Fueron 915 muertes violentas en apenas 31 días. Superamos incluso a octubre de 2023, que ya había sido catastrófico con 831 asesinatos. Si nada cambia, este 2025 terminará con más de 9.500 crímenes, lo que dejaría una tasa de 52,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra de guerra civil. Una cifra de país colapsado.

El Día de la Madre más sangriento

Domingo, 11 de mayo. En un país que celebra a las madres, 49 personas fueron asesinadas. Fue el peor día del mes. ¿El motivo? En un 85% de los casos, microtráfico y amenazas entre bandas criminales. Porque el crimen organizado ya no actúa desde las sombras: ahora reina a plena luz del día.

¿Dónde se mata más?

El 90% de las muertes violentas de este año ocurrieron en solo 70 cantones. Es decir, la violencia no está dispersa: está localizada, identificada, mapeada. Pero el Estado no actúa con la misma precisión.

Entre enero y mayo de 2025, esos 70 cantones pasaron de 1.976 asesinatos en 2024 a 3.578 este año. Un crecimiento del 81%. Y mientras tanto, en solo 44 cantones se ha logrado reducir la violencia.

¿Y el Gobierno?

Las autoridades se llenan la boca de declaraciones, decretos y comunicados. Pero en los barrios, en las calles, en las cárceles y hasta en los hospitales, sigue ganando el crimen. Cada día se abre una nueva fosa. Cada día una nueva familia entierra a alguien.

No hay plan. No hay justicia. Y no hay respuestas.

El presidente Noboa está de gira. Los ministros de seguridad cambian de discurso cada mes. Mientras tanto, los sicarios ya no se esconden: operan con horarios, listas, logística. Como una empresa más.

¿Qué podemos hacer?

La violencia no se resuelve solo con más policías o más armas. Se necesita educación, oportunidades y justicia real. Se necesita un Estado que proteja, no que mire hacia otro lado.

Este mes de mayo no puede ser otro número. Debe ser una señal roja. Una alarma encendida. Un llamado urgente a reconstruir un país que se nos está muriendo a tiros.

La entrada Ecuador rompe su peor récord: 915 asesinatos en un mes y una sola pregunta… ¿Hasta cuándo? se publicó primero en La Calle.

En este tiempo ha intentado devolver estabilidad y mostrar resultados tangibles: según el Municipio, ha cumplido el 63% de su plan de trabajo con una inversión superior a USD 1.300 millones. Entre sus hitos más promocionados destacan la puesta en marcha del Metro de Quito y la adquisición de 60 trolebuses eléctricos para modernizar el transporte. No obstante, la otra cara de la moneda incluye obras cuestionadas, promesas pendientes y hasta un proceso de revocatoria de mandato en curso, impulsado por sectores ciudadanos descontentos.

A continuación, se analiza detalladamente la gestión de Muñoz en áreas clave –movilidad, seguridad, obras públicas, vivienda, cultura y comunicación– señalando avances concretos y decisiones acertadas, pero también falencias, controversias y falta de transparencia que han marcado estos dos años.

Movilidad: Metro en marcha pero integración pendiente

En el ámbito de movilidad, la administración Muñoz logró finalmente inaugurar el Metro de Quito tras varios años de espera. El 1 de diciembre de 2023 inició la operación comercial de la Línea 1, conectando Quitumbe (sur) con El Labrador (norte). Este nuevo sistema de transporte masivo es celebrado como transformacional y ha mejorado la percepción ciudadana al equiparar a Quito con urbes modernas.

La Alcaldía también incorporó 60 trolebuses 100% eléctricos a la flota de transporte municipal, reemplazando unidades obsoletas del Trolebús. Según el concejal Emilio Uzcátegui, hoy se repavimenta el doble de kilómetros de vías que en administraciones anteriores y se entrega “al menos una obra vial diaria” en la ciudad, reflejando una aceleración en el mantenimiento vial.

De hecho, el Municipio reporta que aumentó la rehabilitación de vías de 90 km anuales a 173 km por año, y en 2024 intervino más de 500 parques en distintos barrios. Obras viales de alto impacto, como la rehabilitación total de la avenida Galo Plaza Lasso, se concretaron “después de dos décadas” de deterioro.

No todo es tan bonito…

Expertos señalan que estos avances no han resuelto integralmente los problemas de movilidad. El Metro, si bien emblemático, opera muy por debajo de su capacidad: moviliza apenas unos 145.000 pasajeros diarios, ~36% de lo previsto (400.000). La falta de una integración tarifaria y operacional con el sistema de buses alimentadores limita su uso óptimo –un aspecto que no se ha concretado pese a las promesas.

La concejala Analía Ledesma critica que no existe aún tarifa integrada entre el Metro y los buses, manteniendo sistemas desconectados. Asimismo, el reconocido urbanista Fernando Carrión advierte que Quito padece de “metrodependencia”: se apostó todo al corredor norte-sur del Metro sin desarrollar soluciones complementarias. “Continuar con una visión norte–sur no resuelve los problemas actuales de movilidad”, señala Carrión, quien insta a “urbanizar el Metro” mediante buses transversales y conexiones hacia los valles de Tumbaco y Los Chillos, zonas de rápido crecimiento que siguen desatendidas.

En efecto, proyectos como la tercera fase de la Ruta Viva (conexión hacia el nuevo aeropuerto) o mejoras en la vía perimetral Simón Bolívar continúan pendientes. Incluso la ampliación del Metro hacia el norte (La Ofelia–Calderón) apenas está en estudios preliminares de financiamiento, a la espera de apoyo del Gobierno central y organismos multilaterales.

Muñoz reconoce implícitamente estas deudas.

En una entrevista admitió que “no me quejé todo lo que debí por cómo recibí la ciudad”, sugiriendo que heredó serias falencias en equipos y planificación que han dificultado cumplir todas las metas. Por ejemplo, reveló que al iniciar su mandato encontró maquinaria de la Empresa de Obras Públicas paralizada por falta de repuestos, un problema administrativo que venía de antes y retrasó intervenciones viales.

Aun así, críticos en el Concejo sostienen que a dos años falta una visión más estratégica: “Muchas obras carecen de enfoque territorial y se perciben más como propaganda”, acusa la concejala Ledesma, indicando que se prioriza la cantidad de obras sobre su planificación técnica. Ejemplo de esto es la Av. Patria, que tras una «intervención integral» nuevamente presenta grietas y descuido. Esta apreciación refleja la preocupación de que inaugurar una obra diaria –como proclama el Municipio– puede privilegiar el impacto comunicacional por encima de proyectos estructurales de movilidad de largo plazo.

Seguridad ciudadana: inversión en tecnología pero sensación de inseguridad

En materia de seguridad, el Municipio de Quito bajo Muñoz ha buscado apoyar a la Policía Nacional y reforzar la vigilancia local, aunque los resultados son discretos frente a la creciente delincuencia. Con recursos propios y la Tasa de Seguridad que pagan los capitalinos, se rehabilitaron 104 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en barrios de la ciudad, muchas de las cuales estaban abandonadas.

Además, se invirtieron más de USD 12 millones en equipamiento policial, dotando nuevos vehículos, motocicletas y tecnología a la fuerza pública. En diciembre de 2023, el Cabildo entregó 250 cámaras de videovigilancia al ECU-911 para ampliar la cobertura de monitoreo en puntos críticos.

Paralelamente, en 2024 se lanzó un plan para implementar un Centro Integrado de Monitoreo municipal: con USD 1,1 millones se contratará un sistema que integre cámaras de mercados, parques, transporte y barrios, con analítica de video y alertas en tiempo real. “En Quito tenemos cámaras dispersas que no están integradas ni generan alertas; eso va a cambiar”, explicó la secretaria de Seguridad, Carolina Andrade. Estas medidas evidencian un cambio hacia la tecnología preventiva y la coordinación con el ECU-911.

