El pasado 5 de diciembre la Asamblea aprobó con 123 votos a favor este proyecto de ley que permitirá a la empresas privadas de seguridad portar armas bajo ciertos parámetros. Para Altamirano, existe la idea equivocada de creer que la seguridad privada estará a disposición del Estado.

»Las empresas tienen contratos de prestación de servicios en donde se delimitan sus obligaciones», recalcó en entrevista para Radio La Calle.

Agregó que capacitar a un guardia para el uso de un arma requiere mayores costos, especialmente para su uso responsable porque mantener las cualidades de un tirador defensivo requeriría un entrenamiento permanente.

No obstante, destacó que el Estado es el principal encargado de velar por el bien de ciudadanía pero el Ecuador está comenzando a caminar en la privatización de la seguridad. »La industria de la seguridad en el país que tiene un crecimiento impresionante y es la muestra clara del abandono del gobierno y de las prácticas de prevención comunitaria», argumentó el excomandante.

Además consideró importante no caer en extremismos debido al hecho de creer que una ley puede generar calma en un determinado sector. En este sentido puso sobre la mesa la importancia de recomponer aspecto de carácter estructural.

Sobre la ley…

El objetivo de este proyecto de ley es evitar la precarización del sector que brinda seguridad privada y que el personal pueda acceder al porte de armas con la capacitación adecuada, contar con pólizas de seguro y tener apoyo legal en caso de ser procesado.

Sin embargo, la legisladora Patricia Núñez cuestionó que no existe un definición clara de lo que es »peligro inminente» por lo que el guardia de seguridad que aplique la normativa deberá hacerlo bajo su interpretación.

El vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores d la Seguridad Privada (Fenaspe), Vicente Arroyo, compareció al Pleno del Legislativo y señaló que la seguridad privada es un negocio que ha lucrado con el trabajo de los más humildes.

De igual manera, denunció una serie de abusos y condiciones adversas en las que viven los guardias en su actividad de alto riesgo. Pidió que se considere la protección y se garantice los derechos laborales de quienes ejercen esta labor.

Por su parte, Carlos Arrobo, representante de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, indicó que hace 10 años su sueldo era de USD 954 y hoy en día es de USD 760 y cada año se reduce más. (AGM).

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Los primeros procesos se realizaron el 11 de octubre de 2023. Uno a las 19:00 que estaría destinado a la subzona de nororiente de la estatal con un valor de USD 32,239,641.96. El segundo, del mismo día, se publicó el a las 20:00, este estaría previsto para la subzona oriente centro-este de la empresa a un costo de USD 28,157,586.49.

De la misma manera, el 12 de octubre se presentaron dos contratos más. Uno a las 18:00 que se pretendería llegue a la zona central y sote de la petrolera a USD 25,963,682.76.

Finalmente, otro a las 12:00 para las zonas occidente de Galápagos y sur de la estatal valorado en USD 34,591,727.10.

Todos los procesos están en el estado de preguntas, respuestas y aclaraciones. Sin embargo, se espera que el 23 de noviembre de este años sea la fecha máxima de las cuatro adjudicaciones.

La petrolera se ha visto involucrada en diferentes casos de corrupción y por su gerencia han pasado al menos siete personas. El último, Ramón Correa Vivanco, quien aseguró que deja la estatal «al 100 % del cumplimiento de sus niveles de producción» que se habrían fijado en el Ministerio de Energía.

Además, el pasado 5 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones de la entidad en medio de la investigación del supuesto delito de peculado.

Asimismo, los abastecedores de combustible advirtieron un posible desabastecimiento en cinco terminales del país, según Primicias.

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