Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

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Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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Quito, 27 jun (La Calle).- Entre el ruido mediático de Fito, Fede y las cárceles, una reforma silenciosa está golpeando el corazón del servicio público en Ecuador: la eliminación de la compensación por jubilación a los 60 años. El artículo 81 de la LOSEP fue modificado por la nueva Ley de Integridad Pública, y aunque pocos lo notaron, miles de docentes, médicos y funcionarios ahora tendrán que esperar hasta los 65 años para retirarse con compensación.

El cambio es significativo. Antes, la ley permitía acceder a la jubilación desde los 60 con todos los requisitos del IESS cumplidos, accediendo a una compensación que podía alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados. Pero ahora, esa posibilidad ha sido aplazada cinco años. Para muchos, eso equivale a una vida entera de proyectos rotos.

¿Qué dice la reforma?

Quien tenga 65 años, cumpla los requisitos del IESS y solicite retirarse voluntariamente, podrá hacerlo y recibir una compensación. A los 70, el retiro será obligatorio. Se exceptúa a docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75. Así consta en el nuevo texto aprobado por la Asamblea y pendiente de publicación en el Registro Oficial.

¿Y qué implica?

Pierden quienes planificaron su vida para acceder a la jubilación a los 60 con dignidad. Pierde el sistema educativo, porque la renovación generacional se posterga. Pierde el sistema de salud, porque muchos profesionales deben seguir trabajando más allá de sus capacidades. Pierde la institucionalidad, porque se rompe el principio de progresividad de derechos consagrado en la Constitución.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea publicada. “Este retroceso es inaceptable”, declaró su presidenta, Isabel Vargas. “No solo afecta a los servidores, sino al funcionamiento del Estado”.

¿Quién gana?

No es difícil adivinarlo. Mientras los servidores públicos se ven obligados a esperar cinco años más para una jubilación digna, los grupos empresariales ligados al poder siguen siendo beneficiarios de condonaciones tributarias y silencios legislativos. La narrativa oficial habla de integridad, pero en los hechos se consolidan los privilegios para unos pocos y se recortan los derechos de la mayoría.

¿Qué podemos hacer?

Informarse. Organizarse. Resistir. La jubilación no es un regalo: es el resultado de décadas de trabajo. Y modificar sus condiciones de forma unilateral, sin diálogo, sin transición, sin evaluación del impacto social, es una traición a quienes sostienen el Estado todos los días.

Mientras tanto, entre leyes troleadas y titulares sensacionalistas, nos van despojando sin que nos demos cuenta. Pero no es tarde para alzar la voz.

Porque jubilarse con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

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«Mi hija que cumplirá cuatro años empezó a asistir a clases de inicial en el Centro de Educación Infantil Mi gigante tesoro en Carcelén. El lunes (04 de septiembre) tuvo la presentación, el martes (05 de septiembre) tuvo jornada completa y ese día la mamá la recogió y la notó triste, rara y le preguntó qué pasó. La niña, entonces, contó que la profesora le quiso dar un jarabe que sabía a cereza, el momento que ella se negó a tomarlo, la jaló de las orejas, incluso sacándole el arete. No tuvo un daño físico en sus orejas, pero cuando le pregunté que había dicho la profesora, ella respondió ¿Cómo que no? y le obligó a tomarlo», relató a Radio La Calle, su padre Gabriel Borja.

Después de eso, le hizo el mismo proceso a su compañero, jalando de sus orejas para que tome el jarabe. A la niña también le obligaron a comer y a acabarse toda la lonchera que le habían mandado de una forma grosera. «La maestra es mala», le dijo la pequeña a su padre. Después de llegar a su casa, la niña durmió tres horas, presumiblemente por el efecto del jarabe. También se quejó de un dolor de estómago.

