La Cámara Nacional de Pesquería (CNP) señaló que el fin del subsidio al diésel —que representa entre el 30% y 36% de sus costos operativos— encarecerá la producción, poniendo en riesgo USD 1.350 millones en exportaciones anuales a la Unión Europea (60% del total sectorial) y 100.000 empleos directos e indirectos.

«El subsidio era un instrumento de política pública para sostener empleos ante costos globales adversos; su eliminación abrupta equivale a ahogar al principal productor mundial de atún», afirmó la Asociación de Atuneros del Ecuador (ATUNEC).

Consecuencias

Argumentaron que el subsidio pesquero al diésel (USD 14.4 millones anuales) equivale a solo el 0.6% de los USD 2.257 millones que el sector exportó en 2024, mientras la industria consume apenas el 4% del diésel subsidiado nacional.

Presentaron un pliego de demandas conjuntas que incluye: importación directa de diésel sin burocracia, eliminación del ISD y aranceles para insumos, aplicación del Artículo 35 de la Ley de Fomento Productivo (IVA 0% congelado por 7 años), transición gradual de 24 meses para eliminar subsidios, y líneas crediticias de USD 200 millones para modernización de flotas.

El comunicado resaltó que el sector pesquero aporta el 70% de sus exportaciones como productos de alto valor agregado, esenciales para la estabilidad de la dolarización. Además el aumento en costos marítimos podrían elevar precios de alimentos hasta un 8%.

¿Y los empresarios?

Paralelamente, el Comité Empresarial alertó que la eliminación del subsidio eléctrico para industrias de medio y alto voltaje podría llevar a «estrés financiero» a 120 empresas estratégicas. Aunque evitan un pronunciamiento definitivo hasta la publicación oficial por ARCONEL, exigieron mesas técnicas inmediatas para presentar estudios de impacto y propuestas alternativas, entre ellas un «pacto de eficiencia energética» que comprometa reducciones voluntarias de consumo a cambio de mantener apoyos parciales.

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»¿Qué tiempo va a durar el tiempo de la compensación? (…) este un juego viejo de la mayoría de gobiernos», cuestionó el dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Interprovincial de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip).

Agregó que como transporte público le otorgan un subsidio a la ciudadanía, lo cual debería ser »tarea del Estado». Ante este escenario cuestionó las palabras de la viceministra de Economía, Ana Cristina Avilés, quien señaló que en 10 años el país ha subsidiado más de USD 13 mil millones a la gasolina Extra y Ecopaís, mientras que los transportistas han generado subsidios de USD 2.340 mil millones en ese lapso de tiempo.

Asimismo manifestó que el gobierno no podrá controlar el proceso inflacionario que se viene, pues con el alza de los combustibles subiría todo. La semana pasada los representantes de la Fenacotip se reunieron con el ministro de Gobierno, Michelle Sensi, sin llegar a acuerdos. »No hay empatía por parte del Presidente de la República», resaltó.

Eliminación de los subsidios

A finales de junio esta medida entrará en vigencia, de acuerdo a la explicación oficial del gobierno, el precio de la gasolina Extra y Ecopaís incrementará en 0.26 ctvs, es decir, el valor a pagar será de USD 2.72 hasta llegar a un techo de USD 4.69.

El ministro de Transporte, Roberto Luque, explicó que los transportistas pueden registrarse en el esquema de compensación monetaria a través del portal web de la cartera de Estado. La distribución será de la siguiente manera:

• Taxistas por 156 galones
• Tricimotos por 90 galones
• Transporte mixto por 145 galones

La ministra de Inclusión, Zaida Rovira, informó que una parte del dinero ahorrado será destinado a la cobertura del bono del desarrollo humano. (AGM).

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Durante una rueda de prensa el funcionario indicó que el país está perdiendo recursos por el subsidio a los combustibles, pues se estaría invirtiendo USD 630 millones en los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís.

La focalización será implementada a través de una compensación que no será dirigida a los transportistas, sino a los usuarios del transporte, pues sería la forma »más lógica para ayudar a los necesitados».

Por su parte, la Ecuarunari rechazó esta decisión del gobierno y argumentó que esta medida afecta a la gran mayoría de los ecuatorianos. El movimiento indígena resaltó que desde hace tiempo vienen presentando a los gobiernos de turno distintas propuestas para reemplazar los subsidios por medidas más equitativas, sin embargo, se habrían negado para beneficiar a las élites empresariales.

¿Qué hay detrás?

Tras el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno de Daniel Noboa aseguró que focalizará el subsidio de los combustibles. La promesa del mandatario con la entidad financiera podría desencadenar en levantamientos de sectores populares.

Según el Ministerio de Finanzas, la mayoría de los subsidios benefician a muchas personas que no necesitan el apoyo. Enmarcó que alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y brindan terreno a la corrupción y el contrabando.

El compromiso del Estado ante el FMI fue focalizar los subsidios y a su vez ”asegurar un
mecanismo de protección social adecuado para los más vulnerables”. También garantizó la implementación de iniciativas para aumentar los ingresos netos del petróleo aumentando gradualmente su producción con más inversión privada.

¿Levantamiento popular?

Ante la intención del gobierno, líderes sociales como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado a los transportistas para unirse a la convención del movimiento indígena. La fecha de este evento, que tiene el objetivo de analizar las decisiones del gobierno, será definida el próximo 8 de junio.

En entrevista con Radio Pichincha, Iza no descartó el inicio de movilizaciones a nivel nacional, pues enfatizó que si ”la gente tiene hambre, evidentemente saldrá a luchar (…) y no es una amenaza”. Resaltó que durante las marchas del 2019 y 2022 logaron frenar la imposición del FMI, sin este levantamiento hubiera existido un ”127% de incremento a los combustibles”, detalló.

