El asambleísta del PSC, Luis Almeida denunció a la magistrada por su «sometimiento al gobierno». «Al fin respira vientos de libertad. ¡Nunca más sicarios judiciales», expresó a través de su cuenta e Twitter.

Ibarra permitió que Hernán Ulloa asuma la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (Cppcs), luego de revocar las medidas de protección a favor de Sofía Almeida el 1 de agosto de 2022.

Además, la jueza aceptó una acción de protección contra el Cpccs por haber designado a Raúl González como superintendente de Bancos, el pasado 27 de julio de 2022.

Según Ibarra, en el concurso se vulneraron «los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadanía denunciante».

Ante esta decisión, el abogado de González, Roland Friend, solicitó a la Corte de Guayas que declare error inexcusable. Además, mencionó que en la audiencia de acción de protección en el caso del titular de la Súper de Bancos existió conflictos de intereses.

González sin puesto

La jueza de Samborondón, Larissa Ibarra aceptó este recurso y anuló el proceso designación de González. Por ende, ordenó al Cpccs que elija un nuevo principal con una terna que debía enviar el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por González y algunos consejeros. Según la entidad, la designación carece de motivación “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”. (N.J.C)

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En primera instancia, la CC destituyó a los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) por incumplir la sentencia de no haber nombrado un presidente definitivo para el CJ. Cuatro ternas fueron negadas por el Cpccs liderado por Hernán Ulloa.

Tras la decisión, la Corte dispuso que hasta entonces Álvaro Román presida temporalmente el Consejo de la Judicatura en su calidad de suplente. El entrante presidente ya había planteado una acción de protección contra la designación de Fausto Murillo.

Según Román, él debía asumir el CJ tras la renuncia de María del Carmen Maldonado a inicios de 2022. El Cpccs Transitorio lo eligió como vocal suplente y no a Fausto Murillo, reportó Ecuavisa.

¿Y ahora qué?

La Corte señala que el órgano competente debe elegir un candidato de la cuarta terna para presidir el CJ. Román estará a la cabeza mientras no haya titular definitivo. Además, el CJ deberá ofrecerle disculpas pública y un pago de USD 5 mil, recogió el medio televisivo.

Por su parte, los siete consejeros deberán abandonar sus cargos. Los exvocales Sofía Alméida, Juan José Dávalos y David Rosero aseguraron que cumplieron con sus atribuciones en cuanto a la designación del presidente del CJ.

Los consejeros destituidos resaltaron que las decisiones en el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) se tomaban en una mayoría de cuatro funcionarios.

«Claramente hicieron todo lo posible por mantener a su amigo (Fausto Murillo) en la Presidencia del Consejo de la Judicatura», reza el comunicado.

También, solicitaron que la Corte Constitucional (CC) se pronuncie considerando las pruebas de descargo presentadas por escrito y en la audiencia de verificación.

En la otra orilla, el expresidente Hernán Ulloa aceptó la decisión de la Corte, pero enfatizó que no concuerda con el dictamen. Instó a la Corte a actuar de manera inmediata contra la Asamblea Nacional por el desacato a una sentencia del 2019.

Según Ulloa, el Pleno también debería ser destituido por no obedecer la resolución de la Corte sobre el derecho a la consulta previa y legislativa, que hasta la fecha no han enviado el informe sobre las leyes orgánicas que regulen el derecho a dicha consulta.

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El restituido presidente del Consejo de Participación Ciudadana, Hernán Ulloa, y sus tres homólogos no pudieron explicar que Párraga haya presentado siete acciones de protección en La Concordia, en Santo Domingo de los Tsáchilas, casi a la misma hora. Una de estas, recayó en el juez Ángel Lindao que falló a favor de los consejeros.

«A mi no me consta aquello. No, en absoluto, no conocemos a la persona, pero le agradecemos que haya planteado esta acción», refirio Ulloa. En cambio, la consejera Ibeth Estupiñán dijo: «Alguien me mandó a decir que el señor (Carlos Párraga) me conocía cuando yo era niña (…) yo no recuerdo si el me conoce».

La consejera Sofía Almeida mostró su rechazo hacia las declaraciones de sus pares. «Como insultan la inteligencia de los ecuatorianos. «Por sus acciones los conocereis», mencionó.

Ulloa añadió que las decisiones de la Asamblea Nacional desorganizan la administración pública y generan desestabilidad. «Una de las consecuencias del incumplimiento de las sentencias constitucionales y, también, de las medidas cautelar es la destitución del servidor público que la incumple», afirmó.

