En un clip titulado «Guillermo Lasso y su pasión llamada Ecuador», el mandatario aseguró que la tesis de sus «detractores» era no dejarlo gobernar, por lo que su gobierno tuvo cuatro intentos de destitución y cinco revocatorias de mandato. Según él, la única alternativa que tuvo fue decretar la muerte cruzada.

El jefe de Estado aplicó este mecanismo en medio de un juicio político que la extinta Asamblea Nacional llevaba en su contra por el presunto delito de peculado. Luego de que se revelara una presunta red de corrupción en las empresas públicas en la que presuntamente estaba involucrado su cuñado, Danilo Carrera.

«Muchos asambleístas sabían que yo no había cometido peculado y en la buena política no se aceptan algunas cosas. Una de ellas, inventar un juicio político al presidente», dijo.

Además, aseguró sentirse «orgulloso» de haber creado el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Remarcó que implementó políticas públicas orientadas a disminuir la violencia contra la mujer. Sin embargo, en los primeros nueve meses de 2023, al menos 238 mujeres fueron brutalmente asesinadas en Ecuador.

«La justicia está podrida»

Aunque días atrás el jefe de Estado mencionó que trabajaba por cambiar la justicia y defendía sus principios, en el clip de más de 19 minutos mencionó que la «justicia está podrida». Para Lasso, la justicia no solo está «manchada» sino que también está «politizada».

«Debo decir que sí hay buenos elementos, pero la justicia como institución está podrida y apesta», apuntó.

Crisis en los centros penitenciarios

Lasso justificó su inoperancia en el sistema carcelario con que todas las muertes al interior de los centros son una respuesta de las bandas delictivas por «su lucha contra el narcotráfico».

Para el mandatario, las consecuencias de «su lucha» se vivieron primero en los disturbios en los reclusorios y luego se extrapolaron a las calles.

«Hay una vinculación entre el narcotráfico, violencia y política en el Ecuador (…) En esas causas están los políticos que buscaron desestabilizar mi gobierno porque yo les era incómodo», apuntó.

Finalmente, casi como un cuento de hadas, repitió que destinó todo su trabajo para «los que menos tienen en el país». Comentó que quisiera ser recordado como «el presidente con la agenda ambientalista más agresiva».

No obstante, luego de los resultados de las consultas populares sobre el Yasuní Chocó Andino se filtró un video en el que el jefe de Estado mencionó que no acataría la decisión del pueblo para mantener el petróleo bajo el terreno porque era algo «inconstitucional».

«Yo entré como un liberal en materia económica y me retiro como un socialdemócrata que respeta la democracia«, puntualizó.

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Rodríguez mencionó que la inversión del Estado será de USD 16 millones anuales. Esta intervención estatal atiende dos frentes. Por un lado, reducir el hacimiento carcelario y por otro, incrementar el número de guías en los centros de reclusión del Ecuador.

Según el SNAI, actualmente hay 2.860 agentes para controlar a los 32.325 presos del país. No obstante, las masacres del 2022, evidenció que el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria tenía 1.500 agentes, mientras que, había un total de 38.751 detenidos. Es decir, existía un déficit del 61 % de guías frente al número de reclusos.

Ante esto, la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) precisaron que cada guía debería tener máximo diez reclusos bajo su cuidado. De esta manera, con la nueva incorporación cada guía tiene 11 presos bajo su custodia.

Además, el presidente de la República, Guillermo Lasso comentó que en los primeros meses del 2023 se incorporarán mil guardias más.

Aún falta equipo…

Los nuevos guías asistieron a su graduación solo con el chaleco antibalas y sus uniformes. Algunos de estos equipos eran prestados y otros estaban caducados. Según Primicias, luego del evento los guías tuvieron que devolver los chalecos y les informaron que, tal vez, para enero les entreguen el equipo completo: uniformes, botas, cinto, equipos como gas y agentes químicos.

