Estos chats, parte integral del caso Metástasis, arrojan luz sobre la orquestación meticulosa de Norero y su equipo para liberar a dos de sus leales colaboradores, Steven Navarrete (‘alias Cuyuyuy’) y Santiago Madrid (alias ‘Madrid’), mientras simultáneamente tramaban comprar influencia en la Judicatura.

La estrategia propuesta por los abogados, que incluía la colocación de su propio director en la Judicatura de Santo Domingo mediante un pago de USD 25,000, revela la infiltración de la corrupción en el sistema judicial.

La forma en que operaba el juez Emerson Curipallo

En el núcleo de esta trama se encuentra el juez Emerson Curipallo, un actor clave que, según los chats, evidencia su disposición a aceptar sobornos y participar en prácticas judiciales cuestionables.

Ante la amenaza de suspensión, Curipallo no actúa con la imparcialidad esperada de un representante de la justicia, sino que busca activamente ayuda. Incluso reveló presiones desde «arriba» para resolver los casos de ‘Cuyuyuy’ y ‘Madrid’.

La liberación del brazo armado de Norero

‘Cuyuyuy’ y ‘Madrid’ fueron liberados según dispuso el juez Curipallo. Sorpresivamente, y tras estas acciones, el funcionario judicial permaneció en su cargo, a pesar de las acusaciones y amenazas de suspensión.

El juez Curipallo, además, solicitó dinero para «sobrevivir» si era suspendido. En medio de ese escenario, aparecería la figura del abogado Cristian Romero, encargado de convencer al ‘patrón’ de efectuar los pagos correspondientes a las operaciones realizadas por Curipallo.

Al final, Norero y sus abogados acordaron pagar USD 62,500 por cada liberación, una vez ejecutadas las boletas de excarcelación. No obstante, trascendió que la cifra total por la libertad de ‘Cuyuyuy’ y ‘Madrid’ sería de USD 200.000.

Ahora, tanto Curipallo como Romero son investigados en el marco del caso Metástasis: el primero está preso de manera preventiva; el segundo, prófugo.

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Franco mencionó que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, violó todo procedimiento judicial con la orden de que lo inmovilicen y trasladen a Glas «para que rinda su versión», sin existir una audiencia previa.

«Él (Glas) para precautelar su vida e integridad física optó por estar en calidad de huésped en la Embajada», dijo en CNN.

El abogado indicó que no existen las condiciones para que su defendido sea detenido, pues el deplorable sistema carcelario que tiene el país «solo ocasionaría que su vida corra peligro».

«Su detención significaría llevarlo a la muerte (…) El Estado no controla las cárceles, allí están las mafias al poder», recalcó.

Franco comentó que desde el 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una medida cautelar a favor de Glas. Sin embargo , el Estado ecuatoriano «hizo caso omiso a este documento».

El papel de la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado (FGE) instó a la Policía Nacional a localizar, inmovilizar y trasladar al exsegundo mandatario «sin el uso de esposas» a la Fiscalía del Fuero de Corte Nacional en Quito.

Desde el domingo 17 de diciembre de 2023, se comentó que Glas estaría en la Embajada de México como refugiado. A lo que la Cancillería de Ecuador informó que realiza todas las acciones correspondientes para que se «cumpla la decisión de la FGE».

Diana Salazar, en entrevista en Teleamazonas, indicó que el llamado a Glas se debería al caso Reconstrucción de Manabí, por el supuesto delito de peculado y no al caso Metástasis que se difundió en la misma semana.

El pasado 1 de junio, la entidad informó que la Contraloría General del Estado (CGE) determinó irregularidades por USD 68 millones provenientes de la Ley Orgánica de Solidaridad y Responsabilidad Ciudadana en 2019 en la reconstrucción de Manabí.

La salida de Glas

El exvicepresidente salió en libertad el 28 noviembre de 2023, luego de que un juez de Santo Domingo aceptara la medida cautelar interpuesta por sus abogados.

Glas cumplió parte de su condena en la Cárcel 4 de Quito, luego de que un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia condenó a ocho años de prisión por el caso Sobornos. (N.J.C)

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De acuerdo con el medio, Iván Saquicela, que en aquel entonces se desempeñaba como juez del máximo Tribunal, cuestionó la resolución de la magistrada Daniella Camacho y la fiscal general del Estado, Diana Salazar, sobre el caso.

El magistrado cuestionó que las acusaciones y supuestas responsabilidades contra el exjefe de Estado eran distintas a las que se presentaron en la causa inicial, es decir, reprochó que la jueza inició las acusaciones bajo los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y asociación ilícita; luego los descartó y formuló nuevos argumentos.