Negligencia institucional

Los padres de la niña presumen que el jarabe que ingirió era un tranquilizante, por lo que Gabriel decidió hacer la denuncia pertinente. Allí surgió otro problema, la falta de atención de los funcionarios públicos con el protocolo necesario para estas situaciones. «Fui al Ministerio de Educación, a la Fiscalía. Conseguí, después de una pelea bastante fuerte, interponer la denuncia desde Riobamba que funciona sin ningún problema en Pichincha y la mamá ya completó la analítica para llevarla al Izquieta Pérez. En el Centro de Salud le negaron la atención para el examen», explicó.

La preocupación para los padres es que, con el paso del tiempo, los resultados de la analítica no muestren la presencia del jarabe. Al final, a la niña le sacaron sangre en la Fiscalía, después de que los funcionarios alegaran varias excusas, como el hecho de poner la denuncia en Riobamba, el lugar donde vive el padre. El sistema de la Fiscalía tiene funcionamiento a nivel nacional por lo que el sitio de donde se generó la denuncia no detiene el proceso.

El Centro Infantil les devolvió el dinero de la matrícula y el uniforme, la directora no puso resistencia. «La mamá le preguntó qué fue lo que le dieron y ella dijo que no le dieron nada. (…) Me preocupa que frente a la forma de actuar de los servidores públicos, no haya seguridad de que el trabajo de análisis no se haga bien. No saber qué sucede. Dijeron que en 10 días el Izquieta Pérez mandará esos resultados a la Fiscalía», agregó.

La pasividad

Este padre está preocupado también sobre el impacto psicológico que este episodio de maltrato puede tener en su hija. «La psicóloga de la dirección distrital del Ministerio de Educación me dijo que aquí las denuncias suelen morir. Es un tema penal que lleva la Fiscalía, pero si ellos no contestan, la ruta es dirigirse al Ministerio de Educación para pedir la inspección y el protocolo a seguir», dijo este padre.

Si bien la niña no sufrió daños físicos aparte del sueño y el malestar. Los padres están preocupados de que situaciones así se repitan y lo desprotegidos que están frente a las instituciones que deberían protegerlos. «Si un ciudadano común lleva una denuncia a la función pública no va a mentir y suponer lo contrario va contra la buena fe que debe tener el funcionario. El Centro de Salud debió seguir el protocolo de violencia», expresó.

Para Gabriel es importante que las madres y padres se enteren de estos hechos que posiblemente podrían pasar en otros centros de educación infantil para los estudios iniciales. Por lo que consideró necesario visibilizar su caso. (MIBM)

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“El plazo máximo de duración de un contrato de servicios ocasionales será de un año y no podrá ser prorrogado salvo los casos establecidos en la Ley. Una vez superado el plazo se entenderá como necesidad institucional permanente, lo que conllevará a la respectiva creación de un puesto”, indica parte de la circular.

El Ministerio también indica que las solicitudes para autorizar contratos de servicios ocasionales se entregarán hasta el 15 de cada mes. Deberán tener los siguientes requisitos: el oficio de requerimiento, el informe justificativo, la certificación presupuestaria y la matriz de contratos.

Además, la Unidad de Talento Humano de cada institución debe poner a consideración, hasta el 10 de cada mes, el detalle del personal que trabajará por servicios ocasionales. También si existen prórrogas.

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Despidos

El pasado 6 de septiembre, el presidente Guillermo Lasso anunció que las dependencias del Estado bajarán el número de trabajadores. A su criterio, es demasiado personal al que el Estado debe pagar.

El mandatario explicó que, en 2017, en la Presidencia de la República trabajaban alrededor de 890 empleados, actualmente laboran 600, y la meta para diciembre es contar con máximo 450 funcionarios.

“Eso tendrá que suceder en muchas instituciones públicas, porque hay trabajo que es inútil, que no es necesario, que no genera valor. Hay un objetivo que es producir más con menos recursos”, aseguró.