Sobre el pleito

El Pleno de la Asamblea Nacional llevó a cabo un juicio contra cuatro integrantes del Cpccs por incumplimiento de funciones en el cambio del Reglamento para la Elección de Contralor General del Estado.

La noche del 22 de noviembre, el Legislativo resolvió la destitución y censura de los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo. Sin embargo, el juez de La Concordia, Ángel Lindao aceptó una acción de protección que suspendió la decisión de la Asamblea.

No obstante, el Legislativo ratificó en su resolución y convocó a sesión para que cuatro consejeros suplentes asuman como principales. Al final, ninguno asistió a la posesión.

A la par, los vocales destituidos volvieron a las instalaciones del Consejo y retomaron sus cargos. Ulloa argumentó que el poder judicial no se dejó intimidar y el Estado de derecho triunfó. En cambio, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, rechazó la injerencia de la Función Judicial y la bancada socialcristiana presentó tres denuncias contra la mayoría gobiernistas del Cpccs y el juez Lindao.

Lo más reciente del pleito fue la inasistencia de la Mayoría Legislativa para no posesionar al superintendente de Bancos designado, Roberto Romero. Por ello, Ulloa y compañía mantienen sus querellas con los legisladores.

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«Desde que yo estaba de presidente habían expresiones para que se haga lo que el Gobierno Nacional quería y como no sucumbimos ante estas presiones me removieron del cargo de presidenta utilizando a la jueza Larissa Ibarra. Justamente la misma que anula la designación de Raúl González como superintendente de bancos», dijo la autoridad.

Ingerencia de Caicedo

A partir de estas decisiones se han generado varios delitos: un posible tráfico de influencias del señor Aparicio Caicedo al CPCCS por los audios donde amenaza a González si va a presentar su plan de trabajo diciendo que «ya va a ver lo que va a pasar».

Almeida expresó que lo mismo le dijo Caicedo a su asesor Alejandro Gallo que «si no se hacía lo que él decía en la designación de contralor y miembros del Consejo Nacional Electoral, ella saldría de la presidencia» y eso sucedió por parte de Ibarra, quien es una jueza cuestionada.

El trabajo de revisar si los nuevos integrantes de la terna de superintendente cumplen los requisitos ya está en marcha, pero los demás integrante del CPCCS no fueron avisados como la ley indica. «Todo el proceso se realizó de forma irregular. El Gobierno debe respetar la designación porque no tienen nada que ver después de enviar la terna», expresó.

Destitución de la Presidencia

La Comisión de Transparencia de la Asamblea Nacional determinó, en un informe, irregularidades en la designación de Hernán Ulloa como presidente del CPCCS. Dicho documento se entregará a la Fiscalía General del Estado.

Personalmente, Almeida interpuso una demanda por violencia de género contra los cuatro consejeros que la destituyeron. «Antes del 9 de febrero, había recibido ataques en mi contra. Los consejeros dijeron cosas que no estaban apegadas a la verdad y manchando mi honra. Me he reservado el derecho de seguir las acciones legales cuando lo considere pertinente». MIB

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Expresó que a partir de la Consulta popular del 2018, en el Consejo de Participación se evidenció un proceso de desinstitucionalización completo. “Las competencias del Consejo nunca les interesó a ninguno de los miembros de la clase política, lo que les interesaba es el reparto de las funciones del Estado”, afirmó durante una entrevista con Radio La Calle.

Jarrín comentó que existen grabaciones, circulando redes sociales, en las que se evidencia la presión por parte del Ejecutivo para cambiar el reglamento y la presión que existe para que el Gobierno tenga el control de la Comisión Ciudadana.

Además, sostuvo que circula otro audio donde una de las consejeras chantajea a una autoridad designada, pidiéndole cargos para repartirse entre los consejeros que han hecho mayoría en el CPCCS.

“El fondo de toda esta disputa es por la designación de autoridades. Lastimosamente han dejado de lado una construcción verdadera del poder popular y el empoderamiento de la ciudadanía”, expresó.

Jarrín expuso que varios actores políticos han planteado desaparecer el Consejo de Participación, con el argumento de su nulo funcionamiento. “Si esa es la causa de querer desparecerlo, entonces también debería desaparecer la presidencia de la Republica que desde hace 5 años no funciona para nada”, planteó.