“Analicemos. ¿Qué dice el escrito? Señora jueza, sírvase emitir la boleta de encarcelación de la prisión preventiva dictada el 19 de junio. ¿Qué fue el 19 de junio? La vinculación. ¿Qué le contesta la Daniela (Camacho)? Yo no dicté prisión preventiva el 19. Muy bien. Y si no dictó, ¿por qué diablos está preso (Alexis Mera)?”, cita Página 12 sobre el audio filtrado.

Sin embargo, Saquicela falló en contra del exmandatario y tiempo después asumió la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

En palabras de expertos en el tema, Rafael Correa fue acusado por una cosa y sentenciado por otra.

¿Qué dijeron los organismos internacionales?

El exjuez español Baltazar Garzón comentó que el caso lo analizaban organismos internacionales de Derechos Humanos ante una «clara persecución» contra el expresidente Correa y funcionarios de su administración.

Para el exjuez español, el Poder Judicial ecuatoriano ha sido usado como un instrumento del Derecho para la persecución política.

“Resulta casi inverosímil lo que ha ocurrido porque si se analiza el caso hubo una inconsistencia de todos los elementos de prueba. Las irregularidades nos llevan a considerar que hubo algo diferente a lo que fue el debido proceso», expresó en Radio Pichincha.

La historia del caso «Sobornos»

El caso Sobornos 2012-2016 es una supuesta red de corrupción en la que Correa y 20 altos exfuncionarios fueron acusados de haber recibido coimas para la campaña de las elecciones de 2014. La FGE inició las investigaciones en 2019, donde sentenció al exmandatario por «influjo psíquico».

Además, la “prueba principal” fue un cuaderno de la exasesora presidencial Pamela Martínez. Los escritos relataban supuestos montos de sobornos, recibos y documentos que carecían de una firma o rúbrica.

Otro de los implicados, José Conceição dos Santos (exdirector de la constructora brasileña Odebrecht) comentó que la empresa habría depositado USD 2,6 millones para la campaña de Alianza País en 2013 y otros USD 2,5 millones para las regionales en 2014. No obstante, el sujeto no estuvo involucrado en las acusaciones de la Fiscalía.

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En una investigación periodística de El Universo y Expreso de Portugal, se encontró que el exfuncionario tendría 17 propiedades y dos autos de alta gamas. Además, que varias de las propiedades están a nombre de sus familiares directos, como su esposa, hijos y hermano.

La compra más millonaria que realizó Arias fue la de una mansión en una zona residencial de Portugal por el valor de USD 3, 18 millones. Asimismo, en 2011, compró un departamento en Miami, Florida que costó USD 389 mil.

Además de estos inmuebles, tiene 13 departamentos y un local comercial en Portugal, otro departamento en Florida y dos automóviles. Sin embargo, de entre todas estas propiedades, sólo la mansión y dos departamentos están a su nombre.

El resto de propiedades que no tienen su familiares fueron distribuidas entre un entramado de empresas que ocultó a los verdaderos dueños. El valor por la compra de todo este grupo de inmuebles lujosos excede los USD 9 millones.

El caso

En noviembre de 2022, la Fiscalía General del Estado procesó a siete personas por su presunta participación en actos de corrupción en la Empresa Pública Petroecuador. Miembros policiales detuvieron a los sospechosos en allanamientos ejecutados en Pichincha, Guayas, Manabí e Imbabura.

Una jueza de Garantías Penales dispuso prisión preventiva para los exfuncionarios de la estatal petrolera Galo G, Miguel P. y Lenin A. Por otro lado, al ex subsecretario de Financiamiento Público del Ministerio de Finanzas, William V.; Andrés R., también ex trabajador de la estatal petrolera; Wilson N. y Jorge P. se les dispuso prohibición de salida del país, presentación periódica y uso del dispositivo de vigilancia electrónica.

La presunta trama de sobornos en Petroecuador, estaría encabezada por Nilsen Arias investigado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, quien, en su calidad de gerente de Comercio Internacional se habría asociado con varias personas para ejecutar actos de corrupción a cambio de brindar información privilegiada para beneficiar a varias empresas con la adjudicación de contratos.

Además, la Fiscalía señaló que una comitiva integrada por el equipo de Arias viajaba en el avión presidencial para hacer negocios en Dubai. Según expuso la Fiscal del caso durante la audiencia, el monto del cohecho habría alcanzado los USD 22 millones.

Entre los elementos de convicción presentados se encuentran los partes policiales de detención de los procesados, el informe investigativo, las versiones, los partes policiales de las diligencias de allanamientos, informes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y de la Superintendencia de Compañías, movimientos migratorios, entre otros.

¿Puede tener los bienes aunque es investigado por corrupción?

