132 asambleístas se reunieron en la sesión del Pleno para discutir este estado de excepción. Realizaron comisión general para escuchar a cada uno de los ciudadanos y dirigentes sociales que dieron sus opiniones de porqué derogar o no este decreto.

Todavía siguen compareciendo los ciudadanos, pero para este momento, las participaciones y el posterior debate es infructuoso, ya que no puede derogarse un documento que ya no existe.

La derogatoria

72 asambleístas mostraron su apoyo para derogar este estado de excepción y pidieron al presidente Virgilio Saquicela llamar al Pleno lo más pronto posible.

La revocatoria se realiza con el amparo del artículo 46 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Luego de la notificación detallada en el numeral anterior, la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea Nacional, podrá solicitar a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional, la revocatoria del decreto ejecutivo que declaró el estado de excepción, quién remitirá dicha petición al Pleno de la Asamblea Nacional, para que, en un
solo debate y con la mayoría absoluta de sus integrantes, niegue la petición o revoque el decreto ejecutivo. En cualquier caso, la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional ordenará la publicación de lo resuelto en el Registro Oficial». MIB

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“Tenemos que decirles, paren de llorar frente a los hechos ilegales que ustedes quisieron perpetrar armando una comisión supuestamente multipartidista, donde no había ni un delegado con la venia de la organización política Pachakutik. Otra cosa es que ustedes querían poner ahí, a dedo, a alguien que se prestaba para eso (refiriéndose al miembro de la comisión Peter Calo, de los rebeldes de Pachakutik”, dijo el asambleísta.

Añadió que Pachakutik no presentó ningún delegado en esa comisión donde “querían hacer lo que les da la gana con las autoridades de la Asamblea Nacional y sobre todo con nuestro proceso de lucha. Vamos a defender estas medidas cautelares, pero sobre todo a hacer respetar a nuestra organización política”.

Medidas cautelares

Salvador Quishpe, junto a Sofía Sánchez y Marlon Santi, es una de las personas que solicitó medidas cautelares contra los cinco miembros de la Comisión pluripartidista AD HOC que fiscalizó a Guadalupe Llori. De acuerdo con el pedido, buscan “evitar la violación o amenaza de violación de los derechos de participación, al debido proceso y la seguridad jurídica”.

Las medidas, presentadas el pasado 20 de mayo, fueron aceptadas por un juez de la Unidad Judicial Penal de Quitumbe.

El pasado 25 de mayo, con cinco votos a favor, la Comisión Pluripartidista AD HOC se aprobó el informe de evaluación a la presidenta Guadalupe Llori por incumplimiento de funciones, tras la denuncia presentada por el asambleísta Esteban Torres. MIB

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«Listos para iniciar la Sesión de Instalación de la Comisión Pluripartidista AD HOC. Existe el quórum», escribió en un tuit la legisladora Marcela Holguín (UNES). La sesión avanzará a pesar de la amenaza de bomba que se difundió minutos antes.

Los legisladores se mantienen en el piso 6, mientras se instalaban miembros del GIR y la Policía Nacional les solicitaron salir del edificio, sin embargo, los asambleístas se han opuesto al pedido.

Comisión Multipartidista

El pasado 26 de abril, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 81 votos, la creación de una Comisión Multipartidista Ad Hoc para investigar la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) contra la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori por el incumplimiento de funciones.

La Comisión tiene como miembros: Peter Calo (PK), Pamela Aguirre (UNES), Pedro Zapata (PSC), Lucía Placencia (ID) y John Vinueza (independientes). MIB

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La amenaza se anunció justo antes del inicio de la sesión donde se escogería al presidente y vicepresidente de la Comisión Multipartidista AD HOC para fiscalizar a Guadalupe Llori.

Desde la Asamblea informaron de la evacuación de los administrativos y asambleístas. Varios de los legisladores expresaron su inconformidad y dudas en las redes sociales.

La legisladora Johanna Moreira calificó a la amenaza de falsa y que busca interrumpir la elección autoridades para fiscalizar a la presidenta Guadalupe Llori.

«Para impedir que la comisión pluripartidista sesione, la Asamblea difunde la noticia falsa de amenaza de bomba para evacuar a todos y cerrar la asamblea. ¡Basta de tantos atropellos! Pd: Desde el martes intentaron hacer lo mismo y no les funcionó», escribió en un tuit.

Noticia en desarrollo…

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“La Bancada del Acuerdo Legislativo (BAN) ha resuelto expulsar y separar al asambleísta Virgilio Saquicela por su proceder irregular, ilegal y antidemocrático en el Consejo de Administración Legislativo (CAL). Además de evidenciar una actitud prepotente y deplorable frente a los otros asambleístas, el secretario general y demás equipos legislativos, procedió a sacar a todos los medios de comunicación”, dice parte del comunicado.

La bancada condenó el comportamiento de Saquicela. “Estos comportamientos responden a intereses y ambiciones individuales que bajo ningún concepto representan nuestros principios, valores y forma de hacer política en la Asamblea Nacional. A partir de este momento, todos sus actos y declaraciones son de carácter personal, por lo cual, nos deslindamos de los mismos”.

