La Asamblea Nacional ha sido convocada para las 16h40 de este lunes con el objetivo de posesionar a Roberto Romero Von Buchwald como superintendente de Bancos, quien fue elegido para este cargo en diciembre de 2024. No obstante, su nombramiento enfrenta cuestionamientos tras la decisión del Cpccs de ratificar a Raúl González como titular en funciones hasta 2027.

El Cpccs sesionará a las 14h30 para analizar un informe jurídico que recomienda anular la resolución emitida el 22 de enero, donde se ratificó a Raúl González como superintendente. Según el informe, la elección de Romero constituye una situación jurídica consolidada, por lo que no debería ser objeto de revisión.

Corte Constitucional activa seguimiento

La Corte Constitucional, en un fallo del 5 de diciembre de 2024, aceptó parcialmente una acción extraordinaria de protección de Raúl González, declarando vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica. Sin embargo, dejó claro que su sentencia no afectaba las designaciones realizadas previamente, como la de Romero.

El 24 de enero la Corte activó un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de su decisión y analizar posibles irregularidades en las actuaciones del Cpccs. De encontrarse incumplimientos, los consejeros podrían enfrentar sanciones, incluidas la destitución de sus cargos.

Acusaciones y allanamientos

El proceso ha escalado con denuncias de irregularidades. Roberto Romero ha presentado denuncias en la Fiscalía por usurpación de funciones, lo que derivó en un allanamiento a las oficinas del Cpccs el pasado 24 de enero. Augusto Verduga, uno de los consejeros, denunció maltrato policial durante la incursión y acusó a la Fiscalía de actuar sin órdenes judiciales claras.

«Hemos cuestionado al poder constituido más grande que tiene este país la banca privada (…) ¿Cuál fue la razón de este agravio a la banca privada? Haber ratificado a Raúl González Carrión como superintendente de bancos, en cumplimiento de nuestras atribuciones como Cpccs, en cumplimiento de lo que establece la ley de la materia y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto esas injustas y arbitrarias sentencias«, dijo Verduga.

La pugna por la Superintendencia de Bancos evidencia una profunda falta de coordinación entre las instituciones ecuatorianas. Este conflicto, que lleva casi tres años, pone en juego la credibilidad del sistema político y jurídico del país.

Consejeros buscan evitar la destitución por parte de la Corte Constitucional

El incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional puede llevar a la destitución de los funcionarios responsables. En este contexto, la Corte activó una fase de seguimiento y exigió al Cpccs que enviara un informe detallado de todas sus actuaciones hasta las 23:59 de este lunes.

Consciente de este riesgo, la Liga Azul, junto con Nicole Bonifaz, incluyó la reconsideración de su voto entre las acciones remitidas a la Corte para su evaluación. Además, aprobaron una resolución que declaró la «ineficacia jurídica» de lo decidido el 22 de enero, fortaleciendo así su defensa.

Eduardo Franco Loor justificó este cambio señalando que en la fecha inicial no contaban con el pronunciamiento de la Corte Constitucional del 24 de enero, lo que condicionó su criterio en ese momento.

Actualización

Reconsideración en el CPCCS

Los cuatro consejeros del Cpccs afines al correísmo reconsideraron este lunes la votación con la que habían respaldado la designación de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos el pasado 22 de enero, dejando dicha decisión sin efecto.

La sesión inició con una moción de Nicole Bonifaz para apelar la presidencia de Andrés Fantoni, la cual fue aceptada por mayoría. Como resultado, el Pleno fue temporalmente presidido por la vicepresidenta Yadira Saltos.

Sin embargo, la moción presentada por Fantoni, que buscaba reconocer públicamente un supuesto error por parte de Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Bonifaz al apoyar previamente a González Carrión, no obtuvo los apoyos necesarios para ser aprobada.

