El hecho ocurrió el pasado 25 de diciembre el ataque ocurrió a manos de 30 sujetos vestidos con uniformes militares. Los agresores irrumpieron en la obra de construcción, utilizando vehículos con logotipos del ejército para confundir tanto a las víctimas como a los cuerpos de seguridad.

Según el director del SNAI Luis Zaldumbide, los atacantes secuestraron a un jefe de campamento, un ingeniero, un técnico hidrosanitario y dos guardias de seguridad.

Además, los sujetos colocaron explosivos en las instalaciones, causando serios daños estructurales en las oficinas y dormitorios del personal. De igual manera, despojaron a los trabajadores de sus teléfonos móviles para evitar que se comunicaran con las autoridades.

«Se movían con total impunidad», afirmó Zaldumbide, quien denunció que los atacantes aprovecharon el caos para destruir parte de la infraestructura de la obra y sembrar el pánico en la zona. El director del SNAI subrayó que este ataque forma parte de una estrategia orquestada por grupos criminales y sectores políticos.

El incidente ha generado una ola de indignación y temor entre los residentes de la región, quienes exigen mayores medidas de seguridad ante el crecimiento de la violencia. Mónica Del Pozo, una comunera, expresó su preocupación por la falta de protección policial en el sector y la creciente presencia de bandas criminales que, según ella, han incrementado los actos de extorsión, robos y secuestros en las últimas semanas.

El proyecto carcelario continuará

La nueva Cárcel del Encuentro, uno de los proyectos clave del gobierno, es vista como una solución para descongestionar el sistema penitenciario del país. Sin embargo, la violencia registrada en los últimos meses ha puesto en evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para garantizar la seguridad en áreas cercanas a las nuevas instalaciones.

En medio de la alarma social, el director del SNAI reafirmó que las obras de construcción de la cárcel no se detendrán. «El proyecto sigue adelante, no nos vamos a detener ante estos actos violentos. Estamos comprometidos con el avance del sistema penitenciario para mejorar las condiciones de seguridad en el país», dijo Zaldumbide.

¿Otra cárcel en Santa Elena?

 Después de varios días de protesta en Archidona, Napo, por la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la zona, el gobierno informó la reubicación de este proyecto. El lugar tentativo sería Salinas, en Santa Elena, tras el ofrecimiento del alcalde Dennis Córdova, sin embargo, el planteamiento no fue socializado con el Consejo Cantonal, según la concejal Priscila Del Pezo.

«El vínculo que tiene el alcalde con el presidente no tiene que obligar a la ciudad a aceptar un proyecto capricho», dijo Del Pezo en entrevista con La Calle.

Agregó que existiría una vulneración de derechos si el alcalde Córdova concreta la construcción con el gobierno ya que se saltaría el debido proceso. Aclaró que en primera instancia es necesaria la autorización del Consejo para el levantamiento de un proyecto en cualquier predio de la municipalidad.

La concejala señaló que ya existen inconvenientes con la construcción de la primera cárcel de máxima seguridad en la parroquia Simón Bolívar, en Santa Elena. La ciudadanía ha denunciado casos de extorsión, un problema que antes no existía en el sector.

«Va a existir un impacto directo al turismo (…) Es imposible pretender que una cárcel le va a garantizar seguridad a la ciudadanía o va a dinamizar la economía», resaltó.

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Entre las 07h00 y las 07h10 del 19 de septiembre se registró el delito en la intersección de las avenidas Pichincha y Velasco Ibarra, en el sector de El Trébol. Un vehículo VolksWagen gris con placas PFC-2793 circulaba por la zona cuando una motocicleta con dos individuos se acercó a dispararles.

Los ocupantes, un hombre de 36 y una mujer 33 años, tienen heridas a la altura del cuello y el tórax, según la información de los paramédicos del servicio de emergencias, fueron trasladados rápidamente a una casa de salud. En el lugar del delito, la Policía encontró al menos siete indicios de proyectiles.

Según la información de las placas del vehículo, éste pertenecería a Katherine Lizbeth M.M., quién hasta este septiembre desempeñaba sus funciones en la dirección de asesoría jurídica del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI), según el registro de transparencia de la institución.