Sesión del CAL

En la sesión del CAL del 6 de abril, el vicepresidente Saquicela apeló a la presidencia de este organismo, con el fin de tramitar el pedido de Darwin Pereira (PK) de conocer las denuncias en contra de la presidenta de la Asamblea y los miembros de este órgano.

Saquicela le pidió a Álvaro Salazar, secretario general, leer el orden del día de los puntos que mocionó Pereira en su pedido de cambio de orden del día. “Como punto de información, vicepresidente, la apelación a la presidencia no tiene ese efecto jurídico. Solamente que usted pase a dirigir la sesión, por lo tanto, el orden del día ya fue aprobado”, explicó Salazar.

“Señor secretario”, interrumpió al secretario. “Usted está para leer lo que se le ordena y para informar lo que se le requiere. Usted no puede opinar, menos emitir un criterio. Si está mal enseñado a eso, tiene que aprender”, dice.

Tras el altercado, Guadalupe Llori y Natalie Arias salieron del lugar de reunión. MIB

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Entre los temas a discutir están: el Informe no vinculante a la objeción parcial del presidente al Proyecto de Ley Orgánica que garantiza la Interrupción del embarazo en casos de violación. El informe para el segundo debate de las reformas a la Ley de la Contraloría General del Estado. El informe de amnistías prorrogadas. Llori informó en una rueda de prensa que estaba abierta a la creación de la Comisión.

La funcionaria dijo que, a pesar de que no existe la figura constitucional ni legal, no objetará el tratamiento de este tema en la sesión del Pleno: “Como presidenta he cumplido con mis atribuciones legales y constitucionales y es lo que espero respeten todos los asambleístas”, expresó.

Pedido del cambio del orden del día

La bancada de UNES, tras los fallidos pedidos de apelación a la presidencia de la Asamblea Nacional, presentó por escrito el 29 de marzo, un pedido de cambio del orden del día, donde se incluya como segundo punto un proyecto de resolución para la creación de una Comisión AD HOC Multipartidista para investigar las actuaciones del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Este pedido se realizó para “la próxima nueva sesión que convoque al Pleno de la Asamblea después de la signada con el número 770”. El pedido tenía como remitentes tanto a la presidenta como al secretario general, Álvaro Salazar.

Crisis en la Asamblea

El pasado 29 de marzo tras un debate sobre las declaraciones del presidente Lasso sobre los presuntos casos de corrupción por parte de los asambleístas, la presidenta solicitó la votación. Esto causó reclamos por parte de UNES y Pachakutik y la petición de apelación a la presidencia. Llori suspendió la sesión y salió, no sin antes hacer un gesto obseno a sus compañeros.

El 31 de marzo, la cabeza del Legislativo informó que, después de la reunión con los jefes de bancada decidieron suspender la sesión del Pleno programada para el 1 de abril. Los asambleístas informaron que las declaraciones de Llori eran falsas y que no se había llegado a esa decisión. Las bancadas de UNES, PSC y una parte de Pachakutik abogaron por la auto convocatoria y empezaron a recolectar firmas. MIB

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A las 14:00 de este miércoles 9 de marzo, el Legislativo decidirá sobre el informe que pretende dar amnistía a 272 líderes sociales, defensores de la naturaleza y DD.HH. Pese a que dicho informe fue oficializado fuera de plazo ya que no se logró recoger las firmas necesarias en los 30 días determinados por la ley.

«He puesto en el orden del día el tema de las amnistías para devolver la tranquilidad y la esperanza a los compañeros luchadores sociales, de la naturaleza y del agua, y a sus familias, por ser perseguidos y encarcelados por la justicia. Segundo, devolverle la armonía y estabilidad a la Asamblea Nacional», señaló la la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El problema, las firmas

Ya que el informe fue firmado fuera del plazo establecido, puede que exista un conflicto al momento de otorgar las amnistías. El asambleísta por Pachakutik, Fernando Cabascango, señaló a la Presidenta del Legislativo que se presentó el informe de aprobación dentro del plazo establecido de 30 días. También añadió la incongruencia del Legislativo, que en otros casos ha convocado al pleno y ha tramitado informes sin firmas.

El asambleísta Fernando Villavicencio remitió una queja porque Cabascango envió sin las firmas correspondientes el informe para conceder amnistías a procesados por violencia en octubre de 2019, en el último día del plazo. Sin embargo, se retractó y retiró su denuncia.

Por su parte, el coordinador Nacional del movimiento Pachakutik, Marlon Santi, expresó que confía en que las distintas bancadas de la Asamblea voten a favor de las amnistías a los defensores sociales y de la naturaleza, como muestra de un «hecho histórico». Asimismo aseguró que los 25 legisladores de Pachakutik votarán unánime por dicho informe.

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En medio del discurso del alcalde sobre la gesta heroica del 10 de agosto, el concejal Morales se acercó a la tarima y le lanzó un vaso de agua al burgomaestre diciendo “eres un sinvergüenza, renuncia. Ten un poco de decencia, Quito no merece lo que estás haciendo”.

Tras la agresión, Yunda respondió: “estos ataques son los que sufrimos todos los días”.

En horas de la tarde grupos a favor y en contra de Jorge Yunda marcharán hasta la Corte Constitucional. Allí mostrarán su posición sobre su remoción y posterior regreso a la alcaldía de la Capital.

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