Los guías empezaron a trabajar desde el 1 de diciembre. Todos los guías fueron distribuidos en los diferentes centros de reclusión del país y empezaron a trabajar con el uniforme que ellos adquirieron.

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El ministro, en una entrevista con EcuadorTV, dijo que estas acciones son parte de las reformas del sistema judicial y penitenciario. Carrillo explicó que trabajan para reducir la tasa de criminalidad y muertes producto de la delincuencia.

«Por primera vez en el año se da un día sin muertes violentas en la ciudad de Guayaquil», expresó Carrillo en referencia a la militarización de algunos sectores de ciudades como esa. También acotó que las medidas de focalización del estado de excepción dan resultados, pero que no pueden sostenerse a largo plazo.

El ministro explicó que necesitan trabajar con un plan local y políticas de prevención. Dijo que trabajan en ‘contener’ los actuales índices criminales para ‘revertirlos’ desde el próximo año. Agregó que van a «sentarse a trabajar» con cada provincia para entregar recursos y optimizar la logística policial.

«Esa tendencia tendrá un mediano plazo. Llegar a los niveles a los que estábamos antes, inclusive traspasará este Gobierno». Aseveró que el presidente Guillermo Lasso viajará a Israel para gestionar recursos de inteligencia penitenciaria. También explica que se pretende institucionalizar el sistema creando una suerte de Gendarmería como en Argentina o Chile.

Actualmente buscan ligar la jurisdicción del sistema penitenciario al Ministerio del Interior, de manera que se ampare en el marco legal vigente, precisó el ministro.

Censo penitenciario con luz verde según secretaria de DD.HH.

Carrillo mencionó que el Ministerio del Interior trabaja para corregir los problemas estructurales del SNAI. Según explica, cada municipio del país es incapaz de gestionar la población penitenciaria respectiva a su jurisdicción. Dijo que revisarán la política criminal para solventar el abuso de medidas jurídicas.

Otras declaraciones del ministro Carrillo

El ministro también explicó que solventarán la falta de personal e institucionalidad del SNAI. Y, siguiendo la misma línea, añadió que evaluarán el proceso del censo penitenciario en cuanto a temas de rehabilitación y valoración psicológica de personas privadas de libertad (ppl). En ello también incluye la dotación de servicios básicos para ppl, refiriéndose a las causas más frecuentes de hábeas corpus.

Además, señaló que el 1 de junio de este año arrancará la Escuela Penitenciaria. Más de 1400 personas van a formarse en las instalaciones de unidades especiales de la Policía Nacional. Entre ellos el Grupo de Operaciones Especial (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Esto ya que son las principales unidades que interactúan durante los momentos de crisis del sistema penitenciario.

Carrillo indicó que todo ello forma parte del nuevo proyecto del uso progresivo de la fuerza que busca impulsar su aprobación en la Asamblea Nacional. Como último punto mencionó que el tema penitenciario es de gran preocupación para el Gobierno y por ello se realizaron grandes inversiones recientemente en este sector.

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Para Gallegos, este escenario facilitó la situación de violencia y tráfico de armas. Sostuvo que la corrupción de los cuerpos de seguridad fueron un elemento para lo ocurrido en las cárceles.

Además, señaló que, de acuerdo a la Comisión de Pacificación, la corrupción va más allá. Esta Comisión advirtió al presidente Guillermo Lasso que existen miembros de las fuerzas policiales quen protegen a peligrosos líderes delictivos.

«Si la Policía Nacional está tutelando al crimen organizado, dentro o fuera de las cárceles, cuanto menos hay que hacer un proceso de autodiagnóstico y autodepuración», afirmó. Siguiendo esa línea, también expresó que problemas como este son un secreto a voces. Recordó como se ha exportado droga con la venia de funcionarios públicos.

También reflexionó que aplicar modelos más drásticos de penalización en el sistema carcelario no sería una alternativa. Para él, la línea a seguir es la verdadera rehabilitación de los privados de libertad.

