El proceso RE-CSCD-MEM-2025-002 fue publicado el pasado 9 de julio y está en la fase de entrega de propuestas. La contratación durará un lapso de 90 días y solo existe una empresa invitada: Mabeca Corporation S.A. Además tras la firma del contrato, el Ministerio entregaría el 70% de anticipo.

La cartera de Estado explicó que la pauta se implementará en medios masivos, digitales y plataformas de redes sociales, según la necesidad
institucional. Por otro lado, detalló un impacto en distintos niveles: nacional, regional, local, comunitario e internacional de ser el caso. Su objetivo es «informar, sensibilizar y educar a la ciudadanía sobre el uso responsable y sostenible de la energía«. Según su pronóstico, las campañas contribuirían a la optimización de la demanda del sistema eléctrico.

No hay que dejar de lado que durante la administración de Daniel Noboa se han invertido USD 12 millones en pauta en 2024 y USD 5 millones solo en mayo de 2025, cifras que contrastan con los recortes en sectores estratégicos.

¿Pérdidas millonarias?

El contralor Mauricio Torres confirmó hallazgos de responsabilidad civil, administrativa y penal en contratos de CELEC con Progen y Austral Technical Management (ATM). El informe sobre ATM —aprobado el 14 de julio— reveló que los generadores entregados eran usados (2016) y operaban a 50 Hz, no a 60 Hz como exige Ecuador, configurando un «perjuicio al Estado». El informe de Progen se aprobará el 18 de julio.

La Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), a cargo del Ministerio de Energía, desembolsó USD 168.9 millones a las empresas Progen y Austral para plantas eléctricas con retrasos de 5 a 7 meses:

• Progen recibió el 65% de sus contratos (USD 49.7 millones para Quevedo y USD 99.4 millones para Salitral). Solo 17 de 20 unidades llegaron a Quevedo, y en Salitral faltan obras críticas como un transformador desde China.
• Austral cobró el 80% de su contrato, sin cumplir plazos.

El Estado acumula USD 17 millones en pauta gubernamental (2024-mayo 2025) mientras pierde la inversión en infraestructura energética. La asignación de recursos públicos genera dudas sobre la eficacia real de campañas «educativas» cuando persisten fallas estructurales no resueltas en el sector.

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Paralelamente, el mandatario ecuatoriano revocó la representación de Neira ante la Empresa Nacional Minera (ENAMI EP), asumiendo personalmente esa posición en el directorio de la empresa estatal. Los cambios fueron oficializados mediante decreto ejecutivo emitido este 10 de julio.

Cargos actuales de Neira

1. Secretario de Integridad Pública (desde enero/2024).
2. Presidente del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas (CIAPP, desde febrero/2024).
3. Director encargado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE, desde abril/2024).
4. Presidente del Comité Nacional de Integridad del Sector Minero (CONIM, desde octubre/2024).
5. Delegado presidencial ante el Comité de Licitación Hidrocarburífera (COLH, desde febrero/2025).
6. Delegado ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM, desde mayo/2025).
7. Delegado ante el Directorio de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (ARCONEL, desde mayo/2025).
8. Director general encargado de la Secretaría Nacional de Contratación Pública (Sercop, desde mayo/2025).
9. Delegado ante la ARCH (desde julio/2025).

Su perfil profesional

Neira, licenciado en Asuntos Internacionales por la Universidad Rollins (EE.UU.), es descrito en su currículum como especialista en crímenes financieros, control de calidad y gestión de riesgos, con más de 14 años de trayectoria en el sector de servicios financieros. Su acumulación de funciones en áreas estratégicas de regulación energética, minera y contratación pública lo posiciona como uno de los funcionarios con mayor influencia en el gabinete de Noboa.

Según el apartado de transparencia en la página web de la Presidencia de la República, el funcionario percibe USD 4.463 como Secretario de Integridad Pública. No obstante, en entidades como la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) no hay informes de transparencia del 2025. Finalmente, en el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) no consta el nombre de Neira en el distributivo de personal, pese a ser el director encargado.

Actualización

El SERCOP aclaró a La Calle que Neira se encuentra titularizado como Secretario General de Integridad Pública en la Presidencia de la República, que es la institución encargada del pago de su remuneración. Además manifestó que de acuerdo con la figura de “encargo”, observando el tercer inciso del artículo 271 del Reglamento a la LOSEP, la entidad no eroga presupuesto alguno por su designación como Director General (e).