Las condiciones del FMI

El Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que estableció el Ecuador con el FMI tendrá una duración de cuatro años con la representación de un apoyo financiero de USD 4.000 millones. Los primeros USD 1000 millones serían depositados de manera inmediata. El crédito será desembolsado gradualmente de acuerdo al cumplimiento de las metas.

El presidente Noboa ya calentó motores antes de la firma del acuerdo ya que con el incremente del IVA del 12% al 15% logró la aprobación rápida del FMI. El multilateral establece que para lograr este acuerdo disminuya el déficit en los recursos del Estado e incremente el ingreso público.

Por otro lado, la mayor preocupación es el alza de los intereses a través de los años. En 2022, la tasa de interés que pagaba el país al FMI era del 1.3 %, ahora el acuerdo deja un interés del 7%. (AGM).

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Según el Ministerio de Finanzas, la mayoría de los subsidios benefician a muchas personas que no necesitan el apoyo. Enmarcó que alientan el consumo excesivo de combustibles fósiles, socavan la transición energética, dañan el medio ambiente y brindan terreno a la corrupción y el contrabando.

El compromiso del Estado ante el FMI fue focalizar los subsidios y a su vez »asegurar un
mecanismo de protección social adecuado para los más vulnerables». También garantizó la implementación de iniciativas para aumentar los ingresos netos del petróleo aumentando gradualmente su producción con más inversión privada.

¿Levantamiento popular?

Ante la intención del gobierno, líderes sociales como Leonidas Iza, presidente de la Conaie, hizo un llamado a los transportistas para unirse a la convención del movimiento indígena. La fecha de este evento, que tiene el objetivo de analizar las decisiones del gobierno, será definida el próximo 8 de junio.

En entrevista con Radio Pichincha Iza no descartó el inicio de movilizaciones a nivel nacional, pues enfatizó que si »la gente tiene hambre, evidentemente saldrá a luchar (…) y no es una amenaza». Resaltó que durante las marchas del 2019 y 2022 logaron frenar la imposición del FMI, sin este levantamiento hubiera existido un »127% de incremento a los combustibles», detalló.

Las condiciones del FMI

El Acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) que estableció el Ecuador con el FMI tendrá una duración de cuatro años con la representación de un apoyo financiero de USD 4.000 millones. Los primeros USD 1000 millones serían depositados de manera inmediata. El crédito será desembolsado gradualmente de acuerdo al cumplimiento de las metas.

El presidente Noboa ya calentó motores antes de la firma del acuerdo ya que con el incremente del IVA del 12% al 15% logró la aprobación rápida del FMI. El multilateral establece que para lograr este acuerdo disminuya el déficit en los recurso del Estado e incremente el ingreso público.

Por otro lado, la mayor preocupación es el alza de los intereses a través de los años. En 2022, la tasa de interés que pagaba el país al FMI era del 1.3 %, ahora el acuerdo deja un interés del 7%.

Según el economista Marco Flores, este programa no responde a la realidad social ni económica del país. El FMI propone que el déficit del PIB se reduzca en 5.5% entre el 2023 y 2028.

»Claramente no es posible alcanzar ese resultado solo con el incremento del precio de venta de las gasolinas extra y ecopaís, estimado en USD 600 millones. Tampoco hay certezas sobre el incremento de ingresos petroleros por precio o por volumen de exportación», dijo vía X.

Las medidas tendrían que ser más rígidas, por ejemplo, la reducción del gasto público, la subejecución del presupuesto del Estado e incremento del precio de venta de otros combustibles. Aquí resalta la frase que el gobierno enmarcó en el documento de acuerdo: »las autoridades ecuatorianas están dispuestas a adoptar nuevas medidas para cumplir los objetivos del programa».

A su criterio este crédito ayudará a pagar la deuda pública, pero no resolverá nada más porque los ingresos temporales se usan y terminan. (AGM).

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El viceministro de Hidrocarburos, Silvio Torres, se «anticipó» a las acciones del régimen y mencionó que el precio para las gasolinas sería universal. El gobierno no utilizaría el sistema diferenciado de cobro, como estaba previsto, sino utilizaría la franja de precios. Detalló que el valor de estos productos subirían 0.10 centavos cada cuatro semanas para eliminar el subsidio.

Horas más tarde la cartera de Estado, a través de un comunicado, señaló que trabajan de manera conjunta con todas las instituciones del sector para brindar un servicio «eficiente».

Una primera alerta se despierta en los ecuatorianos luego de la «apresurada decisión». No es la primera vez que el gobierno mantiene este tipo de despropósitos. La resolución del aumento del IVA también fue un paradigma de confusión para los ecuatorianos.

El ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó en entrevista televisiva que el IVA empezaría con el aumento al 15%. Al cabo de varias horas, fuentes del Ministerio rectificaron la información y detallaron que el incremento sería del 13 %.

Sin embargo, el 23 de febrero de 2024, Noboa anunció que el IVA tendría un valor del 15% desde el 1 de abril. Para el mandatario, esta medida le dotaría de lucidez y fluidez económica al país, luego de la crisis que atraviesa.

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Según la Cámara de Distribuidores de Combustible, el régimen ya no utilizará un sistema de informático para la focalización de subsidios. Ahora, utilizará una franja de precios para liberar estos subsidios. El vicepresidente del gremio, Iván Casanova argumentó que el incremento se realizará cada cuatro semanas. Además, mencionó que si se cumple con este aumento progresivo, en máximo seis meses este subsidio se eliminaría por completo.

«El gobierno decidirá qué sector tendrá una compensación cada mes. El precios será igual para todos», detalla Casanova.

El gabinete de Daniel Noboa enfatizó que utilizaría un sistema adecuado para la focalización de subsidios y que este proceso «no afecte a los más pobres». Sin embargo, con esta decisión se deja de lado el sistema de cobro diferenciado en cada gasolinera. Es decir, ya no habrá una estación con información individualizada de cada consumidor, con datos de ingresos personales o cilindraje de vehículo.

