Augusto Verduga, Yadira Saltos, Marisol Párraga y Eduardo Franco Loor deberán pagar 70 salarios básicos unificados, serán destituidos de su cargo y perderán sus derechos políticos por cuatro años. Los consejeros podrán apelar a esta sentencia.

¿Qué dice la ley?

¿Cómo llegó a darse esta sentencia? El numeral 12 del artículo 279 del Código de la Democracia dice que una infracción electoral muy grave es:

Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral

Según la Ley orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, en el artículo 35, numeral 3 se indica que:

Ningún partido o movimiento político, organización social, funcionario público, candidato o ciudadano podrá realizar actos de proselitismo político a favor o en contra de ningún  candidato o candidata a consejera o consejero del Consejo de Participación Ciudadana y  Control Social, lo cual será considerado infracción electoral, conforme la Ley. 

El Consejo Nacional Electoral, se encargará de la promoción de los nombres, trayectoria y   propuestas de cada uno de los candidatos y candidatas, en igualdad de condiciones y  oportunidades. No se podrá recibir ni utilizar financiamiento privado de ningún tipo.  El candidato o candidata que contravenga estas disposiciones será descalificado por el  Consejo Nacional Electoral.

Los denunciantes entregaron como pruebas vídeos de la campaña en las Elecciones Seccionales 2023, donde aparecían los candidatos indicando su nombre y número de casilla acompañados por el expresidente Rafael Correa. Evidencia que el juez calificó como proselitismo político.

¿Qué dicen los implicados?

Para Yadira Saltos, la sentencia es de carácter político y no electoral. «Esta es claramente una sentencia política que no está basada ni en el derecho ni la justicia. Es una lástima que el país constantemente pierda en todos los sentidos. Hemos perdido jueces probos e imparciales», dijo en entrevista con Radio Pichincha.

Añadió que llegaron a las urnas de forma democrática y a servir a la ciudadanía. Sobre la sentencia, indicó que en ese momento, la ley de promoción electoral no tipificaba como proselitismo, las acciones que realizaron en la campaña en las redes sociales.

«No había inconveniente, los colores son universales y el juez lo dice en la sentencia. No había inconveniente de hacer entrevistas ante los medios de comunicación. (…) La sentencia tiene que ver con una sentencia electoral de supuesta utilización en las redes sociales. Esto no se encuentra ni en la ley electoral ni el reglamento para la promoción de consejero/as».

Por su parte, el denunciante Santiago Becdach, actual precandidato al Parlamento Andino por Construye, dijo que fue secretario en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea en el período de Fernando Villavicencio y que lo invitaron después de las elecciones al movimiento Construye.

«Nosotros nos dimos cuenta que como candidatos (al CPCCS) fuimos perjudicados porque una organización política con todo el dinero del mundo y andamiaje comunicacional hizo campaña por estos candidatos y por eso llegaron a tener la votación que tenían, solos no los conocen ni en su casa», expresó en una entrevista con Only Panas.

¿Qué pasará con los consejeros y el concurso de fiscal?

De acuerdo con Saltos, la destitución se da en un momento importante para el país por la designación de la fiscal General. «Es un momento crítico para la institucionalidad del país. Los tiempos están ya por vencer. Este viernes (06 de septiembre) tenemos que aprobar el nuevo reglamento (para la elección de fiscal). (…) Se piensa comprar un software para calificar los méritos del concurso de fiscal, hay temor y no quieren poner un nuevo fiscal, quieren manipular el concurso que demoraría mucho. Va a ser como el concurso de la Defensoría Pública. Quieren dejarlo en blanco y negro para poder elegir a su antojo con esta mayoría que está en el Consejo».

El presidente del CPCCS, Andrés Fantoni, indicó que los consejeros trabajarán con normalidad hasta que el TCE les haga conocer la sentencia y se oficialice. La sesión de este 04 de septiembre se instaló una horas tarde con seis consejeros presentes, entre ellos, Yadira Saltos. El consejero Augusto Verduga no asistió a la sesión. (MIB)

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«En razón de que el señor Christian Pabel Muñoz López, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, mediante escrito de 16 de mayo de 2024, señala que en el sitio web municipal wwwguito.gob.ec se publicó la sentencia emitida dentro del presente proceso; no obstante, no se puede verificar la fecha desde que inició tal publicación, así como hasta la fecha que fue dispuesta, se ordena que el Legitimado Pasivo, a través del departamento técnico correspondiente,remita la certificación del día que inició la publicación en la página web del Municipio de Quito y hasta que fecha se prevé la misma», dice parte de la resolución con respecto a la publicación de las disculpas.

