Fitzpatrick explicó que debido al progreso que ha tenido el narcotráfico, el Ecuador se convirtió en el número uno, quizás a nivel mundial, en el tráfico de drogas. “Los cuarteles están pelando por el control de rutas, puertos, cárceles y la justicia”, recalcó. Además, enfatizó que hace un año existían narcogenerales en el país y ahora están en la justicia.

El embajador cuestionó y reprochó el proceder del sistema judicial en el país. «¿Cómo es posible que se cite a un sospechoso en plena etapa de investigación? (…) Es como decir: Pablo Escobar, estas avisado que hay una investigación en tu contra, pero aún no tienes cargos, que tengas un buen día. Firmado formalete por la Fiscalía General del Estado (FGE)”, expresó.

El funcionario explicó que la corrupción puede actuar de manera impresionante que es capaz de trasformar una de las funciones más relevantes del Estado de Derechos. Indicó que, cuando los fallos dejan de administrar justicia y se transforman en mero ejercicio burocrático, esta función pierde relevancia y los ciudadanos dejan de creer en ella. “Estos asesinos y narcos se ríen y bailan mientras salen de la Corte”, dijo.

También juzgó la intención de la justicia por devolver USD 10 millones a la familia de uno de los líderes del narcotráfico. Esto por la exigencia de los parientes de Leandro Norero que fue asesinado por otro recluso, en la cárcel de Cotopaxi. “El crimen organizado y la corrupción toma ventajas de jurisdicciones donde la Institución esta en construcción porque les garantiza la impunidad”, mencionó.

Ante esto, el canciller ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, confirmó que este es el principal problema de la justicia y sugirió renovar el sistema de justicia. “El Ecuador requiere el fortalecimiento inmediato de la justicia en relación a estas estructuras criminales transnacionales”, enfatizó. (N.J.C)

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Quito, 12 jun (La Calle).- No sabía que esperar de visita al Consejo de Judicatura. Hace unos días atrás, una carta del presidente Guillermo Lasso al abogado Xavier Muñoz, vocal en este Consejo, pidiéndole la renuncia por no “representar” los intereses del Ejecutivo llamó la atención del país. Todavía más la respuesta del vocal que, con argumentos legales, dijo que su trabajo se debía a los ciudadanos y al sistema de justicia.

Eran razones suficientes para concretar un diálogo. Muñoz, nacido en Guayaquil, me recibió en su despacho y amable y distendidamente conversó conmigo sobre su trabajo durante este año y dos meses en la vocalía. En Scarface, Al Pacino dice que los ojos nunca mienten y me pareció ver en los de este abogado una luz de emoción al contarme sobre su trabajo y decirme que un sistema de justicia debe ser incorruptible para que funcione de forma eficaz.

“No esperaba el nombramiento cuando el Consejo de Participación Ciudadana escogió mi nombre para formar parte del Consejo de la Judicatura. Yo estoy acostumbrado a litigar, moverme. Ha sido un año de mucho trabajo”, me explicó. Muñoz asegura que solo una vez se ha reunido con el Ejecutivo de este período para tratar cuestiones laborales. “Hemos cruzado el saludo unas dos veces más, pero ninguna reunión más allá de eso”.

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Modernización de la justicia

Aunque el revuelo por la carta del presidente Lasso y su respuesta fue lo que lo ha catapultado a los medios de comunicación en estos días, hay algo mucho más importante y es el trabajo que este abogado denomina como “silencioso” de su parte. La modernización de la justicia en el Ecuador.

“Un buen sistema de justicia permite que un país crezca, que las empresas lleguen a invertir porque tienen las garantías para hacerlo”, expresó. En este proyecto de modernización tecnológica de la justicia constan tres puntos importantes:

• Sistemas de gestión procesal y sistemas de apoyo judicial.
• Expediente electrónico e intercambio de documentos procesales por vía electrónica.
• Plataformas de interoperabilidad de la justicia penal.

“Con la posibilidad de tener los documentos electrónicos, no habrá las excusas de que, si un papel se pierde, un juicio ya no avanza”, explicó. En el caso de la interoperabilidad, se busca que todas las instituciones que conforman el sistema de justicia trabajen en conjunto.

Además, Muñoz considera muy importante evaluar a los jueces por medio de pruebas psicológicas ya que es importante saber quiénes quieren ingresar y quienes están dentro del sistema. “Un juez debe ser incorruptible”. El Ministerio de Finanzas debe destinar los fondos para este proyecto que ya está en marcha en el Consejo de la Judicatura.

También destacó la importancia de la comunicación, una herramienta que descubrió los últimos días. “Ahora pienso que comunicar mi trabajo a los ciudadanos una forma de que se mantengan informados de las actividades que se realizan”.

Aproveché para preguntar su opinión en las denuncias de los asambleístas sobre una presunta metida de mano en la Asamblea Nacional por parte de la justicia. También sobre la polémica estancia del presidente de la Judicatura, Fausto Murillo, pero Muñoz prefirió no dar su punto de vista. “Al ser un funcionario público y del sistema judicial prefiero no pronunciarme. Hasta ese punto llega mi visión de la transparencia”, replicó.

El diálogo que tuvimos también reveló la parte humana. “También tengo miedo de una posible persecución a partir de la carta del presidente. Miedo por lo que puedan hacerle a mi familia o mis hijas”. A pesar de ello, se mantendrá firme como “un vocal del pueblo”. Si el presidente Lasso envía otra carta, él contestará respetuoso y apegado a la ley.

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“Más allá de analizar el caso concreto para determinar si la sentencia es justa, hay que determinar la posibilidad de injerencia por parte del Ejecutivo en el sistema de justicia”, manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Vanegas expresó que se deberían analizar las particularidades que suceden como consecuencia de una sentencia dentro del sistema judicial. Afirmó que en un Estado de justicia lo que debe prevalecer es la independencia de las funciones estatales.

Por otro lado, mencionó que los miembros de la Policía Nacional no tienen las garantías necesarias para poder combatir la delincuencia, pero tampoco se descarta que pueden ocurrir casos donde la policía se extralimita.

“En este caso el policía se extralimitó y evidentemente no puede quedar en la impunidad como tampoco puede quedar en la impunidad los actos delictivos que cometan los ciudadanos”, recalcó el abogado.

Sobre el anuncio que hizo Guillermo Lasso de una reforma a la justicia y la eventual eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Vanegas explicó que es inconstitucional una reforma de este tipo, mediante una consulta popular.

“Yo creo que el enfoque está mal dirigido por parte del Gobierno. Lo que deberíamos analizar es si el sistema de justicia es independiente, eficiente y combate la impunidad”, indicó.

Enfatizó en que el problema de la justicia en el país es la falta de institucionalidad, que permite la injerencia de sectores económicos o políticos, lo que afecta la independencia e imparcialidad que deben tener los jueces.

Vanegas insistió en la necesidad de ir a una Asamblea Constituyente para solucionar la falta de institucionalidad que vive el país.

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