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Según la descripción del proceso el objetivo de la contratación es «difundir las campañas y mensajes que permitan posicionar las acciones, políticas, obras, servicios y programas que implementa el Gobierno Nacional en beneficio de la ciudadanía mediante una cobertura internacional, nacional, local o comunitaria según la necesidad institucional en medios ATL, digitales y plataformas de redes sociales a los respectivos grupos objetivos»

Además Presidencia resaltó la necesidad de «mitigar la desinformación, la ausencia de comunicación y la generación de noticias falsas que circulan en los diferentes medios».

La vigencia de la oferta es de 90 días y la duración del servicio será de 200 días. Hasta el momento la contratación está en etapa de preguntas y aclaraciones. De igual manera, como único invitado está Mindshare, empresa que actualmente sigue llevando la gestión publicitaria del gobierno.

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El pasado 30 de julio Presidencia publicó un nuevo requerimiento de pautaje en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) e invitó a Mindshare del Ecuador a presentar su oferta. Anteriormente, esta empresa ya fue contratada por este mismos servicio bajo un valor de USD 2.500 millones.

El documento del proceso solicita al oferente la gestión de estrategias de difusión en medios de comunicación y la ejecución de contratos para pauta publicitaria. La adjudicación del procedimiento está prevista para el próximo 12 de agosto con un anticipo del 30 % y con una duración de 90 días.

La justificación del Nuevo Ecuador

En el análisis situacional, la Secretaría de Comunicación reconoce que el gobierno tiene dificultades para comunicar de manera efectiva sus planes y prioridades. La cartera de Estado detalló que existen desafíos como la polarización política, la desconfianza en los medios tradicionales y las críticas por falta de transparencia.

Previo a este último proceso, la Presidencia adjudicó dos contratos por USD 2.5 millones para pautaje por un plazo de ejecución por 180 días. (AGM).

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Según un reporte de Radio Pichincha, el pasado 10 de julio la empresa Wursta Technology of Ecuador S.A. denunció ante el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), la Contraloría y los integrantes del Consejo Directivo del IESS, un supuesto direccionamiento en la contratación del servicio de call center para el ente de la seguridad social.

Según detalló la empresa, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) ganó el contrato aún cuando no presentó algunos requisitos solicitados por el IESS; CNT subcontrata el servicio de call center pese a las prohibiciones de la ley; y su oferta era la más alta en comparación a los demás postulantes.

Wursta argumentó que con la decisión del IESS existiría un perjuicio al Estado por USD 141.048,38. Asimismo solicitaron al SERCOP que emita las sanciones correspondientes a los funcionarios del IESS las sanciones correspondientes ante lo que sería un »claro favorecimiento a una empresa».

Por otro lado, ESPOLTEL, empresa que estuvo a cargo de este servicio hasta el 14 de julio, denunció que el IESS no respondió a sus oficios para que el IESS notifique la intención de dar continuidad al contrato o culminar el servicio.

Contratos millonarios

Según los datos del portal web del SERCOP, el IESS firmó el contrato con CNT por un valor de USD 5,000,171.17, mientras el Ministerio de Salud (MSP) adjudicó la misma prestación por USD 7,593,419.73 para los establecimientos de primer nivel de atención. El costo del servicio entre ambas entidades sumaría un total de USD 12 millones. La negociación fue bajo la modalidad de régimen especial.

Llama la atención que en el caso del MSP, el único oferente registrado sea CNT con un informe favorable de la comisión técnica sobre el cumplimiento de requisitos. El contrato fue suscrito el 26 de junio.

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La información se encuentra registrada en el Servicio Nacional de Compras Públicas (Sercop) detalla que existieron tres ofertantes para la adjudicación de este contrato por el valor de USD 960 mil: Andino Paradise Travel, Foureptravel Turismo CIA. LTDA y Hermes Operator CIA. LTDA.

El contrato establece que la agencia debe enviar los itinerarios y cotizaciones entre 10 a 30 minutos y priorizar las opciones más económicos. En el caso particular del presidente del Legislativo, Henry Kronfle, se debe asegurar su viaje de ida y vuelta en Business Class solo si la duración del vuelo sobrepasa las 10 horas, sin contar escalas o conexiones.

Al finalizar 2023, el Legislativo invirtió USD 933.028 en boletos aéreos- USD 209.814 en un contrato de nueve días y otro de 723.214 adjudicado en mayo de ese año- es decir, actualmente existe una aumento de cerca de USD 30 mil en este servicio. Durante este año, el titular del Parlamente viajó por dos semana a España y pasó tres en Washington y Nueva York, Estados Unidos.