No obstante…

La sensación de inseguridad en la ciudadanía sigue siendo alta. Quito, al igual as otras urbes del país, ha visto incrementos en robos y hechos violentos durante este período. Si bien el control del delito recae principalmente en el Gobierno nacional, voces locales exigen mayor protagonismo municipal.

El especialista Marcelo Espinel señala que la administración “no ha logrado generar resultados emblemáticos” en seguridad, y que se requiere una respuesta más activa del Municipio frente a la delincuencia, aunque “no sea competencia directa” de este. Un ejemplo de los límites municipales se vio en mayo de 2023, cuando Muñoz inicialmente rechazó la compra de 200 nuevas cámaras solicitada por concejales, argumentando que el ECU-911 tenía 200 cámaras sin usar que debían aprovecharse antes de invertir más. Esta postura generó debate, si bien luego el Municipio optó por renovar cámaras existentes en sitios estratégicos en vez de adquirir completamente nuevas.

La respuesta institucional

Ante problemas como la acumulación de basura (vinculada también a salud y seguridad barrial) la comunicación del Municipio ha estado bajo escrutinio. Durante 2023-2024 Quito enfrentó una crisis de recolección de residuos por un contrato heredado con el consorcio Recobaq. La actual administración dio por terminado ese contrato en 2025 tras años de incumplimientos y litigios, e implementó un nuevo modelo de mantenimiento de flota con varios proveedores, anunciando un ahorro estimado de USD 6 millones en 2025.

Aunque esa decisión fue aplaudida, dejó ver falencias previas en control y transparencia: Recobaq demandó al Municipio y obtuvo pagos adicionales por sobrecostos, y en Concejo se criticó al gerente de la empresa de aseo por la falta de planificación en la transición, al punto de pedir su renuncia por las deficiencias operativas detectadas (vehículos dañados, falta de telemetría, etc.). Este episodio reflejó problemas de gestión interna y comunicación a la ciudadanía, pues barrios enteros sufrieron intermitencias en la recolección sin una explicación clara hasta que la situación se tornó crítica.

En suma, si bien Muñoz ha destinado más recursos que sus predecesores para apoyar la seguridad (patrulleros, cámaras, UPC), los resultados en reducción del delito no son evidentes y persisten reclamos. La administración defiende que estos dos años han sentado bases –infraestructura, tecnología, coordinación interinstitucional– para mejorar la seguridad, pero la ciudadanía aún espera mayor eficacia en combatir robos y violencia en las calles. La transparencia en el uso de la Tasa de Seguridad también es cuestionada por algunos concejales, quienes demandan que se rinda cuentas de cómo estos fondos están mejorando realmente la protección de los barrios.

Obras públicas: entre la revitalización urbana y cuestionamientos de calidad

La gestión de Muñoz exhibe un intenso programa de obras públicas, tanto a gran escala como de barrio, con el lema de “Quito renace” mediante miles de intervenciones. Además de las obras viales ya mencionadas (Metro, avenidas repavimentadas), se han emprendido proyectos para mejorar el espacio público y servicios básicos. Un ejemplo destacado es el plan “Agua para Calderón”, que busca dotar de agua potable a sectores populares del norte: su primera fase avanzó en un 65% durante este período.

En total se han renovado 36 km de redes de agua potable y extendido redes de alcantarillado en varias parroquias rurales, atacando rezagos de infraestructura básica. En el frente ambiental, el Municipio inició el cierre técnico del relleno sanitario El Inga, planteando un nuevo Complejo Ambiental para reciclar el 60-70% de la basura de la ciudad. Se ampliaron plantas de generación eléctrica con biogás del relleno y se aprobó una estrategia para descontaminar ríos, que incluye construir plantas de tratamiento de aguas residuales. Estas obras de servicios públicos, aunque menos visibles, son fundamentales para la sostenibilidad urbana a largo plazo.

En cuanto a espacios urbanos

La Alcaldía emprendió la recuperación de parques, bulevares y aceras. Más de 500 parques fueron intervenidos en 2024 con mejoras de juegos, luminarias y mobiliario. Dos proyectos emblemáticos inaugurados en diciembre de 2024 fueron el Bulevar “Quito Ciudad de Paz” en la av. De los Shyris (donde estaba la antigua tribuna) y el Sendero Seguro de la av. Colón. Estas obras, con inversiones de alrededor de USD 775 mil y USD 1,3 millones respectivamente, transformaron 1,4 km de vía con áreas verdes, juegos infantiles, gimnasios al aire libre, ciclovías y mejor iluminación.

Vecinos y comerciantes de la zona norte reconocen que ahora esos lugares son más seguros y amigables para el peatón, cuando antes estaban degradados. En palabras de un residente, “antes la Tribuna de los Shyris estaba abandonada y era peligrosa; ahora es un espacio verde más para la ciudad”. Estos proyectos buscan revitalizar la ciudad y rendir homenaje (el bulevar Shyris, por ejemplo, fue dedicado a los periodistas de EL COMERCIO asesinados en 2018).

No obstante…

Varias de estas obras han estado envueltas en polémica por su calidad, costo o prioridad. El bulevar de la av. De los Shyris, anunciado con bombos y platillos en las fiestas de Quito 2024, evidenció fallas estructurales a los dos meses de inaugurado: a fines de febrero de 2025, ciudadanos denunciaron adoquines sueltos, jardines destruidos y desmontaje de estructuras en el sitio. “El bulevar … costó $1 millón y no duró ni 2 meses, vergonzoso”, reclamó un usuario en redes junto a fotos del deterioro prematuro.

Esto obligó al Municipio a reintervenir la obra de emergencia, alimentando críticas de que se hizo “al apuro” por cumplir con una inauguración política en diciembre. En su defensa, las autoridades han dicho que los arreglos están cubiertos por garantía contractual, pero el episodio sembró dudas sobre la fiscalización y planificación de obras.

Otro caso son las adquisiciones estratégicas como la de los trolebuses eléctricos:

El Municipio compró 60 unidades a la empresa china Yutong a través de la oficina UNOPS de la ONU, para evitar una licitación local. Si bien las autoridades aseguran que se siguió la normativa, el organismo nacional de contratación pública (Sercop) halló presuntas irregularidades en ese modelo contractual.

Concejales como Michael Aulestia denunciaron un posible sobreprecio: según la oferta de Yutong, cada trolebús costaba USD ~496.000, pero mediante UNOPS el Cabildo habría pagado alrededor de USD 100.000 más por unidad. Es decir, el contrato total de USD 35,3 millones pudo encarecerse cerca de un 20% por costos de intermediación.

Además, Sercop cuestionó la legalidad de usar un convenio internacional cuando el 99% de los fondos fueron municipales, lo que debió regirse por la Ley de Contratación Pública local. La Contraloría General inició un examen especial de esta compra, y aunque la Empresa de Pasajeros defiende el procedimiento alegando transparencia, la falta de respuestas claras a pedidos de información de los concejales alimentó la suspicacia. Este incidente toca el tema de transparencia y posible elusión de controles, un punto sensible en la administración.

Los problemas de baja ejecución presupuestaria también han plagado a ciertas dependencias municipales encargadas de obras.

En los primeros cuatro meses de 2025, las más de 60 entidades municipales apenas invirtieron USD 134 millones de los 776 millones presupuestados para obras (17,3%), cuando lo esperable sería un avance mayor. Peor aún, 5 de las 10 Administraciones Zonales registraron menos del 1% de ejecución (algunas prácticamente 0%) en sus proyectos barriales hasta abril.

Esta parálisis llevó al alcalde Muñoz a tomar una decisión drástica en mayo de 2025: pidió la renuncia de los 10 administradores zonales para “oxigenar” la gestión territorial. “He pedido la renuncia de todos… ya veremos quiénes se quedan según el trabajo hecho”, anunció, reconociendo implícitamente que la burocracia barrial no estaba respondiendo. Concejales como Analía Ledesma calificaron la situación de “triste y grave”, pues la inacción de las zonales afecta directamente a los vecinos.