Por otro lado, sobre las disculpas públicas que se ofrecieron en Frecuencia Quiteña, el programa de rendición de cuentas del burgomaestre, se entregó la evidencia en un DVD. «Emito, en este espacio, las disculpas del caso a mis mandantes, pues ustedes son la esencia de mi trabajo y de la representación política que ejerzo, al mismo riempo que dentro del plazo cumplo con lo dispuesto en sa sentencia de la causa 316-2023-TCE, conforme a lo dispuesto por el Tribunal Contencioso Electoral, les ofrezco estas disculpas».

En el tema monetario, el alcalde entregó una copia del comprobante de pago. El TCE, no obstante, pidió la certificación de dicha cancelación. La constancia se comunicará también a la parte que demandó y con ello, finaliza este caso contra el primer personero de la ciudad. (MIB)

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A pesar de ello, Viteri es el magistrado del TCE que tuvo a su cargo el trámite de la denuncia por infracción electoral contra el alcalde de Quito, Pabel Muñoz por parte del consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas y la abogada Mónica Jaramillo. Caso en el que ya dictó sentencia. El alcalde no recibió la destitución, pero sí deberá pagar USD 9.200 de multa y ofrecer disculpas públicas a la ciudadanía.

Sin embargo, en un post de la cuenta X, el burgomaestre mostró su intención de apelar a esta sentencia. «En términos legales corresponde apelar esta injusticia. En términos políticos es una barbaridad. Sienta un precedente nefasto (Si el Presidente Noboa razona a favor de su Consulta Popular, ¿recibirá multa, destitución?) Pero en lo más importante, en términos de mi trabajo por la ciudad: seguiré trabajando, inaugurando obras, recuperando el amor por la ciudad más linda del mundo. Ellos seguirán enfermos de odio, envidia y rencor», escribió.

Su denunciante, el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) Juan Esteban Guarderas, también tuvo unas palabras sobre la decisión de Viteri. «El mayor poder es la ciudadanía. Y la ley. Y a la ciudadanía y a la ley se las deben respetar, señor Pabel Muñoz». (MIB)

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El crimen ocurrió el pasado 10 de agosto de 2022 en la vía Montecristi-Manta. Esa tarde, el comunicador viajaba junto a su hija. En el transcurso fue interceptado por dos sujetos que acabaron con su vida.

Delgado se consolidó en los medios digitales

Delgado, llegó a acumular 20 años de trayectoria profesional y logró consolidarse en los formatos digitales. Fue Creador del canal Ola Manta TV, en Facebook, con el que llegó a generar una comunidad de alrededor de 200.000 seguidores. Pese a la desaparición del periodista, el medio sigue en activo.

El comunicador de 39 años, informaba a la gente de Manta a través de vídeos en vivo. Varias de las historias que documentaba tenían que ver con la cotidianidad de la población, las problemáticas sociales y acontecimientos de última hora que transcurrían en la localidad que habitaba. Así se volvió muy popular entre la ciudadanía.

Su trayectoria de 10 años en Televisión Manabita como reportero le permitió destacarse en el ámbito periodístico. Fue colaborador para canales como Manavisión, Teleamazonas y Oromar.

JR

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Dos sujetos más fueron condenados. Jefferson M., que por cooperación eficaz fue sentenciado a cinco años y 11 meses, y José M. a una pena de ocho años y 11 meses en calidad de cómplice.

La Fiscalía General del Estado (FGE) demostró que los implicados planificaron y ejecutaron el secuestro y posterior muerte de ‘Don Naza’, líder de la captadora ilegal de dinero Big Money.

Según las autoridades, los procesados secuestraron a la víctima con el fin de obtener una alta suma de dinero a cambio de su liberación. De acuerdo al comunicado de prensa, los involucrados tendrían algún tipo de nexo con la banda narcocriminal «Los Lobos».

Así fue el secuestro

Miguel Ángel N. viajó el 12 de abril de 2022 a Latacunga con cuatro personas más. Sus secuestradores tenían pensando capturarlo en esa ciudad, pero la concurrencia de la gente impidió que el delito se consume.

En el viaje de regreso, ‘Don Naza’ y sus acompañantes se hospedaron en un hotel. Dos de sus captores se alojaron en el mismo lugar. Desde allí enviaban información al resto del grupo criminal que pasó la noche en un hotel cercano.

Ya el 13 de abril, ‘Don Naza’ y compañía retornaron a Quito. Sin embargo, en la avenida Simón Bolívar, a la altura del sector El Troje, fueron interceptados por otro vehículo. Hombres encapuchados descendieron y forcejearon con ‘Don Naza’.

Producto del incidente, ‘Don Naza’ recibió un disparo en su pierna izquierda. Con el blanco herido, los antisociales pudieron secuestrarlo y llevarlo a un auto gris, con vidrios polarizados y sin placas.