El 21 de abril, Fiscalía de Estados Unidos solicitó decomisar los bienes del exgerente que superan los USD 13,5 millones. El implicado no podrá impugnar esta decisión, pues estará incluido en la sentencia de la Corte del Distrito de Nueva York.

Arias tenía un plazo de 30 días para realizar el pago completo luego de que se dicte la sentencia. Además, la entidad de control especificó que en caso de que el sujeto no acate esta disposición podría perder otra propiedad que cubra el saldo restante.

También, mencionó que Arias aceptó el decomiso que se derivaría de ganancias directas o indirectas provenientes del delito de lavados de activos por el que es acusado y se declaró culpable en enero de 2022. Se presume que él recibió USD 17 millones en coimas, según El Universo.

Los lugares residenciales donde tiene los inmuebles

La mansión está ubicada en la Quinta de Marinha, uno de los barrios más caros de Portugal, que está dentro de un parque natural bordeado por el océano Atlántico y es conocido por tener como residentes a celebridades y millonarios.

De la misma manera, uno de los dos departamentos de Florida, está en el edificio Mint Condo, de Miami Dade. Esta estructura está junto a la orilla de un canal para yates. (DCJ)

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El más reciente episodio sobre este caso lo protagonizó el secretario de la Administración Pública, Sebastián Corral, quién le alzó la voz a una periodista de diario Expreso durante una rueda de prensa donde estaba el presidente Guillermo Lasso.

La periodista preguntó qué acciones se iban a definir por parte del Gobierno, a lo que Corral manifestó «Ya él aclaró». Ante la repregunta, el funcionario explotó «No tengo nada que decir y sabe que lo que acabo de decir es off the record y le pido que borré la grabación «.

La periodista dijo que no lo haría porque, además, no dijo ninguna información. Corral se exasperó y le alzó la voz en frente de todos los presentes, que incluían a otros periodistas y ministros de Estado.

Ya lo sabían

La empresa de confecciones Inducon, en Colombia, emitió un informe al presidente de la República, Guillermo Lasso, y a demás autoridades sobre presuntas irregularidades en el proceso de compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional.

El 8 de mayo la empresa extranjera envió un oficio dirigido al mandatario; al ministro del Interior, Juan Zapata; al exdirector del SERCOP, Dennis Valencia; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas. En el documento se detallaron varios cuestionamientos en torno al proceso de compra de chalecos antibalísticos.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un ”requisito” dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un ”modelo” específico de producto y con un ”género” específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dice el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha. (MIB)

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El exmandatario mencionó que su hija hizo un contrato para retratar familiares en formato pequeño y grande. «Mi hija no pinta garabatos, mi hija pinta precioso. Los cuadros fueron entregados a Xavier Macías y a su esposa, y pagaron por ellos», comentó en Ecuavisa.

Para Moreno, esta «persecución» es tan perversa que las autoridades fueron capaces de investigar a toda su familia.

«Aquí incluyen hasta el IVA, mire como hacen este entramado perverso o usted ha visto que investiguen a toda la familia de algún político», dijo.

Un pie en el país y otro en Paraguay

El expresidente confirmó que solicitará asilo político en Paraguay, esto tras la resolución del juez que dispuso su presentación cada 15 días en el marco del caso «Sinohydro», también conocido como «Ina Papers».  

La razón para solicitar el asilo político sería su condición médica. “Yo he estado hospitalizado dos veces aquí en Paraguay, algo que en el Ecuador no se conoce”, detalló.

«No es investigación es persecución»

El exjefe de Estado considera que la investigación del caso «Sinohydro» es una persecución por parte de la Fiscalía contra él y su familia. Así lo expresó para la televisora colombiana NTN24.

«No es una investigación, es una persecución. Y sabemos exactamente por qué, porque en mi gobierno evitamos que Ecuador sea Venezuela. Evitamos que el Socialismo del Siglo XXI siga imperando con su falta de libertad, autonomía y falta de institucional, con la persecución y arresto de líderes adversos. Yo sabía qué venía. Me la jugué por la libertad y la democracia», señaló el exmandatario en entrevista.

El domingo 5 de marzo, la justicia del Ecuador decidió procesar a Moreno y su familia por el presunto delito de cohecho en el caso «Sinohydro». Dentro del caso, la Fiscalía también acusó a más de 30 personas por formar parte de una supuesta estructura criminal que pedía sobornos en el proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair 2009-2018.

Sobre los implicados pesan medidas cautelares. Moreno debe presentarse periódicamente cada 15 días; dos involucrados más también. Mientras que los demás presuntos criminales tienen prohibido salir del país, usarán grillete electrónico y asistirán ante la justicia cada ocho días.

