«Último día del despotismo… y primero de lo mismo«. Esta frase apareció pintada en los muros de Quito tras el 10 de agosto de 1909. Nosotros podríamos decir lo mismo con respecto a la venta de la soberanía de nuestro país al permitir la entrada de personal militar estadounidense.

«Último día del colonialismo… y primero de lo mismo» porque si Jamil Mahuad cedió una base aérea ecuatoriana a EE.UU., Guillermo Lasso, en su momento, y ahora Daniel Noboa no pasan desapercibido este ataque a la soberanía.

Si bien el 10 de noviembre de 1999 se firmaba el acuerdo para la Concesión de la Base Aérea de Manta al personal del Comando Operativo del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, esta operación empezó en enero de ese año con conversaciones entre las Fuerzas Armadas de EE.UU. y el Ministerio de Defensa ecuatoriano.

Este acuerdo aparece tras la salida de las fuerzas militares estadounidenses de la Base de Howard en Panamá, que en 1999 recuperó varios espacios soberanos, entre esos el Canal de Panamá.

¿Era necesario el acuerdo? EE.UU. y Ecuador mantenían, hasta 1999, 10 convenios bilaterales en la lucha contra el narcotráfico y la operación violaba la Constitución de 1998 en el artículo 171: «Velar por el mantenimiento de la soberanía nacional y por la defensa de la integridad e independencia del Estado».

En noviembre, el documento llegó a manos de la Comisión de Asuntos Internacionales y de Defensa Nacional del Congreso, cuyo presidente era Heinz Moeller. Los miembros de la comisión resolvieron que el acuerdo no necesitaba aprobación por parte del Congreso sino pasar directamente al Ejecutivo.

¿Qué se firmó?

Las autoridades de ese entonces permitieron:

• La libre circulación de personas, aeronaves, navíos y vehículos estadounidenses que, en las condiciones del acuerdo, violaban directamente la soberanía terrestre, marítima y aérea del Ecuador.
• Les otorgaron al personal civil y militar una condición jurídica equivalente a la que proporciona al personal de la Embajada Americana, es decir, solo debían presentar su documento que los acreditaba como estadounidenses para circular por el territorio

Si esto les suena conocido es porque en el período de Guillermo Lasso se firmaron tres acuerdos de cooperación con Estados Unidos y el presidente Noboa aprobó dos de ellos. El acuerdo de Estatuto de las Fuerzas permitía las operaciones de militares y personal civil estadounidense otorgándoles los mismos privilegios que el personal diplomático, así como en 1999.

Puede interesarle: Noboa ratifica los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos

En este barco de la nostalgia en el que navegamos los ecuatorianos, no ha sido suficiente para los últimos gobiernos regresarnos a la época de los apagones, ahora también nos encontramos con el peligro de cambiar nuestra Constitución y ceder la soberanía por promesas vacías y sin las garantías de rescatar a nuestro país de la violencia en la que está sumida.

La entrada Base de Manta: ¿apoyo o violación a la soberanía? | Opinión se publicó primero en La Calle.

La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, fue un documento limitado a 17 artículos, cuya proclama central reconoció “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Además, consideró: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”; “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”; “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”; “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas”.

Fruto del racionalismo y del pensamiento ilustrado, esa Declaración significó una revolución humana en la concepción sobre los derechos individuales. En la región que hoy llamamos América Latina, la primera traducción de aquel trascendental documento la hizo el bogotano Antonio Nariño en 1793, uno de los próceres de la independencia de la actual Colombia. También la Ilustración y los Derechos del Hombre guiaron los conceptos movilizadores de los criollos independentistas hispanoamericanos, convertidos en próceres y patriotas. Pero no siempre suele distinguirse que en los procesos independentistas, América Latina forjó dos principios de magnitud humana universal: la soberanía de los pueblos, de una parte y, de otra, la independencia, que son los conceptos que fundamentaron la lucha anticolonial y  cuya vigencia se extiende hasta el presente.
 
