“La intervención de varios colegas asambleístas dejó mucho que desear. Hubo posiciones que distan mucho de cualquier criterio técnico, científico e incluso jurídico”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

Ella es una de las legisladoras que defiende los derechos de las mujeres que han sufrido violación. Su Partido no ha tomado una decisión consensuada al respecto.

Noriega considera una indolencia tomar posiciones anti derechos en un país con tanta crueldad. «Cada año, aproximadamente, 3000 niñas menores de 14 años están pariendo producto de una violación», dijo.

“Espero que el día de la votación, que será en aproximadamente ocho días, los asambleístas puedan reflexionar su voto y votar con empatía. Se busca una ley que sea justa y reparadora para las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual”, aseguró Noriega.

Interrupción voluntaria

La legisladora sostiene que esta ley se centra en cómo lograr que la interrupción voluntaria del embarazo sea accesible. Una ley que no tenga trabas y pueda garantizar que todas las mujeres puedan interrumpir el embarazo en casos de violación y que puedan hacerlo de la forma más digna posible.

Noriega explicó que el informe de minoría es regresivo en derechos y lo peligroso es el tema de plazos. Estos son sumamente reducidos para casos de violación.

“Lo problemático de esto es que el informe contiene un plazo de interrupción del embarazo de seis semanas para mujeres mayores de 18 años; 12 semanas para mujeres de la ruralidad, mujeres con discapacidad, niñas y adolescentes menores de 18 años”, detalló la asambleísta.

Noriega aseguró que el informe de minoría no responde a las realidades de las víctimas de violación y no respeta las particularidades que tienen las niñas y mujeres ablusadas sexualmente.

“Quienes estamos a favor del aborto en casos de violación, estamos a favor de la vida. Estamos a favor de una vida digna para las mujeres y niñas que tuvieron que vivir la atrocidad de una violación”, sostuvo.

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“La Ley Económica igual que anteriores propuestas del Ejecutivo trae beneficios escondidos para la banca. El pacto con el gobierno es claro, ahora los exoneran del pago de intereses aduciendo supuesto apoyo al emprendimiento”, expresa Marcela Aguiñaga, asambleísta por Guayas, en su cuenta de twitter.

Vicente Almeyna, asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), votó en contra del informe, ya que considera que no recogió sus observaciones. “Han metido artículos a última hora, que jamás se discutieron en la Comisión. Ya se hizo práctica común estos tapetazos legislativos”, dijo.

La Asociación de Cervecerías Artesanales del Ecuador manifestó su inconformidad en redes sociales ante la decisión de la Comisión “Dejaron a un lado nuestro sector productivo, a más de 1.300 emprendedores. Nos Pusieron a desventaja para beneficiar al monopolio, la importación y empresas corruptas”.

Ahora el informe pasará al Pleno de la Asamblea Nacional para ser debatido la siguiente semana.

RM

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“En el artículo 16 del proyecto, incluye en el artículo 9.1 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario a los servicios educativos y de infraestructura hospitalaria, como sectores estratégicos, con exoneraciones de pago del impuesto a la renta. Con esto se fomenta la participación del sector privado en estas actividades, pero se afectan las acciones y los recursos del Estado para garantizar los derechos a salud y educación”, dice una parte del comunicado.

Finalmente la Universidad “considera que este proyecto de ley debe ser negado por la Asamblea o retirado por el Ejecutivo” “a fin de que sea re-elaborado por los distintos sectores sociales y de economía.

Mañana se debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, este proyecto de Ley, después de la aprobación del Informe de la Comisión de Régimen Económico encabezado por Daniel Mendoza. Sectores sociales lanzaron una convocatoria de plantón a las 14h00 frente al edificio legislativo.

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