Con esto, el precio de dichas gasolinas subirá para todos. Las autoridades aún no han difundido una fecha exacta para que este proceso se efectivice.

¿Una orden del FMI?

El 5 de diciembre de 2023, el Fondo Monetario Internacional (FMI) comentó que “una alternativa” que tiene el país para superar la crisis económica sería revisar la suspensión progresiva de la disminución de los subsidios a los combustibles.

Los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso trataron de implementar esta disposición y la única opción de los ecuatorianos fue salir a las calles a protestar. No obstante, la represión fue la respuesta que recibieron por parte del gobierno.

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«Desmaquillamos eso y tenemos la información de cómo estamos actualmente. Tengo personal que constata estos números de manera presencial», dijo en Visonarias.

Arrobo mencionó que los responsables de este desfalco fueron separados de la institución. Sin embargo, hay otros funcionarios que se mantienen en la entidad. De la misma manera, señaló que el Ministerio de Energía prepara un plan de optimización para la petrolera, un plan estratégico de extracción y procesos de licitación con mayor producción.

«Esperar generar una mayor producción y compaginarla con una política pública que permita una producción de 550 mil barriles en 2025», argumentó.

Focalización de subsidio

Arrobo detalló que la focalización de subsidios va más allá de una generalización para determinar a quienes afectaría y a quienes no afectaría esta decisión. Recalcó que el diésel es el elemento en el que más dinero se destina. Sin embargo, trazan una hoja de ruta para no «golpear a quienes menos ingresos tienen».

Según ella, se realiza un trabajo en conjunto con el SRI, Agencia de Regulación y Control, Ministerio de Transporte y Ministerio de Economía. Repitió que es un trabajo en conjunto para que este tipo de decisiones no vaya a las «bandas delictivas». Detalló que para determinar quienes se beneficiarán de este proceso tomarán en cuenta la cédula de identidad, placa, matrícula, entre otros.

«Como Gobierno Nacional ponemos todos los focos en puntos más críticos», agregó.

Los operativos

Arrobo indicó que en los procesos de operación, hay personas que registran un horario de 8:00 a 17:00; sin embargo, no cumplen ese horario. Por lo que, mencionó que trabajan por turnos para que no se pierda el control en las fronteras. El trabajo se realiza de manera conjunta con el Ministerio de Defensa, para lo que realizarán un trabajo sistematizado para controlar el contrabando.

De la misma manera, detalló que en los próximos días presentarán una hoja de ruta para la operatividad petrolera. Para estos procesos, hay varias empresas privadas interesadas en invertir.

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Arrobo adelantó que este programa se discutirá en los próximos días. Además, alegó que el plan no «pretende afectar a la población» o a la economía del Estado, pues comentó que es indispensable centralizar esfuerzos para no atacar a las otras arcas económicas de Ecuador. «Por ejemplo, el primer esfuerzo se centralizará en los subsidios de las gasolinas Extra y Ecopaís«, dijo en Ecuavisa.

Advirtió que los sectores que se sometan a esta medida tendrán una especie de compensaciones para «solventar su economía». De la misma manera, comentó que en el sector camaronero el subsidio ya fue eliminado, pero se aplicará una compensación.

Subsidios a Ecopaís y Extra

Arrobo indicó el Gobierno expone una perspectiva de complementariedad con base en las mesas de diálogo que mantuvo el expresidente Guillermo Lasso con el sector indígena sobre los subsidios. Sin embargo, enfatizó que la primera alternativa que tienen es el incremento del IVA al 15 %.

Detalló que la eliminación del subsidio a las gasolinas Ecopaís y Extra será de manera progresiva, con un sistema de bandas, detallando un plan de trabajo y los sectores que participarán de este proceso.

Mencionó que esta alternativa la trabajarán en conjunto con el Servicio de Rentas Internas (SRI), pues la medida se aplicará con base en la actividad económica de los ciudadanos, los ingresos, el patrocinio, entre otros. Con esta eliminación, el régimen tiene la esperanza de recaudar USD 450 o 550 millones.

El cierre del ITT

Arrobo mencionó que hasta agosto de 2024 el Gobierno puede presentar la hoja de ruta o plan de ejecución en el Yasuní ITT. Según ella, presentarán a la Corte Constitucional (CC) el acta de cumplimiento de sentencia, los plazos de cierre para que la entidad certifique que el régimen cuenta con planteamientos sociales, financieros y ambientales. Además, reprochó que el cierre del bloque costaría USD 800 millones.

«No vamos a presentar un documento que argumentos vacíos, al contrario, todo debe estar fundamentado», alegó.

¿No más apagones?

La ministra mencionó que los apagones están suspendidos hasta el 28 de febrero de 2024, por la optimización de recursos y buen manejo del parque hidroeléctrico. Sin embargo, mencionó que esta realidad dependerá del balance que mantengan las centrales. Recalcó que la operatividad de las hidroeléctricas se mantiene en un 60 %, pero espera otorgarles un mantenimiento adecuado para que operen al 80 % y 90 % durante el estiaje.

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Sobre el tema del IVA, mencionó que se aplicará de manera diferenciada. Es decir, se incrementará este valor para algunos tipos de consumo. Con eso, subiría un punto permanente y dos temporales. Mientras que, las actividades que generen empleo tendrán una reducción al 5 %.

Reprochó que los asambleístas se opongan a los proyectos de ley que ha envidado, el primero para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis social económica, y el segundo, el proyecto de ley de extinción de dominio. Con este último se pretende que las armas, dinero o propiedades de criminales sean utilizadas por el gobierno.

«Deberían reflexionar lo que está pasando en el país, el problema fiscal y la lucha que llevamos contra el narcoterrorismo que mueve cerca de USD 60 mil millones de cocaína al año», dijo en Ecuavisa.