Paradójicamente, los derechos individuales no fueron proclamados de una vez por todas al nacer las republicas latinoamericanas. Lo impidieron la dominación oligárquica, una democracia censitaria que excluyó del poder y de la ciudadanía a la gran mayoría de la población, la conservación de la esclavitud, la hegemonía política inicial de los conservadores aliados con la Iglesia católica y la larga vigencia de las economías precapitalistas, caracterizadas por el rentismo de élites primario-exportadoras. Todo ello explica que durante el siglo XIX correspondiera al liberalismo y sus partidarios la tarea histórica de implantar, en forma definitiva, los derechos individuales generales y, además crearan las instituciones que los consagraron. México es el país que mejor ejemplifica ese proceso con una sucesión de leyes: Ley Juárez (1855), Ley Lerdo (1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Registro Civil y de Matrimonio Civil (1859), Ley Sobre Libertad de Cultos (1860) y, sin duda, la Constitución laica de 1857 nacida con La Reforma. En Ecuador, los derechos individuales fueron ampliamente consagrados por la Constitución de 1896 y, sobre todo en la magna Carta liberal de 1906. Gracias a la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1911) se consagró la educación pública laica, la separación de Estado e Iglesia, se implantó el registro civil (1900) y leyes de matrimonio civil y divorcio (1902).
 
Los derechos de primera generación, nacidos de la Revolucion Francesa, reflejaron el ascenso de las burguesías en los países capitalistas centrales; sin embargo, inspiraron las conquistas logradas por los liberales en América Latina, que lucharon por décadas, contando con enorme apoyo popular. Sin embargo, la consecución de los derechos laborales, requirió, en cambio, de luchas permanentes de los trabajadores en la Europa del siglo XIX, así como en la América Latina del siglo XX. Esas luchas se dirigieron directamente contra las burguesías, que siempre se resistieron a su reconocimiento. Tomando en cuenta esa trayectoria, si bien se lograron algunas leyes aisladas sobre salarios o jornadas, fue la Constitución de México aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro y expedida por Venustiano Carranza el 5 de febrero, la que marcó el inicio del derecho social latinoamericano y sus principios se extendieron en la región al compás del desarrollo sindical y, además, por el influjo que adquirieron la Revolución Rusa de octubre 1917 y las ideas socialistas.
 
La Constitución mexicana dedicó un amplio y detallado título a los derechos laborales, reconociendo: salario mínimo, jornadas máximas, horas extras, limitaciones al trabajo femenino y de menores, maternidad, participación en utilidades, condiciones materiales del trabajo, equipamiento, accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad, sindicalismo, huelgas, indemnizaciones e incluso cajas de seguro populares. La influencia de esa Constitución y además de la Revolución Rusa llegó tempranamente a Ecuador con la Revolución Juliana (1925-1931) y durante el gobierno de Isidro Ayora se expidió la Constitución de 1929, primera en proclamar derechos laborales, principios de reforma social, la función social de la propiedad y el reconocimiento del voto femenino. A menudo se ignora que los derechos laborales se implantaron en América Latina para favorecer y, sobre todo, proteger a seres humanos que, sin leyes laborales, estuvieron sujetos a salarios miserables y jornadas extenuantes. Además, ninguna legislación laboral ha impedido el desarrollo económico y peor aún el de las empresas. Lo que hicieron es impedir la explotación a los trabajadores y promover mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
 
Estos procesos sociales son los que ignoran o quieren desconocer los empresarios neoliberales, los políticos, académicos o profesionales que defienden sus intereses y últimamente los libertarios/anarco-capitalistas, cuya ignorancia sobre la historia económica de América Latina resulta alarmante. Con la idea de promover la “libertad” de las empresas, del mercado y liquidar el Estado interventor, en toda la región avanzaron la flexiseguridad laboral y la precarización de las relaciones de trabajo. Pero el cuestionamiento a los derechos laborales conlleva al reconocimiento casi exclusivo de los derechos individuales de primera generación que nacieron con la Revolución Francesa. Es un retroceso histórico de siglos. Aún así, el libertarianismo desconoce la educación, la salud y la seguridad social públicas, que fueron conquistas liberales-radicales en varios países de América Latina.
 