El orgien de la investigación

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno. (N.J.C)

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El juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Adrián Rojas dispuso medidas cautelares de presentación cada quince días para el exmandatario, Judith González Navas y Xavier M., dos de ellos viven en Paraguay.

El resto de los procesados deberán presentarse cada ocho días, tienen prohibido salir del país y usarán un dispositivo de vigilancia. Entre los implicados está la familia de Moreno y son: Luciano C., Henrry G., Francisco C., Cai R., Yang H., Song D., Liu A., Irina M., Guillermo M., Edwin M., Jacqueline V., Martha G., Conto P., María P., Juan P., Patricia P., Manuel P., Victoria P., Juan D., Mauricio P., Francisco Ch., Juan S., Antonio S., Rocío G., Mercedes C., José C., Carlos A., Ximena D., Pablo A., Pablo Z., Francisco E., Mónica O. y María B.

De todos los involucrados, Wu Y. fue el único de los procesado al que se le dictó prisión preventiva. Además, entre los presunto criminales consta José Carmigniani, abogado de Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso e involucrado en la presunta red de corrupción «El Gran Padrino».

«Expuso que otros valores se habrían cobrado a través de terceras personas, bajo la figura de falsos servicios de consultorías y representaciones, y canalizadas a través de la empresa Recorsa –cuyo objeto social fue cambiado convenientemente en 2010–, que abrió una cuenta bancaria en Panamá, desde donde se canalizaron parte de las coimas», reza el boletín de prensa de FGE.

Sobre el proceso

La Fiscalía presentó 225 elementos de convicción sobre el supuesto entramado de corrupción. El impulso fiscal sostiene que Moreno y compañía se habrían beneficiado de USD 76 millones en sobornos provenientes de la empresa Sinohydro en el proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair, entre 2009 y 2018.

La entidad de control reveló que el expresidente y su esposa, Rocío de Moreno, habrían recibido en coimas USD 220 mil, a través de un departamento. De igual forma, su hija Irina Moreno y su hermano, Edwin Moreno cobraron sobornos por USD 50 mil y USD 350 mil.

Por su parte, José Carmigniani y Conto Patiño aceptaron los sobornos más altos por USD 2.6 millones y 1.5 millones, respectivamente.

Otras medidas

La justicia ecuatoriana ordenó la inmovilización y prohibición de enajenar bienes por USD 154 millones a nivel nacional, que equivale al duplo del monto que habría sido entregado a los procesados.

Por otro lado, la Fiscalía deberá ponerse en contacto con Asistencia Penal Internacional para inmovilizar las cuentas bancarias de los procesado en bancos de Suiza, España, China, Panamá, Paraguay, Estados Unidos y Belice.

Moreno quedó contento

El exjefe de Estado se pronunció a través de su cuenta de Twitter. Moreno agradeció que el juez haya desestimado la prisión preventiva que solicitó Fiscalía en un inicio. Tildó de arbitrarias e inhumanas» las medidas de la entidad de control.

Según él, se buscaba irrespetar la legalidad, los derechos humanos y los principios constitucionales.

Caso INA Papers

Los INA Papers son registros de la existencia de una red criminal de sobornos a través de empresas offshore constituidas en paraísos fiscales de distintos países entre 2010 y 2018. Los delitos incluyen lavado de activos, defraudación fiscal y tributaria, tráfico de influencias y sobornos (cohecho). Entre los involucrados estarían el expresidente Lenín Moreno, su esposa Rocío González y altos exfuncionarios de su gobierno.

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La Policía Nacional ejecutó operativos la noche del 27 de febrero, en donde incautó documentos y aparatos electrónicos en inmuebles de las ciudades de Quito y Chone.

María José Romo supuestamente formaría parte de la posible red de corrupción en las empresas públicas, que estaría liderada por Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso.

Según la investigación periodística de La Posta, Romo habría pedido un soborno a un proveedor de Petroecuador por USD 1 millón.

Según Romo, Petroecuador realizaría una contrapropuesta de USD 5,5 millones. De todo ese monto USD 4,5 millones sería para el proveedor, Areasurvey (empresa que presta servicios petroleros) y el resto lo tomarían el equipo de desembolso de María José Romo (junto a César Pazmiño y Benjamín).

Romo indicó que Areasurvey entregó dos propuestas en agosto de 2022. Una valorada en USD 3,7 millones y otra por USD 4 millones.

«Obviamente, la propuesta es para que todos ganemos. Quieren USD 4,5 millones para ustedes y USD 1 millón para ellos. De ese millón podemos meterte en el equipo, si te interesa», refirió.

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La audiencia se instaló de manera telemática el jueves 26 de enero. La decisión de la jueza ocurrió con base en un informe favorable del SNAI, otorgado por el Director de la Cárcel 4 de Quito. Por otro lado, el pedido de prelibertad será resuelto en un proceso independiente.