El problema del IVA

Según el presidente, el incremento al IVA no es un valor que afecte a la canasta básica, educación, medicamentos. Repitió que la «intención» del régimen es respaldar a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) «sin afectar al pueblo».

Sobre las sugerencias al primer proyecto de ley que dieron los legisladores, comentó que no estaba de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Para él, eso afectaría a la clase media porque tendría que endeudarse para pagar un impuesto.

«Si existiera una definición de último momento, mandaremos otros proyecto de ley así como lo hemos hecho. Con el decreto de estado de excepción tenemos la facultad de enviar dos seguidos», refirió.

Focalización de subsidios

Enfatizó que el país no solo atraviesa una crisis social, sino también económica, pues el déficit fiscal del 2024 alcanza los USD 6 mil millones. Sin embargo, alegó que arrastran el endeudamiento y la suma de retrasos del gobierno anterior.

Una alternativa a esto es la focalización de subsidios «de manera que no afecten al pueblo o a la productividad». Por ejemplo, los valores que no se toparán son al gas y diésel. Mientras que, los que los subsidios que sí se retirarán son los que reciben las industrias, empresas grandes, gasolinas como Ecopaís y Extra.

El jefe de Estado alegó que esta medida se implementará de manera paulatina, de acuerdo a la generación de inversiones y procesos que permitan un mejor desarrollo en el país.

El pago de sueldos

Noboa comentó que se priorizará el pago de sueldos a las fuerzas del orden, profesores, entre otros. Esto, luego de que el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, argumentara que el pago tardaría hasta mediados de febrero.

«Estamos conscientes que esto no ha sido lineal, hay un incremento de gastos en las fuerzas del orden y eso también representa más gastos para el Estado», ratificó.

Más recortes…

Un problema para el presidente es el «sueldo elevado» que reciben algunos funcionarios. «Nadie puede ganar más que el presidente, pero hay algunos que ganan hasta dos veces más», reprochó.

Remarcó que una de las medidas será optimizar las instituciones públicas con gente eficiente, sin nóminas fantasma y evitar llenar las entidades de «pipones«. Sobre los contratos temporales, indicó que, por el momento, no pueden contratar a nadie más.

¿Regresaremos a la normalidad?

El gobierno desplegó la lista de cantones que se encuentran en nivel alto, medio y bajo de violencia. El presidente comentó que trabajan con las fuerzas del orden para regresar a la normalidad. Un ejemplo de ello, es el regreso a clases de manera paulatina en la región Sierra.

No obstante, reiteró que los uniformados deberán entregar un informe que detalle la situación que atraviesa el país y los niveles de riesgo. Para eso, enumeró que primero deben retomar el control de los centros penitenciarios y su hacimiento, la militarización de los puertos y fronteras, pero sobre todo, no regresar al mismo funcionamiento del SNAI.

«La idea tampoco es desaparecer el SNAI, después de todo es una institución que se necesita para velar los reclusorios», apuntó.

Adiós a los presos de otros países

Noboa enfatizó que los ciudadanos que cometieron algún tipo de delito no podrán regresar a Ecuador. Son cerca de 1500 presos colombianos que serán repatriados. La idea que mantiene el jefe de Estado es subirlos en un avión y dejarlos en la frontera para que las autoridades responsables se hagan cargo de los procesos.

Fito y sus luces

Según el presidente, están muy cerca de atrapar a Adolfo Macías, alias Fito, y Fabricio Colón Pico, quien estaría detrás de un supuesto atentado contra la fiscal General del Estado, Diana Salazar.

«Sabemos que por esto estamos recibiendo algunos ataques, el equipo que ahora tienen el país es algo que no hicieron los últimos dos gobiernos», finalizó.

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«Contra los pobres. que son víctimas del sistema económico, no tienen pena para humillarlos. La lucha aquí solo es contra los pobres», dijo en entrevista con La Calle.

Argumentó que quienes «deberían arrimar el hombro para el bienestar del país» son los 500 grupos económicos que se han beneficiado de las políticas del Estado entre 2010-2024. Puntualizó que estos sectores se beneficiaron en más de USD 58 mil millones entre remisiones y exenciones tributarias. De la misma manera, juzgó que el mandatario aproveche la delicada situación de Ecuador para «aplicar leyes en contra de los ecuatorianos».

«No meta la mano en la clase media. El 70 % de productos de primera necesidad gravan IVA y eso solo agravaría la situación. Debe recaudar los recursos de quienes sí se aprovecharon de esos beneficios», expresó.

El IVA solo afecta a la clase pobre

Iza apuntó que el incremento al IVA -en términos de pobreza- es una situación letal para los ciudadanos. Recalcó que con la propuesta del IVA, automáticamente sube el precio del combustible y por ende de todos los productos.

«La consecución es más pobreza. Esto solo hará que los jóvenes sean el punto fijo para ser reclutados por el crimen organizado», aludió.

Repitió que una de las alternativas es aplicar el artículo 165 de la Constitución del Ecuador, que permite cobrar por adelantado el impuesto a la renta. Según Iza, de aplicar esta resolución podrían recaudar USD 600 millones o USD 700 millones aproximadamente.

¿Eliminación o focalización de Subsidios?

Sobre las declaraciones del presidente Daniel Noboa sobre la posibilidad de un paro nacional, Iza comentó que no construyen «pretextos o eventos» para salir a las calles. Asimismo, enfatizó que deberían tomar en cuenta los acuerdos de las mesas de diálogo que se formaron con el exmandatario Guillermo Lasso.

En aquellas mesas propusieron una «focalización inversa», que establecía que los grupos económicos con un capital formidable paguen ese valor. Según el líder indígena, con eso se podría recuperar más del 25 % que pretenden hacerlo. Detalló que este impuesto será aplicado al capital neto de las utilidades de bancos o empresas; mas no al capital de trabajo.