La Liga Azul ratifica a Roberto Romero como Superintendente de Bancos

Los consejeros de la Liga Azul (Saltos, Verduga y Franco), junto con Nicole Bonifaz, decidieron reconsiderar lo aprobado el pasado 22 de enero, logrando revertir esa decisión con sus cuatro votos. Esto permitió consolidar la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos, quien ahora solo espera su posesión oficial en la Asamblea Nacional para asumir el cargo.

Inicialmente, estos consejeros respaldaron a Raúl González Carrión, considerando que debía ocupar el cargo después de que la Corte Constitucional determinara, mediante una acción extraordinaria de protección, que se habían vulnerado sus derechos.

Sin embargo, su posición cambió tras el pronunciamiento del 24 de enero por parte de la Corte Constitucional, que aclaró que su fallo representaba una medida de reparación, pero que no debía interferir con la designación ya efectuada, es decir, la de Roberto Romero Von Buchwald. Esto llevó a los consejeros a modificar su postura y ratificar la elección de Romero.

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»Ya dejamos un escrito ante la Corte del Distrito Sur de Florida, presentándonos como propietarios y víctimas de este atraco», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Según la proyección de los abogados del ISSPOL en el país norteamericano, se espera recuperar este monto en el primer trimestre del 2024. No obstante, González resaltó que es importante el apoyo político para recuperar el dinero que perdió la institución. Hasta el momento solo ha mantenido una reunión con el viceministro del Interior, Lyonel Tello.

Durante el gobierno de Guillermo Lasso esta institución recuperó USD 440 millones de los más de USD 800 millones perdidos tras la estafa, es decir, un 54 % del valor reclasificado de inversiones vencidas a cuentas por cobrar por disposición de la Superintendencia de Bancos en 2020.

La figura del fiscal Suárez en el Caso ISSPOL

La autoridad del ISSPOL señaló que el fiscal Suárez, quien fue asesinado el pasado 17 enero, fue una figura trascendental en las investigaciones del caso ISSPOL. Indicó que este suceso daña al equipo cercano de la fiscal general, Diana Salazar, ya que mandan un mensaje intimidatorio a sus colegas.

»Difícilmente otro fiscal va a tener esa decisión y valentía para seguir investigando», destacó.

También mencionó que este hecho desnuda una debilidad del Estado ya que la familia de Suárez quedará desamparada. Solo cobrarán la liquidación de los 17 días de enero y luego la Fiscalía se desentenderá de ellos.

»Es una lucha desigual porque por lo menos los sicarios quedan con cantidades de dinero para beneficio de sus familiares», dijo.

En este sentido, hizo en pedido público para que la familia del fiscal asesinado sea cobijada por la ley de héroes y reciban una pensión. También hizo un llamado al sector educativo para tener acceso a becas. (AGM).

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El decreto ejecutivo 695 fue emitido el 20 de marzo con las modificaciones a tres artículos del reglamento de la LOCGE. El nuevo texto reforma al artículo cuatro y dice que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, serán sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

El economista señaló que si estas instituciones son controladas por la Superintendencia, las acciones -que se aplicarían si encuentran un mal uso de recursos públicos- se regirán a las sanciones de la entidad de control.

En este sentido, recalcó que los reglamentos de Contraloría son distintos; incluso, pueden impulsar acciones de carácter penal. Pese a las evidentes intenciones del mandatario, el decreto es legal dado que son reformas al reglamento, mas no a la ley en general.

Flashback

En diciembre del 2022, un Tribunal de la Corte de Justicia del Guayas ratificó la anulación de la designación de Raúl González como titular de la Superintendencia de Bancos.

Según la entidad, la designación carecía de motivación porque “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”.

En el mes de noviembre, la Asamblea Nacional posesionó a González como titular de la Superintendencia de Bancos. Sin embargo, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) de Hernán Ulloa ignoró esta acción y designó a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente. Además, exigió al Legislativo que lo posesionen.

“Por eso es la obsesión del Gobierno de Lasso de tomarse el Cpccs para colocar a gente anuentes a su política”, dijo Borja.