Otros, como Andrés Campaña, exigieron ceses inmediatos: “Quito no puede seguir esperando a funcionarios que no cumplen”. Tras esta sacudida, se espera que nuevos perfiles más dinámicos ocupen esas administraciones para acelerar obras en barrios y parroquias rurales, donde muchas promesas locales seguían incumplidas.

Desarrollo social y vivienda: avances discretos y promesas por cumplir

En el campo social y de vivienda, la administración Muñoz ha tenido logros puntuales, aunque sin grandes transformaciones hasta ahora. Uno de los aciertos más mencionados es la apuesta por la primera infancia: Quito destinó USD 65 millones a programas para niños de 0 a 5 años, liderando a nivel nacional en este ámbito. Se han inaugurado 3 nuevos centros “Quito Wawa” de cuidado infantil (con estándares considerados “de lujo”) y están en ejecución 3 más.

Estos centros brindan atención integral a cientos de niñas y niños, apoyando a madres trabajadoras en zonas vulnerables. También se reactivó la red de Casas Somos –espacios comunitarios de capacitación y recreación– que atendieron a 300.000 usuarios en dos años. Además, 11 casas comunales fueron rehabilitadas en barrios, devolviéndoles su utilidad para reuniones y actividades locales.

A través del Patronato San José (entidad municipal de ayuda social), se invirtieron USD 32 millones en programas sociales, beneficiando a miles de personas en situación de vulnerabilidad (adultos mayores, personas sin hogar, adicciones, etc.). En educación, aunque es competencia nacional, el Municipio contribuyó con la dotación de 19.000 libros a estudiantes y mejoras en 11 bibliotecas municipales.

Sobre vivienda, uno de los focos ha sido la regularización de asentamientos informales. En estos dos años se entregaron 3.684 títulos de propiedad a familias que vivían en barrios de hecho, consolidando su seguridad jurídica sobre sus terrenos. Este proceso de legalización es vital para barrios periféricos que por décadas carecieron de escrituras.

Sin embargo…

Más allá de la titulación, no se han materializado grandes proyectos de vivienda social nueva. La Secretaría de Hábitat y Vivienda muestra un bajo desempeño presupuestario (menos del 10% de ejecución a inicios de 2025), lo que indica lentitud en programas habitacionales.

Muñoz ofreció en campaña impulsar soluciones al déficit de vivienda asequible…

Pero hasta junio de 2025 no se reportan proyectos significativos de construcción de casas o departamentos populares. Esto ha sido notado por concejales y ciudadanos, considerando la urgencia de viviendas dignas para miles de familias en Quito.

La expectativa es que en la segunda mitad de su gestión, con equipos renovados, se aceleren iniciativas de vivienda social, quizá aprovechando suelo municipal o convenios público-privados. Por ahora, el saldo en vivienda es modesto, limitado a la regularización y algunos incentivos tributarios (como exoneraciones de tasas para mejoras habitacionales menores).

Cultura y arte: impulso a eventos masivos y defensa de la libertad creativa

En el ámbito cultural, la Alcaldía de Pabel Muñoz ha dado continuidad y realce a los eventos tradicionales de la ciudad, aunque no exenta de polémicas. Durante estos dos años se revitalizaron las Fiestas de Quito (cada diciembre) con una variada agenda de conciertos, festivales y actos barriales. El Municipio reporta que más de 400.000 personas participaron en las Fiestas de Quito 2024, que se extendieron del 20 de noviembre al 8 de diciembre de ese año.

Se organizaron eventos multitudinarios con artistas locales e internacionales; por ejemplo, se trajo al reconocido cantante de flamenco Diego El Cigala para un homenaje cultural, y se fortalecieron festivales como el Quitofest (música alternativa) y el Festival de la Luz. Estos esfuerzos apuntan a reactivar la cultura urbana y el orgullo capitalino, tras años en que la pandemia y la inestabilidad política opacaron las celebraciones.

Además, impulsaron eventos culturales como la Feria Internacional del Libro de Quito (FILQ) y la Fiesta Escénica de Quito, buscando posicionar a la ciudad como un epicentro cultural. La FILQ 2024, organizada por la Secretaría de Cultura del Municipio, contó con más de 300 actividades y una asistencia de aproximadamente 60,000 personas.

Sin embargo…

La gestión cultural ha enfrentado críticas por la falta de planificación y transparencia en la asignación de recursos. Por ejemplo, la FILQ 2024 fue objeto de cuestionamientos debido a denuncias de nepotismo y amiguismo en la selección de invitados y curaduría del evento. Escritores como Edwin Madrid señalaron que la feria parecía estar organizada por una camarilla que se aprovecha de su realización.

Además, se ha señalado la ausencia de una política pública clara de fomento a la lectura y la falta de inclusión de sectores como el sur de Quito y las zonas rurales en las actividades culturales. Críticos argumentan que, a pesar de la alta asistencia, la feria no logró democratizar el acceso a la lectura ni fortalecer una red de bibliotecas municipales.

Bajo Muñoz también se ha buscado democratizar la cultura llevando eventos a distintos sectores.

Se han organizado ferias, festivales de cine al aire libre, festividades barriales y apoyado iniciativas como “Quito, Capital del Orgullo” (festival LGBTI) y otros encuentros interculturales, alineados con el eje de ciudad intercultural del Acuerdo Quito 2034 firmado por esta Alcaldía.

Artistas locales han recibido espacios en la programación municipal y algunos fondos concursables se reactivaron tras años de recortes. No obstante, hay críticas de que la inversión en cultura sigue siendo baja en términos presupuestarios, y de que proyectos como nuevas casas de la cultura o museos no han avanzado.

También generó debate la decisión de eliminar la icónica “Tribuna de los Shyris” (estructura usada históricamente para desfiles), reemplazándola por el bulevar; algunos historiadores y vecinos cuestionaron la falta de consulta sobre ese cambio urbano. A pesar de ello, Muñoz parece haber logrado mantener un equilibrio entre promover actividades culturales masivas y respetar la diversidad de expresiones, sin mayores conflictos con la comunidad artística salvo el episodio mencionado.

Comunicación y transparencia: luces y sombras en la relación con la ciudadanía

La comunicación institucional de la Alcaldía de Quito ha sido activa pero percibida como insuficiente en ciertos momentos clave. Pabel Muñoz instauró un estilo de contacto frecuente con la ciudadanía a través de informes semanales (transmitidos por redes sociales y medios municipales), donde presenta las obras entregadas y las acciones emprendidas.

Muñoz ha apostado por una estrategia comunicacional centrada en la promoción de sus logros, utilizando eslóganes como “Quito renace” y “La ciudad más linda del mundo”. Eventos como “Quito, 2 años de obras” han sido ampliamente difundidos en medios oficiales y redes sociales, buscando reforzar la imagen de una gestión eficiente y cercana a la ciudadanía.

Sin embargo…

Esta estrategia ha enfrentado críticas por parte de diversos sectores que cuestionan la transparencia y el enfoque de la comunicación institucional. El evento «Pacto Quito», por ejemplo, fue objeto de señalamientos debido a la falta de claridad en su propósito y a la percepción de que se trató más de una actividad propagandística que de un espacio de diálogo ciudadano. Además, se ha señalado que la cobertura de estos eventos en medios municipales ha sido unilateral, sin incluir voces críticas o disidentes.

Expertos en comunicación política han advertido sobre los riesgos de una estrategia centrada exclusivamente en la promoción de logros, sin espacio para la autocrítica o el debate público. Según el analista Juan Pérez, “una comunicación institucional efectiva debe ser bidireccional, permitiendo la retroalimentación ciudadana y abordando tanto los aciertos como los desafíos de la gestión”.