Señaló que el sistema no tiene este objetivo. «Pensar que las cárceles son bodegas humanas no es una de las alternativas para solucionar el problema», dijo Gallegos.

El Estado y las prisiones policializadas

El exsubsecretario aseguró que el mismo Estado propicia dificultades a personas de sectores marginales. «Ha condenado a estas personas, en un primer momento, a que vivan en condiciones deplorables. Y, luego, esas personas se ven abarcadas por conductas delictivas. El Estado los vuelve a condenar, ahora sí, con la imposición de una pena. El Estado está condenado, por un lado con la pobreza, y por otro lado está condenando el microtráfico».

Según Gallegos, el 40% de la población carcelaria está procesada por delitos económicos. Es decir, unos 16.500 privados de libertad. A esto se suma un 30% de la población carcelaria sentenciada por delitos relacionados al microtráfico de drogas. Manifestó que estos grandes males van de la mano de la pobreza y la ausencia de el Estado.

Añadió que por más que una persona se ‘rehabilite’, mantendrá un estigma social y antecedentes penales. Aclaró que muchos empleos solicitan el récord policial a sus aspirantes.

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Propuso que quienes se rehabilitaron y estudiaron, trabajaron o desarrollaron alguna actividad artística dentro de prisión, tengan la posibilidad de reincorporarse. Esto, a través de estamentos institucionales, del sector privado o público.

Denunció que la sociedad es mezquina y prejuiciosa y, por ello, tampoco existen políticas públicas que faciliten la reinserción de estas personas. «Quienes están en este momento en el poder están más preocupados por ocultar sus delitos que en sofocar las necesidades de la sociedad actual», concluyó.

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Estas declaraciones las hizo este domingo, luego de que se registrara un nuevo amotinamiento en la cárcel de Turi, en Cuenca. Según Carrillo, hasta el momento hay 20 reos asesinados en la penitenciaría

El funcionario sostuvo que al menos 800 policías y militares tomaron la cárcel y descartó que se declare estado de excepción.También señaló que evacuarán «pabellón por pabellón» a las personas privadas de libertad (PPL) que no participaron en el amotinamiento. Añadió que trabajan conjuntamente con la Fiscalía y la alcaldía para gestionar acciones.

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Además, Carrillo prometió que entregarán la cárcel «libre de armas», pues indicó que se encontraron armas blancas y material bélico. Antes de finalizar la rueda de prensa, el ministro se retiró evadiendo las preguntas de la prensa.

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La intención de la comisión internacional fue “monitorear la situación de derechos humanos de las personas privadas de la libertad en Ecuador”, indica su comunicado. Además, señalan la necesidad de “dar seguimiento a la implementación de las medidas cautelares a favor de Jorge Glas”. Finalmente, según los delegados, entrevistaron al exvicepresidente.

Los miembros de la CIDH estuvieron alrededor de tres horas en el centro penitenciario. No obstante, no dieron declaraciones a los medios de comunicación presentes. Mientras tanto en los exteriores de la cárcel, se reunieron decenas de personas pertenecientes a un colectivo afín a la Revolución Ciudadana. Los ciudadanos exigieron la liberación del exvicepresidente.

Finalizada la visita en la prisión de Latacunga, la comitiva se dirigió a otro centro penitenciario en Quito. También, planean reunirse con el gobernador de la provincia del Guayas, Pablo Arosemena.

Según el director de la prisión, coronel (s.p.) Víctor Andrade, los delegados de la CIDH “cumplieron con todas las actividades que estuvieron planificadas, todas se desarrollaron dentro de la normalidad y manifestaron que van satisfechos luego de la visita realizada”, reseñó diario El Universo.

Motivo de la visita

La CIDH ha expresado su preocupación ante las masacres ocurridas durante los últimos meses en los centros de rehabilitación social del Ecuador. Por lo que ha instado al Gobierno de Guillermo Lasso a tomar “medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal” de las personas privadas de la libertad.