El exconsejero recalcó que el pleno del CPCCS no puede remover a la presidenta o al vicepresidente del Consejo porque no está en ninguna de sus competencias.

Por último, comentó que Sofía Almeida podría apelar en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y solicitar medidas provisionales respecto a su destitución en el Consejo.

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“En tiempo récord aprobaron las reformas al reglamento para el concurso de contralor. No solamente afectando tiempos y plazos sino también la objetividad del concurso. El reglamento que debía aprobarse era objetivo. Ahora se incluyen pruebas orales de 20/100, donde se calificaría subjetivamente y aumentaría los tiempos. Se mediría con una vara a los ciudadanos y con otra a los amigos del Gobierno”, dijo a los medios.

Entre otras cosas, denunció que se quiere alargar el proceso tres meses más, además de colocar candidatos a conveniencia. La crisis de institucionalidad en el CPCCS también mancharía la transparencia del proceso. “No habría un reconocimiento de la legalidad de estos cuatro consejeros por lo que habría la incertidumbre de si esta decisión y el concurso sería o no legal”.

Golpe a su administración

Almeida dijo que no confía en la justicia en su caso, pero que seguirá firme en sus peticiones. Anunció que, si se agotan las posibilidades en la justicia nacional, irá con su caso al plano internacional.

 “El accionar de las instituciones a cargo del Gobierno Nacional: CNT, CELEP, Policía Nacional, facilitaron el intento de golpe de Estado de los cuatro consejeros que aprobaron el reglamento para ese concurso”, dijo.

Añadió que después de su salida voluntaria del eficio del CPCCS en Quito no ha tenido acceso a los documentos de su administración. “Sabía que cuando saldría de la Institución no me permitirían acceso a los archivos del CPCCS. Recibí a ciudadanos y los grupos sociales. El mejor apoyo”.

“Mi equipo es fundamental para armar mi defensa legal contra los cuatro consejeros. Estuve esperando la protección y respaldo de la Policía Nacional. Nunca ocurrió, es más me amedrentaron”, denunció.

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“El CAL, con el voto unánime de los seis integrantes presentes calificó a trñamite tres solicitudes de juicio político, por incumplimiento de funciones asignadas en la Constitución y la ley en contra de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de la expresidenta y los miembros del Consejo de la Judicatura”, publicó el Órgano Legislativo.

Según asambleístas de las bancadas de Unión por la Esperanza (UNES), Pachakutik (PK) y del Partido Social Cristiano (PSC), la pugna interna entre los siete consejeros ha provocado un debilitamiento institucional debido al incumplimiento de sus funciones respecto a la elección de autoridades.

El enjuiciamiento se plantea para Sofía Almeida, David Rosero, Juan Dávalos, Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.

Primera solicitud

El CAL calificó la solicitud de juicio político en contra de los siete consejeros del CPCCS. Moción presentada por los legisladores de Pachakutik, Ricardo Vanegas y José Chimbo. Los asambleístas argumentaron incumplimiento de funciones en la designación de César Córdova como Defensor del Pueblo encargado, la destitución de Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, y por el nombramiento de Pablo Iglesias Paladines como Superintendente de Ordenamiento Territorial.

Segunda solicitud

El CAL también admitió a trámite la solicitud de juicio político en contra de cuatro consejeros del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, ibeth Estupiñan y Francisco Bravo.

Los ponentes fueron los legisladores de Pachakutik, Mireya Pazmiño y Ángel Maita Zapata. Sostuvieron que estos integrantes del Consejo de Participación “modificaron el reglamento para elegir al nuevo Contralor General del Estado aprobado por el organismo en agosto pasado”, reza el comunicado.

Tercera solicitud, la de yapa

La última solicitud de juicio político calificada por el CAL fue en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura (CJ), María del Carmen Maldonado, y tres vocales de la institución, Fausto Murillo Fierro, Ruth Barreno Velín y Juan José Morillo Velasco.

La solicitud fue presentada por los asambleístas por UNES, Viviana Veloz y Fausto Jarrín.

Respuestas…

La Secretaría General de la Asamblea Nacional remitirá en un plazo máximo de tres días, las solicitudes de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento. Esta información será enviada al presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio. El asambleísta deberá avocar conocimiento y sustanciar el trámite según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

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Esto ocurrió un día después de que la Policía Nacional y la Fiscalía allanaran las oficinas del CPCCS, como parte de la investigación por una denuncia de acceso no consentido a sistemas informáticos de la institución, hecha por los consejeros Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira y Francisco Bravo.