Por otro lado, el Municipio ha potenciado la plataforma Quito Informa

Esta plataforma está para difundir noticias positivas de la gestión, con un tono muy proactivo. De hecho, gran parte de la población conoce las cifras de “obras por día” y otros logros a través de estos boletines oficiales. Sin embargo, analistas apuntan a una falta de comunicación más transparente y bidireccional en temas sensibles. Por ejemplo, cuando se produjeron fallas en el recién inaugurado Metro (demoras, adaptación al sistema de apertura manual de puertas, largas filas en horas pico), la Alcaldía tardó en reconocer los inconvenientes públicamente y explicar las soluciones.

Situaciones similares ocurrieron con el problema de la basura: la administración se centró en atacar políticamente a gestiones pasadas por el contrato deficiente, pero fue menos ágil en informar a la gente qué se estaba haciendo de inmediato para recoger los desechos acumulados en las calles.

En términos de transparencia…

si bien no ha estallado ningún escándalo grave de corrupción imputable a Muñoz, sí hay cuestionamientos sobre ciertos procesos. La contratación de los trolebuses vía UNOPS, ya comentada, fue percibida por concejales opositores como una forma de evadir la licitación pública nacional. La Contraloría General del Estado sancionó al alcalde en 2024 por una infracción electoral considerada grave (realizar supuesta campaña política con recursos municipales), lo que fue un revés en la imagen de su administración.

Aunque Muñoz acató la sanción y la situación no escaló a su destitución, este hecho alimentó el discurso de sus detractores, que lo acusan de usar la Alcaldía con fines proselitistas. Organizaciones de control ciudadano han pedido más rendición de cuentas: por ejemplo, la Fundación Ciudadanía y Desarrollo sugirió fortalecer la difusión de datos abiertos sobre contratos y presupuesto para despejar dudas y mejorar la confianza.

Pabel Muñoz enfrenta un desafío político comunicacional singular

Un sector de la ciudadanía está impulsando un proceso de revocatoria de mandato en su contra. Este esfuerzo, liderado por el activista Néstor Marroquín, surgió a fines de 2023 y ha cobrado fuerza durante 2024. Para octubre de 2025 los promotores esperan reunir las 206.000 firmas necesarias para llamar a las urnas.

¿Las razones? Oficialmente argumentan incumplimiento de funciones (se lo acusa de hacer proselitismo político), pero en el fondo es un voto de desaprobación a su gestión. “El descontento es evidente: falta capacidad de administración, obras mal hechas y contratos cuestionables”, resume Marroquín, el líder de la revocatoria.

Esta iniciativa, inédita en Quito en décadas recientes, refleja que Muñoz no ha logrado comunicar ni convencer a una parte importante de la ciudadanía sobre el rumbo de la ciudad. Sus seguidores, sin embargo, han salido a respaldarlo; el 3 de junio de 2025, cientos marcharon por la Amazonas proclamando “Quito tiene alcalde” y acusando a grupos de poder de querer desestabilizar.

La celebración

Muñoz, en ese acto, cuya organización y ejecución costó aproximadamente 30 mil dólares, enfatizó que entregará 3.000 obras al final de su administración y desafió a sus opositores diciendo “que lloren los que no quieren ver a Quito grande, porque seguiremos haciendo obra”. Este pulso retórico muestra a un alcalde confiado en sus realizaciones, pero que quizás no ha tendido suficientes puentes de diálogo con los sectores críticos.

Incluso desde aliados se le recomienda ajustar su comunicación. Concejales cercanos han sugerido “refrescar el equipo” de la Alcaldía y mejorar el diálogo con la ciudadanía y la rendición de cuentas. La idea es que, más allá de publicitar lo hecho, Muñoz debe escuchar activamente las necesidades no satisfechas y reconocer errores para recuperar credibilidad. Su reciente admisión de que debió haber visibilizado más el desastre institucional que heredó es un paso en esa dirección.

El reto a futuro será proyectar una segunda mitad de mandato enfocada en resultados por encima de discursos, como apuntó un análisis de Primicias. En palabras de Espinel, “cambiar de alcalde a mitad del camino solo generaría una administración interina sin margen para corregir el rumbo”, por lo que el destino de Quito depende de que Muñoz logre corregir las falencias y reconquistar la confianza ciudadana.

Un balance crítico y la hoja de ruta hacia 2025

Tras dos años, el balance de la gestión de Pabel Muñoz en Quito es mixto. Por un lado, hay avances tangibles: la ciudad cuenta por fin con un Metro operativo, flota eléctrica nueva, vías y parques remozados, más apoyo a la Policía, y programas sociales fortalecidos. Se ha recuperado en algo la estabilidad municipal que tanto faltó en años anteriores, con un presupuesto ejecutado del 82% en 2024 (frente a 75% en 2023), indicador de mayor eficacia administrativa. Muñoz ha demostrado capacidad para ejecutar obra pública a ritmo acelerado y para concebir planes de largo plazo como el Acuerdo Quito 2034, que fija ejes estratégicos en combate a la pobreza, seguridad y sostenibilidad ambiental.

Por otro lado…

Persisten deudas importantes. La falta de planificación integral se evidencia en movilidad (sin integración de transportes, proyectos viales rezagados), en desarrollo urbano (crecimiento de suburbios no atendido) y en vivienda (poco avance en soluciones habitacionales). La gestión ha estado marcada por una excesiva confianza en la propaganda de “obras diarias”, descuidando a veces la calidad y pertinencia de esas obras –como lo demuestran casos como el bulevar Shyris en mal estado a semanas de inaugurado.

En cuanto a transparencia, si bien no hay acusaciones directas de corrupción contra el alcalde, la sombra de posibles sobreprecios y manejos poco ortodoxos en contrataciones (trolebuses, entre otros) ha generado ruido y merece ser aclarada a plenitud. La comunicación municipal, muy efectiva para publicitar logros, pero deficiente en otros aspectos importantes de transparencia ciudadana, debe ahora enfocarse en rendir cuentas claras y en involucrar más a la ciudadanía en las decisiones, para disipar esa percepción de distancia que alimenta iniciativas como la revocatoria.

En resumen, Pabel Muñoz llega a la mitad de su mandato con luces y sombras. Ha tenido aciertos en estabilizar y reactivar Quito tras el desgobierno previo, pero también desaciertos en prometer más de lo cumplido y en subestimar la frustración ciudadana en ciertos temas. Los próximos dos años serán definitivos: o consolida los 3.000 “abrazos de esperanza” –como él llama a sus obras– con verdaderos cambios estructurales, o el desencanto podría opacar sus logros y dar paso a otro periodo de incertidumbre política en la capital.

En palabras del propio Muñoz: “me entrego cotidianamente para trabajar por ustedes, para que mejore la calidad de vida de todos los quiteños”. La ciudadanía estará vigilante de que ese compromiso se traduzca en resultados palpables, más allá de los anuncios, en un Quito que exige eficacia, honestidad y visión de futuro.

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«En la Escuela de la Policía Nacional, se realizó la presentación de los 288 servidores que brindarán seguridad a los binomios presidenciales (calificados en firme) de las Elecciones 2025 y que los acompañarán de manera inmediata. Las cápsulas estarán equipadas con chalecos antibalas, radio comunicaciones, vehículos y armamento. La articulación interinstitucional fortalece los comicios», escribió la autoridad en una publicación.

Seguridad en las elecciones

La protección será para los binomios que estén calificados en firme para los comicios. La seguridad es un aspecto importante en estas elecciones tras lo que sucedió en agosto de 2023 con el candidato Fernando Villavicencio al que asesinaron en un mitin político.

A ello se suma, un ataque contra el vehículo del candidato presidencial por Centro Democrático, Jimmy Jairala, en el que se movilizaban su hijo y unos amigos dejando como herido al chofer que les prestaba seguridad. La policía todavía investiga los móviles del hecho. La ministra del Interior, Mónica Palencia, dijo que se trataría de un intento de robo, declaraciones que Jairala refutó.

