A través de un boletín de prensa, indicaron que distintos distribuidores del país ya se encuentran en el lugar para realizar un plantón pacífico. Mismo. Dicen que su actividad se considera un servicio público y requiere mayor atención del Gobierno.

«Nuestra actividad es considerada un servicio público y al ser parte del sector energético es estratégico, por tanto se debería atender las necesidades de este sector que ha confiado y servido al país», reza el comunicado. Aseguran que no se reconoce un margen justo de distribución de combustibles desde hace 19 años.

Asimismo, afirman que en la mesa técnica propuesta por el Ministerio de Energía, pusieron en conocimiento esta problemática. Sin embargo, no obtuvieron una respuesta positiva y solicitan una audiencia con el presidente Lasso.

Los temas a tratar

Piden revisar tres temas: La restitución del margen de comercialización de combustibles en 5 centavos adicionales por galón de combustible, gasolina extra, ecopaís y diésel distribuido y porcentualizado.

El flete del combustible, pues las Estaciones de Servicio (E/S) más alejadas asumen en sus costos un valor mayor por conceptos de transporte y deben vender el combustible a un precio fijo, a nivel nacional.

Doble IVA ya que las estaciones de servicio pagan por adelantado el Impuesto al Valor Agregado (IVA), lo que se llama IVA Presuntivo. Alegan que las instituciones públicas retienen el 100% del IVA en compras de combustibles, lo cual ocasiona una doble retención, afectándolos negativamente en sus ingresos.

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Finalmente aclararon que su plantón no representa una paralización en la distribución de combustibles.

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“Desarrollamos herramientas encaminadas a servicios eficientes y de calidad que permitan simplificar trámites y servir de la mejor manera a los ciudadanos. Para eso creamos la ficha de información ciudadana que contiene los datos de identidad de los ciudadanos y su información electoral”, indicó Angie Jijón, directora nacional del Registro de Datos Públicos.

Ahorro de las instituciones

328 instituciones del servicio público, ministerios; secretarías y otras dependencias, utilizarán este sistema para el ahorro de papel y tinta, así lo aclaró el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique. “De las 1000 toneladas de basura que enterramos en el país al año, 544 toneladas son papel. El ahorro que vamos a tener da la importancia a esta nueva plataforma”, dijo.

Entre las organizaciones que harán uso de esta plataforma está la Agencia Nacional del Tránsito (ANT). “La palabra encuentro también aplica a la tecnología y el cero papeles. Es la muestra fehaciente de que hemos dado un paso trascendental de un gobierno que quiere darle al país la agilidad de trámites, la desburocratización dentro de las entidades públicas. Como ANT atendemos 150.000 trámites mensuales. Esta ficha nos permitirá reducir el tiempo de los trámites”, añadió.

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En su hoja de vida presentada en la web se evidencia un largo camino por la educación superior. Se graduó en Economía y Matemática por la Universidad de Michigan (2010). También es máster en Economía del Desarrollo por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) (2010). Hasta 2020, concentró sus esfuerzos en el doctorado en Economía Financiera por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Arauz, el servidor público

Arauz, candidato de Unión por la Esperanza (UNES), dijo que «aspira ser el presidente de la República para ser el primer servidor público del país». Su vida profesional transcurrió en ese ámbito.

Su biografía indica que «inició como asesor en Política Financiera del Ministerio de Coordinación de la Política Económica (2007-2009). En 2009 trabajó en el Banco Central del Ecuador, llegando a ser Director General Bancario entre 2011 y 2013. Fue Subsecretario General de Planificación para el Buen Vivir de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo – Senplades (2013-2015) y Director General del Servicio Nacional de Contratación Pública (2015)».

En marzo de 2015, fue Ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. Para 2017 regresó al Banco Central del Ecuador y fundó el Observatorio de la Dolarización que investiga sobre temas económicos del país.

Planes de Gobierno

El plan de gobierno de Arauz tiene como objetivo principal «recuperar la democracia, el Estado plurinacional e intercultural, la dignidad, el trabajo, una estructura económica y productiva sostenible y la soberanía para caminar hacia la construcción de la sociedad del buen vivir siguiendo la hoja de ruta trazada en la Constitución de la República».

Descarga su plan de gobierno aquí:

El candidato defendió su planificación en el debate de segunda vuelta. Allí indicó que mantendrán la dolarización y la fortalecerán frente a las críticas que recibió de parte de sus detractores. Habló también de la dinamización de la economía a través de inyectar liquidez en el aparato productivo. Arauz prometió un plan de vacunación estructurado a base de turnos.

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En su cuenta oficial de Twitter publicó un conjunto de mensajes donde informó que dispuso congelar las tarifas de los servicios públicos señalados hasta el 31 de diciembre de este año, “nadie deberá resignar parte de sus ingresos en afrontar aumentos en los precios de estos servicios».

Este viernes constará en el Registro Oficial

Además, mencionó que la decisión es una forma de recuperar la fuerza del Estado que el Gobierno de Mauricio Macri había reducido, es decir, el Estado volverá a participar en la regulación de estos servicios. “El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado” añadió, el primer mandatario.

Finalmente, reconociendo la necesidad del acceso a estos servicios y la dificultad de parte de la sociedad para obtenerlos, declaró que el Gobierno ordena “que de aquí en adelante haya planes inclusivos de prestación básica, universal y obligatoria para quienes menos tienen”.

La medida será tomada a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que se publicará esta noche en el Boletín Oficial, señalaron fuentes oficiales. Además, tampoco podrá haber aumento de tarifas en el futuro sin previa autorización del Estado, debido a que pasará a ser un “servicio público” y ya no estará sujeta a la decisión exclusiva de las empresas, como sucede en la actualidad. (AB)

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«La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno nacional», dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

El órgano no precisó el monto adeudado ni el tiempo de la deuda.

En las instituciones públicas laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades críticas, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el sistema de seguridad social.

¿Quiénes no reciben su remuneración?

Médicos, profesores, trabajadores de distintas instituciones y empresas públicas tienen entre uno y dos meses de retraso en el pago de sus sueldos. Los galenos ya han levantado su voz exigiendo su derecho, pese a que el Ministro de Salud desconoce fecha de pago de sus sueldos.

La crisis ha sido tan dura con el sector de la salud que incluso, hace pocos días, el gobierno de Lenín Moreno despidió médicos, sin embargo, restauró el sueldo completo de USD 4 283 mensuales a viceministros.

Trabajadores de los medios públicos también exigieron el pago de sus sueldos, antes de la extinción de estos. Con el hashtag #MiSueldoMiDerecho, los trabajadores de los Medios Públicos levantaron su voz ante la falta de pago de dos meses de salario. El pedido se convirtió en tendencia en Twitter en los primeros días de agosto.

Ecuador está enfrentando una complicada situación económica debido a los efectos de la pandemia y al derrumbe del petróleo, su principal producto de exportación, que este año podría significarle una contracción económica de alrededor de 10% de su Producto Interno Bruto.

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