«Debido a que en los últimos ocho días ingresaron al edificio personas ajenas a la institución, se verificará el estado de las instalaciones, equipos, sistemas informáticos, infraestructura tecnológica y documental del Consejo, con el fin de asegurar que se encuentre en óptimas condiciones para la atención a la ciudadanía y el desarrollo de las actividades del CPCCS», manifiesta el comunicado.

La consejera Almeida junto con David Rosero y Juan Dávalos permanecían en la institución, desde el pasado 9 de febrero. Con ellos también se encontraban simpatizantes e incluso familiares de Almeida.

Respecto al allanamiento, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, informó en una comparecencia a la Asamblea Nacional que ella ordenó la intervención de las instalaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

«El Comandante Cabrera envió una solicitud de los miembros del CPCCS, especialmente del miembro Hernán Ulloa. Solicitamos la presencia policial frente a la posibilidad de que se produzcan actos que impidieran la ejecucción de la sesión en esa institución», dijo.

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“El Consejo no le pertenece a las cuotas de poder. La actual presidenta (Sofía Almeida) o la anterior, no ha podido desarrollar acciones a favor del pueblo. Por esa razón, hoy respaldamos fielmente a la mayoría de este Consejo encabezado por Hernán Ulloa. Ojalá active inmediatamente el trabajo que ha estado sin desarrollar desde la anterior presidencia. La democracia interna del Consejo y del país deben primar”, señaló Intriago.

El dirigente sostuvo que el Consejo está tomado por tres consejeros: Sofía Almeida (presidenta), David Rosero y Juan Dávalos. Además, advirtió que esperarán una semana para que los consejeros de minoría “se vayan a sus casas”. Caso contrario, volverán a las instalaciones del CPCCS junto a las bases. Según Intriago, unas 40.000 familias conforman la FECAOL.

En octubre del 2021, Intriago marcó distancia de la CONAIE. En esa ocación anunció que no participarían de las protestas contra el Gobierno de Guillermo Lasso, convocadas por el movimiento indígena para el 26 de ese mes. Asimismo, sostuvo que llegaron a acuerdos con el ministro de Agricultura, Pedro Álava.

El otro lado

Sofía Almeida confirmó que envió una carta al presidente Guillermo Lasso exponiendo las decisiones y acciones “arbitrarias” de los consejeros de mayoría.

“Sus acciones han hecho que la institucionalidad esté golpeada y también el Estado de Derecho. Lamentablemente, estas acciones han sido en compañía de instituciones del Gobierno Nacional”, dijo Almeida.

La presidenta exhortó al Gobierno y a otras instituciones a respetar la autonomía e independencia del Consejo. Se refirió al comunicado de Presidencia en apoyo a Ulloa como un comunicado “hipócrita”, que reconoce el golpe de Estado institucional.

“Lamentamos que el Gobierno Nacional, mediante diferentes instancias, se preste para darle un golpe a la institucional. Lamento que el presidente Lasso haga suyas las mismas prácticas que en determinado momento criticó”, acotó el consejero David Rosero.

Asimismo, Almedia añadió que convocó a la siguiente sesión del Pleno para continuar con las actividades. Al ser cuestionada sobre la asistencia de los consejeros de mayoría, mencionó: “Quien quiera trabajar, trabaja. Si no asisten, pues se convocará a los suplentes”.

Esta en juego el puesto de Contralor

Sofía Almeida considera que detrás de toda esta pugna hay intereses relacionados con la designación de nuevas autoridades para la Contraloría General del Estado y otras autoridades de control.

“Hemos avanzado en el proceso de elegir contralor. El proceso está en 40%, con 200 veedores. Con lo que está pasando, por responsabilidad de cuatro consejeros, eso se vería afectado. No se puede cambiar en la mitad de la normativa los procesos”, subrayó Rosero.

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Además, rechazó las muestras de apoyo del presidente Lasso al consejero Hernán Ulloa. Para Almeida, sus declaraciones son contradictorias e hipócritas. “Por un lado, dice que respeta la independencia del Consejo y, por otro, apoya a Ulloa. Los ciudadanos no somos tontos”, aseveró.

