La normativa, cuestionada en la Corte Constitucional por múltiples demandas, reforma al menos seis cuerpos legales, desde la Ley de Servicio Público hasta la Ley de Contratación Pública. Originalmente enfocada en compras estatales, la ley amplió su alcance durante su trámite legislativo. Dejando de lado la unidad materia, el proyecto de ley incorporó ajustes laborales que hoy generan rechazo en sectores de servidores públicos.

Evaluación y destituciones

El reglamento detalla que los funcionarios serán evaluados dos veces al año —frente a una anual anterior— con consecuencias escalonadas: quienes obtengan «insuficiente» en dos ocasiones consecutivas serán destituidos.

Si el servidor obtiene una calificación regular, puede ser evaluado nuevamente en tres meses y si tiene la misma puntuación o menos también será despedido del cargo. Solo las notas «excelentes» o «muy buenas» permitirán acceder a promociones o capacitaciones. Adicionalmente, se reduce el monto de indemnizaciones por despido.

Teletrabajo condicionado

Los empleados con evaluación inferior a «satisfactorio» podrán perder su modalidad de teletrabajo y retornarán a la presencialidad. Las instituciones deberán emitir normativas internas para aplicar este cambio. La decisión también podrá tomarse si el superior jerárquico determina que las funciones requieren asistencia física.

De igual manera, el decreto establece directrices para aplicar reformas en leyes como la de Contraloría, Movilidad Humana y Economía Popular, aunque el grueso de sus disposiciones se concentra en contratación pública.

La asambleísta opositora Gabriela Molina denunció que el gobierno busca «cesar a miles de servidores». Resaltó que la normativa paraliza iniciativas de estabilidad laboral, reflejando la tensión política que rodea a esta normativa.

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El 26 de abril se celebra el día del Servidor Público ecuatoriano y a tres años del Gobierno de Lenín Moreno, en vez de felicitaciones se han evidenciado despidos masivos.

Despidos en el 2019

Entre el 27 de febrero y el 01 de marzo del 2019, 10.000 funcionarios públicos que trabajaban bajo contratación de servicios ocasionales y por comisión de servicios fueron removidos de sus puestos. Se les informó un día antes del feriado de Carnaval.

Entre ellos había personal de salud, algunos protestaron por la decisión a las afueras zonal 8 del Ministerio de Salud Pública (MSP) en Guayaquil. Ahora por la crisis, el MSP tuvo que admitir que no tenía suficiente personal y les tocó contratar más.

En 2019, más de 30 mil personas fueron desvinculadas de sus trabajos. Si el objetivo del Gobierno es cesar a 150 mil servidores, quedarían 120 mil despidos pendientes.

El despido de esos 10.000 trabajadores le significa al Estado USD 600 mil dólares al año.

Justificación estatal

El Gobierno ha usado la palabra «estado obeso» para referirse a los gastos que se destinan a los servidores públicos y ha justificado los despidos con el aflojamiento del Estado.

En los últimos días, organizaciones sociales presentaron una demanda en contra del Ministerio de Finanzas por ordenar, mediante una circular, el despido de funcionarios bajo servicios ocasionales o nombramiento provisional. Medida que según la ley sería inconstitucional.

El día del Servidor Público se ensombrece para quienes, por decisión gubernamental, han dejado de serlo y no saben cómo mantener a sus familias durante y después de la emergencia.

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