«Sigo sin entender por qué “concluyen” que el ataque armado contra el vehículo en el que viajaba mi hijo fue porque el custodio “trató de evitar un robo…”. NO fue eso lo que pasó. Las investigaciones deberán determinar cuál fue el móvil, cuál fue la intención de los agresores. Tomar como referencia lo que un familiar del custodio dijo haber escuchado del herido parece más una intención de minimizar el hecho», escribió. (MIB)

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«He tomado la dolorosa decisión de salir de mi país, Ecuador y no me voy deportada, me voy antes, de forma legal porque no seré parte del show que está haciendo el gobierno. No seré parte de la cortina de humo que están montando para tapar su incompetencia y la violencia contra el pueblo», dijo en un vídeo.

La periodista agregó que la quieren silenciar y que su integridad física, emocional y mental están en riesgo. «Mi vida corre peligro por un abusivo del poder. Por recomendación de gente muy cercana y personas que conocen bien al presidente y quienes están en el gobierno me piden que me ponga a buen recaudo porque no parará».

¿A dónde va Alondra?

El abogado de Santiago, Carlos Soria, dio más detalles respecto a su salida del país, sin embargo, no mencionó el lugar a dónde irá. «Alondra ha tenido que abandonar el país por una invitación a un foro y lógicamente cuando ella me comentó sobre esta posibilidad, le dije que no hay ningún problema en salir del país. A través de las acciones que nosotros estamos tomando a nivel jurisdiccional y más a nivel administrativo porque hemos apelado a la decisión del Ministerio, pues es mejor que ella se ponga a buen recaudo. No solo está en juego su estatus migratorio, está en juego su seguridad propia y de su familia».

El regreso de Alondra está en manos de la jueza que conocerá la causa que interpuso su defensa. Existen dos acciones de protección para revisar la revocatoria de la visa: una en la Corte Constitucional y otra en la justicia ordinaria en contra de la Cancillería. La jueza Sandra Yanchatipan, de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito. (MIB)

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¿Abuso de poder o poder en abuso? No cabe duda de que el presidente Daniel Noboa, cada vez que puede (porque ha demostrado que puede), hace conocer sobre los alcances que tiene el Ejecutivo sobre los tentáculos de los otros poderes, pasando por encima de lo que la misma Constitución dicta para un Estado de Derecho. Esta vez la periodista de nacionalidad cubana, Alondra Santiago Rodríguez, fue alcanzada por otro argumento carente de validez jurídica y la racionalidad que últimamente determinan acciones, hasta penales, sobre algunos ciudadanos. En horas de la mañana de este martes 25 de junio, la periodista dio a conocer en sus redes sociales la notificación de revocatoria a su visa remitida por la Cancillería ecuatoriana. Varias han sido las reacciones que profundizan aún más la politización de un tema, o situación, que le incomoda al gobierno del “Nuevo Ecuador”.

La Resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana determinó que Santiago “ha cometido actos que atentan contra la seguridad pública y estructura del Estado”, luego de que el 12 de junio de 2024 la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la entidad emitiera un criterio en favor de un proyecto de Revocatoria de Visa de Residencia Permanente; solicitud de la que se desconoce procedencia y argumentos legales ante la luz pública. Lo cierto es que, una vez más, el presiente Noboa ha usado los poderes del Estado para sacar del camino a quienes le incomodan o, como lo ha dicho en otras ocasiones, van en contra de su línea de gobierno.

El concepto de inseguridad, para el primer mandatario, parece no estar del todo claro o puede estar claro que es la pieza comunicacional clave en su estrategia de crear enemigos internos que marquen la agenda política y mediática en el país. Asimismo, las seguridades jurídicas, la soberanía y las garantías constitucionales tampoco están bien definidas para su neonato gabinete que más que hacer política pública está bastante ocupado en saciar los caprichos presidenciales y mantenerse en el poder, algo que parece no haber cumplido su exministra de Energía, Andrea Arrobo.

Si bien la banda presidencial tiene inscrito el lema “Mi Poder en la Constitución”, no significa que el primer mandatario pueda, éticamente, usar deliberada e interpretativamente lo que dicta la Carta Magna en un Estado de Derecho para atropellar derechos. Y es que, hoy, el tema sobre Alondra Santiago va más allá del supuesto irrespeto al Himno Nacional, incluso, más allá de la libertad de expresión. Pues, paradójicamente, a Santiago no se le acusa de hacer periodismo, se le acusa de “activismo” en favor de la línea ideológica contraria a su corto gobierno. Situación que la opinión pública no ha dejado de comparar con los casos de su vicepresidenta Verónica Abad y de su exesposa Gabriela Goldbaum.

Sin embargo, y para sorpresa de pocos, lejos de que esto pueda ser una clara violencia de género, para su trasnochado electorado, atentar a la democracia ya no es la falta de cumplimiento a un plan de gobierno ni la escaza gestión estatal o la insistencia renuente de implementar políticas neoliberales, sino que una periodista hable o que una ministra desobedezca, una vicepresidenta se defienda y que una madre proteja a su hija. Lo peor, para una sociedad fragmentada, es que este tipo de vulneraciones son legitimadas por ciertos actores que hacen catarsis de su odio, discriminación y polarización ideológica a través de acciones que rebasan la delgada línea entre gobernar y abusar del efímero poder.

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Infobae tuvo acceso a la denuncia colocada en la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón. Según el documento, Noboa «ha ordenado de manera deliberada, cruel, e irresponsable, a la Casa Militar, dejar a su hija, en un absoluto estado de abandono, indefensión y vulnerabilidad, disponiendo que se le retire la custodia militar. (…) En otras palabras, el Presidente ha ordenado dejar sin seguridad a su propia hija».

En el decreto ejecutivo 90 que firmó el presidente el pasado diciembre de 2023 se especifica que la seguridad se otorgará a su cónyuge y familiares. La preocupación de Goldbaum se debe al recrudecimiento de la violencia desde enero de 2024 que pondría a su hija en una situación de vulnerabilidad.

Según la denuncia, Goldbaum envió comunicados respecto a esta situación a la ministra del Interior, Mónica Palencia el 17 de mayo y de Defensa, Gian Carlo Loffredo el 26 de mayo. Para el 31 de mayo ingresó una carta en el Ministerio de Defensa y no obtuvo ninguna respuesta. Añadió que envió comunicaciones a Noboa el 11 y 13 de junio. (MIB)

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¿Ustedes cuándo vienen de su casa para acá ven a algún policía patrullando?, pregunta el burgomaestre a los periodistas que responden con una negación. «Son 45 policías divididos por tres turnos, es decir 15 policías en una población de 100.000 habitantes más población flotante que están llegando a unos 15.000. Es decir que a 115.000 personas los cuidan 15 policías en cada turno», agregó el funcionario.

Yúnez indicó que Samborondón generó de USD 2 a 3 millones como extra de IVA en el primer mes de aumento al 15%. «¿Sabe cuánto de eso ha regresado para seguridad? Cero».

En Durán

En su cuenta de X, el alcalde Luis Chonillo hizo mención de las declaraciones que dio al New Yorker sobre la seguridad en el cantón y a nivel nacional. «Los Estados de excepción reiterados no van a dar salidas reales a la crisis de inseguridad, pues deben ir acompañados de una firme lucha contra la pobreza y la desigualdad, con inversión social y el destino de recursos para todas las ciudades».

También indicó que no hay excusas para que las fuerzas del orden no intervengan en esas ciudades. «Como Alcalde de Durán recomiendo operaciones multimodales e interagenciales para enfrentar al crimen organizado. Que se hagan valer las 9 preguntas de la Consulta Popular. Se necesita voluntad política. Así como lo hicieron con Manta, pero de manera técnica, estratégica y sostenida, porque la criminalidad se desplaza, y al mismo tiempo se fortalece si no se golpean sus puntos neurálgicos».

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En la celda, que Macías describió irónicamente como una “suite”, había dos losas de concreto, apiladas como literas; uno sostenía un colchón sucio. También había un inodoro y un lavabo. Macías explicó que los presos no salían de sus celdas ni siquiera para comer.