La economía del Ecuador y el panorama mundial

Respecto a la caída del Credite Suisse, indicó que es improbable que exista una afectación a la reserva internacional del Ecuador. Señaló que existen parámetros para que el dinero sea alojado en bancos con mayor seguridad, como el Banco Internacional de Pagos que el de las bancas privadas. A pesar de su pronóstico, el Banco Central del Ecuador (BCE) tendrá que pronunciarse oficialmente.

No obstante, resaltó que el incremento de las tasas de interés a nivel global sí pueden afectar la economía ecuatoriana. Estados Unidos tomó medidas para protegerse, pero estas acciones excluyen a los países tercermundistas. Por ende, puede existir una reducción en los bonos del país. (A.G.M).

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El Decreto Ejecutivo fue emitido el 20 de marzo con las modificaciones a tres artículos de la LOCGE. En el nuevo texto reforma al artículo cuatro que dice que “las entidades financieras y bancarias privadas, cuyo capital social, patrimonio, fondo o participación esté integrado con el 50 % o más de recursos públicos, serán sometidos a la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.

En el escrito también están incluidas las empresas y sociedades mercantiles y las compañía de seguro privadas, estas entidades estarán bajo el control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros respectivamente y bajo los mismos parámetros.

Antes del decreto

Antes el reglamento formulaba que “están sometidas al control de la Contraloría la personas jurídicas y entidades de derecho privado, exclusivamente sobre los bienes, rentas u otras subvenciones de carácter público”.

El Gobierno justificó el decreto bajo el argumento de la necesidad de emitir reformas para evitar la “superposición” de la ejecución de la norma.

Otras reformas

En la reforma al artículo 5, se estableció que la Contraloría solo realizará la auditoría de estas compañías a recursos que vengan de la inversores del sector público, no de terceros.

La tercera modificación al artículo 6 gira en torno a la clasificación de las entidades privadas que manejan recursos públicos que son sujetos de control por parte de la Contraloría.

En este sentido, salen de la competencia de la CGE las entidades con las características mencionadas anteriormente. Por ende, se mantienen bajo las atribuciones de Contraloría las entidades bancarias, financieras y mercantiles que tienen menos del 49 % de recursos públicos. (A.G.M).

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Dicha institución recalcó que el congelamiento o la retención de arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas o privadas está prohibido. Esto ante los rumores que empezaron a circular en redes, que insinuaban que las cuentas de clientes estarían en riesgo o peligro.

Ante ello, la superintendencia enfatizó que: «La persona que divulge noticias falsas que causen alarmas en la población y provoquen retiro masivo de los depósitos de cualquier institución del sistema financiero (…) que pongan en peligro la estabilidad o provoquen el cierre definitivo de la institución, será sancionada con una pena privativa de la libertad de cinco a siete años«. Normativa que corresponde al Artículo 322 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Además, la institución solicitó a la ciudadanía a mantenerse informada unicamente por canales oficiales.

¿Cuáles fueron las razones de la intermitencia?

La tarde de este 18 de febrero varios ciudadanos expresaron su malestar en Twitter al percatarse que el soporte informático de algunos bancos presentaban fallas. Ante los reclamos, Asociacion De Bancos del Ecuador (Asobanca) aclaró que el problema tenía que ver con el proveedor de red.

«Por un inconveniente de un proveedor de servicios de conectividad se produjo intermitencia en algunos servicios bancarios del país. Al momento, los técnicos se encuentran resolviendo el problema«, explicaron en un comunicado de la asociación.

JR

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El asambleísta del PSC, Luis Almeida denunció a la magistrada por su «sometimiento al gobierno». «Al fin respira vientos de libertad. ¡Nunca más sicarios judiciales», expresó a través de su cuenta e Twitter.

