“Como es de conocimiento público no venimos recibiendo nuestros salarios. La situación vuelve imposible acceder a este tipo de cursos que exigen las Compañías de Vigilancia. Las mismas que no aportan en nada a la seguridad ciudadana”, reza el comunicado.

La crisis no puede ser pagada con los derechos de los trabajadores.

La Federación también acusa al Gobierno y las empresas de sobreponer el afán comercial al bienestar humano.

Adicionalmente, no permitirán que se reanuden las capacitaciones sin que existan primero las condiciones laborales idóneas y salarios justos.

Hoy, los trabajadores se reunieron en un plantón exigiendo sus sueldos. Una de las empresas que más deuda tienen con estos trabajadores es LAAR.

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Seguidamente, permitieron el paso a cinco dirigentes que participaban en la protesta, y que serían recibidos por una funcionaria del Ministerio de Gobierno. Marco Leguízamo, presidente de la Cámara de Computación y representante de la Plataforma de Proveedores del Estado indicó que: “El Gobierno no ha honrado sus deudas por falta de liquidez y ha propuesto pagarles con bonos, iniciativa que no ha tenido acogida”.

Este es uno de los casos de los miles de trabajadores que perdieron su trabajo y no reciben respuesta alguna por parte del Estado. Sin embargo, en un comunicado oficial, el Ministerio de Economía y Finanzas mencionó que el Ecuador recibió un aporte de 2 mil millones de dólares por parte de varios organismos como el Banco Mundial (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) entre otros. Nadie sabe si utilizarán este dinero para el pago de los salarios y responsabilidades que mantiene el Gobierno.

Finalmente, a través de una publicación en Twitter, el asambleísta Pabel Muñoz (RC), mostró un cuadro con datos provenientes del Banco Central y el Ministerio de Finanzas, donde evidencia una deuda pública de 42 millones de dólares.

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«La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección en el Complejo Judicial Norte de la ciudad de Quito para exigir el pago inmediato de las remuneraciones a las y los servidores públicos que se encuentran impagos de sus haberes por parte del Gobierno nacional», dijo un comunicado de la Defensoría del Pueblo de Ecuador.

El órgano no precisó el monto adeudado ni el tiempo de la deuda.

En las instituciones públicas laboran personas que, por su condición, pertenecen a grupos de atención prioritaria como personas con discapacidad, mujeres embarazadas y personas con enfermedades críticas, quienes, por la falta de pago al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), no tienen acceso a sus tratamientos periódicos en los centros de salud que otorga el sistema de seguridad social.

¿Quiénes no reciben su remuneración?

Médicos, profesores, trabajadores de distintas instituciones y empresas públicas tienen entre uno y dos meses de retraso en el pago de sus sueldos. Los galenos ya han levantado su voz exigiendo su derecho, pese a que el Ministro de Salud desconoce fecha de pago de sus sueldos.

La crisis ha sido tan dura con el sector de la salud que incluso, hace pocos días, el gobierno de Lenín Moreno despidió médicos, sin embargo, restauró el sueldo completo de USD 4 283 mensuales a viceministros.

Trabajadores de los medios públicos también exigieron el pago de sus sueldos, antes de la extinción de estos. Con el hashtag #MiSueldoMiDerecho, los trabajadores de los Medios Públicos levantaron su voz ante la falta de pago de dos meses de salario. El pedido se convirtió en tendencia en Twitter en los primeros días de agosto.

Ecuador está enfrentando una complicada situación económica debido a los efectos de la pandemia y al derrumbe del petróleo, su principal producto de exportación, que este año podría significarle una contracción económica de alrededor de 10% de su Producto Interno Bruto.

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“No pagaron el mes de marzo la afiliación al IESS. De manera que ya no tenemos atención porque estamos atrasados con el pago. No podemos acceder al bono de desempleo, ni al seguro médico. Algunos tenemos préstamos hipotecarios o quirografarios”; indicó a Radio La Calle, José Padilla, extrabajador de este diario.

Despedidos

El pasado 29 de abril, los 32 ciudadanos recibieron un mensaje o correo electrónico que notificaba su despido. La explicación que les dieron fue la apelación al artículo 169 numeral seis del Código de Trabajo, que termina el contrato de empleo por causas de fuerza mayor. Sin embargo, las operaciones de Diario La Hora Loja se mantienen, ahora con nueva fuerza de trabajo.

“No nos dan la cara, ni siquiera para empezar una mediación. La mayoría de los 32 somos el sostén de la familia. Hay gente que se ha dedicado a vender verduras, a vender naranjas para sobrevivir”, añadió Padilla.

Acciones legales

“Estamos colocando demandas al poder judicial para que nos reconozcan las indemnizaciones por el despido intempestivo”, agrega Padilla. Los trabajadores realizan plantones todos los jueves en la Plaza Central  frente a la Gobernación y de allí se dirigen hacia las instalaciones del periódico.

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La reunión tenía la finalidad de pedir explicaciones al ministro Zevallos sobre los despidos del personal de salud durante la emergencia sanitaria. Los asambleístas de la Comisión exhortaron al ministro que se respete el art. 25 de la Ley de Apoyo Humanitario. La normativa estipula un nombramiento definitivo a todos los trabajadores de la salud que han laborado desde el inicio de la crisis sanitaria.

Nuevos requerimientos

Los legisladores también solicitaron a esta cartera de Estado ponerse al día con las remuneraciones de los funcionarios de primera línea. Según Marcela Holguín, asambleísta por la Revolución Ciudadana, 150 médicos becarios posgradistas aún no han recibido su sueldo. Esto, a pesar de que el ministro había confirmado que los pagos iban a realizarse a partir del 1 de agosto, tras concretar un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Para dar seguimiento a estas anomalías dentro de la salud pública, la Comisión de los derechos de los Trabajadores decidió crear un subcomité que vigile el cumplimiento de las obligaciones que el ministro Juan Carlos Zevallos tiene con todo el personal de la salud en plena emergencia sanitaria.

Este miércoles, los médicos posgradistas también realizaron una protesta pacífica para solicitar el pago de sus remuneraciones. (DR)

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