El Ministerio de Energía de Colombia negó las declaraciones de Noboa. Fuentes oficiales del ministerio aclararon que Ecuador no ha estado exportando electricidad a Colombia en los últimos dos años.

Según el reporte de las autoridades colombianas, en los últimos seis meses, Colombia ha exportado más de 1.150 GWh de energía, pero no se han registrado transacciones de electricidad programadas desde Ecuador hacia Colombia. Hasta el 11 de febrero, las importaciones de electricidad desde Ecuador hacia Colombia no alcanzaban ni un solo gigavatio-hora.

El Ministerio de Energía de Colombia señaló que, a pesar de que no existen operaciones programadas, es posible que se realicen intercambios imprevistos de electricidad para garantizar el funcionamiento de la interconexión o cuando el sistema ecuatoriano presente excedentes energéticos. Además, enfatizaron que esta situación no equivale a que Colombia adquiera electricidad de manera directa, concluyendo: «Eso no quiere decir que compremos», reportó diario Expreso.

Exportación mínima

“El presidente Daniel Noboa habla de una exportación irreal (a Colombia) de 5 gigavatios, serían como tres centrales de Coca Codo Sinclair”, cuestionó la legisladora Sofía Espín.

Según la legisladora esta exportación ha sido mínima y responde exclusivamente al incremento de lluvias, lo que ha permitido que las hidroeléctricas operen con mayor capacidad. «Esto no garantiza que no haya apagones en el segundo semestre del año», alertó.

Además expuso que el déficit energético del país asciende a 2.000 megavatios, mientras que las medidas anunciadas por el Gobierno solo sumarían 800 megavatios. «El presidente menciona una recuperación del parque térmico con 500 megavatios, 200 megavatios de Toachi Pilatón y 300 megavatios de barcazas, pero de estas solo una está operando con 100 megavatios», explicó. «Si el déficit es de 2.000 megavatios, ¿de dónde sacará el presidente los 1.200 megavatios restantes?», cuestionó.

Por otro lado, el experto energético Jorge Hidalgo señaló que era un buen momento para preguntarse por el precio de la exportación de energía a Colombia mientras sigue vigente la operación de las barcazas.

Contrataciones irregulares

Espín también denunció presuntas irregularidades en la contratación de 250 megavatios con las empresas Progen y ATM, que debían entrar en operación en noviembre de 2024. «Hasta el momento no hay ningún generador instalado, lo que evidencia una contratación corrupta», aseveró.

Por su parte, Noboa defendió su gestión asegurando que el país ha logrado estabilizar el suministro eléctrico gracias a una combinación de factores, incluyendo el aumento de lluvias y la recuperación del parque generador. «Hemos recuperado 500 megavatios de generación termoeléctrica y reactivado la obra de Toachi Pilatón con 200 megavatios más. También tenemos tres barcazas que operan según la necesidad», afirmó.

El presidente también destacó la venta de energía a Colombia como un logro de su administración. «Estamos vendiendo 5 gigavatios, lo que demuestra nuestra capacidad de gestión», sostuvo. Además, garantizó que la estabilidad eléctrica está asegurada para 2025 y 2026. «Hemos trabajado en la recuperación de las termoeléctricas y en la planificación de mantenimiento, lo que permitirá una generación constante durante los próximos dos años», afirmó.

Sin embargo, las cifras mencionadas por Noboa han generado escepticismo entre expertos del sector, quienes advierten que el Gobierno aún no ha presentado un plan detallado que respalde estas proyecciones. Mientras tanto, la incertidumbre sobre posibles apagones sigue latente en el país.

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«A las 9:10 de la mañana nos llegó un correo que es todo lo que sabemos sobre el señor Aleaga. Quiero decir que no he tenido contacto ni conversado con él desde la campaña inicial de Luisa González. Recuerden que él también renuncia a la RC. Cuando ya estábamos sesionando, el señor Aleaga solicitó hablar en el punto de las acciones que se realizan para garantizar los principios de oportunidad y confidencialidad en todos los casos», dijo en entrevista con Radio La Calle.

De acuerdo con el artículo 150 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «De igual manera, por decisión de la Presidenta o Presidente o de la mayoría de las y los
asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea Nacional, el Consejo de Administración Legislativa o las comisiones especializadas, podrán declararse en comisión general para recibir a organizaciones ciudadanas o personas que quieran presentar o exponer temas de interés o de competencia de la Asamblea Nacional».

Asimismo, la legisladora informó que Pamela Aguirre y Lenín Barreto informarán a la Fiscalía que lo único que saben de Aleaga es la información del correo electrónico. Esto tras el pedido de la institución y la fiscal de que los legisladores entreguen información sobre el exlegislador Aleaga.

¿Qué dijo la fiscal?

De acuerdo con la fiscal Diana Salazar, lo que sucedió en la Comisión de Fiscalización, se trato de una emboscada. «Estamos siendo víctimas de un ataque sistemático con el único fin de obstruir la labor de la fiscal en este caso». La funcionaria agregó que hay que preguntarse acerca de si querían dejarla fuera del caso Metástasis. «No nos desvíen la atención. Se trata de distractores porque frente a la contundecia de elementos no tienen más que crear este tipo de casos. (…) Si la fiscal no hubiese tenido ese tipo de reacción, caiga en esa emboscada y al día de mañana tenía que separarme del conocimiento de la causa porque se estableció contacto con el procesado».

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La acusación contra Romo, exdirector del Hospital Luis Dávila, en Tulcán, se basa en la presunta repartición de contratos de acuerdo a su conveniencia.  Al personal del centro médico les imponía los “nombres de algunos amiguitos” para ciertas contrataciones.