La respuesta de la Asamblea

El Legislativo detallo que este contrato representa un ahorro de más de USD 100 mil, pues la anterior administración suscribió un contrato similar por USD 723 mil durante nueve meses, por lo que si hubiera sido por un año el costo sería de USD 1’080.000 millones. También detalló que el valor de los tickets aéreos varía por los siguientes motivos:

• El porcentaje de inflación encareció los vuelos nacionales y la oferta disminuyó
• EI IVA pasó del 12 al 15 % en abril
• Subió el número de movilizaciones de las comisiones a territorio en provincia, así como las representaciones internacionales de los asambleístas a diferentes Foros Parlamentarios a nivel mundial

Respecto a la cabina Business Class resaltó que el beneficio fue atribuido por un reglamento del Ministerio de Relaciones Laborales en 2013 para funcionarios de nivel jerárquico. Resaltó que el presidente Kronfle no ha hecho uso de esta cabina durante su gestión actual. (AGM).

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La mañana de este 2 de mayo la secretaria Jurídica de Presidencia, Denisse Andino, junto al asambleísta del oficialismo, Adrián Castro acudieron a la entidad de control para presentar una notitia criminis que daría indicios de corrupción en la gestión de esta compañía.

El legislador resaltó que »La Fattoria» fue proveedora del Estado por más de una década y ganó todas las licitaciones de contratación pública en donde participan más empresas con otras ofertas. No dio más detalles sobre el contenido del informe secreto elaborado por una comisión del Ejecutivo.

Más adelante, Presidencia emitió un comunicado y señaló que no establecerá relación con proveedores »cuyos vínculos sugieran conveniencia con el crimen organizado». Asimismo mencionó que colaborará con la justicia para proporcionar toda la información requerida.

La réplica

Según Richard Villagrán, presidente de Lafattoria, calificó a esta denuncia como una »infamia» alejada de la realidad. Detalló que su empresa suspendió el servicio a las cárceles por una deuda de USD 30 millones por parte de el Gobierno, USD 20 millones del desayuno escolar y USD 10 millones del servicio de alimentos a los ppl desde noviembre del 2023.

También manifestó que la empresa fue bloqueada ilegalmente del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) y que el Ministerio de Finanzas retuvo los pagos.

Resaltó que su empresa tiene 28 años de experiencia con clientes nacionales e internacionales y en ella laboran 1.200 trabajadores. »Es una verdadera pena que se destruya la reputación de una empresa, de la cual dependen tantas personas, por un juego político», resaltó en entrevista a Notimundo.

La empresa está a cargo de 26 cárceles al norte del país y ha podido brindar el servicio de alimentación gracias a las donaciones de los familiares de los reos, sin embargo, la ayuda ya no es suficiente. Actualmente la situación es crítica y los ppl no reciben alimentación. (AGM).

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Según la declaración juramentada publicada por la Contraloría General del Estado (CGE), Jones inició sus funciones el 28 de diciembre del 2023, sin embargo, el Ejecutivo no ha hecho oficial este anuncio.

De acuerdo a los datos de la CGE alojados en su portal web, la funcionaria tiene un patrimonio por USD 29.700 y el registro de dos automóviles a su nombre.

La información registrada por el Sennescyt expone que Jones tiene una ingeniería en gestión empresarial internacional, título otorgado por la Universidad Técnica Federico Santa María, en Chile.

Además, Jones confirmó a Radio La Calle que tiene un negocio de maquillaje llamado Deborah Jones Studio, en Guayaquil, en donde brinda sus servicios para eventos especiales. En redes sociales, esta designación ha tenido varias críticas, pues usuarios señalaron la falta de experiencia que tendría la servidora pública para gestionar el control de las compras del Ejecutivo.

Por su parte, el Sercop informó a este medio de comunicación que en la próximas horas publicará el perfil profesional de la nueva funcionaria. (AGM).

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El IESS a través de un comunicado informó que luego de cumplir con las normas y reglamentos del Sistema Nacional de Contratación Pública (Sercop) optó por esta decisión. Además, reiteró que la administración actual no mantiene ningún proceso abierto con RECAPT. Una empresa con la que el IESS canceló sus servicios por presuntas irregularidades en el proceso

«Esto no responde a ninguna presión mediática (…) Nuestro compromiso es brindar un servicio eficiente», detalla el comunicado.

Luego de varios días de no conocer una respuesta por exfuncionarios, el exministro de Salud, José Ruales apareció en redes sociales para indicar que el Ministerio de Salud Pública (MSP) inicio un proceso técnico y ordenado de trasformación digital, equipamiento e historia clínica digital y modernización de servicios con Business Intelligence (BI) desde el 2022.