Ibarra permitió que Hernán Ulloa asuma la Presidencia del Consejo de Participación Ciudadana (Cppcs), luego de revocar las medidas de protección a favor de Sofía Almeida el 1 de agosto de 2022.

Además, la jueza aceptó una acción de protección contra el Cpccs por haber designado a Raúl González como superintendente de Bancos, el pasado 27 de julio de 2022.

Según Ibarra, en el concurso se vulneraron «los derechos constitucionales al debido proceso, seguridad jurídica y participación de la ciudadanía denunciante».

Ante esta decisión, el abogado de González, Roland Friend, solicitó a la Corte de Guayas que declare error inexcusable. Además, mencionó que en la audiencia de acción de protección en el caso del titular de la Súper de Bancos existió conflictos de intereses.

González sin puesto

La jueza de Samborondón, Larissa Ibarra aceptó este recurso y anuló el proceso designación de González. Por ende, ordenó al Cpccs que elija un nuevo principal con una terna que debía enviar el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por González y algunos consejeros. Según la entidad, la designación carece de motivación “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”. (N.J.C)

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El tribunal estuvo conformado por los jueces Manuel Torres Soto, Alfonso Ordeñana y Nelson Ponce, quienes ratificaron esta decisión. Como antecedente, la ciudadana Michelle Guerra presentó una acción de protección acusando al Cpccs de vulnerar sus derechos de participación al elegir a González como Superintendente.

La jueza de Samborondón, Larissa Ibarra aceptó este recurso y anuló el proceso designación de González. Por ende, ordenó al Cpccs que eleja un nuevo titular con una terna que debía enviar el presidente de la República, Guillermo Lasso.

El Tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por González y algunos consejeros. Según la entidad, la designación carece de motivación “no se explican los criterios de especialidad y méritos que conllevaron a que el postulante Raúl González haya sido seleccionado para ocupar dicha dignidad”.

Un nuevo Superintendente

El 3 de diciembre, el Consejo de Participación Ciudadana designó a Roberto Romero von Buchwald como nuevo superintendente de Bancos. El presidente de la entidad, Hernán Ulloa, exigió al Legislativo que posesione a Romero en el cargo. 

Sin embargo, el día de la posesión (en modalidad virtual) no hubo quórum y se suspendió la sesión. La posesión del funcionario queda pendiente hasta que los asambleístas regresen del receso legislativo hasta enero de 2023. (A.G.M)

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El Cpccs tomó esta decisión luego de analizar los planes de trabajo presentados por la terna enviada por el presidente Guillermo Lasso. La estaba conformada por: Felipe Cabezas- Klaere, Rosa Marí Herrera y Roberto Roberto Romero Von Buchwald.

Según la Institución, el nuevo Superintendente de Bancos presentó su proyecto enfocado en cuatro ejes: Fortalecer la supervisión y control preventivo, modernizar a la Superintendencia de Bancos, promover la inclusión financiera y robustecer la regulación de los sistemas controlados.  

Además, pretende apoyarse en nuevas tecnologías de supervisión y ciberseguridad, sistemas de información en línea, un centro de mediación de conflictos financieros en la Superintendencia y consolidar un marco de supervisión basado en riesgos, para cumplir su proyecto de trabajo.

Esta decisión se da luego de que Raúl González fuera destituido del cargo por orden judicial. Ahora, el Cpccs deberá enviar esta resolución al Pleno de la Asamblea para que lo posesione de manera formal.

Un poco más de Roberto Romero

Romero es economista especializado en Finanzas y Banca, presidente del directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares Solidarias (Conafips), desde 2019.

Se ha desempeñado en varias empresas nacionales y multinacionales como: Cardiocorp, BanEcuador, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Banco del IESS, Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información.