El abogado de Glas, Christian Palacios anunció que una vez que la sentencia quede ejecutoriada se presentará a través de la sala de sorteos el recurso penitenciario para obtener la prelibertad.

La libertad provisional

El exsegundo mandatario salió en libertad provisional la tarde del lunes 28 de noviembre de 2022 a las 19:15, tras una medida cautelar aceptada por un juez de Santo Domingo de los Tsáchilas que ordenó su excarcelación.

Glas estuvo recluido en la cárcel 4 de Quito. En los exteriores de la prisión se concentraron varios simpatizantes exigiendo su inmediata libertad. (A.G.M).

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Pólit en su estrategia menciona al exfiscal general, Carlos Baca Mancheno y a la familia Eljuri. El excontralor comentó que Baca lo persigue por acusarlo de enriquecerse con la Comisión del 30S. Según Pólit, denunció este delito ante la subrogante Tania Moreno y debido a esto Baca “se embarcó en una campaña para desacreditar y destruir al señor Pólit como venganza para exponer su corrupción”, explicaron los abogados.

El excontralor aseguró que su riqueza está ligada a la familia Eljuri y no por recibir cerca de USD 10 millones en sobornos. Los abogados del acusado indicaron que, en 2019, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habló con testigos que alegaron que la principal fuente de dinero para el negocio de inversión en bienes raíces de Pólit era la familia Eljuri.

El Departamento indagó a Antonio Álvarez, miembro de la familia Eljuri, quien mencionó que los principales encargados de controlar los ingresos de las empresas de la familia, fallecieron. Es decir, con la muerte de Jorge Eljuri, en 2014 y Juan Eljuri en 2021, ya no existen fuentes que puedan confirmar o desmentir la versión de Pólit.

Irregularidades en la denuncia según Pólit

Pólit manifestó que la Fiscalía norteamericana debe ser la única que desmienta su versión y corrobore que recibió sobornos de la constructora brasileña Odebrech.

El excontralor con esta versión pretende denunciar supuestos errores en la acusación fiscal y el trabajo del jurado. Solicitó revisar las transcripciones del jurado y pidió que la Corte también lo haga, según Expreso.

También mencionó que la acusación no es clara y no alega todos los elementos de los delitos imputados. Finalmente, solicitó que no se tome en cuenta la supresión de pruebas, con esto se anularían los últimos correos electrónicos que fueron incautados.

Su salida del país

El 25 de enero de 2017, Pólit abandonó el país por supuestos problemas de salud y antes de que el caso Odebrech se destapara. Sin embargo, en ese momento, la justicia estadounidense y ecuatoriana ya tenían información sobre los presuntos sobornos de la constructora a funcionarios del expresidente Rafael Correa, como Jorge Glas y Carlos Pólit.

¿Qué hizo Pólit?

El excontralor ecuatoriano está acusado de lavado de activos, tres cargos de encubrimiento por lavado de dinero y dos de participación en transacciones de propiedad derivada de actividades delictivas. Según la justicia norteamericana, Pólit “participó en un esquema para usar el sistema financiero de ese país para lavar dinero, promover y ocultar un esquema de sobornos en Ecuador”.

Pólit habría recibido entre 2010 y 2016 USD 10 millones aproximadamente en sobornos con la constructora Odebrech. Además, en 2015 supuestamente recibió un soborno de un empresario ecuatoriano a cambio de ayuda y su firma con contratos con Seguros Sucre.

La acusación también relata que Pólit dirigió a otro involucrado a que desapareciera las ganancias por los sobornos. Los implicados habrían utilizado el entramado de sobornos del excontralor para comprar y renovar bienes raíces en el sur de Florida, según Primicias. (N.J.C)

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El analista apunta que el resultado del partido estaría pactado por un marcador a favor de Catar por 1-0 contra Ecuador. El primer partido del Grupo A, lo disputará la Tricolor versus Catar el domingo 20 de noviembre las 11: 00 (hora local).

Catar también ha sido acusado de sobornar a funcionarios de la FIFA con más de USD 3 millones para asegurar los derechos de hospedaje. Además, hay otras acusaciones con respecto a Catar de que sobornó a funcionarios de diferentes asociaciones de fútbol para ganar su voto, incluidas las de Camerún, Costa de Marfil y Nigeria.

Las afirmaciones fueron negadas por Catar y las calificaron como «acusaciones». Sin embargo, 11 de los 22 miembros del Comité Ejecutivo de la FIFA han sido suspendidos, multados o suspendidos de por vida por cargos de corrupción.

Radio La Calle intentó comunicarse con un vocero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero no contestó a las llamadas.