«Estos sectores deben pagar combustibles sin subsidios. Da vergüenza que los bancos digan que se empobrecen, cuando son los que más se han beneficiado en los últimos años», dijo.

Sobre la moratoria al ITT

Iza mencionó que en términos jurídicos la moratoria que quieren implementar Noboa carece de sustento. Comentó que solo Orellana y Sucumbíos aportan al país USD 13 mil millones al año con la explotación petrolera. Sin embargo, de ese capital ni las comunidades indígenas ni la propia Amazonía se han beneficiado.

«Fue la voluntad popular que decidió esto. Se cubren para sí mismo y para sus beneficios, pero piden sensibilidad al país», cuestionó.

Reprochó que se pretenda seguir extrayendo dinero de la Amazonía para construir las nuevas cárceles que ofreció el presidente y seguirla contaminando. Alegó que si pretenden obtener más recursos deberían volteara a ver a los poderosos y no a la clase media.

«Quieren seguir sacando plata, construir cárceles y seguir contaminando nuestro territorio. Eso no parece lógico», afirmó.

Reestructuración puertas adentro

El líder indígena señaló que Guillermo Churuchumbi, coordinador electo de Pachakutik (PK), realiza cambios desde las estructuras provinciales del movimiento. Recalcó que en el periodo pasado, muchos exasambleístas de PK se «refugiaron en las políticas neoliberales» por el discurso correísmo- anticorreísmo que se forjó.

«Muchos compañeros se chumaron y se fueron a cualquier espacio. Algunos acabaron en el espectro de las políticas neoliberales», refirió.

Apuntó que la proyección del país no puede estar reducido a ese discurso, porque quienes aprovechan esos estamentos son los grupos de poder. De la misma manera, mencionó que participarán en los próximos espacios electorales, con candidatos nacionales y provinciales.

La entrada Iza: «El Estado protege a los delincuentes de cuello blanco» se publicó primero en La Calle.

«Esa plata podemos trasladar a los grupos empobrecidos. Así que no es para hacer relajo. Él sabe perfectamente que sube el precio de los combustibles y sube todo», aludió en Radio Majestad.

Iza señaló que «saludarán» esta decisión «siempre y cuando» Noboa elimine los subsidios a los grandes grupos económicos de Ecuador. Tanto Iza como Apawki Castro, coordinador de Pachakutik de Cotopaxi, mencionó que la alternativa de focalizar los subsidios salió de las mesas de diálogo que se firmaron en 2022.

El presidente de la Conaie comentó que si se retira los subsidios a esos sectores estratégicos se retomarían USD 1.250 millones. Detalló que los camaroneros, la pesca industrial y grupos económicos que se beneficiaron desde hace 17 años ya no deberían ingresar en «privilegio».

Castro, explicó para La Calle, que en las mesas de diálogo acordaron que el subsidio se mantendría para la clase media, baja y agraria. Sin embargo, repitió que luego de un análisis técnico deberían enlistar quienes son, o no, acreedores de este beneficio.

«Si lo ejecuta sería una consecuencia de uno de los pedidos que se hizo. Tenemos la duda de que se pueda hacer algo diferente en este gobierno porque sigue la misma línea neoliberal del anterior gobierno», expresó.

«Los únicos perjudicados»

Castro argumentó que si no se cumple esta focalización y se elimina de manera general, el único impacto sería para el sector social-popular. Además, repitió que eso traería consigo un incremento en el precio de varios productos básicos, alimentos, transporte, vestimenta, entre otros.

También, mencionó que la alternativa que propusieron Moreno y Lasso ante este tema era que la Conaie implemente políticas para evitar una alza desmedida. No obstante, comentó que era una medida difícil de adoptar y acaparar.

La entrada Iza a Noboa: «No es por hacer relajo, si sube el combustible sube el precio de todo» se publicó primero en La Calle.

Por su parte, indicó que está de acuerdo con la posibilidad de cobrar parte de las utilidades a la banca, ya que obtuvieron una mayor ganancia entre 2022 y 2023. Sin embargo, resaltó que implementar el capital al patrimonio sería una medida que afectaría significativamente a los agricultores.

«Yo no puedo estar de acuerdo con una medida que sea regresiva para el sector. Lo que sí puedo entender es el impuesto a las utilidades para que sea una ayuda en estos momentos», dijo en entrevista con Teleamazonas.

Otra de las acciones que pretende implementar es la reducción de gastos administrativos en el régimen. Señaló que los desembolsos administrativos se duplicaron, por lo que «el Estado también tiene que hacer sacrificios«. Según el presidente, como respaldo a esta medida implementarán un esquema laboral «para que nadie se desampare».

Más medidas en medio de la guerra…

Anunció que existirá una semaforización del toque de queda en determinados cantones, para así reactivar la economía y no perjudicar al sector turístico, al pequeño emprendedor y empresario. Puntualizó que debido a la gravedad de la realidad del país, analiza extender el estado de excepción por 30 días más.

Además, los diálogos con Perú y Colombia -para el traslado de los 1.500 presos- se mantienen latentes y así eliminar el hacimiento en las cárceles del país. «En ellos se gasta más que en un desayuno escolar. Con todas estas medidas evitamos que el control de los centros esté en manos de dos o tres cabecillas», resaltó.

La construcción de cárceles

El tiempo para la construcción de cárceles en diferentes puntos del país tomará cerca de 10 meses. Resaltó que retomar el control en los centros es reordenar a los reclusorios y evitar que la «la gente de las bandas delictivas» se concentran en los alrededores.

«Además, de eso es necesario reformar el SNAI, militarizar los sectores de mayor incidencia», expresó.