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Los registros del mercado bursátil del país acaban de confirmar la difícil situación financiera que atraviesa Sumesa, una de las empresas de alimentos más grandes del país. El pasado jueves 13 de octubre de 2022, según conoció EXPRESO, la compañía entró en mora, tras no poder pagar $ 4 millones a sus inversionistas

Hasta la tarde de este viernes, las bolsas del país esperaban ser notificadas por el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale S.A.), esto pese a que, según la ley, desde el día de vencimiento el ente tiene hasta 48 horas para empezar a comunicar como un “hecho relevante”, a los actores del mercado lo sucedido. 

El medio de comunicación intentó este viernes contactar vía teléfono y correo electrónico a Julián García, su gerente general, pero no hubo respuesta. Según se conoció, la empresa, pese a haber caído en impagos, aún trabaja en alternativas para pagar sus deudas.

No obstante, la noticia confirmó lo que muchos ya intuían. El monto millonario pondría a tambalear a la firma, de la que se preveía venía arrastrando problemas.

La primera alerta se conoció en abril pasado, cuando los obligacionistas de tenedores de obligaciones emitidas por Sumesa S.A. se reunieron en asamblea, con el fin de analizar la situación financiera de esta  industria.

Allí los tenedores buscaban conocer detalles sobre la propuesta del emisor (Sumesa) de constituir “una garantía específica o resguardo que caucione la operación”. Se referían a la cuarta emisión de obligaciones del 13 de junio de 2018.

Esta reunión, según conoció EXPRESO de fuentes confiables de este mismo mercado, se dio ya cuando la Superintendencia de Compañías sometía a la empresa a un proceso de intervención.

Aún no existen detalles de las irregularidades que habrían llevado a Sumesa a tener problemas económicos, que hoy han derivado en este impago. Sin embargo, según información a la que este medio también tuvo acceso, el origen habría sido una irregularidad en sus balances que llegó a detectarse en el 2019, y que no reflejaba la real situación.

Según la Superintendencia, el año pasado la empresa llegó a facturar $ 32 millones, versus los $ 51 millones de 2020; es decir, un 37 % menos. Las cifras también hablan de un declive de sus activos y su patrimonio, pues en el último año estos alcanzaron los $ 112 millones y los $ 42,5 millones, un 18 % y un 47 % menos, respectivamente.

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Una usuaria Ana* utilizó la plataforma de Twitter para denunciar el hecho. Su cuenta bancaria quedó sin fondos después de que le realizó un depósito. «el día de ayer (6 de octubre) quise hacer una transferencia y oh sorpresa! Tenía 0,0 en mi cuenta». Se percató de un movimiento extraño y llamó a la banca móvil.

«Me dijeron que es una ‘regularización’ que estaba pidiendo una entidad bancaria. Que yo había recibido un depósito de x valor el 04 de octubre. Y que por ese depósito que fue hecho desde otra entidad bancaria están pidiendo ‘regularización'», explicó a Radio La Calle.

Un trajín sin respuesta

Tuvo que atar cabos debido a que el banco no le informó que otra entidad bancaria estaba involucrado. Su madre había hecho un depósito ese día y le pidió que pregunte al banco sobre el hecho. «Le dejaron claro a mi mamá que de parte de ellos estaba correctamente hecha la transacción», agregó.

La explicación de la banca móvil sobre este atropello fue que «la ‘regularización’ es devolver el dinero. Yo entendí que era algún tipo de impuesto, pero no ellos me explicaron que cualquier dinero que ingrese a mi cuenta será debitado hasta alcanzar la suma de dinero que me habían depositado», añadió la usuaria.

Finalmente tuvo que acercarse a las oficinas del Pichincha en el CCI. Allí, después de una larga fila, le entregaron un formulario para exponer su problema y que espere al 21 de octubre para saber la solución.

No es la primera vez que tiene problemas con el Banco Pichincha. Una vez ya denunció el cobro de un seguro que no había utilizado y hasta el momento la Superintendencia de Bancos no ha dado respuesta.

Otros testimonios

Otro caso es el de Luis, quien denunció el robo de su celular. Al día siguiente (7 de septiembre) se acercó al Banco Pichincha para dejar constancia y solucionar la situación. Le dijeron que la seguridad es confiable y que no habría problema. Intentó desbloquear la banca web y móvil sin éxito.