Asimismo, el SNAI ya se pronunció al respecto. La mañana de este 19 de septiembre de 2024, en el sector El Trébol en Quito, se registró un ataque armado contra dos personas, entre ellas una funcionaria administrativa del SNAI. Como resultado de este atentado, las personas quedaron heridas y han sido trasladadas para recibir la atención médica urgente.

Policía Nacional realiza las investigaciones para esclarecer y determinar a los posibles responsables del suceso. El SNAI tomará las acciones legales pertinentes para llevar el caso ante las autoridades competentes. Rechazamos categóricamente cualquier acto de violencia o intimidación contra funcionarios de nuestra institución.

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El personal policial dentro del hospital Eugenio Espejo activó el código plata, desde la mañana de este 19 de septiembre. es decir las acciones de protocolo para brindar seguridad a las víctimas que se encuentran en el hospital y a los médicos, enfermeras y personal administrativo que allí laboran.

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La mujer herida a la altura del cuello se encuentra estable, mientras que se mantiene en reserva el estado del hombre al que dispararon a la altura del pecho. Este es el tercer ataque contra un funcionario del Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad en lo que va de septiembre. El 3 de septiembre asesinaron al director de la cárcel de Sucumbíos, mientras que el 12 de septiembre, sujetos dispararon y asesinaron a la directora encargada de la cárcel del Litoral. La Policía apresó al coautor de este hecho, pero las dudas todavía continúan. (MIB)

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Hace aproximadamente dos meses la mujer recibió intimidaciones a través de mensajes de texto en los cuales antisociales la amenazaban con »hacerla pagar» si no cumplía con sus disposiciones, asimismo le enviaban fotos de todos sus movimientos. La misma amenaza recibieron otros dos funcionarios.

»Ella avisó a sus superiores y solicitó el resguardo correspondiente. Yo muchas veces le dije que vaya en un carro blindado (…) A ella nunca le dieron un arma ni a su acompañante tampoco», dijo el hermano de Icaza, Víctor Cevallos en entrevista para CNN el pasado 13 de septiembre.

Agregó que no hubo respuesta por parte de las autoridades y que le dieron largas para ejecutar acciones y precautelar su seguridad. También señaló que tras la muerte de su hermana, su familia está desprotegida y que no ha existido un acercamiento del ni del Gobierno ni del SNAI.

La respuesta de la Policía

Según la Policía, Icaza nunca realizó un pedido de protección ni denunció amenazas. La ministra del Interior, Mónica Palencia, aseguró que en »la medida de sus posibilidades» han brindado seguridad a los funcionarios que la han solicitado. Sin embargo, no se refirió a la protección que brindarán a los familiares de Icaza, de igual manera, este medio de comunicación consultó al SNAI esta información sin obtener respuesta.

Asimismo resaltó que desde el Gobierno gestionarán la adquisición de más camionetas blindadas y que siguen pendientes las solicitudes de otros 28 funcionarios.

Sospechoso en prisión preventiva

El pasado 15 de septiembre la Policía informó la detención de Wilson O., presunto sospechoso del asesinato de Icaza. Los primeros informes revelan que el hombre fue coautor del trágico suceso, pues habría trasladado a uno de los sicarios.

Icaza fue interceptada en la vía Daule, en Guayas, por dos antisociales en una moto. La mujer fue asesinada a tiros, mientras que su compañero resultó herido. (AGM).

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La madrugada de este 5 de septiembre el Bloque de Seguridad halló un dron con explosivos sobrevolando la cárcel de La Roca, en Guayaquil. A través de un comunicado, el SNAI informó que las fuerzas del orden frustraron este intento de atentado y que evaluarían la mejor ruta de acción para desarticular el aparato explosivo.

Horas más tarde, medios locales reportaron la explosión del dron encima del techo del centro penitenciario. Hasta el momento se desconoce si la detonación fue realizada por el Bloque de Seguridad o si el ataque pudo perpetrarse. En este reclusorio se encuentran figuras relevantes como el exvicepresidente Jorge Glas y el exasambleísta Pablo Muentes, procesado por el Caso Purga.

Sin respuestas

El silencio de las autoridades y de las instituciones competentes como el SNAI deja en tela de duda la transparencia de los operativos de seguridad, ya que tras varias horas del suceso no existe una respuesta sobre la situación de los presos ni la posibilidad de su traslado.

Asimismo, el SNAI no ha aclarado la situación psicológica ni física de Glas, tampoco ha revelado el panorama de los reos en las cárceles del país, pese a las constantes denuncias de una epidemia de tuberculosis en las celdas. (AGM).