En el lugar hubo testigos que alertaron al ECU 911 sobre el secuestro.

Muerte

La víctima fue trasladada a una casa de seguridad en el sector de Cutluglagua. De acuerdo a informes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional, le pertenecía a la organización delictiva conocida como “Los Lobos”.

En ese lugar, ‘Don Naza’ murió a causa de una hemorragia aguda por falta de atención médica. Finalmente, sus verdugos arrojaron el cadáver la mañana del 14 de abril, en un camino de tercer orden, en la parroquia de Amaguaña, al suroriente de Quito.

El agente fiscal del caso probó a través de audios y videos de las cámaras de seguridad de diferentes sitios cómo fue secuestrado Miguel Ángel N. Asimismo, existen grabaciones de los todos los involucrados que se hospedaron en los hoteles.

Otra de las pruebas fue el teléfono celular de uno de los secuestradores, que mantenía conversaciones con su pareja sentimental sobre cada detalle del acto delictivo.

Reparación integral

El Tribunal de Garantías Penales dispuso el pago de una reparación integral de USD 20 mil a favor de la familia de ‘Don Naza’. Los dos autores directos deberán cancelar USD 8 mil y el cómplice USD 4 mil.

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En el caso “Diezmos”, Arteaga sería la cuarta exlegisladora sentenciada. Norma Vallejo y la exvicepresidenta María Alejandra Vicuña, ambas exmiembros de Alianza País encabezan la lista. Nivea Vélez, exasambleísta lojana de un movimiento local fue la tercera sentenciada en este caso.

La exlegisladora podría usar el recurso de apelación ya que el fallo es de primera instancia.

Arteaga en el caso Diezmos

Karina Arteaga exigía por sí misma, contribuciones económicas a sus colaboradores con el fin de mantenerlos en sus puestos de trabajo. Los afectados entregaban el dinero a través de depósitos a la cuenta de una tercera persona.

Se presume que la cuenta era de Elizabeth M., exasistente de Arteaga, quién cancelaba las cuotas de un carro, y pagaba las tarjetas de crédito de Arteaga y su esposo. Elizabeth M. fue sentenciada con tres años de cárcel y 12 años sin participación en la política.

El esposo de la exasambleísta, Jhon A., también estaba siendo procesado en el caso. Sin embargo, el juez Walter Macías ratificó su inocencia. (D.C.)

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El órgano judicial también condenó a 10 personas más. Sin embargo, las penas son diferentes. La justicia identificó al excontralor Celi, a su hermanos Esteban Celi y al exgerente de Petroecuador, Pablo Flores, como los líderes de la estructura criminal, por lo que deberán pasar el mismo tiempo tras las rejas.

En cambio, la exasesora de la Gerencia, Natalia C., y el exgerente de Refinación, Daniel O., fueron sentenciados a nueve años y cuatro meses de cárcel en calidad de colaboradores del delito.

Finalmente, en el eslabón más bajo de esta red de corrupción fueron condenados Luis A. B., Esteban C., Álvaro de G., Andrés L., Silvia L., y Ángelo R., a siete años de prisión. SIn embargo, para Martha B., se dictó la pena reducida de seis meses de privación de libertad gracias a la cooperación eficaz.

Caso Las Torres

La Fiscalía sostuvo que la red de corrupción que lideraba Celi estuvo compuesta por un grupo de funcionarios y personas particulares que tenían como fin obtener beneficios económicos, gestionados a cambio del desvanecimiento de glosas y el cumplimiento de pagos de planillas, correspondientes a contratos suscritos entre Petroecuador y la empresa Nolimit, entre 2017 y 2020.

Fiscalía investigó a 11 de funcionarios de la Contraloría, la estatal Petroecuador y la Secretaría de la Presidencia de Lenín Moreno. Todos por presuntamente exigir sobornos a contratistas de Petroecuador y otras empresas con el fin de desvanecer glosas millonarias impuestas por la entidad de control.

El delito habría sucedido en 2019 y las pesquisas iniciaron con el arresto de Raúl de la Torre Prado y Roberto Barrera, en Miami. Posteriormente, fueron apresados el ahora excontralor (s) Pablo Celi, Esteban Celi (hermano) y otros funcionarios.

Los archivos provienen de la asistencia penal enviada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. (N.J.C)

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Proceso legal

El 15 de septiembre de 2020 se formularon los cargos hacia el alcalde de Guamote. Los oficios fueron planteados por la compra irregular de insumos de bioseguridad en el contexto de la emergencia sanitaria. El 23 de febrero de 2021, Quishpe solicitó la apelación de su caso, la Corte de Justicia de Chimborazo aceptó el recurso.

