En esta audiencia estuvieron presentes Verónica Abad junto con sus abogados Dominique Dávila y Damián Armijos, mientras que la ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, participó de manera virtual.

La defensa de Abad inició la jornada con una réplica, reiterando que la suspensión de 150 días impuesta por el Ministerio del Trabajo es “ilícita y arbitraria”. Damián Armijos, abogado de la vicepresidenta, calificó la sanción como “una actuación titánica y déspota”, solicitando a la jueza que acepte la acción de protección y las medidas de reparación correspondientes.

Por su parte, Verónica Abad afirmó: “Han vulnerado mis derechos constitucionales y políticos. He llegado aquí con la esperanza de que el poder Judicial aplique solo lo que está en la Constitución y la Ley. El pueblo clama por justicia”. Además, la vicepresidenta denunció que la suspensión en su contra forma parte de una persecución sistemática: “Es un eslabón más de la larga cadena del abuso de poder, de la misoginia y salvaje persecución, que el presidente y su Gabinete ejecutaron en mi contra”.

Los bochornos del Ministerio del Trabajo

En su contrarréplica, la ministra Ivonne Núñez sostuvo que la suspensión de 150 días se fundamenta en el supuesto abandono de cargo por parte de Abad, según lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público (Losep), en específico el artículo 15. Núñez también citó dos sentencias de la Corte Constitucional relacionadas con casos similares.

No obstante, la jueza Vera cuestionó en reiteradas ocasiones a la ministra sobre el fundamento específico para imponer una suspensión de 150 días, exigiendo una referencia exacta a los artículos legales aplicables. “Lo que le vuelvo a preguntar por enésima vez, es qué artículos utilizan para sancionar por una suspensión de hasta dos años, por una falta grave. Díganos el artículo. Ilústrese”, enfatizó la magistrada, sin embargo, no logró convencer a la jueza.

Contexto y próximos pasos

La audiencia, que inició a las 09:20 y se extendió por más de tres horas, concluyó con la decisión de la jueza de suspender la sesión hasta el lunes 23 de diciembre. En esa fecha, se emitirá la sentencia definitiva que determinará si la acción de protección presentada por Verónica Abad será aceptada.

Este caso ha generado un amplio debate público, pues la vicepresidenta sostiene que la medida adoptada por el Ministerio del Trabajo forma parte de un intento por debilitar su posición dentro del Gobierno y obedece a motivaciones políticas. Por su parte, el Ejecutivo argumenta que la suspensión responde estrictamente al marco legal vigente.

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«Cuando conocemos el incumplimiento de normas procesales que se encuentran e la LOSEP inmediatamente abrimos un sumario administrativo (…) La Constitución de la República lo plantea en el artículo 229 y la LOSEP en el artículo 83 literal C que aquellas personas que son designadas mediante un proceso electoral son servidores públicos, no son de carrera», dijo en entrevista con Carlos Vera.

Agregó que cuando uno es funcionario diplomático debe ser prudente en las declaraciones que diga, esto por las declaraciones de Abad sobre la situación interna del Ecuador y su crítica al presidente por la situación que vive el binomio actualmente.

No obstante, la razón del sumario administrativo, llegar a Turquía después del 1 de septiembre, genera dudas ya que el decreto del 8 de agosto firmado por el presidente Noboa disponía ese traslado, pero sin una fecha límite para su efecto de tipo inmediato. Núñez indicó que sería un pedido administrativo de la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld.

Posibles consecuencias

Tampoco, dice la ministra, Abad envío un informe de funciones para justificar no haber llegado el 1 de septiembre a Turquía y que no saben qué pasó entre el 1 y 8 de septiembre. La vicepresidenta tiene un plazo de 10 días laborables para contestar la apertura del sumario administrativo, de allí lo califica la sustanciadora de trámites administrativos del Ministerio. Si cumple los requisitos se convoca a una audiencia oral y pública, donde estará la afectada y un delegado de la presidencia de la República.

¿Pueden destituir a Abad por esa vía? De acuerdo con la ministra, la vicepresidenta está siendo sumariada por funcionaria pública y no por vicepresidenta. «Vamos a ver lo que sucede al final en este caso – creo – hito del Ecuador. (…) Marca un ‘de ahora en adelante’, pero en el caso de la señora Abad ¿por qué no la catalogan cuando pone una denuncia contra el presidente? Ahí no se mide eso, pero cuando una ministra de Trabajo hace lo que hace y, además, lo hace bien ahí sí es una estúpida«.

Respuesta de Abad

La respuesta de la vicepresidenta llegó a la Asamblea Nacional, la vicepresidenta solicitó al Legislativo la fiscalización y control contra la ministra de Trabajo y la canciller. «Vamos a ponerlo en el orden del día del próximo martes (24 de septiembre) porque ya no podemos modificar la sesión de este jueves 19. El Pleno escuchará los argumentos que pone en la carta y tendrá que resolver de forma pública», dijo el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle.

Añadió que se reunirá con los jefes de las bancadas legislativas e incluso con el gobierno para el procedimiento y lo que se va obtener de la resolución del Pleno. «La forma de destitución del vicepresidente/a está en la Constitución, me preocupa que utilicen otros mecanismos que vayan en contra de la Constitución». (MIB)

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El documento emitido el 12 de septiembre manifestó que la Segunda Mandataria no cumplió la disposición de llegar a Turquía antes del 1 de septiembre, por el contrario, arribó el 9 de septiembre. La petición de este proceso administrativo vino de Cancillería.

Este hecho desató críticas en redes sociales, varios expertos aseguran que sería ilegal la destitución de Abad por la sanción de un sumario administrativo. El abogado Alberto Montenegro explicó a La Calle que la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) establece que este proceso no aplica a los funcionarios de elección popular.

Agregó que solo el hecho de abrir un sumario administrativo en contra de la segunda mandataria violentaría la seguridad jurídica. Montenegro citó el artículo 226 de la Constitución que establece que la competencia y las facultades de las instituciones y servidores públicos deben estar previstas exclusivamente en la Constitución y la ley, no en un acuerdo ministerial.

»Esto violaría la independencia de poderes (…) aunque en este país ya todo puede ser posible», resaltó. En este sentido, citó el acontecimiento del asalto a la embajada de México del pasado 5 de abril, un hecho al que calificó como »descabellado».

Por otro lado, señaló que también existiría una ilegalidad si Abad es sancionada en calidad de embajadora de Israel porque antecede su función de Vicepresidenta. Si la funcionaria es destituida como servidora de Cancillería, tendría que abandonar su otro cargo debido a que esta sanción impide que pueda ejercer un cargo público por dos años.

Ante estas intenciones, el jurista indicó que lo recomendable es que la segunda mandataria interponga un acción de protección.

»Pero es muy posible que el juez que llegue a conocer de dicha acción, la niegue y hasta la llegue a inadmitir por las tantas confusiones creadas por la Corte Constitucional», dijo

Un acuerdo improvisado

Como si de una casualidad se tratara, el 11 de septiembre el Ministerio del Trabajo firmó el Acuerdo Ministerial Nº MDT-2024-175. Este documento expide el procedimiento de Sumario Administrativo otorgando a la cartera de Estado la potestad de tramitar estas solicitudes en contra de funcionarios que se encuentren excluidos de la carrera del servicio público.

Si se consuma la destitución de Abad a través de esta acción, otras autoridades de elección popular podrían enfrentarse a la misma situación. (AGM).

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