“Es evidente que hay consejeros que tienen el apoyo de las instituciones del gobierno. Hay una evidente intromisión de otros poderes del Estado en el caso”, dijo. Agregó que en redes sociales los ciudadanos demostraron con fotografías el proselitismo político de los actuales consejeros con el partido de Guillermo Lasso.

Almeida no quiere aferrarse al cargo

“No voy a sucumbir ante ninguna presión”, aclaró Almeida. Ella dijo que ya ha tomado acciones legales en contra del consejero Ulloa con el fin de defender lo correcto. Anunció que tomará medidas incluso en instancias internacionales. Recalcó que no quiere aferrarse al cargo sino se aferra a hacer lo correcto.

“La jueza me dio la razón en el sentido de que no hay forma en que puedan removerme por ley”, dijo.

Argumentó que hay organizaciones sociales que apoyan su presidencia y la vicepresidencia de David Rosero. “Esa ciudadanía presenta acciones porque va a defender su derecho como poder ciudadano”, dijo.

Los hechos

Almeida explicó cómo irrumpieron las instalaciones de la Presidencia del CPCCS. “Ellos ingresaron dañando la chapa, la oficina y la Presidencia. Quieren apoderarse de toda la institución y saltándose todo proceso jurídico legal. Vinieron con la presencia de más de 50 uniformados”, relató.

Calificó a este acto violento como un “golpe de estado institucional” al ignorar los procedimientos legales y éticos pues “ingresaron como delincuentes”.

“En lugar de resguardar a los ciudadanos en las calles, los teníamos resguardando una sesión de pleno que debía ser virtual. Lo que más sorprende es que el Ministerio de Trabajo lo avalía y la policía a lo acompaña” aseveró.

Conflicto de intereses

Según Almeida, los consejeros María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán Francisco Bravo y Hernán Ulloa tienen denuncias en la Fiscalía General del Estado por el delito de concusión y alteración en los procesos de designación de las autoridades y por eso el interés de la Presidencia del Consejo.

Al finalizar la entrevista, la presidenta expuso la importancia de mantener la institucionalidad de este organismo. “La ciudadanía pierde completamente porque nosotros designamos y hacemos los concursos para las autoridades de control de cualquier órgano estatal”.

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Quito, 10 feb (La Calle). – La división del Estado apareció en 1789 con la Revolución Francesa. Antes de ello, las naciones europeas concentraban el poder en una sola persona: el rey. ¿Cambió algo con la creación del Estado moderno? Si, pero no del todo varios. En muchos pasajes históricos la democracia tambaleó y llegó la dictadura. También funciones del Estado han sido controladas por entes ajenos a ellas. En algunos países la idea del rey aún existe, aunque con poder mucho menor al de otros siglos.

Así llegamos al siglo XXI, al 9 de febrero de 2022. Los golpes de Estado y las tomas de poder, como si fuesen las botanas en una mesa de bocaditos, no han cesado. En este capítulo, instancias que pertenecen al Ejecutivo se tomaron atribuciones ajenas para derrocar a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Organismo creado en 2008 y que iba a representar el poder ciudadano en el Estado.

Podríamos tomarnos un sinnúmero de páginas para explicar la intencionalidad del CPCCS. Los ciudadanos/as se preguntaron durante estos 14 años de existencia si este poder tenía alguna utilidad. La tiene, en efecto, es un poder con capacidad de veeduría, fiscalización, acompañamiento y por supuesto de convocatoria para elegir a las autoridades de control.

Sin embargo, en política no pasa mucho tiempo para que las cosas se mancillen. El CPCCS mantuvo sus actividades sin tantos sobresaltos hasta que llegó el gobierno de Lenín Moreno. En 2018, después de pasar meses denostando este poder y diciendo que fue una argucia de Rafael Correa para controlar Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, el Ecuador fue a Consulta Popular y dijo si a un proceso de cambio en el Consejo. Entonces llegó el transitorio con Julio César Trujillo a la cabeza.

Trujillo estuvo siempre en política. Roldós Aguilera decía que era parte de “los patriarcas de la componenda”, un insulto muy bien consolidado, pero insulto al fin. No pensábamos que, en sus últimos años de vida, Trujillo iba a dejar sentadas las bases de una bomba que tardó tres años en explotar. El Transitorio nombró nuevas autoridades. Carlos Pólit a Contraloría, Diana Salazar a Fiscalía, Íñigo Salvador a la Procuraduría. Las actuaciones de los tres funcionarios son material de otra columna.

