Según Alvear, hay sobreprecio en la compra de «54.4 megawatts (mw) a un total de USD 65 millones, a través de las 32 máquinas generadoras de electricidad». Recalcó que el precio normal de los mw es de USD 739 mil o USD 740 mil. No obstante, el país paga USD 1’194 por los mw. Apuntó que esa compra la estarían realizando mediante una intermediaria que la FGE deberá investigar.

«Compraron maquinitas del 2009 de casi USD 500 mil; si eso multiplicamos por los 32 equipos da un total de USD 16 millones y eso pagan», apuntó.

«Todo es negligencia»

El analista aclaró que la falla en el sistema eléctrico no es un «problema de emergencia, sino de negligencia del régimen». Indicó que las autoridades no ejecutaron las inversiones necesarias ni los protocolos de mantenimiento que debieron seguir.

Mencionó que, ahora el Estado deberá pagar USD 600 millones a Colombia por la compra de energía durante seis meses y a eso se suma los USD 300 millones que pagarán por comprar gas.

Sin embargo, en 2021, el gerente general de Celec, Gonzalo Uquillas, presentaba una realidad diferente. Aseguró que con una inversión de USD 800 millones se daría mantenimiento a las termoeléctricas y ya no habría apagones, pero el pasado 4 de octubre, el Gobierno alertó que sobre posibles apagones por la crisis en el sistema eléctrico.

«Nunca se invirtió y nunca hicieron nada. Ahora, el país tendrá que pagar USD 600 millones por energía. Quieren hacer lo que les da la gana a cuando les queda pocos días para irse», dijo.

Una primera alerta

El pasado 4 de octubre, Alvear advirtió que las irregularidades en el sistema eléctrico del país crearían un perjuicio para el Estado de alrededor de USD 310 millones.

«Estamos en manos de funcionarios que, sabiendo el problema, no previeron nada para generar una emergencia que desemboca en contrataciones y compras irregulares”, explicó para Radio La Calle.

El experto anticipó que Uquillas debería ser investigado por la Fiscalía por el perjuicio millonario que crea al Estado. “No es nada ligero lo que está gente, a través de esta negligencia, ha cometido”, finalizó.

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A raíz de las alertas de la llegada del fenómeno El Niño a Ecuador, el precio de la cebolla, arroz, verde. limón, otros, se disparó. Este último presentó un incremento de USD 100 aproximadamente.

Margarita Muzo, miembro del Mercado San Francisco, indicó que ahora el costal de limón lo compra en USD 150, mientras que hace unos meses costaba USD 35. Añadió que «en esos buenos tiempos» la saca de limón se lo podía conseguir hasta en USD 10.

«La única alternativa que vemos es comprar el zumo y vender eso. La gente busca y busca el producto. Con esto los más afectados serán los negocios de comida que dependen del limón», explicó par Radio La Calle.

Alexandra Baño, trabajadora de un restaurante de mariscos, comentó algo similar, pues hace un tiempo el ciento de limones lo compraba a USD 4 o USD 5 -dependiendo el tamaño y la cantidad- pero, este mes la adquirió en USD 14.

«Todo, todo está subiendo. Ya le tocó al limón, nos dan a un precio alto todos chiquitos y secos. No tengo de otra y me toca comprar así», dijo.

Luz María Cubi y Cristina Salvador, madres de familia, detallaron que en diferentes mercados de Quito se podía encontrar una funda de 25 hasta 40 limones por un dólar. Sin embargo, hoy ofrecen una malla de 10 limones o menos por el mismo valor.

«Tuve que dejar de comprar porque ya estaba muy caro y ahora utilizo los limones que saco de un árbol de mi casa», expresó Cubi.

¿Pero, qué dicen los comerciantes?

Según los comerciantes, la principal causa de que el precio del limón se haya disparado es la poca producción en el país, por lo que tienen que traerlo de Perú a un valor más alto. Además, explicaron que eso se debería a los cambios climáticos por la llegada del fenómeno El Niño.

Foto referencial: BBC

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El 8 de mayo la empresa extranjera envió un oficio dirigido al mandatario; al ministro del Interior, Juan Zapata; al exdirector del SERCOP, Dennis Valencia; y al comandante general de la Policía, Fausto Salinas. En el documento se detallaron varios cuestionamientos en torno al proceso de compra de chalecos antibalísticos.

“La entidad cae en un vicio que demuestra un direccionamiento hacia un »requisito» dirigido a una fábrica, US Armor Corporation con un »modelo» específico de producto y con un »género» específico, sin abrir oportunidades a mejores ofertas”, dice el oficio expuesto en una investigación de Radio Pichincha.