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“Programa de Reforma Institucional de la Gestión Pública, refleja una asignación de USD 210 millones, recursos que van a ser coejecutados por algunas entidades del Presupuesto General del Estado, permitiendo la desvinculación de los servidores públicos de las diferentes modalidades”, dice el justificativo de la proforma general del Estado. Los sectores afectados serán los empleados de los Ministerios de Salud, Educación y Trabajo.

Proforma presupuestaria

De acuerdo con el economista Andrés Campaña, los rubros más importantes de los ingresos permanentes del Presupuesto de 2022 serán los tributos y los rendimientos de la actividad hidrocarburífera. “En tributos está previsto recaudar USD 13.418 millones constituyendo una presión tributaria de 12.33% en relación del PIB. En comparación a este año, existirá una leve reducción de USD 452 millones”, indicó en un análisis.

El economista expresó que la proforma de 2022 no contempla las modificaciones que surgirán con la reforma tributaria a través del proyecto de Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la Pandemia COVID-19 que está en la Asamblea Nacional. “Atención especial merece el impuesto a la salida de divisas toda vez que el candidato Guillermo Lasso ofreció eliminarlo; pero, en 2022, su recaudación aumentará para salud del fisco y la producción nacional”.

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El Gobierno indicó que se está pagando a la Policía, Fuerzas Armadas y Salud, que han definido como sectores prioritarios. Sin embargo, son las entidades a las que más se adeudan. Al Ministerio de Educación se debe USD 126 millones; a Salud, USD 30 millones; al Ministerio de Defensa USD 10 millones y la Policía, USD 9 millones.

Acción de protección

El retraso llevó a la Defensoría del Pueblo, la Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), la Red de Maestros por la Revolución Educativa y la Unión Nacional de Educadores a presentar una acción de protección. El pedido lo acogió un juez de la Unidad Judicial de Iñaquito que ordenó el pago puntual.

Para agosto, Finanzas indicó que por la crisis económica que atraviesa el país, los pagos se priorizaron en relación con el artículo 286 de la Constitución ecuatoriana. “Se irá cumpliendo con los pagos de nómina en la medida de la disponibilidad de recursos económicos en la caja fiscal”, dijo la cartera de Estado.

Por otro lado, el presidente de la Federación de Servidores Públicos, Miguel García, explicó que mensualmente el rol es de USD 620 millones y lo cancelado hasta este viernes último fue USD 200 millones. De manera que la mora superaría los USD 400 millones en el mes de agosto.

El 16 de septiembre, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) retomará las protestas contra las medidas del gobierno nacional y los despidos de trabajadores por la pandemia de la COVID-19. El retorno a la movilización nacional será a las 16:00 en la Caja del Seguro Social, centro norte de Quito.

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«La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno nacional», dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

El órgano no precisó el monto adeudado ni el tiempo de la deuda.

En las instituciones públicas laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades críticas, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el sistema de seguridad social.

¿Quiénes no reciben su remuneración?

Médicos, profesores, trabajadores de distintas instituciones y empresas públicas tienen entre uno y dos meses de retraso en el pago de sus sueldos. Los galenos ya han levantado su voz exigiendo su derecho, pese a que el Ministro de Salud desconoce fecha de pago de sus sueldos.

La crisis ha sido tan dura con el sector de la salud que incluso, hace pocos días, el gobierno de Lenín Moreno despidió médicos, sin embargo, restauró el sueldo completo de USD 4 283 mensuales a viceministros.

Trabajadores de los medios públicos también exigieron el pago de sus sueldos, antes de la extinción de estos. Con el hashtag #MiSueldoMiDerecho, los trabajadores de los Medios Públicos levantaron su voz ante la falta de pago de dos meses de salario. El pedido se convirtió en tendencia en Twitter en los primeros días de agosto.

Ecuador está enfrentando una complicada situación económica debido a los efectos de la pandemia y al derrumbe del petróleo, su principal producto de exportación, que este año podría significarle una contracción económica de alrededor de 10% de su Producto Interno Bruto.

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