Los ataques a los derechos laborales se han renovado con el argumento de su inevitable “modernización” ante el avance de nuevas relaciones con la robotización, la electrónica, el trabajo autónomo, la “uberización” o la migración permanente. Es un planteamiento que falsea las realidades, porque esos procesos son desafíos para avanzar en nuevos derechos laborales, sin necesidad de afectar los derechos históricos ya conseguidos. Y corresponde, ante todo, a las organizaciones de trabajadores la urgencia de modernizar su visión sobre el mundo laboral en América Latina, que exige no solo contemplar a los sectores vinculados al sindicalismo tradicional, sino lograr incorporar a la tan variada gama de trabajadores de clases medias y populares, que forman parte de los trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público.

La entrada Derechos laborales y libertad empresarial se publicó primero en La Calle.

“La Comisión reitera la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos adyacentes. Recuerda con pesar los 40 años del enfrentamiento bélico en el Atlántico Sur y subraya que América Latina es una zona de paz, libre de armas nucleares, así como la imperiosa necesidad de encontrar una solución pacífica y definitiva a esta controversia, cuya existencia constituye una amenaza para la paz y estabilidad de la región”, dice parte del comunicado.

Además, la organización considera inaceptable mantener vigente el colonialismo en el siglo XXI. Apoyan también al trabajo del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas (ONU) que cumple un papel importante en la resolución del conflicto. “La comisión insta al Reino Unido a la más pronta realización de negociaciones con la República Argentina sobre la base de las resoluciones pertinentes para lograr la solución de la cuestión Malvinas, incluyendo la disputa de la soberanía”.

La Guerra de las Malvinas

En la madrugada del 2 de abril, fuerzas argentinas iniciaron la guerra de Malvinas al tomar por asalto las Islas Malvinas e instauraron un gobierno local bajo el mando del general Mario Benjamín Menéndez. La acción sucedió mientras el país tenía un gobierno dictatorial encabezado por el General Leopoldo Fortunato Galtieri, quien apostaba que los británicos accederían al diálogo.

Sin embargo, un día después, la entonces primera ministra británica, Margaret Thatcher, despachó su flota hacia el Atlántico Sur, mientras que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exigía el repliegue de las tropas argentinas y el inicio de las negociaciones.

Nada de eso ocurrió y tras el fracaso de la diplomacia para abrir el diálogo, el 2 de abril estalló la guerra de Malvinas con un bombardeo británico sobre Puerto Argentino, la rebautizada capital de las islas. El conflicto entre ambos países derivó en una guerra que culminó con la rendición argentina 74 días después de haber sido iniciada. Provocó la muerte de 649 soldados argentinos, 255 británicos y 3 civiles isleños. MIB

La entrada Argentina recuerda 40 años de la Guerra de las Malvinas se publicó primero en La Calle.

Quito, 26 de ago, (La Calle). – La asambleísta Esther Cuesta (UNES) realizó una demanda de inconstitucionalidad por el regreso del Ecuador al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

Ecuador retornará al CIADI 11 años después de su salida en el 2009. La embajadora Ivonne Baki, firmó el pasado 21 de junio del 2021 el convenio para la resolución de conflictos de inversión a nivel internacional.

La asambleísta, comentó para Radio La Calle que el retorno al CIADI representa una relación violatoria de derechos, maltrato, humillación y de perdida de soberanía.

La bancada de asambleístas Unión por la Esperanza (UNES) presentó 3 demandas de inconstitucionalidad sobre la suscripción del Ecuador a este convenio. Mientras dura este proceso, solicitan la suspensión temporal la vigencia del CIADI

«Es reversible como toda acción humana. Si la Corte se pronuncia y hace una interpretación integral de la Constitución, declararía la inconstitucionalidad. La Corte deberá disponer al Ejecutivo el retiro de la disposición del regreso al CIADI”, explicó.

Historia del CIADI en Ecuador

El Ecuador formó parte del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones desde el 15 de enero de 1986 durante el Gobierno del ex presidente León Febres Cordero, hasta el 6 de julio de 2009 durante el Gobierno del ex presidente Rafael Correa.

Ecuador sustentó su salida del CIADI con el argumento de una violación constitucional. “No celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en controversias contractuales”.

Específicamente, el conflicto radica en el Artículo 422 de la Constitución declara inconstitucional que Ecuador someta a arbitraje a menos que se cuente con un ciudadano latinoamericano y en un foro latinoamericano.

La entrada Esther Cuesta: “Regresar al CIADI representa una pérdida de la soberanía” se publicó primero en La Calle.