En 2019 se nombraron a los miembros elegidos por votación popular. La muerte le sobrevino a Trujillo en el último día de funciones, pero las semillas estaban sembradas. El CPCCS siempre fue frágil, pero ahora era como un cristal al que, cualquier movimiento podría trizar. En dos años y cuatro meses de trabajo pasaron tres presidentes. José Tuárez, envuelto en una trama de tráfico de influencias. Christian Cruz, con un carnet de discapacidad sospechoso. Cualquiera pensaría que, con Sofía Almeida, las aguas menguarían. Que equivocados estábamos.

2022 es un año importante. El CPCCS empezaba a armar los concursos para elegir a las autoridades de control. Contralor General, Defensor del Pueblo y miembros del CNE para una renovación parcial. Poderes muy importantes en un Estado, por lo tanto, sometidos al interés de unos cuantos aprovechados.

En enero ya empezaron las quejas. Hernán Ulloa enarboló la bandera y aunque, a primera vista parecía que la presidenta cometió un error. Sin embargo, al explicar que el Ministerio de Economía no había realizado el tema de presupuesto y los montos para el Consejo, uno puede sospechar hacia donde van las huellas. El 9 de febrero, un grupo de policías, ayudaron a Ulloa y compañía a entrar en las instalaciones. El CPCCS estaba sesionando de forma virtual por el aumento de contagios de la COVID-19 ¿A quién rinde cuentas la policía? Al Ministerio de Gobierno. Como burdos delincuentes, consejeros y gendarmes rompieron las puertas de la institución. Y en una sesión y de un plumazo destituyeron a Almeida.

No es la primera que sucede un episodio así. En 1984, en la presidencia de León Febres-Cordero, los jueces designaron como presidente de la Corte a Gustavo Medina de la oposición. La acción llevó al Ejecutivo a enviar tanques de guerra que rodearon la Corte para evitar que los magistrados asuman los cargos. En 2007, el Tribunal Supremo Electoral destituyó a 57 diputados. Un caso que llegó a la CIDH.

Los opinólogos de redes sociales dicen que el CPCCS. Aunque tuvieran razón, habría que preguntarse la verdadera utilidad de los poderes del Estado ¿El Legislativo crea leyes en beneficio de sus ciudadanos? ¿El Ejecutivo organiza el Estado de forma beneficiosa? ¿La Justicia no está secuestrada por un grupo? La política no es solo la ciencia que estudia la organización de los Estados. También analiza el poder. Ese poder que es como el ser humano que lo ostenta. Efímero, con fecha de caducidad. Los que quieren obtenerlo de formas dudosas deberían pensar dos veces antes de intentarlo.

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“Lamento sobremanera que el presidente de la República, Guillermo Lasso, se preste para estas situaciones. (…) Intentar dar un golpe a la institucionalidad. (El presidente) está muy mal asesorado” declaró uno de los consejeros del Consejo de Participación ciudadana y Control Social (CPCCS).

La ratificación cumplió con los requisitos constitucionales. Además, se declaró sin efecto todas las acciones o decisiones que puedan darse para validar la destitución de Almeida y del vicepresidente del organismo.

La entidad además de convocar a rueda de prensa emitió un comunicado:

“Todas las actuaciones realizadas del día de ayer para destituir a la presidenta Almeida son nulas”, reza el comunicado emitido por el CPCCS con base a la ratificación de la jueza.

Se pronunció también que en el documento se dispone a la Defensoría del Pueblo a garantizar y vigilar el cumplimiento de esta medida y que la Policía Nacional garantice la presencia y las actividades dentro del proceso de impugnación.

Denuncia por usurpación de funciones

Durante el evento, la presidenta del Consejo ratificó su compromiso y el compromiso de los consejeros de trabajar apegados a la ley y cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución.

Uno de los consejeros que acompañó a Almeida manifestó que se procederá a poner una denuncia por usurpación de funciones y simulación de cargo público ante la fiscalía general del Estado como un delito flagrante.

“Cuatro personas hicieron un show con el auspicio del Ministerio de Gobierno, de CNT, del MINTEL y la Policía Nacional (…) Huérfanos de apoyo social y popular han tenido que traer a cientos de policías para amedrentar a servidores y ciudadanos” dijo el funcionario.

Los consejeros se refirieron a la solicitud presentada a la Asamblea Nacional para que se continúe con los procesos de fiscalización. Almeida también dijo que los cuatro “golpistas” tienen denuncias en Fiscalía por irregularidades en la designación de autoridades del superintendente de ordenamiento territorial.

