El proceso se originó tras acusaciones de Jaramillo contra Goyes por "incumplimiento de funciones", específicamente por su ausencia en una sesión plenaria del CJ el 16 de abril de 2025, donde se debatía el Reglamento para la creación de judicaturas constitucionales. El legislador sostuvo que la vocal faltó injustificadamente a cuatro convocatorias posteriores, afectando el quórum.  

En su defensa, Goyes calificó el juicio político de "absurdo y sin fundamentos", argumentando que su retiro de aquella sesión respondió a la negativa de discutir sus observaciones técnicas al reglamento. La vocal reveló que durante meses presentó objeciones al modelo propuesto, destacando que este no garantizaba la especialización judicial exigida por el Artículo 181 de la Constitución, ni incorporaba los resultados de la consulta popular de abril de 2024 que costó USD 60 millones y sigue sin implementarse.  

Argumentos:

Goyes exhibió una propuesta alternativa presentada el 10 de enero de 2025, que incluía 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y criterios de selección basados en méritos y transparencia, con un presupuesto estimado de USD 18.7 millones. Además, recordó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional en sentencia del 26 de mayo, que declaró inconstitucional el reglamento original.  

Tras la votación, Viviana Veloz, coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana, señaló que el oficialismo "no probó el incumplimiento de funciones" y advirtió que el proceso buscaba "sepultar la independencia judicial". Un intento de reconsideración solicitado por Victoria Desintonio fue rechazado, dejando firme la decisión que mantiene a Goyes en su 
cargo.  

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En su defensa, presentada ante la Comisión presidida por Ferdinand Álvarez, Goyes desmonta los dos hechos imputados: su retiro de la sesión del 16 de abril y su inasistencia a la reinstalación del 22 de abril. Argumenta que ningún marco legal obliga a un vocal a avalar propuestas que considere inconstitucionales. Además recalcó que su postura defendió el artículo 181 de la Constitución, que exige especialización en garantías jurisdiccionales.

La funcionaria recordó que desde enero de 2025 propuso un modelo técnico para la selección de jueces, el cual incluía la creación de 24 unidades judiciales, 9 tribunales de apelación y 75 jueces especializados, con un presupuesto de USD 18.7 millones. Dicha iniciativa establecía criterios de mérito, transparencia y participación ciudadana. Sin embargo, sus ocho observaciones al reglamento —presentadas entre febrero y marzo— fueron ignoradas, junto con su solicitud de una matriz comparativa.

Alegatos

El 16 de abril, durante una sesión plenaria Goyes advirtió que el reglamento en discusión vulneraba el mandato popular del referéndum de abril de 2024 y omitía la especialización judicial. Ante la falta de diálogo, se retiró tras solicitar un espacio de concertación, gestión que posteriormente lideró la vocal Yolanda Yupangui. Esto derivó en la resolución 034-2025, que incorporó tres de sus cuatro observaciones (especialización, experiencia y probidad), excluyendo la paridad.

Goyes destacó que su postura fue avalada por la Corte Constitucional mediante una sentencia del 26 de mayo que declaró inconstitucional la Resolución 006-2025 por aplicar criterios administrativos ordinarios a la justicia constitucional. La Corte ordenó rediseñar el reglamento, y Goyes enfatizó que este fallo, más no su actuación causó el retraso en el concurso de jueces. Este hecho habría afecctado la planificación de la Escuela Judicial y la asignación presupuestaria.

“He propuesto y defendido un reglamento acorde con los principios constitucionales. No hay causal para juicio político, sino coherencia con el derecho y compromiso con el país”, señala en el documento.

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En declaraciones a NotiMundo , Goyes detalló que, durante la gestión de Godoy, cinco directores de Talento Humano se han sucedido en el cargo —con un promedio de mes y medio por persona—, mientras que nueve subdirectores fueron designados y removidos en áreas administrativas en pocos meses. «¿Qué concurso puede avanzar en estas condiciones? La responsabilidad recae en el señor Godoy», afirmó.