En noviembre del mismo año, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó la sentencia de cinco años de prisión para el alcalde de Guamote y los dos funcionarios municipales. El delito fue comprobado por la entidad por medio de las certificaciones del portal de compras públicas y un informe pericial.  

El Tribunal de la Sala Multicompetente Provincial de Justicia de Chimborazo declaró la culpabilidad de los funcionarios en el hecho como autores y coautores respectivamente. Tras dos años en el proceso, el 30 de septiembre de 2022 la Corte ratificó la sentencia.

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“Fiscalía obtuvo sentencia condenatoria para 3 personas, como responsables del asesinato del abogado Harrison S. Registrado el 28 de abril de 2021 en el norte de Quito. Con base en las pruebas practicadas por Fiscalía, un Tribunal de Garantías Penales condenó a Darío S. a 34 años y 6 meses de cárcel, como coautor del delito; mientras que Elvis C. y Luis C. fueron sentenciados a 11 años y 4 meses, como cómplices”, explicó la institución en un tuit.

La tesis que manejaba la Fiscalía en ese caso era que Darío habría sido el nexo entre quienes dispararon al jurista y quien ordenó su asesinato.

El asesinato

Los sujetos asesinaron al abogado el 28 de abril del 2021 mientras se movilizaba en su vehículo por el centro norte de Quito. Los disparos se realizaron desde otro vehículo mientras Salcedo bajaba en su camioneta a la Av. 6 de diciembre y República. El automóvil chocó con los vidrios de una concesionaria.

Harrison Salcedo fue el abogado de alías «Rasquiña», exlíder de los Choneros y asesinado en 2020 bajo la misma modalidad. También representaba al exvicepresidente de la República, Jorge Glas y al exasambleísta Eliseo Azuero, juzgado por peculado en el caso del Hospital de Pedernales. MIB

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Judicatura también aclaró que la institución no puede pronunciarse sobre el fondo de la resolución y no puede iniciar un procedimiento disciplinario con el juez Moscoso. Añadió que que es el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), quien debe presentar una denuncia administrativa para proceder con el procedimiento disciplinario, según el artículo 44 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.

«Al tratarse de una actuación y decisión jurisdiccional, el CJ está obligado a respetar el principio de independencia interna, por lo que no le corresponde pronunciarse sobre el fondo de la decisión del Juez (…) el CJ no puede iniciar un proceso disciplinario de oficio, de presentarse una denuncia administrativa, se iniciará el procedimiento disciplinario respectivo», publicó a través de Twitter la autoridad judicial.

El CJ explicó que debido a la sentencia 3-19 CN/20 de la Corte Constitucional del 29 de julio de 2020, así como de las reformas al COFJ del 8 de diciembre de 2020, no puede iniciar el proceso disciplinario contra el juez Moscoso.

Finalmente, El Consejo también expresó que de acuerdo a lo que determina la Ley, el SNAI, como legitimado pasivo (demandado), es quien tiene la facultad de presentar los recurso que considere pertinentes contra la sentencia emitida.

Gobierno de Lasso rechaza habeas corpus concedido a Jorge Glas

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La institución presentó la denuncia el pasado 23 de noviembre, junto a miembros de la Policía Nacional. El infractor fue arrestado por posesión ilícita de animales silvestres.

La pena dictaminada es de tres años de prisión por tenencia ilegal de fauna silvestre, esto con base en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). La especie decomisada, era una hembra adulta de unos 2.5 kilogramos. De acuerdo a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), el animal se encuentra en “peligro”. Las autoridades trasladaron al espécimen al Centro de Paso de Fauna Uñushi.

El Centro está bajo la administración del Ministerio del Ambiente en el cantón Morona. Una vez en el centro recibió los cuidados veterinarios y alimenticios necesarios. El pasado 10 de diciembre del 2021, el animal pasó a manos del Bioparque Zoológico Amaru en Cuenca.

“Es necesaria la estricta aplicación y sanción de los delitos ambientales, pues en ese sentido, este hecho marca un precedente respecto al tráfico de vida silvestre en el país y desde esta cartera de Estado rechazamos enfáticamente cualquier acto que atente contra nuestra vida, flora y fauna silvestre”, declaró Glenda Ortega, Subsecretaria de Patrimonio Natural.

La sentencia también incluye la publicación de un mensaje respecto a la prohibición de poseer animales silvestres, en un medio de comunicación radial.

Asimismo, una sanción económica, dentro del proceso administrativo que se le interpondrá de conformidad con el Código Orgánico del Ambiente, reza el escrito.

Por su parte, Juan Ordoñez, director Zonal 6, hizo un llamado a la ciudadanía a proteger la biodiversidad del país. “Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos. Nuestro deber es dejarle a las futuras generaciones un planeta sano donde puedan vivir, y para ello nuestra vida silvestre es fundamental”, manifestó.