El periodista se reunió con Marta Macías, la nueva directora de la prisión, quien le hizo un recorrido. Los privados de libertad (PPL) están encerrados en sus celdas durante las 23 horas y media del día con media hora de recreación en el patio de concreto. Están prohibidas todas las visitas externas, algo que los reos pidieron a Lee Anderson se haga público.

En el pabellón hacía calor y el aire era quieto y fétido. Después de unos minutos, los prisioneros comenzaron a gritar desde el piso de arriba. Uno gritó: “¡Ayúdanos a recuperar nuestras visitas familiares!” Otro, quejándose del constante encierro, gritó: “¡Esto no es El Salvador!”

El artículo reconoce que las cárceles del país no están al alcance de los periodistas y los cuestionamientos que organizaciones como Human Rights Watch realizó sobre el control de los centros en el estado de excepción. «Restricciones en el suministro de alimentos, medicinas y otros servicios básicos, casos de golpizas, uso de gases lacrimógenos, descargas eléctricas, violencia sexual y muertes a manos de de soldados».

Tampoco hay la comida suficiente para los PPL, Macías pidió transmitir al presidente las carencias y preocupaciones, pero el artículo indica que aunque Noboa escuchó no parecía comprensivo. » «Las condiciones podrían ser mucho peores».

Problemas en Durán

En las ultimas semanas, Manabí se convirtió en el foco duro de la violencia en el país. Tanto que las instituciones del bloque de seguridad se trasladaron hacia Manta para controlar la inseguridad, sin embargo puntos como Durán sufren el azote de las bandas criminales.

Luis Chonillo, alcalde de ese cantón del Guayas, le brindó declaraciones a Lee Anderson contando su situación actual. Desde el ataque que sufrió en la primera semana de labores, no pasa en su despacho en la alcaldía y tiene que atender sus reuniones por zoom.

Conocí a Chonillo en la trastienda de un edificio público en Guayaquil. Entró acompañado de guardias, vestido con un chaleco antibalas y un casco. La violencia en Durán se había vuelto espantosa, dijo, con decapitaciones y cuerpos colgados de pasos elevados. “Trato de superar mi miedo todos los días”, me dijo.

Para Chonillo, el trabajo en el aspecto social y económico es imprescindible si se quieren sacar a los cantones de la violencia. «Lo que está pasando aquí ahora es algo así”, dijo Chonillo. “Los estados de sitio suelen funcionar al principio. Pero sin continuidad estas políticas no funcionan”. (MIB)

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«Estamos limpiando lo que embarraron los del pasado (…) a pesar de la deuda y del sabotaje», dijo el mandatario en su discurso.

A las 11h00 el Pleno de la Asamblea Nacional recibió al jefe de Estado, quien caminó al Palacio Legislativo junto a una multitud de simpatizantes con figuras de cartón. En su intervención, Noboa subrayó la intensificación de la lucha contra la inseguridad desde el 9 de enero de 2024, tras decretar el estado de excepción y designar un conflicto armado interno.

Seguridad: Operativos y Resultados

El mandatario informó que, desde el inicio de su mandato, se han ejecutado 126.251 operativos y 151 intervenciones en cárceles. Según el video presentado, hubo una reducción del 27 % en muertes violentas, se incautaron 129 toneladas de droga, se decomisaron 4.645 armas y 283.612 municiones.

Sin embargo, ni el presidente ni el video oficial mencionaron los 1.876 homicidios intencionales registrados en 2024, es decir, alrededor de 16 asesinatos diarios.

Empleo y Economía: Contrastes y Desafíos

El presidente resaltó la creación de 105 mil plazas de empleo joven, pero según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el empleo pleno disminuyó y el subempleo y el empleo no remunerado aumentó.

Además, el Gobierno enfrenta crecientes obligaciones financieras y una deuda pública que sigue en aumento. Hasta abril del 2024 la cifra era de USD 78.424 millones en pagos pendientes.

La seguridad

Anteriormente, la ministra del Interior, Mónica Palencia, declaró una reducción del 99 % en la delincuencia. No obstante, rectificó la información y aclaró que las muertes violentas disminuyeron en un 28%, una variación abismal.

Respecto a la ejecución presupuestaria, entre enero y abril de 2024 se ejecutó el 25,6% del presupuesto general del Estado, en contraste con el 28,9% del 2023. Los atrasos en pagos alcanzaron los USD 1.586 millones, afectando a proveedores, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y los gobiernos seccionales.

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«El 9 de enero de 2024 recibimos con preocupación el anuncio por parte de su gobierno sobre la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, una afirmación que parece carecer de sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos», dice el inicio de la misiva.

¿Existe conflicto armado interno?

La organización se pregunta si existe realmente un conflicto armado interno en Ecuador. Indican que esta denominación no debe venir de la denominación que haga el gobierno o un presidente sino que debe sustentarse en pruebas con base en los criterios establecidos en el derecho internacional. En este sentido un conflicto a la interna de un país es «la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos». Tiene dos características: 1) cierto nivel de organización de los grupos armados. 2) cierto nivel de intensidad de las hostilidades.

Con el «conflicto armado interno» viene la ampliación del uso de la fuerza, un arma de doble filo cuando no existe el contexto debido. «La decisión de permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de combate con arreglo al derecho internacional humanitario, aun cuando no se han cumplido objetivamente los criterios para tal decisión, abre la puerta a violaciones de derechos humanos».

 «Su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, la Corte Constitucional ha determinado que su gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”, le dice HRW a Noboa.

Medidas de seguridad

La misiva recalca que si bien el número de muertes violentas disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. El aumento de casos de extorsión, secuestro y el asesinato de asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión indican que todavía existe una grave situación de inseguridad.

El sistema de justicia deja mucho que desear, ya que de los 9.000 detenidos a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito. «Aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz».

Recomendaciones al respecto

De manera que para tener políticas de seguridad efectivas es necesario fortalecer el sistema de justicia. La organización recomienda:

• Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.

• Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.

• Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.

• Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.

• Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.

• Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

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«No hay suficientes recursos para dar respuesta a todas las peticiones de protección que tenemos», dijo la titular de la cartera de Estado durante la presentación de un programa de gobernanza local y seguridad ciudadana en Guayaquil.

Palencia enfatizó que, en el último fin de semana existió el registro de 31 muertes violentas en el país, sin embargo, señaló que solo esta cifra no implica »una contención fallida por parte del gobierno.

La falta de recursos económicos sería otro de los retos que estaría enfrentando el gobierno, pues la funcionaria resaltó que no pueden cumplir con las peticiones protección a los alcaldes por la falta de vehículos blindados. La ministra indicó que con el aumento del IVA al 15 % esperan recaudar USD 1.900 millones para la compra de insumos en materia de seguridad.

Acaba el estado de excepción

La extensión del estado de excepción decretado por el presidente Daniel Noboa concluirá el próximo 8 de abril sin oportunidad de una nueva prórroga. de acuerdo a lo establecido por la Constitución.

Por su parte, Palencia manifestó que en los últimos años el país se ha sumido en una profunda violencia hasta el punto de »normalizarla» y que ya no formaría parte de una excepcionalidad. No obstante, el gobierno aplicará otros mecanismos para precautelar la seguridad.

“Hay otras formas de resolver los temas, de continuar bajo otro marco jurídico con presencia de los militares en las calles, en las cárceles, en donde sean necesarios, pero ustedes lo conocerán una vez que el presidente firme el decreto correspondiente”, detalló Palencia. (AGM).

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Entre 1775 y 1783, las Trece Colonias de América del Norte libraron una guerra con Gran Bretaña para obtener la independencia, que fue anticipada con la Declaración del 4 de julio de 1776. Una vez obtenida, los Estados Unidos pasaron a edificar un Estado federal, con gobierno republicano, presidencial, democrático y constitucional. Alexis de Tocqueville (1805-1859), pensador liberal francés, escribió dos tomos con el título “La Democracia en América”, destacando el auge de ese país, bajo un pionero enfoque histórico y sociológico, que se adentró en las bases sociales de la que consideró una admirable nación.
 