Concentración de poder

Goyes señaló que Godoy tiene facultades «exageradas» al ser el único que fija la agenda del Pleno, lo que ha derivado en la paralización de más de 15 proyectos presentados por ella, los cuales —denunció— fueron archivados por direcciones «puestas por él». «No puede ser que una persona paralice al Consejo», sostuvo.

Además, criticó el quórum mínimo actual (3 de 5 vocales) para tomar decisiones, calificándolo de «inconstitucional». Esta fragilidad se agravó con la renuncia irrevocable del vocal Merck Benavides, reduciendo el Pleno a tres miembros: Godoy, Goyes y Yolanda Yupanqui, todos en funciones prorrogadas desde enero de 2025.

«Reparto de cargos»

La vocal insistió en que Godoy priorizó la designación de «personas allegadas sin experiencia» sobre perfiles técnicos. «Él se dedicó a entregar cargos. Eso no es la razón de ser de esta institución«, aseveró. Con el CPCCS pendiente de designar nuevos vocales y la Función Ejecutiva sin enviar su terna, Goyes advirtió: «Si otro vocal sale, el Consejo colapsa. Urge debatir un nuevo modelo». El organismo debería estar conformado con 5 titulares y 5 suplentes.

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Para el mandatario, la reunión predispuesta era de vida o muerte. Al parecer las propuestas que presentaron eran la única esperanza que mantenía para erradicar la violencia contra la mujer. “Es indispensable mantener un diálogo de manera abierta, sin ningún limitante para poder tratar este tema que nos preocupa a todos los ecuatorianos”, aseguró. Sin embargo, las acciones que ha tomado el mandatario solo responden al escándalo mediático, político y social ante el asesinato de María Belén Bernal.

Acuerdos establecidos con el Ejecutivo

La directora de la Secretaría de Derechos Humanos, Paola Flores informó que en la jornada de diálogo se concentraron diferentes mujeres de la academia, organizaciones civiles y mujeres afroecuatorianas. Todas con el propósito de establecer propuestas concretas contra la violencia hacia la mujer.

Las respuestas que ofreció Flores ocasionaron más confusión e incertidumbre, pues tras varias horas de reunión las únicas soluciones que se concretaron fueron:

• El presidente mediante decreto ejecutivo dispuso que el registro único de violencia contra la mujer (RUV) estará a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos y no del Ministerio de Gobierno.  
• Se fortalecerá la institucionalidad de la Secretaria de DD.HH. mediante la propuestas de creación del Ministerio rector.
• Se mejorará la coordinación con gobiernos parroquiales, municipales y provinciales para fortalecer los sistemas de protección local y materia de DD.HH.
• Se incrementará el presupuesto a las casas de acogida y centros de atención para garantizar los servicios a mujeres y niños víctimas de violencia. 
• Se fortalecerá el sistema de formación referente a las víctimas de feminicidio.

Afirmó que esta no será la única sesión con el Ejecutivo, se prevé una segunda reunión el 18 de octubre.  

Declaraciones del Consejo de la Judicatura

La directora del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes comentó que implementaron una política técnica que cuenta con el apoyo y los recursos necesarios. Mientras que en el país se registra un aumento de los casos de femicidio y las victimas de violencia denuncian no recibir ningún tipo de apoyo o compensación.

“Se ha propuesta una política focalizada integral que atienda los casos de femicidio y muertes violentas. Es necesario encontrar y atender las causas de este problema a efectos de reducirlos”, enfatizó.

Según Goyes, el presidente brindó el apoyo y respaldo suficiente para poner en práctica las propuestas establecidas. Además, anunció que en la próxima reunión el Consejo de la Judicatura presentará un proyecto concreto contra la violencia de género.

“Es importante la unión porque las mujeres negras están en la lucha, es importante que sigan el proceso para erradicar la violencia contra las mujeres”, manifestó María Luisa Hurtado, coordinadora Nacional de Mujeres Negras. (N.J.C)

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