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“Más allá de analizar el caso concreto para determinar si la sentencia es justa, hay que determinar la posibilidad de injerencia por parte del Ejecutivo en el sistema de justicia”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vanegas expresó que se deberían analizar las particularidades que suceden como consecuencia de una sentencia dentro del sistema judicial. Afirmó que en un Estado de justicia lo que debe prevalecer es la independencia de las funciones estatales.

Por otro lado, mencionó que los miembros de la Policía Nacional no tienen las garantías necesarias para poder combatir la delincuencia, pero tampoco se descarta que pueden ocurrir casos donde la policía se extralimita.

“En este caso el policía se extralimitó y evidentemente no puede quedar en la impunidad como tampoco puede quedar en la impunidad los actos delictivos que cometan los ciudadanos”, recalcó el abogado.

Sobre el anuncio que hizo Guillermo Lasso de una reforma a la justicia y la eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Vanegas explicó que es inconstitucional una reforma de este tipo, mediante una consulta popular.

“Yo creo que el enfoque está mal dirigido por parte del Gobierno. Lo que deberíamos analizar es si el sistema de justicia es independiente, eficiente y combate la impunidad”, indicó.

Enfatizó en que el problema de la justicia en el país es la falta de institucionalidad, que permite la injerencia de sectores económicos o políticos, lo que afecta la independencia e imparcialidad que deben tener los jueces.

Vanegas insistió en la necesidad de ir a una Asamblea Constituyente para solucionar la falta de institucionalidad que vive el país.

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«Este tema requiere que muchas aristas se revisen antes de presentar la ley. Hay un proceso de socializaciones y reuniones con expertos en el tema y esperamos, en los próximos días, presentar la ley que se llamará de Defensa Pública. Además de esta ley, el presidente ha anunciado la posibilidad de presentar una consulta popular para reformar el sistema de justicia», anunció Bonilla en entrevista con KCH FM.

Pronunciamiento de la Fiscalía

Ante las expresiones de apoyo a Olmedo del presidente Guillermo Lasso; la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y la Policía Nacional, la Fiscalía respondió. «Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley”.

La institución indicó que trabaja con base en la normativa y persiguiendo delitos, no personas.

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De acuerdo con la sección de trasparencia del Servicio de Rentas Internas (SRI), que aglutina a los trabajadores de la institución, María Alejandra Vicuña Muñoz es coordinadora zonal 8 y 9 de la Unidad de Talento Humano.

Su salario mensual es de USD 2.641. Mientras que sus ingresos adicionales (décimo tercer y décimo cuarto sueldo) son de USD 3.041. Así consta en el informe de personal de enero de 2022.

La nueva sentencia

En primera instancia, la exvicepresidenta de la República fue declarada culpable del delito de concusión. Sin embargo, el Tribunal de juicio consideró atenuantes a la infracción. Sólo le impuso un año de pena privativa de libertad y la obligación de cumplir con la reparación de USD 173.180.

El 25 de enero del 2021, el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional aceptó parcialmente el recurso de apelación presentado por la Fiscalía General del Estado y modificó la sentencia a dos años de prisión.

Vicuña ocupó el segundo puesto más importante del Ejecutivo entre octubre de 2017, con la prisión de Jorge Glas. En diciembre de 2018 saltaron los escándalos de corrupción cuando fue asambleísta. La reemplazó Otto Sonnenholzner.

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Desde 2012 hasta 2021, el número de presos aumentó en 18.000. “Pasaron de encarcelar a 136 personas por cada 100 mil habitantes en 2012, a encarcelar a 220 personas por cada 100 mil habitantes en 2020”, dijo en octubre a los medios Sofía Carpio de Kaleidos, una organización de DD.HH.

El Colectivo Mujeres de Frente informó del gasto que asume la familia de un reo para que tenga lo necesario para vivir. “Son los familiares quienes sostienen la vida en la prisión, gastando entre 124 y 251 dólares mensuales para que su familiar pueda cubrir sus necesidades mínimas”, indicaron.

Otro problema es la población carcelaria extranjera. “Según el directorio del Organismo Técnico del Sistema de Rehabilitación Social, para el 2021 el sistema ha encarcelado a 3.330 personas de origen nacional diverso (Perú, México, Cuba), entre ellas, 380 mujeres”.

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«El 77 % de esas personas eran del pabellón 5, y el 24,5 % tenía una sentencia, es decir, más del 75 % no tenía una sentencia ejecutoriada que confirme o ratifique su culpabilidad o estado de inocencia. […] Se ha podido extraer que el 33 % de los muertos eran menores de 25 años y el 35% de los procesados lo fueron por delitos de robo y tráfico de drogas”, indicó Ordóñez en un conversatorio de medios.