Por otro lado, la funcionaria enfatizó que lo realizado ayer fue totalmente ilegal, puesto que el secretario ad hoc no era funcionario del Consejo, ya que fue removido.

“Es impresentable que el Ministerio de Trabajo haya tomado un documento firmado por un exfuncionario del Consejo para validar una supuesta presidencia del CPCCS (…) Es un acto ilegal e impresentable; una falta a la institucionalidad del Consejo y del país” pronunció Almeida.

Por su parte otro de los consejeros dijo: “Aquí estamos defendiendo la democracia, al estado de derecho, a la seguridad jurídica (…) el día de ayer vimos un atentado auspiciado por el Gobierno nacional (…) y se quisieron tomar a la fuerza el CPCCS, ya no fue suficiente el que a partir de amenazas nos lleven a una consulta popular para eliminar el Consejo”.

¿Dictadura?

Además de responsabilizar al Estado por estas acciones suscitadas, los consejeros señalaron. “No nos podemos dar el lujo de tener autoridades de control ligadas a los intereses de los gobiernos de turno (…) El intento de ir a un modelo autoritario tiene que ser rechazado por todos lados los ciudadanos (…) Es una función del Estado autónoma que se tienen que respetar como cualquier otra función”.

La Asamblea Nacional en su cumplimiento de sus funciones ha solicitado un juicio político que cuenta con más de 80 firmas. Por su lado, los consejeros plantearon la necesidad de avanzar en el concurso de mérito y oposición.

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«He recibido notificación del Ministerio del Trabajo donde se me reconoce y acredita como Presidente del CPCCS. La escolta de seguridad de la señora expresidenta Sofía Almeida fue retirada. Estoy en espera de la asignación de seguridad correspondiente», dijo en un tuit.

«Para los efectos legales pertinentes, certifico que el instrumento transcrito acredita la designación de los funcionarios Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira como presidente y vicepresidenta del CPCCS», dice el comunicado.

Este es el cuarto presidente del CPCCS en 2 años y 7 meses. Primero llegó José Tuárez (13-07-2019 al 14-08-2019). Después Christian Cruz (20-08-2019 al 13-10-2020). Finalmente Sofía Almeida (16-10-2020 al 9-02-2022).

Destitución

Con los votos de cuatro consejeros del CPCCS – María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo – y 3 ausencias, Hernán Ulloa fue elegido como nuevo presidente del organismo. Rivadeneira será la vicepresidenta.

Almeida denunció que se trata de las pretensiones del Ejecutivo para manejar este poder del Estado y los concursos de autoridades de control. Después de la toma de juramento, realizaron una limpia de la oficina y la silla que utilizará el nuevo presidente.

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Con los votos de cuatro consejeros del CPCCS – María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo – y 3 ausencias, Hernán Ulloa fue elegido como nuevo presidente del organismo. Rivadeneira será la vicepresidenta.

Después de la toma de juramento, realizaron una limpia de la oficina y la silla que utilizará el nuevo presidente.

Interrupción de funciones en el CPCCS

Sofía Almeida señaló que presentará una denuncia en la Fiscalía General del Estado. De acuerdo a la derrocada presidenta, los consejeros incurrieron en un delito de daño a la propiedad pública. Esto porque forzaron las cerraduras de las puertas de la sala de sesiones del Pleno del CPCCS. La sesión que se convocó, este miércoles, de manera virtual.

La funcionaria dijo que «esta acción se puede interpretar como una injerencia de otras funciones del Estado en el trabajo del CPCCS, con el claro fin de boicotear los procesos de designación de autoridades».

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Almeida indicó que «debido a una fuerte intención de poner trabas al trabajo institucional por parte de los consejeros: María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán, Francisco Bravo y Hernán Ulloa no fue posible aprobar el plan anual de contratación y el presupuesto», explicó en un comunicado.

De acuerdo con la ley el plan anual de contratación debe publicarse dentro de los 15 días del año en la página web de las instituciones. «Esta situación no permitirá al CPCCS cumplir con sus obligaciones administrativas ni operativas, pagar sueldos a funcionarios y continuar con los procesos de designación de autoridades».

A juicio de la presidenta, hay intereses políticos que quieren interferir con el trabajo de la institución e hizo un llamado a la ciudadanía a defender el CPCCS.

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