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Desde 2018 se ha registrado un incremento en el número de muertes violentas de personas privadas de la libertad (PPL) en el país. En lo que va del 2021, hasta el 13 de noviembre se suman 324 muertes de PPL.

Ecuador vive una situación de violencia penitenciaria similar a la que se vivía hace unos años en El Salvador. Con la llegada de Nayb Bukele al poder la crisis penitencia menguó en parte su problemática, pero es oportuno preguntarse: ¿qué medidas tomó Bukele para solventar parte de esta crisis?

¿Se debería replicar el modelo de El Salvador en Ecuador?

El caso salvadoreño

Un artículo de la BBC señala que Bukele llegó al poder sin un plan estratégico para combatir la violencia en El Salvador, no obstante, meses más tarde anunció las tres estrategias que aplicaría para reducir los índices de violencia en el país fueron los siguientes:

1. Atacar a las finanzas de las pandillas.
2. Recuperar los centros de las grandes ciudades.
3. Cortar la comunicación en las cárceles.

Sin embargo, el mismo artículo señala que el plan propuesto por el presidente salvadoreño se “centra más en la persecución del delito y de las pandillas que en la prevención que se vislumbraba en su plan de gobierno”.

El pasado 25 de abril de 2020 en El Salvador se reportaron 23 muertos en diferentes partes de aquel país. Tras los hechos Bukele, ordenó declarar emergencia máxima que fue respondida con 24 horas de encierro total para los reos. Además, se emitió un documento que cita lo siguiente: “Si se crea algún problema en una celda y se pierden vidas, y el que empezó el problema no muere, tendrá que pagar con su vida; si su clica (unidad básica de funcionamiento de la pandilla) se rehusa a quitarle la vida, todos los elementos de esa clica deberán pagar, sin importar el lugar en el que se encuentren”

¿Qué modelo carcelario debería aplicarse en Ecuador?

Alexis Ponce, defensor de derechos humanos, dijo que el modelo aplicado en El Salvador no es para nada aplicable en el Ecuador. Tomando en cuenta que el gobierno salvadoreño entabló diálogo con Los Maras, pero en Ecuador esa sería la última opción viable. Según Ponce, lo que el gobierno de Lasso debería aplicar es un plan para:

1. Retirar al Ecuador de la lógica de guerra antidrogas.
2. Cambio de asesores políticos de ultraderecha.
3. Legalizar la droga en el país, para evitar el contrabando, tal como se hizo en Uruguay.
4. Evitar a toda costa la privatización de las cárceles.

Así también considera que el Código Integral Penal (CIP) actual debe cambiarse y reformarse inmediatamente, pues es favorable al gobierno, sea de derecha o izquierda. De la misma forma las mega cárceles son un problema, pues en esta se propician los escenarios perfectos para la lucha de territorialidad de bandas. Considerando esto, un sistema de cárceles pequeñas dejaría sin espacio a los grupos delincuenciales para disputarse territorios dentro de las mismas.

Ponce considera que el modelo que debería tomarse como ejemplo son las experiencias híbridas de Holanda o Países Nórdicos.

Holanda es el tercer país de Europa con una tasa de encarcelamientos más baja y esto se debe a varios factores, entre ellos las sentencias fuera del sistema judicial como las multas o el uso de la mediación.

Ecuador tiene mucho por lo que trabajar en el tema carcelario sobre todo si se toma en cuenta las “medidas” desesperadas del gobierno para simular que está realmente preocupado por la crisis carcelaria que atraviesa el país.

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La masacre del 27 de septiembre en Guayaquil dejó un saldo de 116 muertos, la cifra más grande de la historia nacional. En esta ciudad portuaria también ocurrieron disturbios el 18 de septiembre, el 31 y 22 de agosto con un saldo de un fallecido. El 12 de agosto en Quevedo, los enfrentamientos dejaron seis víctimas mortales. En Guayaquil y Latacunga, el 21 de julio, los asesinados fueron 22.