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Una de las guías falleció instantáneamente en el lugar, mientras que la otra fue trasladada de emergencia a una casa de salud en el norte de Guayaquil. Pese a los esfuerzos médicos, la segunda víctima también perdió la vida, según confirmó el SNAI. El suceso ha generado conmoción en la comunidad penitenciaria y entre las autoridades, que han iniciado investigaciones con el fin de identificar y capturar a los responsables.

El distrito Pascuales, donde se encuentra el complejo carcelario de Guayaquil, ha sido escenario de una creciente ola de violencia, registrando hasta el 28 de agosto un total de 142 asesinatos, según datos de Segura EP, la empresa de seguridad municipal de Guayaquil. Este incidente resalta la crítica situación de crítica que afecta la zona y que genera preocupación por la seguridad de quienes laboran en el sistema penitenciario.

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Esta compañía, establecida en Ecuador en 2013, ya tiene experiencia en la construcción de dos hospitales (cuyos contratos se remontan a 2015 y 2016) del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS): el Hospital General del Norte IESS Los Ceibos en Guayaquil y el hospital del IESS Quito Sur, inaugurados en 2017. Ambos proyectos, ejecutados como parte de consorcios con otras empresas, fueron edificados en 13 meses (considerado como «récord constructivo» de parte de la compañía a cargo del proyecto) y tuvieron un costó de USD 200 millones y USD 198 millones, respectivamente.

Los detalles del proyecto son reservados

El SNAI decidió invitar a esta empresa por su experiencia y por razones de conveniencia y viabilidad técnica. Los detalles técnicos del proyecto, clasificados como reservados, aseguran la seguridad ante posibles ataques de grupos delictivos organizados.

La construcción, que debe completarse en 300 días, es parte de un plan del presidente Daniel Noboa para desarticular las cárceles actuales, que funcionan como centros operativos para grupos delictivos.

Con esta nueva prisión, se pretende reducir el hacinamiento, que hasta abril de este año era del 15,6%. Actualmente, los centros carcelarios del país (ubicados en nueve zonas diferentes) tienen una capacidad para 27.741 privados de la libertad. Sin embargo, se registra un total de 32.039, excediendo su capacidad, según cifras expuestas por El Universo.

La nueva cárcel en Santa Elena tendrá capacidad para 736 internos y contará con avanzados sistemas de seguridad, inhibición de señales, y otras tecnologías modernas para garantizar un control riguroso.

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Una de las promesas del presidente Daniel Noboa al iniciar su mandato fue la construcción de dos cárceles de alta seguridad: una en Pastaza y otra en Santa Elena. No obstante, los problemas económicos del país ajustan el cinturón del Estado para la ejecución de sus proyectos.

No existe novedad respecto al centro penitenciario en la región amazónica, pero del otro lado, la obra en la zona costera ya da sus primeros avances. La construcción generaría más deudas al país, pues se prevé que USD 43.8 millones sean pagados con bonos de deuda interna debido a la falta de liquidez en el gobierno.

A partir de la firma del contrato la empresa tendrá un plazo de 300 día para finalizar el trabajo. Hasta el momento el SNAI ha realizado la invitación a la empresa Puentes y Calzadas Infraestructuras S.L., que forma parte de la firma China Road and Bridge Corporation, a participar de este proceso.

El contrato incluiría el equipamiento del sistema de control del accesos a comunicaciones, túneles de rayos X, arcos detectores de metales, detectores de cavidades y bloqueo de señales. La información a detalles fue puesta en reserva por las autoridades.

Sin recursos para los agentes penitenciarios

Mientras el gobierno agota recursos para el levantamiento de nuevas cárceles, la Asociación de Agentes Penitenciarios denuncia la falta de garantías laborales y del equipo necesario, como armas y chalecos antibalas, para realizar su trabajo.

Tras el ataque armado del pasado 10 de junio en el Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, que desembocó en la fuga de uno de los líderes de la banda criminal de »Los Lobos», una servidora penitenciaria fue herida. La mujer no contaba con protección ya que su chaleco antibalas estaba caducado.

«No tienen armas letales y no letales, los chalecos antibalas están caducados y uno de ellos produjo que el disparo impacte en una de las servidoras y está en estado crítico actualmente», señaló el abogado de los servidores penitenciarios, Paúl Sánchez. (AGM).

