El informe del CELAG señala que a este problema se suma la capacidad que tiene los narcos para introducirse en el sistema financiero. Además, explicó que este lavado dinero responde a dos tipos de flujos: «robo de activos públicos y el crimen, y los originados en la evasión de tributos y abusos por elusión normativa«.

Según CELAG, reportes periodísticos demostraron que la economía ecuatoriana lava el dinero entre el 1 %, 2 % y 5 % del Producto Interno Bruto (PIB), que da un total de USD 3.500 millones.  

Crecimiento de la banca

Esta Institución señaló que el crecimiento de las utilidades anuales del sistema financiero surge desde 2019 cuando el Ecuador regresó a políticas económicas con organismo multilaterales.

También, detalló que entre 2007-2016 las entidades bancarias percibieron USD 361 millones más, mientras que, de 2017-2020, crecieron en USD 592 millones; y entre 2021-2022 subieron a USD 586 millones por año.

La banca crece y el Ecuador decae

Asimismo, el documento precisa que el sistema financiero no regular en el sistema económico del país creció en USD 27.400 millones de 2005 hasta septiembre de 2022.

Además, aseguró que este crecimiento no tiene una justificación en las cuentas económicas, ni en los flujos externos de la balanza de pagos. «Este aumento no guarda relación con el crecimiento real de la economía ecuatoriana«, menciona.

“Esto evidencia que el sistema financiero ha incrementado la cantidad de dinero año a año, mientras que peor le ha ido a la economía nacional”, apunta el documento.

¿A qué se debe este incremento?

De la misma manera, CELAG explicó cuatro causas por las que continúa creciendo el monto de lavado de dinero en Ecuador.

1.- El sistema financiero no está cumplimiento con las obligaciones establecidas en la normativa nacional.

2.- Este aumento evidencia que el sistema financiero y sus principales entidades podrían estar involucradas.

3.- Relata el beneficio que están teniendo las entidades financieras. “Ingresan el dinero a sus balances y realizan actividades que les genere ingresos y utilidades con ese dinero irregular”.

4.- La economía está invadida por actividades no regulares “que se han incrementado durante el gobierno anterior y el gobierno actual”.

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«Las sanciones que hemos impuesto hoy, sin duda, son las más importantes impuestas a Rusia, y posiblemente las más importantes de la Historia (…) aislaremos a Rusia del sistema financiero mundial», afirmó Daleep Singh, asesor adjunto de Seguridad Nacional de EE.UU., recoge RT.

Con las medidas impuestas a Rusia, EE.UU. y la Unión Europea (UE) espera «limitar su capacidad de mantener una economía del Siglo XXI». Las sanciones aprobadas por el G7 y la UE apuntan a los bancos, oligarquías y los sectores de alta tecnología en Rusia, reseñó Los Angeles Times.

Sanciones

Según señala El Economista, las acciones de Occidente implican la limitación de las exportaciones de todo tipo de productos a Rusia, que deberán ser autorizadas individualmente por el Gobierno de EE.UU. Asimismo, la prohibición del uso de dólares, yenes, libras y euros en las emisiones de deuda y bonos estatales y empresariales, en coordinación con Reino Unido, la UE y Japón.

En el sistema financiero, acordaron la expulsión de todas las empresas estatales y privadas rusas de los mercados financieros de EE.UU, Europa, Canadá, Australia y Japón. También el congelamiento de fondos de los cinco mayores bancos rusos en EEUU.

En cuanto a tecnología, la prohibición de las importaciones tecnológicas a Rusia de EE.UU. y aliados, el 50% del total de compras de este tipo. Así como sanciones individuales a un centenar de empresarios y oligarcas rusos.

Bancos rusos sancionados

El VTB Bank, el segundo mayor banco ruso, sufrirá un congelamiento de todos sus activos en EE.UU. «Vamos a frenar la capacidad de Rusia de financiarse», recalcó Biden. También aplicarán «un bloqueo total» contra el Banco Militar Ruso y el Banco Público de Desarrollo Vneshekonombank (VEB), apunta el diario financiero EL CEO.

«Nuestro objetivo es que estas sanciones debiliten tanto a la economía de Rusia que Putin tenga que tomar la difícil decisión de cambiar sus planes o quedar reducido a una potencia de segunda clase», dijo el presidente norteamericano, según CNN.