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Ecuador ocupa el tercer lugar de países más «sobornables», solo superado por Colombia y México, con 64 % y 68 % respectivamente. La lista está conformada por 13 países de América Latina y el Caribe. Fue realizada entre septiembre y octubre de 2022 a 1.200 personas de cada nación.

El panorama

En 2020, la ONG Transparencia Internacional elaboró un informe sobre el índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 180 países. Su sistema de evaluación en el sector público utilizó una escala de cero (muy corrupto) a 100 (muy limpio).

Ecuador obtuvo una puntuación de 39/100 y se ubicó en el puesto 92 entre los 180 países evaluados, según la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Esta es una calificación pésima, muy baja del promedio mundial y de América Latina.

Ejemplo

En octubre, Radio La Calle reveló cuánto hay que pagar y cómo es el proceso para obtener una licencia de conducir fraudulenta. Una periodista del medio contactó con un tramitador irregular de licencias de conducir. El sujeto cobra USD 1.200 por «agilizar» los procesos para obtener la especie.

En el 2021, la ANT identificó y eliminó alrededor de 35 mil licencias de conducir fraudulentas.

Si te interesa saber más del caso da clic en la siguiente nota: USD 1.200 cuesta una licencia de conducir fraudulenta.

La corrución pulula…

El problema se da a todos los niveles del Estado. Desde altos funcionarios hasta servidores de última jerarquía. Solo basta recordar los presuntos casos de corrupción de los consejeros presidenciales de Guillermo Lasso. El más sonado, Aparicio Caicedo, que habría actuado como alfil para encargar puestos en instituciones claves del Estado.

Los últimos vientos vienen del exministro de Energía, Xavier Vera, que es investigado por la Fiscalía por supuesto cohecho (sobornos) y tiene una denuncia por tenencia ilícita de carné de discapacidad. O la exministra de Salud, Ximena Garzón, que tiene una indagación previa por el presunto delito de peculado en la compra de medicinas sin registro sanitario o por caducar.

Recientemente, un medio español reveló que el actual ministro de Energía, Fernando Santos, habría tenido una empresa offshore mientras ejercía como funcionario público.

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“Hoy día se ha hecho justicia mediante una sentencia jurídica. El fondo es que el Estado ecuatoriano jamás fue perjudicado por este contrato”, dijo el exministro de Hidrocarburos, Wilson Pástor.

La decisión del tribunal se expuso la mañana del 10 de noviembre. En el caso Singue está involucrados el exvicepresidente de la República Jorge Glas, el exministro de Hidrocarburos Wilson Pástor, el exministro de Energía Carlos Pareja Yanuzzeli y otros exfuncionarios del gobierno de Correa.

¿Glas puede salir en libertad?

Según el artículo 55 del Código Integral Penal (COIP), la acumulación de penas privativas de libertad procede hasta un máximo de cuarenta años. Por el contrario, en una entrevista para Ecuador Verifica, el penalista Pablo Encalada explicó que el beneficio de acumulación de penas se debe aplicar.

“La falta más grave absorbe a la menos grave y la prelibertad sería aplicable con el 40 % de la pena cumplida. Entonces, el delito de 8 años por cohecho absorbe el delito de 6 años por asociación ilícita y con 3 años con 2 meses en prisión, Glas podría acceder a dicho beneficio”, manifestó en 2021.

Sin embargo, una de las trabas para acceder a la acumulación de penas hasta ese momento, era la sentencia pendiente del caso Singue. Según el artículo 254 del reglamento del SNAI, es un requisito no tener juicios pendientes para acceder a este beneficio penitenciario. Actualmente, con la resolución del caso Singue, ahora la libertada por acumulación de penas privativas puede ser una salida para Jorge Glas.

Por otro lado, Radio La Calle habló con el abogado Paul Ocaña de la firma POM Servicios Legales Integrales, empresa a cargo de la defensa de Carlos Pareja Yanuzzeli, manifestó que uno de los argumentos presentados fue la nulidad del proceso de acuerdo al artículo 652 del COIP.

Según este artículo, se puede declarar nulo un proceso si existe indefensión para las partes procesales. En este caso, se indica que el Informe de Responsabilidad Penal (IRP) emitido por la Contraloría General de Estado (CGE) tenía un efecto de caducidad.

En este sentido, la Ley Orgánica de la CGE dice que para emitir ese informe tienen un plazo de 180 días improrrogables. Para el caso Singue se envió el IRP en el día 226 «eso hace que se declare la caducidad de dicho IRP y eso hace que vuelva nulo», dijo Ocaña.

Este documento es importante porque es un requisito de procedibilidad para iniciar con el proceso legal en contra de las personas implicadas en el caso.

 ¿Cuántos años va preso?