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La madrugada de este 3 de abril, Fiscalía, en coordinación con la Policía Nacional, ejecutó un operativo simultáneo en El Oro, Azuay, Manabí, Pichincha, Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Guayas.

La personas involucradas serían jueces, secretarios, policías, exfuncionarios públicos y abogados en libre ejercicio que abusaron de sus cargos y realizaron argucias legales para favorecer a organizaciones delictivas.

La entidad levantó una orden de detención en contra del exjuez Simón G. en el cantón Rocafuerte, Manabí; el abogado José T. en Quito, sector de Calderón; a un ciudadano de nombre Lenin V., ya procesado en otra causa, en la Cárcel Nº 4 de Quito; al exjuez Ángel L., en Santo Domingo; a José A. y Omar J., exfuncionarios del SNAI, este último habría tenido documentación relacionada con beneficios penitenciarios; y a los policías Marco C. y Hugo A., en Guayaquil.

¿Una estrategia de Salazar?

Este es la tercera investigación que lanza la entidad en el marco de la corrupción implantada en el sistema judicial. Su titular, Diana Salazar lleva 20 años trabajando en la institución en diferentes cargos como amanuense, secretaria, fiscal hasta convertirse en la máxima autoridad gracias el nombramiento del Cpccs-T más conocido como ‘Trujillato’.

La fiscal culiminará su período en abril del 2025 sin la opción de ser reelegida. Su destino ahora es incierto, pues tiene encima un proceso de juicio político en la Asamblea.

Mientras tanto, en los últimos meses Fiscalía ha puesto en primera plana sus investigaciones relacionadas a las redes de corrupción en la justicia, un problema que el país ha venido arrastrando durante varios años. No obstante, siguen estancados los procesos del Caso INA Papers, en donde está involucrado el expresidente Lenín Moreno, y el Caso León de Troya, el detonante de la salida de Guillermo Lasso. (AGM).

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Este proceso, realizado en colaboración con el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y las Fuerzas Armadas, se lleva a cabo únicamente con el consentimiento informado de las personas privadas de libertad y tiene objetivos forenses y humanitarios, en cumplimiento con la normativa vigente.

Un censo penintenciario en la primera fase

Previamente, la entidad confirmó que se está realizando un censo de la población penitenciaria para verificar identidades, registrar información biométrica y procesarla en el Sistema Informático Penitenciario (SIP).

Este proceso ya se está implementando en algunas prisiones como la cárcel 1 de Cotopaxi, la cárcel 1 de Chimborazo y desde el 11 de marzo en la cárcel 1 de Guayas.

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“Vimos como con un intento de golpe de Estado porque eso era lo que estaba planificado. Las dos primeras semanas de enero se lo iba a ejecutar. Trataron de desestabilizar al Gobierno de todas las formas posibles”, dijo el mandatario en la clausura de la II Conferencia Internacional de Consenso de Seguridad Penitenciaria.

El jefe de Estado aclaró que sentía una total responsabilidad por las vidas de las personas atrapadas en el medio de comunicación. De igual manera, destacó las medidas tomadas por el gobierno para frenar la ola de violencia, entre ellas la declaratoria de conflicto interno armado.

»Un cambio en el sistema penitenciario»

El presidente Noboa aseguró que encontró en las cárceles del país un mejor armamento que el de las Fuerzas Armadas. Recalcó que las prisiones eran un centro de operaciones delictivas,. No obstante, su gobierno habría cambiado esa realidad.

Sus declaraciones fueron opacadas con la intervención del director del SNAI, Luis Zaldumbide, quien mencionó que la institución no cuenta con el personal capacitado, y que además existe un deterioro de la tecnología y no hay un control adecuado.

Adicionalmente, manifestó que hay un guía penitenciario por cada 32 presos, una situación que calificó como preocupante. Por otro lado, indicó que existe un hacinamiento del 14.44%. (AGM)

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En operativos simultáneos en las cárceles del Inca, en Quito, Guayas, el Puyo, Carchi encontraron droga, celulares, machetes, computadoras y otros objetivos prohibidos. En videos que circulan en las redes sociales de las fuerzas del orden se observa como los agentes ingresan con martillos y otros instrumentos para derribar algunas paredes y extraer varios dispositivos.