Ademas, alegó que en ese mismo año inició el proceso de «agendamiento del MSP mediante apoyo técnico del BID. Sin embargo, no contrató ni adjudicó algún proceso para gobierno actual.

«El sistema reducirá el costo de la contratación del sistema de agendamiento del proveedor externo de CNT», justificó.

¿Pero, cuál es la realidad de los ecuatorianos?

Los ciudadanos denuncian a diario el pésimo sistema para agendar una cita en el IESS. Algunos mencionaron que la espera puede ir desde unas cuantas semana hasta varios meses. Son los casos de Rolando Baño y Diana Paula, que contaron para Radio La Calle, que para agendar una cita el IESS es «toda una odisea».

Rolando intentó pedir una cita para su nieto, pero el sistema lo mantuvo en espera varias horas y al final no obtuvo respuesta. Luego de varias llamadas pudo contactarse con alguien, sin embargo, le informaron que ya no habían cupos en el área que necesitaba.

«Es perder el tiempo, nos tienen ahí esperando y al final solo nos dicen que no hay o que llame más tarde, pero casi nunca puedo contar con surte», dijo.

Pese a los reclamos y a las solicitudes de la ciudadanía ante las trabas que mantienen para reservar una cita, las autoridades se han pronunciado al respecto ni indicaron que si iniciarán otro proceso.

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Jijón pone a disposición del presidente Lasso su cargo en un documento de cuatro páginas, en los que además detalla un informe de su gestión.

Según la exservidora, su desempeño en el Sercop se basó en tres ejes:

• Transparencia, integridad y lucha contra la corrupción
• Lograr mayores niveles de concurrencia y pluralidad de participación en la contratación pública
• Ciudadanización de la contratación pública

Secretos de pasillos…

El 27 de marzo de 2022, el periodista Jimmy Jairala asegura que la Izquierda Democrática (ID) estaría manejando el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP).

En su noticiero “Un Café con JJ”, el exprefecto del Guayas dio a conocer que la ID tendría “bastante influencia sobre la SERCOP”.

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Aunque esta denuncia ya la realizaron en 2018, las autoridades no han tomado acciones y estos problemas continúan en el sector de la salud. También, cuestionó la irresponsabilidad del Ministerio de Salud por no atender estos problemas.

Una primera negligencia

La directora detalló que el primer error fue que la Corte Constitucional (CC) permitiera que en el concurso de contratación, los postulantes no presenten en ese momento el registro sanitario y lo hagan después.

“Cualquier persona puede decir yo voy a traer un medicamento o dispositivo al precio más bajo precio, esta gana a los que tiene todas las cosas en regla que la ley obliga y luego los responsables verán si tiene registro sanitario. La lógica es ir por el precio más bajo”, mencionó para Sonorama.

La directora comentó que todo esto incumple con el artículo 137 de la Ley Orgánica de Salud que especifica: «Todo tipo de insumos médicos, alimenticios y de otras categorías para el sector público deben contar con su registro sanitario«.

La representante de Asedim criticó que se hayan entregado cerca de USD 129 millones a las empresas que adquieren los medicamentos sin que completen todos los requisitos que demanda la ley.

“Al no tener seguimiento de registros no se sabe la calidad y procedencia de insumos que van para el sector público. Algunos podrían estar vencidos, usados, o podrían no ser aptos para el uso en pacientes”, refirió. (M.J)

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“Nosotros somos los más jodidos y fregados (…) el que liquida y el que paga es el nuevo Prefecto. Yo también me encontraría involucrado ante la Contraloría”, dijo Tayupanda en entrevista para Radio La Calle.

La administración de Cruz planteó la adquisición de volquetas de 7 metros cúbicos, un producto jamás visto en el mercado nacional, según el prefecto electo. Al no encontrar la maquinaria en el catálogo de compras públicas buscaron por otro lado.

La Prefectura habría comprado siete volquetas por USD 120 mil a DITECA. En este sentido, se recalcó que la empresa solo tenía uno de los productos requeridos y que “sospechosamente” compró las maquinarias y productos para revenderlos, dice la información emitida por Tayupanda.

Fuera del valor por cada volqueta, estaría el costo de alrededor de USD 24 mil por los servicios tecnológicos, es decir, más de USD 144 mil sería el precio final por producto y equivaldría un sobreprecio de más de USD. 260 mil. No obstante, Tayupanda manifestó que el valor de una volqueta de 8 metros cúbicos, incluso más grande, cuesta USD 79.890 mil.