Ordóñez precisó que, hasta la fecha, de los 119 presos fallecidos, se lograron identificar 106, y confirmó que las labores de reconocimiento de la docena restante están prolongándose dada la difícil situación en la que fueron encontrados los cuerpos.

Delitos

Ordóñez explicó que los delitos más comunes por los que los reos se encuentran recluidos en centros de rehabilitación social son en un 16,88 % por violencia hacia la mujer y el núcleo familiar, y en un 14,96 % por tráfico de sustancias ilícitas.

«Todos estos problemas tienen una raíz común que es la violencia, y el Estado no ha estado preparado con políticas integrales de prevención», expresó al explicar la labor del eje social de trabajar en la prevención de este tipo de «violencia estructural».

Perfil del PPL en Ecuador

Ordóñez explicó que un 71% de los PPL ecuatorianos completaron solamente la educación básica. También pudieron experimentar violencia familiar, desnutrición crónica y empezaron desde pequeños en el consumo de drogas y pasaron al microtráfico, una actividad que les reporta entre USD 100 y 200 diarios.

La secretaria de Derechos Humanos subrayó que para el eje de la prevención de la violencia se requieren USD 18 millones, y que el costo de estos delitos representa en torno al 8 % del producto interno bruto (PIB).

«Si no invertimos en prevención todos los recursos se destinarán a la atención», alertó al tiempo que llamó a todas las funciones del Estado a sumar esfuerzos, «porque lo que está en juego es la niñez del Ecuador».

La entrada 77% de los presos asesinados en la Penitenciaría no tenían sentencia se publicó primero en La Calle.

“(…) La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que:

1. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese Tratado y en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, este último a partir del 26 de agosto de 2006; en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán, en los términos de los párrafos 62 a 64 de la presente Sentencia.

2. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, este último a partir del 26 de agosto de 2006, en perjuicio de sus familiares Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 66 a 89 de la presente Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 90 a 94 de la presente Sentencia…”

¡Por fin, algo de justicia!, a la madre Coraje Clorinda Guzmán Viuda de Garzón, y a toda la familia Garzón Guzmán. El pueblo del Ecuador tiene la obligación ética de conocer y no olvidar este drama, de aplaudir con el corazón y reconocer a esta dignísima familia sufriente.

Por fin se concreta esta nueva histórica sentencia condenatoria contra el Ecuador. Así que, aunque sea tarde, los últimos y actuales gobiernos y las autoridades responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sepan que tienen que pagarla muy caro: recuerden esta sentencia condenatoria por hechos ocurridos en 1990, los ahora “ausentes” Moreno, Romo y otros muchos más de estos últimos treinta años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar sentencia condenatoria este primero de septiembre contra el Estado ecuatoriano, por un imprescriptible delito de lesa humanidad: la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón, ocurrido entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 1990.

La desaparición forzada se dio en las presumibles manos del SIC-10, la estructura secreta de la Inteligencia policial creada en el régimen de Febres Cordero, que luego se llamó Unidad de Investigación de Actividades Subversivas UIAS, y después Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, como se denominó al final del período el temible aparato de aniquilación y terrorismo fundado en 1985, y que siguió funcionando tras el fin del Febrescorderato, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, quien a pesar de haber cerrado la torturadora estructura policial SIC (Servicio de Investigación Criminal, o “Camal Humano”), no logró desmantelar todo el resto mayor del aparato de tortura y terror del SIC-10.

Fui testigo de la impunidad más infame desde esas épocas hasta el presente. Conocí a doña Clorinda, la madre de Gustavo, en la Plaza Grande, junto a Luz Helena y Pedro (los padres de los desaparecidos hermanos Restrepo), cuando un manojo cada vez más creciente de madres de desaparecidos, empezaban a llegar a la plaza y a juntarse a la nueva generación de defensores de DDHH y a la familia guerreramente heroica.

Todos los ministros de Gobierno, subsecretarios, fiscales y agentes fiscales, comandantes de policía y autoridades en tres décadas, desde el luego prófugo César Verduga en adelante, taparon el caso, no hicieron nada por indagar, ensuciaron a la víctima y dieron largas (¡por 31 años!) a su desconsolada, luchadora y ya anciana madre: Doña Clorinda. Verduga, con la ayuda de su propio aparato de derechos humanos oficial del que provino: la ALDHU, elucubraron la canalla tesis inicial de que Gustavo Garzón, autor de varios libros, el que más recuerdo: “Brutal como el rasgar de un fósforo”, dizque había desaparecido ‘por ingresar a las guerrillas de Colombia’.