¿Qué más hallaron?

En otros centros penitenciarios, los uniformados encontraron paredes y pisos falsos construidos en las celdas. Los operativos se realizaron tras el decreto del conflicto armado interno en el país y la ola de violencia desatada en las calles. Sin embargo, es pertinente cuestionar ¿cuál fue el accionar del SNAI en este proceso?

¿Cómo accedieron los reclusos a los materiales para la construcción de estas estructuras? o ¿Durante las intervenciones y requisas diarias que realizaban nunca se percataron de este suceso? ¿Qué autoridad debía estar pendiente de estos incidentes?

Se encuentran con cada cosa…

El 16 de junio de 2023 en el gobierno de Guillermo Lasso, los agentes encontraron desde televisores hasta gallos de pelea y un corral de cerdos, en la cárcel de Santo Domingo. Además, hallaron 26 armas blancas, 16 dispositivos electrónicos, ocho estufas. 12 gallos de pelea y dos cerdos.

De la misma manera, en los pabellones de mínima y mediana seguridad encontraron 11 kilos de marihuana, dos kilos de cocaína, 57 celulares, 17 parlantes, 41 botellas de licor, 290 cajas de cigarrillos, neveras, entre otros objetos.

Al «nuevo» escenario que presentan las fuerzas del orden, el SNAI se ha mantenido en silencio o ha brindado escasa información ante los acontecimientos. De hecho, dos directores de cárceles de la Penitenciaría del Litoral fueron detenidos tras la inspección que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE), el 4 de agosto de 2023.

A la par fueron aprehendidos cinco funcionarios administrativos y dos guías penitenciarios. Horas después, los funcionarios fueron liberados por supuestamente mostrar una detención ilegal.

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Junto a la ola de violencia que se desató en las calles del país, los reclusorios protagonizaron otra guerra interna que dejó un saldo de más de 200 guías penitenciarios retenidos. Además, de los disturbios y motines que se ejecutaron en las cárceles.

En una especie de sesión honorífica con los presos formados y entonando el himno nacional, los uniformados se retiran del centro. Durante los operativos, los uniformados encontraron sustancias sujetas a fiscalización, celulares, armas blancas, equipos de sonido, televisores incluso refrigeradoras.

Ahora, el SNAI deberá preservar el orden y la disciplina en el lugar. El acto se da a la par de la decisión del juez Manuel Estupiñán de emitir un habeas corpus a favor de los presos. Según el magistrado, el Estado habría vulnerado los derechos de los presos, detalla El Expreso.

La intervención militar se da luego de que el presidente Daniel Noboa emitiera el decreto 110 y 111. Los documentos declaraban conflicto armado interno en el país y colocaban como objetivo militar a 22 bandas delictivas. Aunque la cárcel de Los Ríos regresa a poder del SNAI, las FF.AA. mantienen operativos en los diferentes centros carcelarios.

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Un juez constitucional dio paso al recurso de habeas corpus presentado por la organización social y responsabilizó a las Fuerzas Armadas de vulnerar el derecho a la integridad personal de los privados de la libertad. En este sentido dictó las siguientes medidas reparatorias:

• Atención médica ininterrumpida a personas detenidas.
• Dar seguimiento al estado de salud mental de las personas detenidas.
• La Defensoría del Pueblo deberá investigar en 45 días los actos de tortura al interior de las prisiones
• Exhortó a las Fuerzas Armadas a respetar la Ley y enmarcar sus actuaciones en respeto a la dignidad.
• El SNAI deberá otorgar colchones, acceso a luz, agua potable, alimentación, útiles de aseo y de higiene personal de manera directa. »Las familias no tienen porqué pagar por eso», dice el comunicado del Comité de DD.HH.

Además, el magistrado declaró responsable al Estado por acción y omisión. Acción porque las Fuerzas Armadas incurrieron en acciones que atentaron contra la integridad personal de las personas privadas de libertad (ppl) al someterlas a maltratos que presumiblemente podrían ser tortura, esta acción será investigada por la Defensoría del Pueblo.

También señaló que hubo omisión porque el SNAI no estaría ejerciendo su competencia de gestionar los centros penitenciarios debido a la intervención militar. (AGM).