Además, la empresa solicitó que se realice de nuevo este concurso que garantice transparencia. Sin embargo, el Gobierno hizo caso omiso a su requerimiento y el Ministerio del Interior continuó con el proceso.

Otros reclamos

En un oficio dirigido al general Salinas, la empresa multinacional chilena Enhanced Combat Performance denunció irregularidades en el concurso y la falta de garantías a la libre competencia. »Podrían estar favoreciendo a un proveedor específico y no necesariamente al más calificado ni al de mejor calidad o mejor precio en el mercado», resaltó.

A esta denuncia se sumó otra empresa, Zeta Group, que envió un oficio el 16 de mayo a Zapata, Valencia y el contralor general del Estado, Carlos Riofrío, en donde se denunció un sobreprecio del 25 % en el proceso y un alto grado preferencial a otros proveedores.

De igual manera, se detalló que el concurso no fue publicado en medios extranjeros ya que se trataba de un concurso internacional. En este sentido, se pidió que se declare desierto este procedimiento.

»Las empresas extranjeras han corroborado que Ecuador se caracteriza por se un país donde no existe transparencia en los concursos públicos», dice la carta expuesta por el medio de comunicación.

¿Sobreprecio?

El Ministerio del Interior realizó la adquisición de 51.870 chalecos antibalas para la Policía Nacional, sin embargo, este proceso de compra registra múltiples irregularidades y reclamos por parte de las empresas participantes.

Después de varias promesas del exministro Diego Ordóñez la dotación de chalecos antibalas a la fuerza pública ya es un hecho. La cartera de Estado planteó un presupuesto de USD 32.044.579 millones para la adquisición de estos implementos.

La comisión técnica de la cartera de Estado realizó un informe que recomendaba la adjudicación parcial de las »ofertas económicas más bajas» realizadas por dos empresas norteamericanas. La primera es U.S Armor Corporation que ofertaba 51.385 chalecos por un valor de USD 23.503.935 millones.

Por otro lado, la propuesta de Point Blank Enterprises Inc para la adquisición de 1.035 chalecos con un precio de USD 2.240.423 millones. En total existiría una inversión de USD 25.744.358 millones que según el Ministerio significaría un ahorro de USD 6.300.221 millones, es decir, el 19.66 % del presupuesto referencial del proceso.

En base a la investigación de Radio Pichincha existen otros seis ofertantes, incluso, una empresa nacional que proporcionaba un ahorro de más de USD 9 millones en comparación con las empresas que fueron recomendadas por la cartera de Estado. (A.G.M).

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Por el contrario, Ordeñada dispuso la aplicación de medidas alternativas como la presentación periódica, prohibición de salir del país y uso de grillete electrónico. La decisión causó indignación en la ciudadanía y las autoridades de justicia.

La FGE investiga al Prefecto por el presunto delito de tráfico de influencias en la adquisición de insumos médicos durante la emergencia sanitaria por el Covid-19.

Esta actuación se identificaría como una conducta antijurídica que podría devenir en una presunta infracción disciplinaria establecida en el Código Orgánico de la Función Judicial.

Según la fiscal general Diana Salazar, en entrevista con varios medios de comunicación nacionales, el prefecto Morales intentaba escapar de la justicia. Explicó que al momento de allanar su vivienda, el Prefecto no se encontraba en la misma y, por el contrario, al abandonar su casa, dejó sus celulares para no ser rastreado.

No es el único sumario abierto el 5 de junio

La tarde del 5 de junio, la jueza de Garantías Penitenciarias de Latacunga, Alzira Beatriz Benítez Telles concedió la prelibertad a favor de Jorge Luis Zambrano González, alias «Rasquiña» y líder de la banda de «Los Choneros». El mencionado tenía una sentencia condenatoria de 20 años de privación de libertad por asesinato. Tan solo cumplió seis años en prisión.

Por este accionar, el CJ también inició un sumario administrativo en contra de Benítez Telles.

Otro sumario disciplinario enfrentan los jueces Ordeñana, Gabriel Jama y Martha Sánchez por un retardo de aproximadamente siete meses en la emisión de la sentencia escrita en un proceso de garantías jurisdiccionales.

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La Prefectura adquirió 70.000 mascarillas N95 a USD 6.71 cada una, cuando en el mercado se consiguen a USD 3. También se compraron 5.000 pruebas rápidas para Covid-19  a USD 23.16 cada una cuando se ofertan desde USD 13. En total la compra tuvo un valor de USD 585.500.

Este no es el primer caso de presuntas compras de insumos con sobreprecio. En las últimas semanas, Fiscalía allanó hospitales en Guayaquil, Los Ríos, El Oro, Guaranda, Ambato, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.

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