Gustavo desapareció a poco de salir del Penal García Moreno de Quito, donde permaneció tras ser torturado y acusado de “sedición subversiva” como “guerrillero” de las Montoneras Patria Libre, MPL, una organización armada que nació como escisión de Alfaro Vive Carajo, AVC. Garzón es el ocultado espejo nacional del testimonio dado por otros intelectuales, poetas y escritores asesinados o desaparecidos al haber optado por la vía armada, que fue la opción de los jóvenes y los poetas sensibles en los años 60, 70 e incluso en las postrimerías de los 80.

Gustavo es, pues, el espejo desconocido por el Ecuador y el continente, del asesinado poeta y guerrillero peruano Javier Heraud, del intelectual argentino y militante montonero Rodolfo Walsh, o del también argentino y militante del PRT Haroldo Conti; o del poeta y guerrillero del ERP salvadoreño Roque Dalton, o del poeta y guerrillero guatemalteco de las FAR, Otto René Castillo.

Al salir libre, acudió en la noche del 9 de noviembre al legendario y ya extinto bar – salsoteca, donde pululábamos los jóvenes de entonces y muchos militantes de izquierdas: el “Son Candela”. Sus amigos y amigas íntimos que estuvieron con él aquella noche, cuentan que se despidió y salió, solo, a la muy noche entre el 9 y 10, de aquel lugar cálido hacia la calle, para San Juan, su barrio tan popular y emblemático, donde vivía con sus hermanos y su madre, a la que llamó para decirle que no se preocupara, que volvía esa noche. Nunca regresó y desapareció, para siempre.

Tras Verduga y el régimen de Borja, callaron este crimen de Estado y entrabaron y dilataron toda investigación y sanción, los gobiernos de: Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Lucio Gutiérrez, Palacio, Correa, Moreno y Lasso. En total once gobiernos ocultaron el crimen y nada hicieron por dar a la madre una certeza. La policía y la fiscalía probaron que, pueden pasar décadas, que siguen teniendo un enorme poder en gobiernos de todas las tendencias.

En el gobierno de Moreno, jugaron un rol vergonzoso, el procurador Iñiguez Salvador (por desgracia, hijo de uno de los mejores ecuatorianos y amado amigo personal: el eximio historiador Dr. Jorge Salvador Lara), así como la cancillería y el ministerio de gobierno del Morenismo. Se comportaron como los anteriores, expertos en dilatar, mentir, manipular y ensuciar a la familia, al igual que los gobiernos previos que nada hicieron por Clorinda y Gustavo. Estuve en la Secretaría de Derechos Humanos un corto tiempo en el año 2018 y me indigné cuando supe que la carpeta del caso de Gustavo, ¡31 años más tarde!, llevaba la etiqueta infamante: “Confidencial – Secreto de Estado”.

Recuerdo que les mandé a la mismísima recontra a los “kikuyos” del Estado que, tres décadas después, seguían dilatando y manchando al muerto desaparecido. Era como si tantos sinvergüenzas funcionarios civiles en treinta y un años, tuvieran solo la misión de tapar el vil crimen y ensuciar al fantasma.

Tres años más tarde, cuando era insostenible para el Estado seguir mintiendo, se supo que la representación oficial del Ecuador aceptó el 28 de enero del 2021, en el cierre de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal e internacional por la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón.

“El Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada y en consecuencia reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos, en relación a la familia del señor Garzón, el Estado ecuatoriano reconoce sus responsabilidades”, sostuvo entonces la representante del Estado, María Fernanda Álvarez.

La demanda contra el Estado, presentada años antes por el abogado defensor de DDHH César Duque, sostuvo que el caso fue documentado en el Informe estatal de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón fue privado de su libertad por agentes estatales.

Más ahora, la Corte sostuvo con frontalidad: “Luego de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad, en septiembre de 2011, se inició  una indagación previa en relación con este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación. El proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad”.

“Con tinta roja del corazón” fue el título del evento a lleno completo que organizamos un 10 de noviembre por Gustavo Garzón, con mi antigua hermandad de la ya yerta APDH y su corajuda militancia de entonces, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde él tantas veces pasó en sus talleres literarios.  A la madre Clorinda, la llamé “la mujer de negro perpetuo” en el único editorial (“Anatomía de la impotencia”) que, desde ese 1991, me publicara el diario “La Hora” en tres décadas. Y Jimmy Coronado, mi entonces hermano de la APDH fue por esa época el “Hijo Adoptante” de Doña Clorinda Guzmán de Garzón, cuando el sábado 28 de agosto de 1993 creamos el programa “La Adopción de la Ternura” y dimos una pareja de jóvenes entrenados en derechos humanos a todas las madres de desaparecidos de entonces.