El 17 de septiembre consiguió un celular que le permitió abrir la cuenta. Al segundo día del robo, habían pedido un crédito de USD 12.000 a su nombre para después retirar la cantidad y dejarlo con esa deuda al banco.

«Cuando he pedido un préstamo me han dicho que mi capacidad económica no da para más de USD 3.000», explicó el usuario en un carta.

Nicole Estupiñán, cuya biografía indica que es Coordinadora Zonal 1 del Ministerio del Deporte también denunció un caso de robo. «Acaban de transferirse todo el dinero de mi cuenta de ahorros del Banco Pichincha cómo se pueden crear un usuario y transferirse? Cuando estoy en mi oficina con la computadora en mi mano y mi celular también», escribió en un tuit.

El servicio al cliente no le ayudó y restringió sus cuentas cuando tuvo acceso y preguntó cuándo le regresarían el dinero, colgaron. Se comunicó con el dueño de la cuenta a la que llegó su dinero y dijo que no sabía cómo éste había llegado hasta allí.

Le dijeron en el banco que debía esperar hasta el 20 de octubre por una respuesta, pero finalmente, el banco se comprometió a devolverle su dinero.

Aunque la Superintendencia de Bancos responde los tuits de denuncia y pide los datos, no hay pruebas fehacientes de un seguimiento o llamadas de atención al Banco Pichincha por estos casos que siguen en aumento. Radio La Calle escribió al buzón de mensajes de la institución, pero no obtuvimos respuesta hasta el cierre de esta nota. (MIB)

* La usuaria solicitó que mantengamos el anonimato de su identidad. Nuestro medio se reserva el nombre de la fuente, como indica la ley.

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González tuvo la posesión de dicho organismo con 70 votos, pese a la sentencia judicial que anuló su designación y prohibió que asuma el cargo. Según Jiménez, los legisladores habrían incurrido en un delito, haber posesionado a una persona que no fue designada legalmente por el Ejecutivo para la superintendencia. La actuación de los asambleístas fue un causal para las presuntas destituciones.

Jiménez agregó que fue una “acción que todavía no se adoptó debido que hay una serie de connotaciones jurídicas institucionales y constitucionales”. Mientras tanto, el Gobierno está limitado a elegir a quién destituir y a quién no de la Asamblea. De todas formas, el presidente Guillermo Lasso está abierto al diálogo.

Jiménez afirmó que tomarán una decisión debidamente meditada. La misma que será en beneficio a la ciudadanía y no a la agenda política. Él mismo anunció “nosotros somos respetuosos del ordenamiento institucional, desde el comienzo hemos dicho que somos un Gobierno convencido de la independencia de funciones, convencido de la vigencia de la constitución y funcionamiento institucional en democracia”.

Asambleístas con posible destitución

Los asambleístas que incumplieron la sentencia son de la bancada de UNES, Partido Social Cristino (PSC) y parte de Pachakutik. La decisión de desacatar lo establecido provocó que el Ejecutivo desconozca la designación y cerque con policías los edificios de la Superintendencia restringiendo el ingreso de González.

Jéssica Castillo, asambleísta por Pachakutik mencionó sobre una negociación que se habría dado para conseguir ciertos votos del bloque, de la cual Castillo decidió abstenerse. 

Proceso de designación

Mientras tanto, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue la división y su presidente Hernán Ulloa aseveró que continuará el proceso de designación de Superintendente de Bancos. Informó que el pleno todavía no ha iniciado otro proceso de nombramiento. (J.P)

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González afirmó, desde las instalaciones de la Superintendencia en Guayaquil, que hará frente a las amenazas del Gobierno. A su vez, en el edificio de Quito, la Policía Nacional colocó avisos de que la atención será en línea. Solamente a través de una lista se dejó ingresar a funcionarios a las instalaciones.