Al no poder gestionar el “favoritismo” para la adjudicación de unos contratos, Romo pidió la renuncia de la gerente del hospital, Nathalia Rosas. La evidencia está reflejada en audios y chats filtrados en redes sociales.

Sichel y la consulta popular

La denuncia contra Sichel gira en torno  a su campaña masiva por el SÍ en la consulta popular.  Según los legisladores, no habría pedido vacaciones para realizar proselitismo político, utilizó personal y bienes públicos, incluso, existirían pautas publicitarias por USD 200 mil.

Sichel hizo visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción la llevó a viajar por distintos rincones del país, dónde promovía esta propuesta presuntamente sin cumplir con la ley electoral.

Anteriormente, Espín solicitó a Contraloría un examen especial a Sichel para verificar sus gastos en este período de campaña. Por ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado. (A.G.M).

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La Asesora Presidencial ha hecho visible su campaña por el SÍ a través de medios de comunicación y redes sociales. Esta acción ha llevado a Sichel a viajar por distintos rincones del país, dónde promueve su propuesta sin cumplir con la ley electoral.

El ámbito que más preocupa a la parlamentaria es que presuntamente Sichel, quien gana más de USD 3 mil, estaría valiéndose del apoyo de otros funcionarios y utilizando recursos financieros para el proselitismo político. Por ello, solicitó la investigación a la Contraloría.

Como ejemplo, describió el altercado suscitado en la Mitad del Mundo, en donde la funcionaria del Gobierno dijo “ yo vengo en un vehículo, es mi seguridad”, por lo que se presume que venía con otros servidores públicos y estaría utilizando bienes muebles del Estado.

¿Qué dice la ley?

Para la legisladora, el problema también radica en que se trata de una  funcionaria pública y dentro de su actividades tiene las mismas habilidades y prohibiciones de cualquier otro servidor público. Según lo determina el artículo 24 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP):

“Prohíbese a las servidoras y servidores públicos lo siguiente: Ejercer actividades electorales, en uso de sus funciones o aprovecharse de ellas para esos fines”.

Las funcionarias de Lasso en campaña por el SÍ

El 25 de enero, la asambleísta de UNES, Patricia Núñez denunció a la viceministra de Gobernabilidad, Ana Changuín, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por proselitismo político a favor del SÍ en centros educativos.

La funcionaria, quien tiene un salario mayor a USD 4 mil, promocionó las preguntas de la consulta popular de Lasso en la visita a la Unidad Educativa Juan Bautista Vásquez y en el Diálogo con el Gremio de Artesanos y Directores zonales de las provincias de Cañar y Azuay. Estos eventos los difundió a través de sus redes sociales el pasado 16 de enero y se puede observar su clara persuasión para votar por el SÍ.

En la denuncia al TCE también consta la asesora de la Secretaría Jurídica de Presidencia, Amalia Fernández, quien percibe un salario de USD 2.115. La funcionaria asumió la vocería a favor del SÍ en la consulta popular en entrevistas y redes sociales. (A.G.M).

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“No es un tema de la Asamblea Nacional ni siquiera un tema político, es un tema de la justicia. Según las leyes ecuatorianas, el exvicepresidente ya podría haberse acogido a la prelibertad. Esto es cuando cumpliste el 40% de la pena y tuviste un buen comportamiento. Es el caso de Jorge Glas, no solo ha tenido buen comportamiento, sino que ya sacó dos maestrías internacionales y va camino a un doctorado”, explicó la legisladora.

Espín añadió que desde ningún punto de vista es un caso de moneda de cambio. «Nosotros denunciamos la Ley económica urgente desde el primer momento. Estuvimos en contra, votamos tres veces en contra e incluso creamos un informe de minoría. El reclamo va a quiénes no quisieron votar por eso. Desde ningún punto de vista ha habido un intercambio”.

Reforma laboral

“Nombramos a la primera reforma que envió el presidente ‘la reforma de la esclavitud’ por las condiciones que presenta a los trabajadores. Es muy importante ver como se comportarán las otras bancadas porque somos 47, es decir, no somos mayoría. Necesitamos saber las posiciones de Pachakutik (PK) e Izquierda Democrática. Ellos dijeron que iban a defender a los trabajadores”, sostuvo.

Espín se refirió a la división que existe en una de las bancadas. “Nos preocupa el anuncio de Pachakutik donde 9 asambleístas dejan la coordinación oficial de PK, porque el resto estará mucho más cerca del Gobierno, por lo que no podríamos tener los votos suficientes para hacer frente a esta reforma”.

UNES investigará también sobre la venta del Banco del Pacífico, donde podría existir un conflicto de intereses. “No tiene lógica lo que ha planteado el presidente Lasso al país. Vender uno de los bancos más importantes, debido a la desnutrición infantil no tiene pies ni cabeza. Pedimos la información. En el debate tuvimos la oposición de la bancada oficialista que no quiere que se investigue esta venta.

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El motivo de abstención en la acusación a la ex legisladora y a la abogada se debe a que «no hubo un enfoque técnico jurídico adecuado por lo que persistir en la acusación no sería ético y contravendria los principios de equidad y mínima intervención penal».

Ambas tienen una acusación por el delito de fraude procesal en grado de tentativa. Esto en relación al caso de secuestro de Fernando Balda. Espín y Cadena visitaron en un centro de detención a la procesada en el caso Diana Falcón para retractarse en acusar al expresidente Correa en ese caso.

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