Acciones y respuestas

Tayupanda aclaró que los documentos expuestos están colgados en el portal de compras públicas. Además, dijo que el hecho ya fue denunciado en la Asamblea Nacional a través de la bancada de Izquierda Democrática para la respectiva fiscalización. De igual manera, junto a un equipo de abogados dejaron el caso en Fiscalía y actualmente están en proceso de investigación.

Tayupanda junto a su equipo de trabajo enviaron un oficio al actual Prefecto para coordinar una reunión y empezar con el proceso de transición, sin embargo, no hubo respuesta. Por el contrario, el actual prefecto de Chimborazo, Juan Pablo Cruz, interpuso una denuncia en Fiscalía contra Tayupanda por las presuntas calumnias respecto al sobreprecio de volquetas. Radio La Calle intentó contactarse con el equipo del actual prefecto pero no hubo respuesta.(A.G.M).

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Desde el 9 de febrero, el IESS inició un proceso para la contratación de una campaña de difusión. El fin sería por «contratación de servicio de desarrollo, implementación y evaluación de una estrategia de comunicación del IESS con la finalidad de que la ciudadanía conozca todas las prestaciones y servicios que ofrece la institución”.

En un monitoreo de medios, la entidad determinó que el 67 % de noticias son negativas por los reclamos de los afiliados, reportó El Universo. Por ende, su objetivo es mejorar su imagen institucional ante diferentes tipos de público, principalmente a sus pensionistas y afiliados.

Más inversión a la imagen

El contrato se adjudicará el 7 de marzo, según consta en el cronograma del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). La inversión para la campaña de difusión sería de USD 900 mil.

La empresa seleccionada deberá presentar una estrategia creativa de comunicación que
incluya la producción fotográfica, de artes o videos para todos los medios, tradicionales y digitales, incluso, para vallas en espacios públicos.

El IESS declaró que la Dirección de Comunicación no cuenta con la capacidad para evaluar las acciones de comunicación y los mensajes que se generan desde cada dependencia de la institución, según información de El Universo. (A.G.M).

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En su noticiero “Un Café con JJ”, el exprefecto del Guayas dio a conocer que la ID tendría “bastante influencia sobre la SERCOP”.

“La alterna de doña Vilma Andrade, asambleísta de izquierda democrática es la directora zonal del SERCOP en Manabí y para reemplazarla se excusa del SERCOP por el tiempo que dure las sesiones. Estratégicamente dice la fuente, viaja doña Vilma y principaliza a María Teresa Velásquez, pese a que en la lista electoral el alterno de doña Vilma es Paul Espinoza su exasesor hasta la semana pasada, que entró como nuevo director a un área del SERCOP”, expuso Jairala.

Entre las decisiones que ha tomado María Teresa Velásquez, la alterna de Andrade está su voto a favor de la Ley de Inversiones, la cual ya fue archivada.

De ser cierta esta afirmación, lo dicho por la Izquierda Democrática meses atrás entraría en contradicciones.

En junio de 2021, el excandidato a la Presidencia por la Izquierda Democrática, Xavier Hervas declaró que la organización no cogobierna con el partido de Guillermo Lasso, tras la designación de María Sara Jijón como Directora Nacional del Servicio Nacional de Compras Públicas.

“Quiero clarificar que la Izquierda Democrática (ID)  no está cogobernando, y que ella no solicitó permiso con anticipación  a la dirigencia del partido para ocupar esa alta función. Su nombramiento fue a título personal, sin injerencia del partido.  En la ID  seguimos trabajando a favor del país sin pedir nada a cambio, ni buscando co-gobernar”, escribió el excandidato presidencial.

Te puede interesar leer: “No cogobernamos con el partido de gobierno”, dice Hervas (radiolacalle.com)

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“Ante la designación de quien fuera mi binomio (María Sara Jijón), como Directora Nacional del Servicio Nacional de Compras Públicas, quiero clarificar que la Izquierda Democrática (ID)  no está cogobernando, y que ella no solicitó permiso con anticipación  a la Dirigencia del Partido para ocupar esa alta función. Su nombramiento fue a título personal, sin injerencia del Partido.  En la ID  seguimos trabajando a favor del País sin pedir nada a cambio, ni buscando co-gobernar”, escribió el excandidato presidencial.

En el Decreto Ejecutivo 69, Lasso nombró a la excandidata a Vicepresidenta para ocupar este cargo.

Otros nombramientos

Jeannine Cruz es la nueva delegada permanente de la Función Ejecutiva para presidir el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Cristian Eduardo Torres Bermeo es el nuevo Director del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE).

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