Comentó que esperan llegar a un acuerdo con las tropas estadounidenses para que doten de tecnología y conocimiento a los militares. Para el presidente, lo más importa es que Ecuador pueda recibir apoyo de todos los sectores.

«El último golpe que dimos a los bolsillos del narcotráfico está valorado entre USD 300 millones y USD 500 millones dependiendo el lugar de destino», explicó.

Eliminación de subsidios

«Le estamos dando la oportunidad a Leonidas Izas para que no le mienta a la gente», dijo. Según el presidente, la eliminación de subsidios no afectaría a la gente, mientras mejora la eficiencia energética para que el costo de la tarifa final sea el mismo para los ciudadanos.

«No vamos a afectar al pueblo, que pena que Iza ya no va a tener un discurso para hacer relajo», expresó.

La entrada Noboa: «No me opongo a que el incremento del IVA sea temporal por cerca de 18 meses» se publicó primero en La Calle.

La energía en el país es subsidiada por lo que este beneficio está dirigido a la población en general, pero también a las grandes empresas privadas del sector industrial, incluidas las petroleras y mineras, que consumen un gran porcentaje de electricidad en el país.

Actualmente, el país atraviesa una temporada de estiaje por lo que desembolsa más dinero para obtener energía. En medio de esta crisis, las grandes compañías mantienen la tarifa subsidiada que va desde los 0.05 ctvs hasta los 0.09 ctvs por kWh. Del otro lado, las familias pagan de 0.09 ctvs hasta 0.12 ctvs el kWh.

De acuerdo a una investigación del portal digital Plan V, el ministro de Energía, Fernando Santos, se habría reunido con representantes del sector industrial para asegurarles que Energía no aumentará las tarifas a ese sector mientras él se mantenga en su cargo.

Los lujos de un barco hundido

Mientras la élite empresarial mantiene estos beneficios, el gobierno le compra energía a Colombia por 0.57 ctvs el kWh, este valor no llega ni a la cuarta parte de lo que pagan varias empresas. De hecho, este precio es 12 veces más caro de lo que cuesta en el país, incluyendo la amortización de inversiones, según el ingeniero Jorge Hidalgo, experto en temas energéticos.

»Si Colombia nos vende mañana a un dólar el kWh le compramos, porque no existió una planificación adecuada para enfrentar esta situación», dijo en entrevista para Radio La Calle.

El ministro Santos reconoció que el país gasta USD 30 millones a la semana en la adquisición de energía. La temporada de estiaje dura alrededor de tres meses lo que implica un desembolso de USD 500 millones al país vecino. Este hueco económico será la herencia para el siguiente gabinete de Estado.

Según el último balance energético nacional, el consumo de energía a nivel nacional está distribuido de la siguiente manera; 42.2 % el sector industrial; 29. 5 %, el sector residencial; el 25.9 % , servicios públicos y sector comercial; el 0.1 % el transporte; y el 2.3 % otros.

El panorama actual

La época de estiaje y la venida del fenómeno del niño serán los principales problemas para el abastecimiento de producción de energética a nivel nacional durante los próximos meses. Hidalgo resaltó que el gobierno tuvo dos años para preparar un plan de contingencia ante estas alertas que ya se preveían.

Por otro lado existieron errores que no se corrigieron a tiempo. Por ejemplo, en el caso de Termogas Machala, el suministro de gas natural ha ido disminuyendo considerablemente en los últimos seis años, sin que Petroecuador ponga en marcha acciones correctivas.

La escasez de recursos económicos para inversión en el Campo Amistad provocó que la planta Termogas Machala funcione a solo a un tercio de su capacidad.

La situación llegó al punto de que la central se vea forzada a usar diésel en lugar de gas natural, un relevo caro para el país, sobre todo ahora en la época de estiaje en donde existe un deficiencia en el funcionamiento de las hidroeléctricas.

Hidalgo resaltó que al final de cuentas los productores de diésel serían los más beneficiados. Ahora generar energía desde la plantas termoeléctricas es más costoso por el uso de fuel oil, el promedio de kWh unos 0.12 ctvs a diferencia de las hidroeléctricas en donde regularmente el costo es de 0.04 ctvs a 0.06 ctvs por kWh. (AGM).

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La entidad instó a los distintos gobiernos a que redirijan ese dinero para adquirir más recursos en beneficio de los países. El documento indica que los subsidios de estos sectores superan los USD 7 billones.

«Los gabinetes deberían enfocarse en gastar mejor en lugar de simplemente gastar, con eso solo están tirando a la basura billones de dólares», recalca.

El banco Mundial aseguró que los únicos que se benefician de estos subsidios son los sectores más ricos. Una alternativa a este problema sería un reforma de subvenciones a los combustibles fósiles para compensar a los sectores pobres.

En agricultura

Calcula alrededor de USD 635 mil millones al año en subsidios agrícolas, que lejos de beneficiar a otros sectores, impulsan el uso de fertilizantes que dañan en suelo, el agua y la salud humana.

De acuerdo con el informe, los subsidios a la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno son los responsables de 14 % de las pérdidas de los bosques por año.

La pesca

En cuanto a la pesca, en dinero supera los USD 35 mil anuales que potencian a las flotas pesqueras y reducen las reservas de los peses.

El análisis del informe determina que las cifras son aproximadas, pues la realidad puede ser aún más desalentadora. Según la entidad, porque son datos pospandémicos y porque los países en desarrollo no tiene la capacidad de detallarlos. (N.J.C)

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Guillermo Avellán, gerente general del BCE, pidió ayuda del Gobierno Nacional para las empresas y entidades financieras que se financian -léase endeudan- en el exterior, según recoge diario El Comercio.

De acuerdo al EMBI del banco estadounidense JP Morgan Chase, Ecuador contaba con un riesgo país de 1.908 puntos hasta el 4 de abril.

