreza. En los dos períodos la recaudación del IVA representa el mismo 4.1% del PIB (4). La ventas en 2022 se han realizado con mayores costos de producción y precios finales mucho más elevados.
2. Lo propio ocurre con la recaudación arancelaria y la del Impuesto a la Renta. Ninguna de las recaudaciones muestra incrementos porcentuales relevantes en 2021 ni 2022, apenas de 0.2% del PIB en la del Impuesto a la Renta del 2022 a pesar de que a partir de este año el Impuesto a la Renta fue incrementado.
3. El Presupuesto General del Estado no se apalanca en el crecimiento económico que el país requiere, sino en endeudamiento, mayores impuestos e ingresos petroleros cuyo precio el Gobierno no puede controlar. Son ingresos petroleros que entre enero y agosto de 2022 representaron el 11% del PIB para el Sector Público No Financiero (SPNF)(5). Por su parte el consumo de los hogares se apalanca en las remesas de dinero que envían los migrantes a sus cientos de miles de familiares pobres.
4. El Presupuesto General del Estado es el principal instrumento de política fiscal y asignación equitativa de recursos públicos, pero se ha convertido en un simple estado de cuenta de ingresos y gastos que cambian durante el año mucho más allá de lo razonable. La realidad muestra que una cosa es lo que se presupuesta y aprueba anualmente y otra diferente la que se ejecuta.
5. Las políticas económicas de los dos últimos Gobiernos han hecho que el nivel de la inversión social pública supere los límites de la vergüenza, mientras entre enero y agosto de 2022 el Balance Primario muestra un superávit equivalente al 3.1% del PIB y el Balance Global de 0.9% del PIB. No hay obra pública, seguridad ni servicios públicos medianamente razonables.
6. Ecuador no requiere cualquier crecimiento económico sino el crecimiento compartido y sostenido que crea buen empleo, ofrece posibilidades de progreso y reduce pobreza. Pero Ecuador no tiene ese crecimiento sino uno frágil, inestable, lento y concentrado. El crecimiento ecuatoriano no genera empleo suficiente, no alcanza para todos, ni siquiera para la mayoría, apenas si llega a una minoría alrededor de 300 grupos económicos que concentran los beneficios con las graves consecuencias sociales que son evidentes.

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Si la idea era reducir el gasto: superaron sus metas. Una de las estrategias fue la reforma permanente de los procedimientos administrativos.  De acuerdo a voceros de distintos ministerios, en lo que va del año, se han reformado en más de siete ocasiones dichos procedimientos por parte del SERCOP.

Ahora las “ínfimas cuantías” requieren de términos de referencia, tampoco se pueden hacer más regímenes especiales de comunicación por campañas o eventos. Además, la Contraloría del Estado está auditando proyectos que se encuentran en ejecución, lo cual sin duda, condiciona y limita el esfuerzo de determinadas instituciones del Ejecutivo (ministerios, secretarías) como del Ejecutivo desconcentrado (Gads), entre otros.

Viceministros, esos rompevelocidades del gasto

Los viceministros no solo tienen la responsabilidad de reemplazar al titular cuando este se ausenta, sino que tienen tareas técnicas. Son autorizadores de gasto y nominadores, es decir, pueden colocar personas en distintos cargos.

Deben coordinar las actividades de secretarías y otras áreas técnicas de la institución, sin embargo, actualmente, se han convertido en barreras para la ejecución, cuando no han destacado por sus polémicas actuaciones o puntos de vista.

Es imposible no hablar del caso de la viceministra de Educación, Alexandra Cárdenas, que cayó por sus mensajes de tuiter, en el que hacía gala de una intolerancia y calificativos de todo tipo.

Enith Carrión, viceministra del ministerio de Energía y Recursos no Renovables, impulsa el proyecto fotovoltaico de El Aromo. Según la asambleísta Luisa González fue ella quien habría solicitado una reforma en las condiciones comerciales con las empresas españolas que desarrollarán ese proyecto en una zona de escasa radiación solar.