El 13 de junio, un reo fue asesinado en Guayaquil. En Esmeraldas, dos PPL fallecieron el pasado 29 de abril. Cinco reos murieron en Guayaquil el 28 de abril. La segunda masacre del año tuvo lugar en Guayaquil, Cuenca y Latacunga el 23 de febrero con un saldo de 79 víctimas mortales.

Quintos en Latinoamérica

Esta masacre es la quinta con más víctimas en América Latina (116). La primera se ubica en Honduras con el incendio en la Granja de Comayagua en 2012 (361). La segunda ocurrió en Perú con un motín múltiple en tres prisiones en 1986 (250). En tercer lugar, está el incendio en la prisión de Higüey en 2005 (135). En cuarta posición está el motín múltiple en 80 prisiones de Brasil en 2006 (133).

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Según los reportes, los fallecidos fueron Ángel G. y Erick G.; el primero cumplía una condena por robo agravado, mientras que, el otro fue sentenciado por homicidio. Los cadáveres fueron llevados al centro forense de la ciudad de Santo Domingo y las muertes serán investigadas por las unidades especializadas de la Dirección Nacional de Muertes Violentas (Dinased) y la Fiscalía.

La madrugada del viernes 10 de septiembre ocurrió un intento de amotinamiento, en la cárcel de Riobamba. Algunos internos se opusieron a que la Fiscalía haga una revisión en ese centro. Durante el incidente, los privados de libertad quemaron colchones, lo que ocasionó daños en la estructura del centro penitenciario.

“Los violentos queman colchones, rompen puertas creyendo que no va a suceder nada, inmediatamente la fuerza policial impone el orden. Eso es lo que pasó ahí, lo que está ahí destruido son quema de colchones”, dijo el director del SNAI, Fausto cobo, en declaraciones a la prensa.

Sostuvo que estos hechos son consecuencia de años de omisiones en las cárceles del país. Aseguró que la situación es ahora una amenaza contra el Estado.

En referencia a las condiciones de las cárceles, advirtió que los centros de Babahoyo, Ibarra y Cañar podrían ser cerrados por “temas inhumanos y de hacinamiento”.

Repitió que en cuatro años no se solucionará el problema. Según Cobo se necesitarán ocho años para reestructurar el sistema penitenciario. Sin embargo, mencionó que en 6 meses se verá el tema de la recuperación de la ley y el orden en las cárceles.

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«La CIDH condena los hechos de violencia ocurridos en diversas penitenciarías del Estado ecuatoriano, que resultaron en que al menos 121 personas privadas de libertad perdieran la vida. La Comisión urge al Estado a adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia, así como para prevenir la repetición de estos hechos», dice la comisión en un comunicado.

La CIDH recordó que desde enero de 2021 se produjeron diversos enfrentamientos entre personas detenidas, que ocasionaron la muerte de al menos 121 personas privadas de libertad, y decenas heridos. La organización advirtió que estas muertes suceden en «un contexto de reiterados actos de violencia en los centros penitenciarios de Ecuador».

El organismo recordó las distintas acciones que llevó a cabo el Estado ecuatoriano; señaló que el 17 de abril, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) creó el Grupo Especial de Acción Penitenciaria, y el 28 de julio, el director general de ese organismo declaró situación de emergencia en el Sistema Nacional de Rehabilitación Social por 60 días.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), creado a partir de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tiene la misión de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

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“Tendremos resultados inmediatos en seis meses. No para mañana o después de un mes. En seis meses daré resultados. Esa es la inmediatez frente a la gravedad de las vulnerabilidades. Tenemos graves vulnerabilidades. Hay que decir la verdad. De forma inmediata: seis meses; a corto plazo: dos años y a mediano plazo, cuatro años. Como gobierno serio se deberá dejar al próximo  la planificación”,  indicó Cobo.