El indicador económico indica el nivel de "peligrosidad" que los inversionistas consideran para saber si un país es capaz de cumplir con sus compromisos de deuda. Cuanto más alto, más negativo para el Ecuador porque ahuyenta a los mercados.

El riesgo país es también un marcador del costo del financiamiento en el exterior. Lo que significa que «mientras más alto el indicador, los préstamos externos tendrán una tasa de interés más elevada para compensar el riesgo adicional asumido por los inversionistas o prestamistas», reseñó el medio.

Avellán expresó que con esta petición se considera equilibrar las «altas tasas de interés» de los créditos en el exterior, que están por el 20%.

Para el titular del Banco Central, esta medida es beneficiosa y está «próxima a aprobarse». Explicó que esta medida posibilitará la llegada de flujos desde el exterior y ampliará el financiamiento para el «sector privado».

Sin eufemismos

Economistas y políticos tacharon la decisión como un desatino del régimen de Lasso. Según ellos, sin adornos, se trata de dirigir dinero público a estos grupos económicos que se endeudan en el exterior.

El exministro de Economía, Carlos de la Torre mencionó en Twitter que esto no es otra cosa que «regalar dinero público» a los «pobrecitos banqueros y grandes empresarios».

Añadió un cuadro de las obligaciones con instituciones financieras en el exterior y posibles beneficios tributarios de la banca nacional.

Representantes de las tiendas políticas también se pronunciaron. El expresidente Rafael Correa calificó de «descarada y vergonzosa» la solicitud de Avellán, quien es un hombre de confianza de Guillermo Lasso, pues dirigió la Fundación Ecuador Libre y participó en la redacción del programa económico.

El jefe de bancada socialcristiana, Esteban Torres, y una de las proponentes del juicio político contra el jefe de Estado, Mireya Pazmiño se sumaron al descontento.

Aguanta, déjame explicarlo…

Avellán publicó un hilo de Twitter en el que, según él, aclara las «imprecisiones» de la solicitud. Dijo que es una «reforma necesaria a una política vigente» ya que las resoluciones fueron expedidas en el Gobierno de Correa.

«Estas políticas tributarias facilitan la llegada de recursos del exterior mediante préstamos en mejores condiciones para entidades financieras y empresas, a fin de impulsar las actividades productivas, el empleo, la inclusión financiera y el fortalecimiento la dolarización», reza uno de sus tuits.

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La estatal Petroecuador proyectó que el precio del petróleo será de USD 65.9. Este monto se encuentra un 37 % debajo de los USD 104 del valor del barril en junio. Una de las principales causas de esta inestabilidad se debe a la invasión rusa en Ucrania.

Otro de los obstáculos es la inflación a nivel mundial y la desaceleración de la economía china. Ante la situación, el FMI pronostica que al menos un tercio de los países tienen el riesgo de caer en una recesión para el 2023.

Un riesgo al presupuesto del país

Según el FMI, los ingresos netos de las exportaciones petroleras pueden caer de USD 11. 117 millones en 2023 a USD 9.952 millones dentro de cinco años. La situación afectaría al Presupuesto General del Estado ya que un tercio de la totalidad es financiado por este recurso.

Un «factor positivo” que recalca el organismo multilateral es que las cuentas fiscales del país son menos dependientes de esta materia prima por el reciente acuerdo de crédito completo. El Gobierno recibirá del FMI una suma de USD 700 millones a finales de diciembre.

En la entrega de la proforma presupuestaria al Legislativo, en octubre, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena, manifestó que USD 65 era un precio prudente para que el Gobierno pueda manejarse frente a los posibles problemas económicos.

Después de las observaciones realizadas por la Asamblea, Arosemena expuso las intenciones con el posible excedente de los ingresos petroleros.

“En caso de que se reciban más ingresos petroleros a los proyectados inicialmente, se procederá, de acuerdo con la normativa legal y como lo ha venido cumpliendo el Ministerio de Economía, a realizar una reliquidación a favor de las instituciones que reciben preasignaciones”, dijo en un comunicado.

Subsidios

Otro supuesto alivio para el Estado y la ciudadanía es que a menor precio del petróleo, menor gasto en subsidios. En este sentido, se prevé que estos gastos caigan de USD 4 millones en 2023 a USD1.987 millones en 2027. (A.G.M)

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Lasso comentó que los nuevos precios del diésel serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización según las condiciones del mercado.

El primer mandatario enfatizó que esta decisión tiene un enfoque social, pues se generarán USD 160 millones, que se destinarán a inversión social. Aseguró que los subsidios deben beneficiar exclusivamente a los pobres.

“Según información reportada ante el SRI, el costo de los combustibles para las camaroneras de más de 30 hectáreas productivas representa menos de 2 % de sus costos totales”, detalla el documento.

Otras posturas

El presidente de la Cámara Nacional de Acuacultura (CAN), José Camposanto, mencionó que esta eliminación afectaría al 82 % de la superficie camaronera a nivel nacional. «Esta medida se toma en el peor momento y sin haberla discutido previamente», dijo.

A diferencia de la postura emitida por el Gobierno de Lasso, Camposanto considera que esta decisión no solo afecta a los grandes camaroneros, sino también a los pequeños, pues son una sola cadena.

El 17 de octubre, el director de Atunec, Luigi Benincasa señaló que «sin la subvención no podrían seguir operando y llevaría a la quiebra a toda la industria, puesto que afectaría al aprovisionamiento de la materia prima para los otros dos grupos del sector e impactaría directamente en los empleos de miles de trabajadores», dijo para El Comercio.

La cadena de producción pesquera

La industria pesquera se compone de tres partes. El extractivo que se dedica a la pesca, las fábricas de procesamiento y la comercialización. De este grupo solo el extractivo se beneficia del subsidio, pues necesita el combustible para las embarcaciones.

