Quito 26 de feb (La Calle).- El Pueblo Shuar Arutam demanda a Pacto Global Red-Ecuador la rectificación y desvinculación a la concesionaria Solaris Resources Inc. como aliado estratégico de su iniciativa minera. El grupo solicita a la Oficina del Alto Comisionado del Consejo de Derechos Humanos mayores estándares para la inclusión de aliados estratégicos que no desprestigien la integridad del Sistema de Protección de Derechos Humanos

“Desde el 2019, el Pueblo Shuar Arutam ha denunciado en numerosas ocasiones que la empresa ingresó a su territorio sin respetar ni garantizar derechos fundamentales como la consulta y consentimiento previo, libre e informado para la asignación de concesiones mineras. Así mismo ejerció influencias sobre las autoridades del Gobierno Nacional y de Morona Santiago”, reza el informe.

En el aviso, la comunidad expresó su preocupación por la incurrencia de la empresa en actos de persecución y amenazas a líderes y lideresas destacando el hostigamiento a la Presidenta del Pueblo Shuar Arutam, Josefina Tunki. El abuso corporativo ya fue previamente denunciado en la Fiscalía General del Estado (FGE) contra el señor Federico Velásquez, gerente de SOLARIS RESOURCES INC. El caso actualmente se encuentra en fase de investigación previa por intimidación y amenazas.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos lamenta que Pacto Global Red-Ecuador anuncie a la concesionaria como parte de la estructura de impunidad corporativa que actúa en detrimento de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas en Ecuador.

“El Consejo de Gobierno del Pueblo Shuar Arutam (PSHA), en su carta pública del 22 de febrero de 2021, afirma que la empresa minera mediante su Alianza Estratégica del Proyecto Warintza no representa un modelo de Responsabilidad Social Corporativa, mucho menos un ejemplo de respeto a los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas», anunciaron.

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Lo representantes calificaron de ilegítimo este acuerdo, que solo buscaría “manipular a los shuar y explotar su territorio”.

“El accionar de esta empresa es repudiable y va en contra de nuestra histórica lucha”, manifiesta el comunicado que agrega: “hemos manifestado un no rotundo a la explotación y sabemos las estrategias de las mineras ”.

Para los indígenas se trata de una violación a los derechos establecidos en la Constitución del Ecuador y el Convenio 169 de la OIT.

Las autoridades amazónicas expresan que la empresa no ha buscado consentimiento. Tildaron, además, de engañosa la s “Consulta Comunitaria”, adicionalmente, exigen la atención de organismos internacionales. La consulta comunitaria es una forma de acuerdo entre la comunidad y los empresarios. Forma parte esencial de las actividades que debe desarrollar la empresa. Consiste en reuniones con la comunidad que plantea a cambio de permisos de explotación, una serie de reparaciones en su territorio. Al parecer, en este caso, la consulta ha sido distorsionada por presiones externas, no se realizó, o simplemente no se respetaron los acuerdos. Las reuniones comunitarias en la amazonía se realizan con la presencia de toda la comunidad. Por lo general se solicitan obras fisicas o escuelas para mejorar el nivel de vida de la comunidad, mientras la empresa sigue con sus operaciones.

Reparaciones en derechos humanos

En julio , un juez constitucional aceptó una acción de protección y declaró la existencia de vulneración de derechos y omisión por parte del Estado en contra del pueblo ancestral .

Se determinó que la Presidencia, el Ministerio de Gobierno, Salud y el Servicio de Gestión de Riesgos no garantizaron los derechos de las nacionalidades a fortalecer su identidad.

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