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La presentación del informe tuvo una prórroga presentada por la asambleísta Ana Belén Cordero (CREO). El documento elaborado por los asambleístas Fernando Villavicencio, Ana Belén Cordero, Marco Troya, Pedro Velasco y María Soledad Diab, concluyó que Arregui no incurrió en incumplimiento de funciones.

Este informe estuvo apegado al debido proceso y al derecho, según el asambleísta independiente Pedro Velasco. El legislador Marco Troya (BAN) mencionó que su posición adoptada fue «estrictamente objetiva». Además recomiendan «que se realicen campañas de difusión» respecto de quienes realicen actividades de captación ilegal de dinero. El documento indica que la recomendación es «a fin de evitar futuras estafas masivas a la ciudadanía».

Por otro lado, Comps Córdova asambleísta por UNES, expresó que para él, Arregui sí incumplió funciones al no precautelar los intereses de los usuarios del sistema financiero.

Este proceso propuesto por el legislador Darwin Pereira (Pachakutik), tenía acusaciones de incumplimiento de funciones en 8 casos contra Arregui. El más destacable es la irresponsabilidad de la superintendencia frente al caso de captación ilegal de dinero: ‘Big Money’. Además hay otros casos como pagos debitados indebidamente en instituciones financieras privadas y el nombramiento de un defensor del cliente.

Discrepancias en Fiscalización

Una confrontación entre Roberto Cuero (UNES) y Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión marcó la votación del informe. Cuero, quien votó en contra del informe, acusó de farsante a Villavicencio. Desmintió que no existían aportes de él según Villavicencio. También denunció que se pretendía impedir su participación alegando el lugar desde donde sesionaba virtualmente.

«Este juicio será histórico porque se verá quienes están del lado del pueblo, y quienes están del lado la banca», manifestó el legislador Roberto Cuero.

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Asimismo, con 134 votos a favor se acogió las 12 sugerencias planteadas en la objeción parcial del presidente Guillermo Lasso.

La Ley fue debatida la tarde de este miércoles 2 de febrero y será publicada en el Registro Oficial en las próximas horas.

“Gracias al trabajo de esta nueva Asamblea Nacional, el pueblo ecuatoriano por fin cuenta con una ley que nos defienda de los cobros abusivos y de las malas prácticas que se han venido produciendo en el sistema financiero”, indicó la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori.

El asambleísta por UNES, Pabel Muñoz, resaltó que “la regulación pretende ampliar los derechos de los clientes de los bancos y evitar que sean afectados”.

Ahora las entidades financieras tienen prohibido hacer llamadas o mensajes de hostigamiento sobre cobros u ofertas de servicios no solicitados. Además, si ocurren este tipo de llamadas deberán realizarse desde un número identificable, no sin antes la autorización del cliente o destinatario.

Otras normas de la Ley

La normativa obliga a las instituciones financieras a realizar y reforzar los controles sobre los servicios que dan a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos. También dispone que las entidades bancarias lleven a cabo sistemas de seguridad más estrictos que protejan el dinero de sus usuarios y clientes.

Otro aspecto del proyecto determina que deberán informar a sus usuarios y clientes sobre las medidas de seguridad que adoptarán respecto al uso de claves y contraseñas.

Desde ahora los bancos presentarán informes

El proyecto establece que las instituciones financieras deberán remitir un informe de rendición de cuentas a la Asamblea Nacional. Este informe deben realizarlo durante el primer trimestre de cada año basándose en el ejercicio económico del anterior trimestre.

“(…) en él se incluirá una descripción general del estado financiero nacional, así como los resultados del control y de la defensa de los derechos de los usuarios y clientes”, reza el comunicado del Legislativo.

En el caso de servicios no financieros prestados por terceros, entidades financieras deberán dar la información relacionada con el proceso de cobro o cargo.

Los usuarios cuentan con el derecho a elegir libremente productos y servicios, financieros o no financieros. Todo esto “en función de los precios, tarifas, gastos, costos, así como los beneficios existentes y a suscribir instrumentos, sin ser presionados, coaccionados o inducidos”, finaliza el escrito.

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