Quito 13 de Oct (La Calle).-La actual secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, sostuvo que para resolver la crisis del olvido del Estado frente al Sistema Penitenciario se debe trabajar en una política que priorice la prevención.  

Esta fue de las conclusiones del conversatorio del Directorio del Organismo Técnico del Sistema Nacional de Rehabilitación.

Entre las siete actividades que este organismo detalló consta una agenda de sesiones permanentes para la construcción de la política pública de rehabilitación social.

Entre los puntos de este plan se mencionan: la integración de organismos internacionales, como la Agencia Regional de la ONU contra la droga, y la actualización de la política pública a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo.

Según Ordóñez, persiste un cúmulo de problemas sociales en relación a la violencia intrafamiliar, tráfico de drogas y una economía sumergida en el lavado de dinero.

“Todas las funciones del Estado y las instituciones tienen un rol que cumplir. La Asamblea Nacional tiene que trabajar de manera urgente en las reformas al Código Orgánico Integral Penal y al Sistema Nacional de Rehabilitación Social”.

Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos

Es necesario que, desde la función Ejecutiva se priorice el tema de seguridad para intervenir los Centros de Privación de Libertad.

Desde la función judicial se deben desarrollar investigaciones con la debida diligencia y trabajar en el tema de cargas procesales, además que la Unidad de Análisis Financiero y Económico brinde información sobre el dinero de actos ilícitos.

Según Ordóñez, no se han podido solventar estos inconveniente puesto que la Secretaría de Derechos Humanos y el SNAI han tenido problemas de gestión y de documentación.

“Para poder sacar nuestro sistema contable y pasar al del SNAI se debe tener actas de entrega y recepción, informes técnicos y una constatación física de bienes”

Comentó Bernarda Ordóñez.

Nueva política pública de rehabilitación

Hasta el momento se han realizado más de 22 sesiones de trabajo con diferentes áreas técnicas, jurídicas, administrativas y financieras para solventar dichos problemas. Además, están trabajando en una nueva política pública de Rehabilitación Social que estaría lista en febrero de 2022.

La política centrará sus acciones en lo relativo a los adolescentes que mantienen conflictos con la ley.

Según Ordóñez, esta política pública se entregará hasta 2022, ya que esta requiere un trabajo exhaustivo de indicadores.

La política pública actual que consta de 88 páginas carece de presupuesto, no tiene acciones claras, ni indicadores.

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“La galería tiene alrededor de cinco años. Junto al Centro de Rehabilitación Social de Tungurahua la inauguraron, sin embargo, no duró mucho tiempo. Me vinculé a este proyecto en abril de este año a raíz de que cerraron la tienda por la pandemia. Ahora estamos en el proceso de reapertura de la tienda”, explicó Cristina Jaramillo, representante de la Fundación para Radio La Calle.

El proceso ha sido complicado debido a los cambios en la autoridad del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), encargado de controlar la actividad en las cárceles. Para retomar el proyecto ha sido necesario hablar con tres directores desde abril. “En el CRS de Tungurahua el taller donde trabajan 80 privados de libertad (PPL) funciona muy bien. Están muy motivadas porque a través de nosotros logran vender su trabajo que no solo comprende artesanías sino también muebles, camas, juegos de mesa”.

El trabajo

Los PPL se organizan en seis secciones, utilizan el torno, otros pintan, tallan y realizan el grabado en madera. “En los últimos años dejaron de hacer algunas cosas. Por ejemplo, en el pabellón de mujeres no se hace nada, este trabajo solo se ve en el área de los hombres. Como fundación estamos solicitando que se realice un trabajo con las mujeres y también nos permitan restablecer la panadería”.

A pesar de estar motivados también tienen nervios debido a los traslados que se realizan por los acontecimientos de violencia en las últimas semanas. “Recientemente trasladaron a otros PPL que son de la banda de los Lagartos por lo que hay un poco de temor. Sin embargo, están activos para la Feria de finados que se realiza en noviembre en la ciudad de Ambato. Quieren dar a conocer su trabajo”.

Los PPL también son favorecidos con un crédito por medio de la iglesia ya que por su situación no pueden acceder a un crédito privado. “Con eso han comprado maquinaría para hacer mejores acabados y mejorar la calidad. No es poca cosa y todo está dentro de lo legal”.

Trabajo con los PPL

El trabajo de esta Fundación con el CRS de Tungurahua empezó unos días antes de la pandemia lo que condicionó la agilidad del trabajo y empezó a retomar fuerza desde abril de 2021. “Hemos una campaña para que ciudadanos y autoridades vean que este tipo de actividad debe implementarse en las demás cárceles. Aunque un proyecto en la parte laboral no subsanará todo el problema si es un eje importante porque les damos una oportunidad de subsistir”, precisó.

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