En julio de 2022 , en ese mismo ministerio se logró un récord: un viceministro estuvo un día en el cargo. Joel Jaramillo, quien, según denuncia, estuvo involucrado en casos de corrupción en hospitales del país.

Otros viceministros como Homero Castanier fueron premiados con ministerios y hasta con gerencias, a pesar de haber presentado maestrías a distancia y no contar con experiencia para desempeñar el cargo  (Gerente BED).

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Además se dispuso que el Ministerio de Trabajo comunique a las autoridades de las instituciones públicas la definición de aforos de funcionarios que estarán en la presencialidad. “Siempre que se garantice la prestación de los servicios públicos”.

Para sectores estratégicos y privados, la opción del teletrabajo es opcional.

Situación epidemiológica

El ministro de Salud, José Ruales, informó sobre la situación epidemiológica del país. Anunció la creación de una Sala Nacional de COVID-19 que estará disponible en la página web del ministerio con el objetivo de ampliar la base de datos de los pacientes contagiados.

En las tres semanas se concluyó que los contagios aumentaron en los grupos de 15 a 19 años y niños menores a un año. Solo la última semana, los casos crecieron de 12.617 a 16.817, es decir 4.200 contagios más.

No obstante el ministro aseguró que la curva de contagios por el virus se aplanó y en arias provincias no se han registrado muertes por COVID en los últimos 10 días.

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En Pujilí, la Gobernación de Cotopaxi publicó como un logro en su página de Facebook la autogestión de baterías para sus patrullas policiales, recoge Ecuadorinmediato.

“La Comisaría Nacional en conjunto con la Tenencia Política de La Victoria, gestionaron una batería para el vehículo de patrullaje de la Policía Nacional del distrito Pujilí-Saquisilí con la finalizad de mejorar la capacidad de movilización y los operativos de control en el cantón”, menciona el post.

La publicación al parecer fue borrada porque ya no se encuentra en su página de Facebook.

Guillermo Lasso dice que vamos bien

Guillermo Lasso señaló vía Twitter que ha fortalecido la dolarización ya que las reservas internacionales han llegado a un alto saldo. Indicó que las reservas subieron un 33% más que en mayo de 2021. Unos USD 5.923 millones.

“La dolarización se fortalece. Al cierre de 2021, las reservas internacionales alcanzaron un saldo de USD 7.898 millones, 33% más que en mayo del 2021 (USD 5.923). Sin discursos demagógicos y con hechos que generan confianza se fortalece la dolarización”, publicó el mandatario en su cuenta de Twitter.

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Entre las disposiciones del decreto se contempla dar paso al incentivo de la inversión privada, en las distintas áreas de servicio público, de la energía eléctrica. También reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico, para viabilizar la participación de capitales mixtos y privados, en todas las etapas de la emisión del servicio público de energía eléctrica, alumbrado público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de carga de energía.

De igual forma, se permite convocar al sector privado a los procesos públicos de selección, para la concesión del Bloque de 500 MW de Ciclo Combinado Termo Gas Machala, Sistema de Transmisión Nororiental, Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural de 400 MW, y la gestión delegada de la Central Sopladora.

A través del Decreto 238 se contempla, también la fusión de varias unidades institucionales. El artículo 4 literal ‘K’ señala la cooperación entre el Ministerio de Energía y Recursos Naturales y No Renovables, la Agencia de Regulación y control de energía y Recursos no Renovables y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Por otro lado, dentro del mismo artículo en el literal ‘H’ se contempla la revisión del pliego tarifario del país.

De la misma forma, el Decreto exige que se presenten propuestas regulatorias en el plazo de un mes. Las regulaciones solicitan la incorporación del sector camaronero, agroindustrial y petrolero al sector eléctrico.

Reacción de trabajadores de la Empresa Eléctrica

Tras este anuncio, el Comité de Trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito anunció que se sumaba a las movilizaciones convocadas por las centrales de trabajadores, de manera permanente.

El Comité expresó su preocupación porque »estas reglamentaciones se tomen de manera unilateral, sin que exista un análisis previo sobre las condiciones en las que se encuentran las empresas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional.»