Hasta inicios del siglo XX, los EE.UU. se condujeron bajo la diplomacia del aislamiento frente a la conflictiva Europa y de proteccionismo en lo económico, al considerar que el libre comercio no convenía para lograr el desarrollo industrial del país. Pero, con la proclamación de la Doctrina Monroe (“América para los americanos”) en 1823, destinada a frenar cualquier intento neocolonialista de Europa sobre el continente, los EE.UU. aseguraron un creciente intervencionismo sobre América Latina y el Caribe. Simón Bolívar (1783-1830) advirtió, con una clarividencia impresionante, ese expansionismo. Confió que la República de Colombia (1819) podía contrarrestarlo y conducir a la integración de toda la región hispanoamericana, apartando a los EE.UU. En carta del 5 de agosto de 1829 dirigida desde Guayaquil escribió al coronel Patricio Campbell: “Los Estados Unidos parecen destinados por la Providencia a plagar la América de miserias, en nombre de la libertad”.
 
Si se estudia las relaciones entre EE.UU. y América Latina durante el siglo XIX puede dimensionarse el sentido profético que adquirieron esas palabras. Los intervencionismos y las acciones expansivas fueron experimentadas directamente por los países centroamericanos y en el Caribe particularmente por Cuba. Ese historial condujo al presidente y caudillo liberal ecuatoriano Eloy Alfaro (1842-1912), a convocar un Congreso Internacional Americano que se reunió en México el 10 de agosto de 1896, a pesar del boicot de los EE.UU. Pero eso no impidió que los ocho países asistentes aprobaran una contundente Declaración, que respaldó la lucha independentista de Cuba, el reclamo de Venezuela sobre la Guayana Esequiva y, ante todo, postuló la necesidad de sujetar la Doctrina Monroe a un derecho público internacional, que debían acordar todas las repúblicas americanas.
 
Durante el siglo XX los EE.UU., en plena expansión imperialista, abandonaron su antiguo aislacionismo, se convirtieron en el primer país en concentrar las relaciones económicas con América Latina, desplazando a Europa y sus numerosos intervencionismos a escala mundial tuvieron el propósito de garantizar tanto sus intereses geoestratégicos de hegemonía como los de sus empresas e inversionistas. El americanismo monroísta se reimpuso con la II Guerra Mundial (1939-1945). Ecuador fue víctima de esa situación, porque fue forzado a suscribir el Protocolo de Río de Janeiro (1942) derivado de la guerra con Perú, ante la proclamada unidad continental contra el Eje nazi-fascista. De ello dejó testimonio en su libro el canciller Julio Tobar Donoso. Atrás del telón también estuvo la disputa petrolera entre compañías británicas y norteamericanas en la Amazonía ecuatoriano-peruana, que destacó un libro de Manuel Medina Castro. La Guerra Fría, destinada a frenar cualquier avance del “comunismo” en el mundo, arrastró a Latinoamérica a raíz de la Revolución Cubana (1959). La cruel e inhumana repercusión en América Latina ha quedado para la historia en todos los países en los que se instaló la doctrina de la “Seguridad Nacional” y la persecución a toda izquierda, así como en los regímenes militares terroristas del Cono Sur en la década de 1970.
 
Tras el derrumbe del socialismo de tipo soviético y el “fin” de la Guerra Fría, en lo que va del siglo XXI los EE.UU. han pasado a otro tipo de confrontación internacional con China, Rusia y los BRICS. El ascenso de esos países ha determinado un nuevo mundo multipolar y multicentral, continuamente analizado por el Grupo de Trabajo de CLACSO “China y el mapa del poder mundial” (https://t.ly/jNkWZ). Al mismo tiempo, en los EE.UU. se delinean geoestrategias que no se agotan en el campo de la “cooperación” con las fuerzas armadas, sino que tienen múltiples mecanismos de acción en economía, política, educación, cultura, propaganda, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil, cuyo fin es impedir la pérdida del hegemonismo monroísta.
 
Ante este panorama, los gobiernos de América Latina no deberían dejar de considerar las enseñanzas de la historia. Pero eso es casi imposible de obtener cuando hay gobiernos identificados con aquellas derechas y burguesías beneficiarias del modelo neoliberal, el libertario o que logran el poder con presidentes empresarios. Son élites culturalmente cautivadas por el “American way of life” y por los viajes, estudios, departamentos, inversiones, compras o negocios que realizan en EE.UU. y que entrarían en riesgo si asumieran posiciones tajantemente patrióticas. De modo que la experiencia histórica de la región conoce que en esos casos prima la subordinación a la “diplomacia del dólar” y la incapacidad para advertir las variadas formas en que pueden ser afectadas la soberanía y la dignidad de sus propias naciones.
 
La historia apunta ahora a Ecuador. Al descalabro institucional con Estado reducido, heredado del gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), se ha unido la explosión de los “holdings” de la narco-delincuencia con el de Guillermo Lasso (2021-2023) (https://t.ly/Ivrzw), quien, además, ha dejado un lesivo acuerdo de cooperación militar con los EE.UU. (https://t.ly/wtDfo), que actualiza y moderniza las líneas del antiguo TIAR (https://fb.watch/pwfDJ_f8ej/). Es cierto que el país no puede librar un combate aislado. Varios gobiernos han expresado su deseo de colaboración. Pero más fuerza han tenido los EE.UU., interesados en cubrir con sus estrategias de seguridad nacional a todo el continente, como en reiteradas intervenciones lo proclamó la general Laura Richardson (https://t.ly/v8A_v), comandante del Comando Sur, miembro de la delegación que llegó hace pocos días a Ecuador y que ha ofrecido un “plan de cinco años” para la seguridad en este país (https://t.ly/s-5uH). La Corte Constitucional emitió un cuestionado dictamen que, al mismo tiempo que evita el paso del acuerdo por la Asamblea Nacional, deja en manos del presidente Daniel Noboa la última responsabilidad. El acuerdo militar incluye disposiciones inconvenientes, ajenas a la materia central, que libra al personal civil o militar norteamericano del fuero legal ecuatoriano, dentro del territorio nacional (https://t.ly/f8ifS), como bien lo han observado desde el exterior (https://shorturl.at/cALX5).
 
El problema rebasa lo estrictamente legal y jurídico. Tiene que ver con la confrontación entre latinoamericanismo y monroísmo, con el juego de fuerzas en las geoestrategias mundiales y, sin duda, con los cálculos políticos al interior de Ecuador. Todo ello no impide subrayar que, en lugar de subordinar la cooperación extranjera a los intereses nacionales, el acuerdo que suscribió Lasso implica hacerlo al revés. Por eso en Ecuador se pregunta ¿qué hará, finalmente, el presidente Daniel Noboa?

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«Estamos preparados. Se han tomado las medidas del caso. Los rectores están fortaleciendo el espacio de retorno. Se ha pedido a los padres de familia que acompañan a sus hijos que están más alertas con los chicos. Estamos listos para empezar cuando el Ministerio de Educación así lo determine y en los colegios qye se designen», dijo la secretaría a La Calle.

La autoridad explicó que se han creado protocolos de seguridad para el retorno a la presencialidad. Se van a reunir con la secretaría de Seguridad, de Salud, el Ministerio de Educación y con la Fiscalía General del Estado para saber desde todos los ámbitos cuál va ser el plan.

«Tenemos protocolo en caso de extorsión, amenaza de bomba. Los guardias no dejarán entrar a nadie si no presentan sus documentos de identidad y se identifican como padres de familia o personas relacionadas a la institución».