Según cifras de las autoridades, esta industria gasta diariamente 60.388 galones para su funcionamiento. Uno de los datos más pequeños en comparación con las otras.

¿Cuánto diésel consumen los sectores?

La estatal Petroecuador despacha diésel a seis productivos. Tres sectores pagan la tarifa real: industrial, naviero y petrolero. En cambio, los tres restantes como el automotriz, pesquero y eléctrico reciben precios preferenciales.

El automotriz es el sector de mayor consumo. Recibe el 65,9 % del diésel del Ecuador. Los sectores con menor gasto son el pesquero (1,5 %) y el eléctrico (1,2 %). Las otras industrias en la lista se llevan un 31,4 %. De este total, el 76,8 % del diésel es importado.

En los primeros ocho meses del 2022, el subsidio a los combustribles representó USD 1.245,5 millones, según el Banco Central. No obstante, el precio total al finalizar el año será de USD 4.100 millones, asegura el Ministerio de Finanzas

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En la mesa de diálogo, el movimiento indígena solicitó eliminar la subvención para las «industrias prósperas», entre ellas, la pesquera. Alegó que los atuneros y camaroneros se benefician de un precio diferenciado por 17 años. Su economía ya estaría en las condiciones para pagar el precio real de los combustibles, precisaron.

Las autoridades no permitieron que la solicitud pase. Se firmó un acuerdo sin comprometer el subsidio a la pesca. El director de Atunec, Luigi Benincasa señaló que «sin la subvención no podrían seguir operando y llevaría a la quiebra a toda la industria, puesto que afectaría al aprovisionamiento de la materia prima para los otros dos grupos del sector e impactaría directamente en los empleos de miles de trabajadores», reseñó el medio.

La industria pesquera se compone de tres partes. El extractivo que se dedica a la pesca, las fábricas de procesamiento y la comercialización. De este grupo solo el extractivo se beneficia del subsidio, pues necesita el combustible para las embarcaciones.

Según cifras de las autoridades, esta industria gasta diariamente 60.388 galones para su funcionamiento. Uno de los datos más pequeños en comparación con las otras.

¿Cuánto diésel consumen los sectores?

La estatal Petroecuador despacha diésel a seis productivos. Tres sectores pagan la tarifa real: industrial, naviero y petrolero. En cambio, los tres restantes como el automotriz, pesquero y eléctrico reciben precios preferenciales.

El automotriz es el sector de mayor consumo. Recibe el 65,9 % del diésel del Ecuador. Los sectores con menor gasto son el pesquero (1,5 %) y el eléctrico (1,2 %). Las otras industrias en la lista se llevan un 31,4 %. De este total, el 76,8 % del diésel es importado.

En los primeros ocho meses del 2022, el subsidio a los combustribles representó USD 1.245,5 millones, según el Banco Central. No obstante, el precio total al finalizar el año será de USD 4.100 millones, asegura el Ministerio de Finanzas.

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Quito, 9 sep (La Calle).- Samuel Lema, dirigente de la FEINE anunció que la mesa de diálogo sobre la focalización del subidio a los combustibles se extenderá hasta el 12 de octubre.

“Ayer coincidimos con el tema de focalización de combustibles (…) Nosotros hemos dicho que hoy día no cerramos la mesa de focalización, la extendemos hasta el 12 de octubre” expuso el dirigente a los medios de comunicación.

Según Lema, esta medida la toman los dirigentes en conjunto con los representantes del Estado después de ver avances en el tema. Además, aseguró que ya se han llegado a acuerdos. 

Por el lado del Gobierno

El ministro de Obras Públicas, Darío Herrera explicó que tienen cuatro consensos de un total de 14.

“El acta firmada en la mesa de ayer no está relacionada con la rebaja al precio de los combustibles. El objetivo es que el subsidio llegue a las personas que realmente lo necesitan y que sea eficientemente entregado” expuso el ministro.

De esta manera, la mesa de diálogo estará abierta durante lo que resta de los 90 días que tienen los dirigentes y el gobierno para llegar a un acuerdo.

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«El número de beneficiarios del bono era de 1.2 millones ahora son 1.4 millones. Es decir, el dinero de los impuestos va en favor de quienes más lo necesitan. Otra obra emblema de mi gobierno es la lucha contra la desnutrición infantil. Ningún gobierno se había preocupado de los niños y de las mujeres gestantes. Por eso la nutrición crónica es del 29%, el más alto de la región», dijo el mandatario.

También se tomó tiempo para criticar la inversión social en el gobierno de Rafael Correa. «El Gobierno de Correa invirtió en promedio en el área social USD 8.100 millones anuales en promedio. Nosotros invertiremos, en promedio, USD 13 mil millones. Es un 60% más y se llenaban la boca en decir que tenían corazones ardientes. Lo que estaban es ardientes de deseo por llevarse el dinero de los ecuatorianos».

Los créditos de las oportunidades

Lasso defendió la entrega de créditos al 1% y 30 años plazo. «Ningún país del mundo da un crédito tan barato con tantas facilidades y convicción sociales. Estos préstamos, en la primera fase, estuvieron dirigidas al agro. 34 mil emprendedores han podido reactivar su negocio o iniciar uno nuevo. Ahora tienen un trabajo y son sus propios jefes. También podrán dar empleo».

Volvió a nombrar, de forma indirecta, a Correa y los créditos. «A diferencia del pasado cuando se le daba crédito al amigo del presidente de turno por USD 40, 50, 30 millones a una sola persona. Están vencidos y muchos no quieren pagar. Ahora nos preocupamos de la base productiva de la sociedad».

En la segunda fase de este crédito estarán los artesanos, productores textiles y de calzado, de confites y lácteos. «Gente sencilla y poco recursos que accederán desde USD 500 hasta USD 5.000 sin trabas básicamente con tu cédula y el certificado de afiliación a la Junta Nacional del Artesano». MIB

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