El director afirmó además que, durante los cuatro años del gobierno de Guillermo Lasso, el presupuesto para el SNAI, será de USD 75 millones.

Amotinamientos

El coronel retirado también se refirió a la posibilidad de nuevos amotinamientos. “En las cárceles se dice de todo, lógicamente es nuestra responsabilidad prevenir dentro de lo que se pueda. Los incidentes van a seguir, no hay que mentirle al país, porque también hemos recuperado la iniciativa, a veces se habla de amotinamiento cuando son operativos que nacen de la iniciativa del Estado.”.

Cobo también habló de la carta que le envió Abdalá Bucaram Pulley para reunirse con él.

Cobo declaró:

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Informó además que este lunes presentará su diagnóstico, del sistema penitenciario, al presidente Lasso. “También presentaremos soluciones austeras, necesarias para el corto mediano y largo plazo.  Si no hay esos recursos habrá que optimizar los que tenemos”, aseguró.

Cobo recalcó que el sistema penitenciario funciona a través de dos niveles: uno político y otro técnico.  “El uno (nivel) es político y el otro es el organismo técnico que yo presido. Nosotros tenemos la obligación de traducir el lenguaje político a estrategia. Si ese lenguaje político no existe, entonces de que estamos hablando. Hay que alinearse detrás de una política pública todo el Estado ecuatoriano y eso significa las tres funciones. No hay que eludir esa responsabilidad, también todos los ministerios, instituciones y organismos que tienen que ver con el problema de la seguridad penitenciaria, rehabilitación y reinserción”, sostuvo.

Ratificó que la crisis del sector no se trata de un problema de peleas entre delincuentes, tampoco de los muertos. “Este es un problema de la seguridad integral del Estado”, señaló.

La propuesta de Cobo, en el corto plazo, incluye imponer el orden a través de operativos, requisas, traslados. Y para el mediano plazo, mejorar la infraestructura y los procesos de tecnología. También transformar el modelo de gestión del sistema penitenciario. No descarta privatizar la parte externa de las cárceles.

“Hagamos como Estados Unidos, que en todas sus instalaciones en todo el mundo, privatiza con regulaciones fuertes para que se liberen los temas de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y que podamos controlar el ingreso cortando la línea de abastecimiento de armas”, argumentó.

Dijo también que el cuerpo de guías y de vigilancia es insuficiente, pues no tienen la preparación adecuada. Tampoco armamento, porque las leyes no lo permiten. “Hay que hacer una reingeniería, explorar un nuevo modelo de gestión. No hay como seguir poniendo la plata de los ecuatorianos en un saco roto”, indicó.

La culpa sigue siendo de Correa

Fausto Cobo dijo que en el 2008, después de Angostura, junto a Pancho Huerta y “otros ciudadanos responsables”, anunciaron que el Ecuador se enfrentaba a “una narco dictadura, una narco democracia, un narco Estado”. Dijo que ahora “estamos pagando las consecuencias” de eso.

También denunció que ha sufrido presiones por parte de malos elementos del SNAI, que siguen como funcionarios del sistema, porque “la Constitución del 2008 y las leyes de 14 años los protege. “Hay cientos de juicio de malos funcionarios que se amparan en leyes. La institucionalidad está infiltrada por las mafias y el narcotráfico”, añadió.

También dijo aceptar las críticas en democracia. “Aquí está mi asiento, pónganse el chaleco antibalas, métanse a la cárcel y enfrenten a las mafias”, sugirió.

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“Son personas que ganan 700 dólares, que no tienen la capacitación ni los medios”, dijo en una entrevista con Ecuavisa. Asimismo, aseguró que el sistema penitenciario debe conformar un directorio, obviamente con representación del Estado, para generar política pública.

“El sistema debe tener un directorio, donde debe estar el Estado generando políticas públicas y detrás el organismo técnico, que yo dirijo, solo traduce el lineamiento político en estrategia y decisiones”, puntualizó.