Mira toda la entrevista aquí:

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»En el gobierno del presidente Lasso se hizo con fuerza todo lo que se está haciendo ahora, sin duda se lo hizo (…) ¿Es suficiente? no lo es», dijo en entrevista para Ecuavisa.

Resaltó que a pesar de que el exmandatario dictó una veintena de estados de excepción, el nivel de violencia no se redujo. En este sentido, señaló que el gobierno no debe buscar únicamente soluciones reactivas, sino dar una salida a los problemas estructurales del Estado.

Agregó que la fuerza de la estrategia es la inteligencia, lo cual implica fortalecer la capacidad tecnológica. No obstante, señaló que en el gobierno de Lasso se planificó el levantamiento de un centro de mando de inteligencia criminal, sin embargo, el proceso nunca se concretó.

La administración del gobierno de Guillermo Lasso entregó al país una tasa de aproximadamente 44,9 asesinatos por cada 100.000 habitantes, la peor cifra de la historia.

De igual manera, la crisis carcelaria se acentuó durante su período presidencial. Durante el gobierno de Lenín Moreno hubo un registro de 79 víctimas mortales en los centros penitenciarios, sin embargo, cuando Lasso estuvo al mando se reportaron 387 asesinatos. (AGM).

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“Proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, exclusivamente en territorio nacional, por el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la finalización de su mandato. Culminado dicho plazo, la protección y seguridad referidas terminarán automáticamente”, dice el documento.

El pasado 13 de noviembre de 2923 se publicó en el registro oficial, donde la protección para expresidentes y sus cónyuges era de mínimo dos años tanto en el territorio ecuatoriano como en el exterior. Para el exvicepresidente y sus cónyuges era de mínimo un año. (MIB).

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El decreto establece que la seguridad sea brindada por un periodo de dos años para los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes. El tiempo será contado a partir de la finalización del mandato. Sin embargo, aclara que los plazos podrán alargarse con base en informes de riesgo elaborados por la Casa Militar Presidencial, de ser necesario el caso.

El documento entró en vigencia el martes 7 de noviembre de 2023 y ya fue notificado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Casa Militar Presidencial. La nueva disposición amplía los beneficios que había cambiado para «optimizar el gasto público» en 2021.

Se prevé que Lasso deje Carondelet entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, lo que significa que él, su esposa María Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge tendrán seguridad a costas del erario público hasta 2026.

Amplía beneficios

El 31 de agosto de 2021, Lasso emitió el decreto ejecutivo 179 en el que reformaba la seguridad de los exmandatarios. En ese entonces, había dispuesto que la seguridad sea solo para los expresidentes y exvicepresidentes dentro del Ecuador y solo por un año y seis meses, respectivamente.

La decisión la tomó con el objetivo de «optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado». Según él, era necesaria la reforma al decreto expedido por el expresidente Rafael Correa en 2010 y reformulado en 2013.

Además, el primer cambio de Lasso en 2021 fue que no se proporcione seguridad ni a los familiares del presidente ni vicepresidente, así como tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidente.

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»La Función Ejecutiva presentará a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria anual y la programación presupuestaria cuatrianual durante los primeros noventa días de su gestión y, en los años siguientes, sesenta días antes del inicio del año fiscal respectivo», dicta el artículo 102 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

De acuerdo al calendario del Consejo Nacional Electoral (CNE), el binomio presidencial apenas será posesionado el 15 de noviembre, es decir, la nueva administración gubernamental no alcanzará a presentar su presupuesto anual y tendrá que adaptarse a la planificación prorrogada del mandatario saliente.

¿Hay solución?

Para el abogado constitucionalista, Rafael Oyarte, la situación aún es salvable, sin embargo destacó la importancia de ya tener un delegado que resuelva este problema. La solución estaría en las manos del poder Legislativo.

»Al momento de la posesión el nuevo ministro de Economía podría pedirle a la nueva Asamblea las modificaciones a ese mismo presupuesto. De hecho el mismo presidente de la República puede hacer estos cambios sin autorización de la Asamblea, pero hasta un 35 %», dijo en entrevista para FM Mundo.

Otros sectores urgentes

El silencio de Noboa ante los medios de comunicación deja en el aire diversos cuestionamientos en torno a su planificación de gobierno y a la conformación de su gabinete. Hasta el momento solo ha anunciado cuatro nombres que dirigirán las diferentes carteras de Estado.

En entrevista para Radio La Calle, los analistas políticos Wilson Benavides y Ramiro Aguilar coincidieron en que la seguridad es uno de los ejes urgentes para el país. La figura del director del SNAI, el ministro del Interior y el ministro de Defensa serían claves para resolver la crisis de inseguridad.

»No es lo mismo un gobierno de cuatro años que uno de un año y medio. En esa medida creo que la coyuntura está exigiendo ciertos perfiles y ciertas prioridades», aseveró.

Además, destacó el rol de ministerio de Gobierno en el caso de que se lleve a cabo una consulta popular, pues tendría que estar al frente de una agenda política. Por otro lado, para Aguilar aumentó una ficha importante a la lista: el ministro de Obras Públicas.

» (El gobierno de Guillermo Lasso) deja una estructura pública destruida: carreteras, puentes y escuelas. Básicamente necesitamos vialidad, un país sin carreteras afecta al comercio», expresó.

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La remodelación de la UPC es parte del proyecto que la Secretaría lleva a cabo en Quito con el apoyo de la tasa de seguridad, la inversión pública y privada. Es la número 12 de 108 UPC que se reconstruirán, rehabilitarán o equiparán. Para este trabajo se emplearon USD 10.000, la presencia policial beneficiará a 8.254 vecinos de San Blas.

La secretaria de Seguridad, Carolina Andrade, expresó que hasta diciembre actuarán en esas 108 UPC. «Detrás de la infraestructura están los policías que conversa con la ciudadanía, con los vecinos, conoce el barrio. Eso nos ayuda con la prevención para evitar la propagación de delincuencia», añadió.

A esto se añaden los Comités de Seguridad ciudadana, hay 38 en la zonal Manuela Sáenz, y las alarmas comunitarias. «Es un tema simbólico, pero fundamental la recuperación del espacio público. Buscamos que la policía se encuentre motivada de habitar un espacio signo donde poder brindar ayuda y acciones a la ciudadanía», expresó Andrade.

El Municipio de Quito contribuirá, hasta diciembre, con el 36% de la rehabilitación de las UPC que existen en la capital, es decir, 108 de 302. 45 serán reconstruidas, 23 recibirán mantenimiento y 40 estarán equipadas. En total, se asignaron USD 13 millones al sector seguridad. (MIB)

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«Yo soy un hombre sencillo, una persona del pueblo. He andado todos los años de concejal en las camionetas más viejas del Municipio. Yo tomo las decisiones y si alguien está en contra que pongan el pellejo», señaló para TVR Ecuador.

La autoridad explicó que el contrato ya está en el portal de compras públicas. Se trata de un carro Chevrolet Tahoe de aproximadamente USD 120.000. Sin embargo, el tema de blindaje estaría costando USD 50.000 más y sería realizado en la ciudad de Quito.

Añadió que hasta el momento se movilizaba en el vehículo destinado para su cargo, pero ya tiene 18 años de uso. El último costo de arreglo fue de USD 40.000, por lo que tomó esta medida.

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Además, explicó que el Ministerio no ha desembolsado ni la mitad del presupuesto para el tema de seguridad, porque los procesos de contratación son largos y lentos. Hasta agosto la entidad usó solo el 13 % de todo el presupuesto, que llega a USD 96.3 millones, reportó Primicias.

La culpa es de…

Según Zapata, la culpa no solo recae en la Policía, pues son los jueces quienes dejan libres a varias personas que los uniformados capturan.

Juan Zapata: vamos a tener una Policía potente que esté al nivel de la delincuencia organizada

De la misma manera, sostuvo que los contratistas son los que dejan en stand by (pausa) varios proyectos y compras, porque incumplen los acuerdos a los que se llega. (DCJ)

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