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«A todos quienes se han sumado a la búsqueda de mi hijo. Les agradezco infinitamente! Pues es por ustedes que nos han dado respuesta oficial del SNAI y la Defensoría del Pueblo. Encontramos a mi hijo! Ahora solo falta que le permitan llegar a su Audiencia y que nos lo muestren!», escribió su madre en su cuenta de X.

Agregó que esto no hubiera sucedido sin la presión mediática y de la gente que, por redes sociales, preguntó a las autoridad ¿dónde está Julián? «Sin embargo hay que recalcar que el «Control Carcelario» no existe. Es un caos en el que se les desaparecen las personas, y se los mezclan, como dice uno de los comunicados que me enviaron».

El SNAI informó que el joven se encuentra en buen estado de salud en el área de mínima seguridad de la cárcel de Latacunga. No obstante queda la duda de por qué tomó tanto tiempo avisar a los familiares y hacer pública esta información.

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Este cambio se produce después de que Salcedo sea detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 18 de enero, fecha en la que fue deportado de Panamá por presunta participación en delincuencia organizada.

El traslado, llevado a cabo en un operativo que involucró al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), inició el sábado a las 19:40, según informó el SNAI a las 14:30 de este domingo.

Según información oficial, al llegar al nuevo centro, se llevó a cabo una evaluación médica de Salcedo en colaboración con el Ministerio de Salud, cumpliendo con medidas cautelares y asegurando su integridad física y psicológica.

El SNAI destacó su compromiso de facilitar todas las medidas necesarias para las investigaciones de las autoridades judiciales.

El historial de Salcedo

La historia legal de Daniel Salcedo incluye una liberación a finales de 2022, dispuesta por un juez en la provincia de Manabí. Sin embargo, ahora enfrenta una serie de cargos que incluyen lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social.

El traslado de Salcedo añade un nuevo capítulo a su historia legal, manteniendo el interés y la intriga en torno a los eventos que rodean su figura.

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Tras permanecer más de seis días retenidos, la Asociación de Servidores Penitenciarios señaló públicamente que ahora no existe un acompañamiento por parte del Estado.

En este sentido, su abogado representante, Diego Pozo, informó que se les concendió el recurso de Hábeas Corpus con el fin de garantizar su integridad después de ser víctimas de secuestro. También dictó medidas de reparación.

»Hasta el día de hoy no existen lineamientos, ni pronunciamientos oficiales por parte del SNAI, en donde se mencione cómo van a regresar a trabajar los agentes penitenciarios. Se les está exigiendo volver a los centros de rehabilitación social, pero sin garantías», dijo la defensa.

En el olvido…

El vicepresidente de la Asociación de Servidores Penitenciarios, Carlos Ordóñez, reportó que dos de los guardias secuestrados presentaron su renuncia por la falta de garantías a su trabajo. “Las familias no quieren que sigan trabajando como guías”, resaltó.

Destacó que el Estado esperó mucho para actuar y que este hecho marcó daños físicos y psicológicos en los servidores. Las víctimas aún analizan si continuar en sus puestos de trabajo.

Por su parte, la agente Rebeca García mencionó que algunas de sus compañeras secuestradas eran mujeres lactantes. Sin embargo, nadie preocupó por sus niños y sus familias.

Según información del SNAI, fueron más 170 los servidores penitenciaros secuestrados- entre guardias y administrativos- además, reportó el fallecimiento de un agente penitenciario en El Oro. (AGM)

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La tarde de este 13 de enero la Policía Nacional reportó que tras la mediación de la iglesia católica se logró la liberación de 11 agentes penitenciarios de la cárcel de Esmeraldas. Los servidores fueron puestos a buen recaudo y enviados a una casa de salud para su valoración médica.

Horas más tarde se reportó la liberación de 13 agentes penitenciarios de la cárcel de Tungurahua. De igual manera, la Policía destacó que recibirán atención médica antes de acudir con sus familias.

Hasta el jueves 11 de enero se reportó 178 rehenes en siete cárceles del país, 158 guardias de seguridad y 20 funcionarios administrativos.

ACTUALIZACIÓN 20:20

El SNAI informó que al momento, 133 servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria (CSVP) y tres miembros de personal administrativo siguen retenidos. Al momento reportó el fallecimiento de un agente penitenciario identificado como Daniel Tinitana y otro servidor herido, ambos del Centro Penitenciario de El Oro.