El exvicepresidente se entregó a la justicia a inicios de octubre de 2017. Fue condenado por dos casos de corrupción. El primero por asociación ilícita en la trama de corrupción de la petrolera brasileña Odebrecht, en la cual recibió seis años de prisión. El segundo caso por cohecho (coimas) por financiamiento ilegal para las presidenciales de Alianza País (AP); aquí recibió ocho años de cárcel.

Caso Singue

En 2015, el portal Focus, en el trabajaba Fernando Villavicencio, supuestamente reveló varios actos de corrupción en la entrega del campo Singue para su explotación petrolera.

Para 2017, la Contraloría emitió un informe de examen especial a los procesos precontractuales, contractuales y de ejecución suscritos entre el Estado ecuatoriano y el consorcio ecuatoriano Dygoil-Gente Oil Ecuador. Según la autoridad, halló presuntos incumplimientos e indicios de responsabilidad penal.

Ya en 2019, la Fiscalía decidió investigar el caso. El impulso fiscal inició la indagación por delito de peculado y determinó irregularidades en la estimación de cantidad petrolera para explotar el campo. Examinó el contrato de abril de 2012 durante la gestión del exministro y exviceministro de Hidrocarburos, Wilson Pastór y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente.

Finalmente, Pareja y Pastór, junto al exvicepresidente Jorge Glas y nueve funcionarios del entonces gobierno de Rafael Correa, fueron procesados por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

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Todas las diligencias se ejecutaron la noche del jueves 27 de octubre. La primera se llevó a cabo en el domicilio del funcionario, en Guayaquil. El segundo fue en un departamento en Cumbayá, donde reside en días laborables. Finalmente, el tercero fue en su despacho en el Ministerio de Energía y Minas, en Quito.

La entidad de control levantó varios indicios en los establecimientos: dos celulares, una laptop, una tablet y documentos con registros alfanuméricos.

Según el espacio informativo Un Café con JJ, el presidente Lasso habría pedido la renuncia del Xavier Vera como titular de la cartera de Energía. Esta información se obtuvo de manera extraoficial. Ni el mandatario ni el funcionario han aclarado la situación.

Sobre el delito

El 27 de octubre, Fiscalía allanó la habitación de hotel de Adrián Zamora, quien admitió haber entregado USD 150 mil a Vera por un cargo público. Los audios de estas declaraciones fueron difundidos por el medio digital La Posta. El implicado decidió colaborar con la justicia y dar su versión libre y voluntaria.

También se acusa al ministro de tenencia ilegal de carné de discapacidad. Con él, Vera se habría aprovechado de una tarifa menor en el pago de luz, según los portales Zoom y La Posta.

En el ojo de la Asamblea

Vera en el ojo de la Asamblea Nacional

El 26 de octubre, por moción de la legisladora Viviana Veloz, la Comisión de Biodiversidad emitió un informe para la solicitud de juicio político. El documento fue entregado a gestión documental y será evaluado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). En reiteradas ocasiones el titular fue convocado a las mesas parlamentarias, sin embargo, no acudió a los llamados.

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De acuerdo con el medio español El Confidencial, el trabajo de la Fiscalía informó que el consorcio pagó al menos USD 1,2 millones a funcionarios ecuatorianos para asegurarse el encargo. El punto de partido apareció por las denuncias efectuadas por personas que participaron en el entramado. Los sobornos se camuflaron como pagos a terceras empresas por la prestación de servicios, según las confesiones.

Los sobornos se habrían dividido en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Tras un abono inicial superior a los USD 300.000, hubo hasta 24 pagos posteriores de $ 35.000 cada uno. Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero.

La trama

El responsable de Bustren, una de las compañías del consorcio, Jesús Miguel Trababa, está en el centro de la operación.  Este funcionario fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011. Desde esa posición pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el metro y se reunió con el alcalde de esa época que visitó Madrid para recabar información.

En 2013, el gerente de la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, Édgar Jácome Zambrano, empezó una licitación para contratar una gerencia del proyecto. Trabada firmó con Prointec y KV Consultores para presentar una oferta como socios.

Un plan pactado

La empresa Bustren, aunque no deberían tener participación por antigüedad, recibieron el 80% de la participación principal, mientras que las otras dos solo tenían el 10% cada una. Luis Rodríguez Sol, fiscal investigador, asegura que GMQ influyó a través de los sobornos incluso en la fase previa de la licitación, las condiciones fueron resultado de una negociación que ya se planeó. Supuestamente todo se pactó hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

Días antes de que el concurso se ganara de forma definitiva, un empleado de KV Consultores acudió a una reunión con uno de los ecuatorianos. “Me han dicho que lleve la maleta”, comentó, según se desprende de las diligencias llevadas a cabo por la Fiscalía en España. MIB

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«¿Para qué pagar si puedes coimar? El abogado de la Asociación de Gastro Bares de Quito denunció que algunos funcionarios de la AMC estarían pagando sus consumos desmedidos con amenazas o supuestos beneficios», publicó el medio a través de Twitter.

