El Ministerio del Interior ha otorgado a US Armor Corporation y Point Blank Enterprises INC el contrato para la compra de 51 870 unidades de protección balística, con un valor total de USD 25.744.358. Según el Ministerio, este monto representa un ahorro de más de USD 6 millones en comparación con el presupuesto inicial de USD 32.044.579,40.

US Armor Corporation ha sido adjudicada con la compra de 50 835 chalecos, de los cuales 42 048 son de nivel IIIA y 8 787 son de nivel II, por un valor de USD 23 503 935. Por otro lado, Point Blank Enterprises INC se ha encargado de la adquisición de 1 035 chalecos de nivel IIIA-III, a un precio de USD 2 240 423,10, reporta Radio Pichincha.

Hay una Comisión técnica

Una comisión técnica encargada de la etapa precontractual ha recomendado la elección de la oferta económica más baja. Sin embargo, las otras seis empresas oferentes presentaron montos inferiores por hasta USD 9 millones. Estas denuncias señalan un posible sobreprecio en la adquisición de los chalecos.

Además, se ha revelado que US Armor Corporation presentó su oferta fuera del límite de tiempo establecido, un día después del plazo. Esto ha generado sospechas sobre supuestas irregularidades en el manejo del proceso de licitación.

El medio también pone el ojo en que «uno de los miembros de la comisión técnica, el mayor de Policía Hernán Solís Bartilotti, no firmó el acta de recomendación de adjudicación a las dos empresas estadounidenses». Este hecho plantea interrogantes sobre la transparencia y la validez de la decisión tomada.

Señalan una «injusticia»

El consorcio Burnham-Santa Bárbara EP, que fue descalificado en el proceso, ha presentado una solicitud de rectificación de la calificación al Ministro del Interior y a los miembros de la Comisión Técnica. Alegan que cumplieron con todos los requisitos y fueron perjudicados de manera injusta.

El documento presentado por el consorcio ha sido enviado a la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría y el Sercop para su investigación. El consorcio sostiene que su oferta fue verificada por la comisión en la apertura de ofertas y que cumplieron con los requisitos establecidos en el proceso precontractual.

Un proceso difícil

La compra de chalecos antibalas para la Policía Nacional ha sido un proceso lleno de obstáculos y retrasos desde diciembre del año pasado. En un primer intento, las empresas nacionales fueron descalificadas por no cumplir con los requisitos técnicos, lo que siguió denuncias de irregularidades. Luego se convocó a un concurso internacional en el que participaron 23 compañías y consorcios de varios países como Estados Unidos, Turquía, España, México y Colombia.

En resumen, el proceso de compra de chalecos para la Policía Nacional ha estado rodeado de cuestionamientos debido a denuncias de irregularidades, posibles sobreprecios y la participación de empresas descalificadas. Las autoridades competentes deben investigar a fondo estas evidencias para salvar la transparencia y los aparatos en los procesos de adquisición del Estado.

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Desde la compra de carpetas que tienen como precio original $ 0,45 a un costo de $ 2.25 por unidad, hasta el alquiler de capillas ardientes en $ 6.500 cuando en realidad su costo es alrededor de $ 1.500, son algunas de las pruebas que van apareciendo a diario. Se presume estarían involucradas las anteriores gerencias de Pablo S. y Daniel G.

Además, se habla de una supuesta vinculación familiar entre el dueño de la imprenta que funciona como intermediaria con uno de los exgerentes.

«Todos los días aparecen nuevos actos de corrupción y nuestra meta es hallar a los responsables», declaró Nicolás Díaz Rendón, nuevo gerente de la empresa.

Entre los documentos que corroboran el delito están correos electrónicos, facturas y estados de cuenta. Estos, servirán como pruebas para auditorías de Contraloría y el proceso legal en la Fiscalía.

El Seguro Social: «víctima de carroñeros»

El vicepresidente de la Asociación de Afiliados, Jubilados y Pensionistas del IESS de Pichincha, Henry Llanes considera al Seguro Social una institución sin control. Además, asegura «es manejado por los gobiernos como un botín político».

«El IESS debe poner a personas capacitadas en esos puestos gerenciales. En lugar de eso, inflan la burocracia para compensar los favores políticos. El Seguro Social ha sido víctima de los carroñeros», dijo en una entrevista para diario Expreso.

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Quito, 21 sep (La Calle).- La Universidad Yachay Tech tenía la capacidad de albergar a 10.000 estudiantes de postgrado y maestrías.

Héctor Rodríguez, experto en innovación y exgerente de la universidad, señaló que no existe un déficit de aulas en la institución, tal como lo indicó a la Asamblea Nacional el actual rector José María Lalama.

Además, Rodriguez acusó a Lalama de no cumplir ni con el 30% de los requisitos establecidos en el decreto 247, en el que se especifican los requisitos para ocupar el cargo de rector. Dentro de ese marco se refirió a las declaraciones dadas por Lalama, en el sentido de que «Yachay se construyó en el país equivocado».

«Yachay necesitaba 35 años para dar resultados, pero en 4 años se le exigió como si fuera Harvard. Además, añadió que desde 2015 ha sufrido recortes presupuestarios que han afectado al avance el proyecto Yachay».

Sobreprecios

El contrato para la construcción de los edificios en Yachay fue firmado por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, según informes e investigaciones realizadas por la Contraloría General del Estado no existió sobreprecios en la construcción de infraestructura.

La Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachay es el eje de un reportaje realizado por La Posta. El reportaje titulado «Safari del Elefantes Blancos» aludiendo que la inversión por alumno e infraestructura no se usaron apropiadamente. Varios estudiantes en redes respondieron indignados que no se graduaron en medio de corrupción.

Durante los gobiernos de Moreno y Lasso se dijo que la infraestructura de Yachay es obsoleta, y que sería más fácil destruir esos edificios y construir nuevos. A lo que Rodríguez recalcó que aquello no es cierto, pues según informes de Contraloría, los edificios no presentan daños de consideración.

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“Es injusto lo que me están haciendo. Me parecen bien todos los procesos de investigación que lleva la Fiscalía y me parece muy bien que deben llegar a las ultimas consecuencias. Pero, lo que no me parece bien es el linchaje mediático y las persecuciones de las que estamos siendo objeto”, dice.

Agrega que no sabe a quién recurrir, «pues los medios de comunicación no hacen eco de las verdades procesales, censuran, y emprenden campañas mediáticas en contra de los jueces que actúan en derecho».

“Hago un llamado a la conciencia de las personas (…) La Fiscalía debería preocuparse de que yo comparezca a juicio o es un afán de contentar ciertas consignas, por un afán de verme en la cárcel para satisfacer su ego”, agrega.

LOS ANTECEDENTES

Abdalá y Jacobo Bucaram son procesados por el delito de delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales.

Los menores de los Bucaram, Dalo y Michel; Gabriela Pazmiño, y otras doce personas más, también son investigados por los mismos crímenes. Se los acusa de haber participado en una red que vendía y distribuía insumos médicos con sobreprecio a hospitales de Guayaquil.

El 21 de junio, la magistrada Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado por la Fiscalía, en el caso por delincuencia organizada, aludiendo a que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los procesados.

Hace pocos días, la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación que presentó la Fiscalía para revocar el auto de nulidad, en el caso de Pruebas COVID-19. Asimismo, el tribunal declaró negligencia manifiesta de Medina y ordenó revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso.

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La instrucción fiscal durará 90 días, tiempo en el que se profundizarán las investigaciones para esclarecer los hechos imputados. La Fiscalía General del Estado (FGE) recabó los elementos de convicción desde junio de 2020.

Trabajo fiscal

En la audiencia de formulación de cargos, la fiscal provincial de Chimborazo, Mayra Moreno, justificó el inicio del proceso penal en contra del burgomaestre. Así, presentó varios elementos de convicción recabados en un allanamiento ejecutado en las instalaciones del GAD municipal. Se tratan de certificaciones del portal de compras públicas, contratos, procesos de compra otorgados en medio de la emergencia sanitaria por Covid-19, entre otros.

Los elementos presentados hacen presumir un delito de tráfico de influencias en la compra de insumos de bioseguridad con presunto sobreprecio. Según la investigación, la compra habría favorecido a un oferente por USD 96.608 (incluido IVA).

Los motivos

Según las investigaciones, el alcalde y cantautor Delfín Quishpe habría direccionado un contrato con sobreprecios durante la emergencia sanitaria por Covid-19. La beneficiaria sería la Importadora Quitio cuyo propietario es el también imputado Rafael Teodoro Q. P. Este último, ahora figura como precandidato a la dignidad de legislador para la Asamblea Nacional.

El pasado 4 de junio, la Fuerza de Tarea creada por la Fiscalía General del Estado (FGE) allanó las instalaciones del Municipio de Guamote. En el operativo, colocaron en cadena de custodia a documentos y computadoras.

Tras las pericias, la Fiscalía asegura que Quishpe favoreció al imputado y su empresa con el contrato. Además, según el reporte, el alcohol que adquirió el municipio en realidad se trataba de aguardiente.

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“No se cobrará el exceso de consumo eléctrico causado por el confinamiento, el Estado lo asume. Tampoco habrá corte del servicio de luz por pagos pendientes”, aseguró el Ministro. Es decir, el dinero público que pertenece a todos los ecuatorianos, será usado para costear el sobreprecio.

Por su parte, el Ejecutivo, gracias a los valores públicos, devolverá el dinero de esos cobros excesivos a las personas, a través de notas de crédito o transferencias bancarias.

Refacturación

El valor de las planillas de luz correspondientes a ese periodo (marzo-agosto 2020) serán los mismos del 2019. Esto no toma en cuenta a las personas que salieron de sus domicilios a otros lugares. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán adelantó que “según datos del ECU-911, este grupo corresponde solo al 3% de la población”.

Según el ministro Ortiz, las personas recibirán en el mes de septiembre la refacturación con todo el detalle de las nuevas medidas. Las personas podrán diferir sus pagos hasta 36 meses sin recargos adicionales ni intereses.

El pasado 27 de julio, el Comité de trabajadores de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ) rechazó el maltrato de Juan Sebastián Roldán a uno de los empleados de la EEQ a quien habría increpado por los valores de tarifas eléctricas.

“Ese día, el secretario increpó de una manera descomedida a un trabajador que no tiene la culpa de las disposiciones que se emiten por parte de los organismos de control como ARCONEL por el tema de las tarifas eléctricas”, dijo a Radio La Calle, Gabriel García, miembro del Comité de Empresa.

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