Por otro lado, en la cárcel de Loja un servidor del CSVP evadió a sus captores y saltó el muro del centro. Personal de Fuerzas Armadas identificó al agente y le brindó ayuda inmediata, según el reporte.

ACTUALIZACIÓN 22:34

El SNAI informó que la noche de este 13 de enero, los protocolos de seguridad y trabajo conjunto con Policía Nacional y Fuerzas Armadas concluyeron exitosamente con la liberación de todos los servidores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y miembros del personal administrativo retenidos en los diferentes Centros de Privación de Libertad (CPL) del país.

»Esta cartera de Estado iniciará las investigaciones pertinentes para determinar las causas y responsables de los últimos acontecimientos registrados en los CPL», dicta el comunicado.

Más datos

Las Fuerzas Armadas y Policía Nacional han ejecutado 10.478 operativos en las 24
provincias del país, arrojando los siguientes resultados:

• 1.105 personas detenidas; de esa cifra, 125 por terrorismo
• 28 grupos terroristas desarticulados
• 5 terroristas abatidos
• 27 personas privadas de la libertad recapturadas
• 8 policías liberados
• 2 policías fallecidos en el cumplimiento de su deber
• 413 armas de fuego incautadas
• 224 armas blancas incautadas
• 12 alimentadoras
• 14 embarcaciones aprehendidas
• 338 explosivos incautados
• 324 vehículos recuperados
• 8.709 municiones incautadas
• 160 motocicletas recuperadas
• 1.035 galones de combustible
• 100 celulares decomisados
• 8 atentados a infraestructuras policiales
• 13 atentados a infraestructuras públicas y privadas

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De ese total, 158 son Agentes de Seguridad Penitenciaria (ASP) y 20 miembros del personal de servicio administrativo. Según la entidad, los operativos para salvaguardar la vida e integridad de los rehenes se mantienen junto a las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional.

El SNAI comentó que, la noche del 10 de enero de 2023, se registraron incidentes dentro del centro penitenciario de El Oro. Además, en el reclusorio de Santo Domingo tres Personas Privadas de la Libertad (PPL) «evadieron los protocolos de seguridad«. La entidad y la Policía activaron los protocolos de búsqueda.

Otros desmanes se registraron en el centro de Esmeraldas, donde varios presos dispararon contra miembros de las FF.AA., que se encontraban en los exteriores del lugar. Los últimos acontecimientos se desarrollaron pese a que el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por la crisis de seguridad y carcelaria.

La cifra sigue en aumento

Hasta el 10 de enero de 2024, el SNAI comentó que 125 gendarmes y 14 servidores administrativos estaban retenidos en los reclusorios. Según el secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, junta a las fuerzas del orden realizan varios operativos para restaurar el orden en los centros.

También comentó que el gobierno realizará cambios estructurales para combatir la crisis que enfrenta con las limitaciones que tiene. Una de las acciones que tomará es el fortalecimiento de los sectores estratégicos. Además, de considerar la infraestructura para diferenciar a los reclusos de alta, mediana y baja peligrosidad. (N.J.C)

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Luego de tres días de zozobra, la entidad indicó que de ese número 125 son guías penitenciarios y 14 miembros del personal administrativo que laboraban en las cárceles de Azuay, Cañar, Napo, Tungurahua y Cotopaxi.

Según la institución, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) trabajan de manera articulada para liberar a todo el personal de los reclusorios.

Mientras que el viceministro de Gobierno, Esteban Torres, indicó que aún trabajan para liberar a todos los rehenes en buen estado de salud. No obstante, no dio un balance específico y aludió que recopilan todos los indicios.

«El país está en vías de pacificación y orden (…) Vamos a ganar esta guerra sin ceder ante ningún delincuente», expresó.

48 horas de angustia

Hace unos días, en redes sociales circulaban videos en los que los gendarmes enviaban mensajes al presidente Daniel Noboa para que supuestamente se genere un diálogo. Sin embargo, el SNAI no indicó el estado de salud de las víctimas.

La noche del 9 de enero de 2024, siete guías penitenciarios de dos reclusorios fueron liberados. Según la Policía Nacional, quienes estuvieron «en el intercambio», los reclusos pidieron que los medios de comunicación estén presentes para que «sean testigos del estado en el que entregan a los rehenes».

Pese a que la Policía y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) aludieron que retomaron el orden en las cárceles, los guías penitenciarios van más de 48 horas encerrados.

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