La Asociación de Gastrobares de Quito impuso una denuncia en Fiscalía General del Estado (FGE) contra el funcionario. El abogado de la asociación, Juan Pablo Torres, señaló que Villacreses fue a celebrar el cumpleaños de un amigo al gastrobar House of Rock y se fue sin pagar. Según Torres, Villacreses habría ofrecido ayuda o preferencias con los permisos para que la cuenta le saliera «gratis».

«Consumió con sus amigos una cuenta aproximada de USD 1 mil. Y al momento de pagar, él (Villacreses) dijo que él no tenía que pagar, porque él les iba a ayudar en algún momento con alguna posible clausura, entonces, que no le cobren», dijo Torres.

Por su parte, Jaime Villacreses dijo que todas esas denuncias son falsas. Aseguró que todo este problema es una estrategia política en su contra. «Los consumos que yo hice tengo los respaldos y los presentaré en el momento requerido. Respecto a las supuestas dádivas, niego cualquier señalamiento contra mí y denuncié los depósito inusuales hechos a mi cuenta bancaria», explicó el supervisor, quien puso una denuncia por calumnias.

No sería el único en la AMC

El abogado de la asociación expresó que este local no es el único que sufre este tipo de ilegalidades por parte de los agentes de control. De hecho, estos establecimientos decidiero juntarse y tomar acciones legales.

La Agencia responde

La AMC rechazó las acusaciones de La Posta. Además, advirtió que interpuso acciones jurídicas para esclarecer los hechos y encontrar a los responsables.

«Informamos a la ciudadanía sobre la postura de la Agencia Metropolitana de Control de Quito frente a la publicación malintencionada de un medio digital. Reafirmamos nuestros valores como institución así como el compromiso con la ciudad», reza el comunicado en su cuenta de Twitter.

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La autoridad judicial aceptó el recurso de régimen semiabierto solicitado por Rivera el pasado mes de mayo. La medida se acogió gracias al informe de buen comportamiento y al no tener otros procesos penales en curso.

Aunque Rivera cumplirá el resto de su condena en libertad, tendrá que acatar una serie de medidas de control dispuestas por la justicia. Así pues, no podrá salir del país, usará un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), deberá presentarse periódicamente y recibir tratamiento psicológico ante una entidad estatal.

Delito por caso Odebretch

En junio de 2017, Ricardo Rivera fue detenido tras haberse revelado la trama de corrupción de la constructora brasileña Odebretch. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos descubrió que la empresa brasileña había repartido sobornos a cambio de obras con el Estado ecuatoriano. La justicia norteamericana ubicó que Rivera, a nombre de su sobrino Jorge Glas, habría sido uno de los enlaces de esta trama criminal. La investigación determinó USD 13.5 millones fueron repartidos en coimas a cambio de contratos con el estado.

En diciembre de 2017, Rivera -junto con Jorge Glas y otros tres implicados- fueron sentenciados a seis años de cárcel por asociación ilícita en el Centro Penitenciario Regional Número 4 del Guayas hasta el día de hoy.  

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Entre los territorios involucrados en este hecho ilícito está Ecuador. Como consecuencia, la empresa pagará USD 16,6 millones en multas, informó un medio digital.

El delito va en contra de la Ley anti corrupción en el Extranjero, la cual sanciona la entrega de dinero a funcionarios a cambio de negocios.

De acuerdo a las evidencias encontradas, la empresa proveedora de asfalto pagaba altas cantidades a funcionarios de: Ecuador, Venezuela y Brasil. En el caso ecuatoriano, la compañía admitió pagar sobornos a un funcionario de Petroecuador. El pago les habría asegurado un contrato para la provisión de asfalto. El funcionario, de acuerdo con el Departamento de Justicia de EE.UU, trabajó en la empresa entre 2010 y 2017.

Sobornos en Petroecuador

El pasado 23 de septiembre, el Departamento de Justicia estadounidense emitió un comunicado. Allí acusa a Javier Aguilar, ex gerente de una petrolera estadounidense, de pagar sobornos de USD 300 mil a funcionarios del Gobierno ecuatoriano.

No obstante, la cifra prometida por Aguilar a los funcionarios ecuatorianos ascendería a los USD 870 mil. El caso sigue en proceso de investigación.

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Entre los vinculados está el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas.

El delito del que se los acusa es cohecho. Por ello pueden juzgar incluso en ausencia.

El monto de los sobornos, según Diana Salazar asciende a los USD 7’791.588.

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