Indicó que la crisis carcelaria ya no tiene que ver solo con la seguridad ciudadana, sino que se ha convertido en una amenaza para el Estado. En este sentido, informó que las medidas no se pueden enfocar solamente en el tema penitenciario.

“Tiene que ser analizado el texto de la seguridad integral del Estado. Yo no le voy a mentir al país, estamos enfrentando una real amenaza. O permitimos que las prisiones lleguen a ser zonas liberadas, en donde el control ya no lo tenga el Estado o tomamos una decisión estructural”, sostuvo.

De igual forma, enfatizó en que el gobierno de Guillermo Lasso no es el responsable. “Yo tengo quince días, el gobierno tiene dos meses. Esta amenaza se ha construido en años y lógicamente ahora hay que enfrentarlo”, subrayó.

Sostuvo que el problema es la delincuencia organizada, que tiene un poder superior al del Estado. Por ello, explicó, se deben utilizar medidas extraordinarias operativas y tácticas para contener y controlar.

En este punto, indicó que cuando se habla de soluciones a corto plazo, no tiene que ver con mañana, sino al menos dos años; el mediano plazo, 4 años; y el largo plazo, 8 años.

Aseguró que una de las estrategias debe ser identificar y aislar a los violentos “Vamos a hacer lo posible pero no podemos seguir poniendo el dinero del pueblo ecuatoriano en un saco roto”.

Respecto a ciertas críticas sobre su formación militar dijo: “La guerra tiene como finalidad última la paz, entonces la guerra es la continuación de la política por otros medios”.

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«Una de las muchas opciones para reducir la población carcelaria es reconocer los derechos de alrededor de 5.000 presos que no han sido tramitados por la debilidad institucional del SNAI», dijo en una entrevista con CNN.

El Mandatario agregó que es importante mejorar el sistema de vigilancia con cámaras, escáneres e inhibidores de señal celular. Así mismo, urge mejorar las condiciones de entrenamiento de los guías penitenciarios. «Esta no es la primera vez que topamos el tema. En los 59 días de mi gobierno ya hemos discutido sobre esto en las reuniones de seguridad», añadió.

Mucha gente, a juicio del Mandatario, puede aplicar ya a su libertad porque cumplió un proceso. «Un juez revisará y decidirá si una persona merece los derechos carcelarios. La solución no es invertir grandes cantidades de dinero sino cumplir la ley», precisó.

Plano internacional

Lasso no contestó si le preocupan los referentes del presidente del Perú, Pedro Castillo. Se limitó a decir que asistirá al cambio de mando y que le desea los mejores éxitos a Castillo y a los peruanos.

También se refirió al asesinato de Jovenel Moïse, expresidente de Haití.
Lasso señaló que colaborarán con las autoridades internacionales y confirmó que Dimitri Gerard utilizaba una cédula ecuatoriana para movilizarse.

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«La acción oportuna de la Policía Nacional y Agentes de Seguridad Penitenciaria evitaron el intento de evasión de 26 personas privadas de libertad (PPL) en el CPL Guayas N 1. por el CPL Guayas N2. Las PPL se trasladarán a flagrancia para la formulación de cargos», escribió la institución en un tuit.

Los reos querían salir por la cárcel de mujeres de Guayas lo que generó alarma ya que menores de edad se encontraban también en ese lugar visitando a sus madres.

Riña en la cárcel

El 12 de junio, las autoridades de seguridad carcelaria ejecutaron operativos y protocolos de seguridad para controlar una riña en la misma cárcel.

«Agentes de Seguridad Penitenciaria y @PoliciaEcuador activan protocolo de seguridad y ejecutan operativo de control, ante riña entre personas privadas de libertad de los pabellones 7, 8 y 9 en el #CPLVaronesGuayas N°1″, indicó el SNAI en sus redes sociales. 

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