Señalaron también que, con estas disposiciones, se establece que las empresas del sector privado podrán realizar las actividades que le corresponden al sector público. Es decir, consideran al Decreto el paso inicial para que la privatización de este sector vaya en escala.

Gobierno cumple con más requerimientos del FMI

La eliminación a los subsidios de los combustibles no es el único requerimiento por parte del FMI. Parte de los acuerdos firmados entre el Gobierno ecuatoriano y el Fondo Monetario Internacional es la privatización de las empresas públicas del país.

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“Eso tendrá que suceder en muchas instituciones públicas, porque hay trabajo que es inútil, que no es necesario, que no genera valor. Hay un objetivo que es producir más con menos recursos”, aseguró.

Argumentó que reducir el gasto, permitirá también reducir el déficit fiscal que es mayor a 4 puntos porcentuales del PIB, entre 4.000 y 4.500 millones de dólares. Según dijo, el gobierno central recibe 21.000 millones por impuestos, tasas y otros servicios y gasta 25.000 millones.

“Yo creo que 21.000 millones es una cantidad inmensa de dinero. Muy mal administrada en los últimos 14 años, dedicados al despilfarro y a la corrupción”, señaló.

En entrevista con Vistazo, ante la tímida pregunta de la periodista, sobre qué les diría a las personas que van a ser desvinculadas, Lasso respondió: “El mensaje es claro: todos los ecuatorianos, no solo los empleados del sector público van a tener más oportunidades y opciones de empleo. También posibilidades de emprendimiento, a través de los fondos de promoción, que vamos a iniciar cuando terminemos una evaluación y un balance de cómo nos entregaron las instituciones financieras públicas”.

Afirmó que su plan es promover la inversión en sectores estratégicos como petróleo, minería electricidad. Según Lasso, esta inversión permitirá generar empleo para aquellos que lo pierdan en el sector público.

El mandatario aseguró que estima incrementar en 30.000 millones de dólares la inversión, en los próximos 4 años. “Esto en colaboración con el sector privado, porque el gobierno tiene una situación, cuyas finanzas no le permite invertir agresivamente. Necesitamos de la alianza público-privada para poder avanzar en ese camino, con el objetivo de crear empleo”, sostuvo.

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“La economía va a tener que hacer  un reajuste total para poder mirar hacia adelante. Un ejemplo clarísimo es la competividad de la economía ecuatoriana. El Ecuador ya era caro antes de la crisis y frente a esto muchos países de la región ya han depreciado sus monedas. El Ecuador sigue siendo caro, incluso más que antes. Si comparamos los sueldos en general de todos los países medidos en dólares, el sueldo de Ecuador mucho más alto”, dijo en una entrevista a Teleamazonas en 2020.

Tamaño del sector público

De acuerdo con Cueva, se debe revisar el tamaño de lo público. En algunos temas dijo que todos debemos ceder.”En el contexto de la pandemia, temas como dar salud pública son importantes, pero nos va a tocar hacer esfuerzos difíciles, en los que todos tengamos que ceder. Eso va a pasar también en revisar el tamaño del sector público. El número de empleados, los sueldos de esos empleados”, agrega

Finalmente también indica que es más importante conservar el empleo, aunque haya que bajar los beneficios laborales. “En esta crisis, mucha gente ha visto que es preferible tener un poquito menos de beneficios laborales, pero mantener el empleo. Porque quedarse sin empleo en estas circunstancias, complica aún más la situación”.

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Según la Ley Orgánica de Servicio Público «Las instituciones del Estado podrán establecer planes de compras de renuncias con indemnización. Dicha indemnización será de máximo 150 salarios básicos unificados”. Además, no se podrá reingresar al sector público por un período de dos años; y si lo hace, debe reingresar a otra institución.

Parte del documento oficial que deja sin empleo a estos 150 funcionarios dice: «Notifico el cese de funciones por compra de renuncia con indemnización, siendo su último día de labores, el 13 de diciembre de 2019 y por consecuencia se da por concluida la relación laboral existente entre las partes».

Estos funcionarios se suman a los 250 mil empleados del sector público que se quedaron sin trabajo en este año.

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