Así vivió aquella generación de madres y de hijos adoptantes, que amaron el amor y lucharon la lucha. Nunca olvido el rostro de Doña Clorinda y su bello testimonio al periodista Cristóbal Rodríguez de Diario La Hora en 1996, cuando fui sentenciado a prisión. Qué palabras tan generosas tuvo entonces. Y nunca olvido, tampoco, la calculadora y rastrera actitud de tantos presidentes, ministros, subsecretarios, políticos, comandantes de policía, fiscales y procuradores desde aquel 1990.

La madre coraje, doña Clorinda, puede por fin descansar un poco. Porque su lucha la siguieron sus dignos hijos y nietos. Gustavo Garzón aún señala con su índice, ensangrentado y desaparecido, al Ecuador entero.

(Gracias a mi amigo y hermano Ernesto Pazmiño, abogado de DH, por compartirme la sentencia)

Anexos:

Sentencia de la Corte:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf

Vídeo Corte:

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«Gané en las urnas, asumí la administración de esta ciudad en la peor crisis de su historia, nunca cedí principios y eso me pasó factura pero no me arrepiento, gracias a mis votantes, seguiré luchando internacionalmente por ustedes, me voy en paz, suerte a los que quedan», escribió en un tuit.

La sentencia

«En términos prácticos, la sentencia es de última y definitiva instancia. Con esto Yunda está fuera de la Alcaldía. La decisión fue unánime con los nueve votos y queda sin efecto la acción de protección que le otorgaron a Yunda. Está fuera de la Alcadía y ya es exalcalde de Quito», explicó el abogado Mauro Andino a Radio La Calle.

Con esta decisión, de acuerdo con el jurista, el cargo volvería a Santiago Guarderas, mientras que Brith Vaca sigue en la vicealcaldía de la capital.

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“Rechazar las denuncias presentadas por la magister Jéssica Jaramillo y Sara Serrano en contra del alcalde de Quito, Jorge Yunda, por las infracciones electorales tipificadas en el artículo 279 de la Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia”, dice parte del fallo.

¿Qué dice la ley?

Las juristas demandaron a Yunda por atentar contra el artículo 279 que indica “las Infracciones electorales muy graves serán sancionadas con multa desde veintiún salarios básicos unificados hasta setenta salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación desde dos hasta cuatro años”.

Entre estas infracciones están: numeral 2. Incumplir las órdenes legítimas emanadas de los órganos electorales competentes. También el numeral 12. Incumplir las resoluciones del Consejo Nacional Electoral o las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral.

Tras emitirse la sentencia, ésta será notificada a las abogadas y al Alcalde Jorge Yunda. Colaboradores cercanos a su administración, como Estefanía Grunauer de la Agencia Metropolitana de Control, reaccionaron a la sentencia.

“La seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la Constitución y normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes. (Art. 82 CRE). Se respeta la decisión del pueblo en las urnas. Se llama DEMOCRACIA”, dijo en un tuit.

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Quito, 22 sep (La Calle).- Angélica Porras, abogada de Priscila Schettini sostiene que se ha incumplido la sentencia sobre la acción de protección presentada contra La Posta, por agredir psicológicamente e inmiscuirse en la vida privada de Schettini con fines políticos.

El día de ayer 21 de septiembre la jueza Delicia de los Ángeles Garcés, de la Unidad Judicial de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en Quito, falló a favor de la acción de protección interpuesta por Priscila Schettini en contra del medio digital La Posta. La sentencia dictaba que el reportaje ‘Carrión: ¿el defensor agresor?’ vulneraba los derechos de la esposa de Carreón y los de su familia. A lo que se determinó que en 24 horas La Posta debía eliminar el vídeo de redes sociales y presentar disculpas públicas por 30 días.

Porras, mencionó en entrevista con La Ventana que los documentos usados por La Posta para el reportaje denunciado son de carácter confidencial. “Existe una serie de principios que están en la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) cuando de se trata de una presunta víctima de violencia intrafamiliar o de abuso sexual. Esta prohibido por la ley que se expongan los nombres o datos relativos a la identidad de la persona”

¿Cómo obtienen está información?

Dentro de ese marco La Posta uso la denuncia dentro de su reportaje, publicó fotografías y nombres de los hijos de Schettini. Además, se lee la denuncia de forma que Schettini.

Porras cuestionó como accede La Posta a esta información debido a que no es la primera vez que el medio presenta documentos confidenciales en sus reportajes.

Sobre las disculpas

En redes La Posta publicó las «disculpas públicas» ordenadas por la jueza Delicia, sin embargo, Porras indicó estas no cumplen con los estándares indicados en la sentencia.

Tanto Schettini como Porras no sienten conformes con las declaraciones del medio digital. Porras añadió que van a interpelar la sentencia por incumpliendo de la misma.

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