El 17 de noviembre la asambleísta de UNES, Sofía Espín realizó una solicitud a la CGE un examen especial a Santos. Según la legisladora, de ser cierta la sociedad offshore “estaría incumpliendo la Ley sobre Paraísos Fiscales. No podría ser servidor público y por tanto debería ser destituido.”

El 7 de diciembre, Espín confirmó en un tuit que la CGE acogió su denuncia. La entidad autorizó a la Dirección Nacional de Auditoría que realice la investigación de la presunta infracción del titular ministerial.

Antecedentes

El medio español Público reveló que Santos tiene una empresa offshore en Santa Laura Victoria Ltd., en Bahamas, que sigue activa hasta el día de hoy. Según la documentación difundida, la empresa se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación».

Al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».

Por su parte, Santos en entrevista para Radio Sonorama, afirmó que fue propietario de esta empresa antes que Lasso lo posicione como ministro de Energía. Además, según él, no es un delito ser director de una offshore. El problema surge cuando constan en las empresas, reciben y sacan dinero.

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Santos figura como director de Santa Laura Victoria Ltd desde el 9 de noviembre de 2015 junto a una mujer identificada como Alexandra Santos Jaramillo. Un paraíso fiscal es un país en el que existe un régimen tributario de impuestos bajos o nulos. Es un mecanismo o lugar que se utilizan las élites para evadir impuestos en sus países.

Según la Ley, el titular de Energía no podría ejercer el cargo por falsa declaración patrimonial debido a que ocultó esta sociedad en el archipiélago caribeño.

La sociedad evasora

Según la información a la que accedió el medio, entre los objetivos de Santa Laura Victoria Ltd se encuentra «llevar a cabo la actividad de una sociedad de inversión y, para ello, adquirir y poseer, ya sea en nombre de la sociedad o en el de cualquier nominado, acciones, obligaciones, bonos, pagarés, obligaciones y valores emitidos o garantizados por cualquier sociedad, dondequiera que se haya constituido o lleve a cabo su actividad».

Además, se ofrecía para «garantizar préstamos y prestar dinero con o sin garantía o seguridad a cualquier persona, empresa o corporación», al tiempo que preveía «dedicarse a cualquier negocio o negocios, o a cualquier acto o actividad», que no estuviese prohibida «por ninguna ley vigente en Bahamas».

No declaró ante Contraloría

La empresa offshore de Santos se constituyó con USD 50 mil, dividido en 50 mil acciones con un valor nominal de USD 1 cada una. Hasta el cierre de este reportaje, la sociedad sigue activa y ha pagado las tasas correspondientes para operar.

El Catastro municipal de Quito precisa que el domicilio de la offshore es el mismo donde está la oficina de Santos en la ciudad.

Toda esta información no forma parte de la declaración juramentada que Santos realizó ante la Contraloría General del Estado el 31 de octubre, cuando asumió la titularidad del Ministerio de Energía.

Santos respondió…

El medio buscó la réplica del ministro Santos. Según él, los documentos «no tienen directa o indirectamente bienes o capitales en píses o jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales». Esto implica que escondió su vinculación con la offshore registrada en Bahamas.

Además, precisó que la sociedad offshore «no tiene patrimonio ni tampoco «actividad». Sin embargo, no aclaró los motivos por los que en 2022 pagó las tasas para mantener la sociedad activa.

Declaración trucha

Al ser interrogado, el ministro Santos no explicó las razones por las que no incluyó esta sociedad en la declaración juramentada antes de aceptar el cargo de ministro de Energía de Lasso.

«La declaración juramentada debe incluir todos los activos del funcionario, incluyendo las participaciones en sociedades dentro y fuera de Ecuador. Si se omite ese dato, hay falsedad en la declaración, y eso es delito en nuestro país», señaló a Público el abogado Ramiro Aguilar.

Por su parte, el también jurista Mauro Andino destacó que entre las sanciones contempladas por vulnerar la Ley de Servicio Público , se encuentra «la pérdida del cargo público representativo». Ello supondría la renuncia obligada de Santos al cargo de ministro. 

Sobre Santos

El abogado asumió el cargo de ministro de Energía el 31 de octubre de 2022, tras la renuncia de Xavier Vera por escándalos de corrupción. Es el tercer titular de la cartera de Estado en menos de un año y medo de gestión de Lasso.

Fue ministro del ramo en el gobierno de León Febres-Cordero y asesor del exministro de Energía, René Ortiz en la época de Lenín Moreno. Saltó a la luz pública por su defensa a las empresas transnacionales. Señaló en una entrevista televisiva que los daños en la Amazonía provocados por la petrolera Chevron-Texaco fueron «inventos» de unos abogados que se tomaron el nombre de las comunidades del Oriente.

Para saber más sobre Santos, Radio La Calle realizó un perfil sobre él en la siguiente nota: Fernando Santos, el nuevo ministro de Lasso pro transnacionales.

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