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, en un comunicado mencionó que “la función Ejecutiva no reconoce, ni puede reconocer al Ing. Raúl González como Superintendente de Bancos y, por lo tanto, las distintas dependencias públicas no lo aceptarán como tal”. Entre las referencias públicas constaron los ministerios de Finanzas y Economía, de Trabajo, Junta Monetaria, Financiera y Banco Central.

El secretario de la Administración Pública, Iván Correa, reiteró que “el Gobierno no va a permitir que se viole el estado de derecho”. Mientras que el ministro Jiménez agregó “instamos al Ing. González a no intentar, ni llevar a cabo acción alguna que pueda reiterar cualquier delito de arrogación de funciones”.

Trámites en línea

A partir del resguardo policial en las afueras del organismo, solo personal autorizado y en lista ingresó a la matriz en Quito. Policías controlaron el paso al edificio. Ciudadanos que se acercaron a realizar trámites no pudieron ingresar. Entre estos trámites estuvieron: información del buró de crédito, pago de deudas y quejas por cierre de cuentas.

Los ciudadanos que requirieron los servicios de la empresa tuvieron que acatarse a los carteles que indicaban la atención en línea con el correo: atencionquito2@superbancos.gob.ec

Continua el proceso de designación

Según Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), el proceso de designación del titular de la Superintendencia de Bancos continuará. Existe una disposición judicial que anuló el nombramiento de González. Ulloa también aseveró que mientras el proceso concluya, Guadalupe Cabezas seguirá como subrogante en la Superintendencia. (J.P)

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«He procedido a presentar una denuncia en la Fiscalía en contra del señor Aparicio Caicedo Castillo, poniendo en conocimiento de la Fiscalía hechos que presumiblemente podrían constituir delito. Estamos solicitando a la Fiscalía que objetivamente investigue y determine la participación y posterior responsabilidad de cargos», expresó el legislador la tarde del 11 de agosto.

La denuncia aparece tras los audios revelados por Teleamazonas en los que el consejero de Lasso, Aparicio Caicedo presionó al superintendente de Bancos, Raúl González para que abandone el cargo el 16 de julio.

La amenaza del consejero de Lasso

En la conversación Caicedo le reclama a González por no haber acatado un supuesto «acuerdo» días atrás. El «pacto» habría sido que González no se presentase ante el Consejo de Paticipación (CPCCS) para exponer su plan de trabajo en el marco del proceso de elección.

González asistió ante el CPCCS y Caicedo lo amenazó: «vas a ver lo que pasa».

González, el superintendente

El 11 de agosto, La Asamblea Nacional posesionó de manera virtual a Raúl González como superintendente de Bancos tras el voto favorable de los legisladores para esta disposición.

«El presidente de la Asamblea,Virgilio Saquicela, procede de manera virtual a la posesión de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos. «Por Dios, por la patria y mis hijos», enfatizó el actual titular de la Superintendencia de Bancos en el acto», informó el Legislativo.

La posesión tuvo lugar por la resolución de la asambleísta Mireya Pazmiño (PK) para oficializar a González en el cargo. La decisión se toma a pesar de que existe una acción de protección aprobada por la jueza Larissa Ibarra que dispuso la anulación del proceso y el envío de una nueva terna. 

La entrada UNES denunció al consejero de Lasso, Aparicio Caicedo por tráfico de influencias se publicó primero en La Calle.

Este lunes 8 de agosto, el presidente del Legislativo solicitó al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela y al presidente del Consejo de la Judicatura, Fausto Murillo, tomar las acciones correspondientes para garantizar la autonomía de las funciones del Estado y evitar que la Función Judicial interfiera en ellas.

“Es su deber y obligación no permitir inferencias, ni inferir y evitar cualquier tipo de intromisión por parte de la justicia en las decisiones de los demás poderes del Estado”, señaló en el documento.

Saquicela recalcó que las determinadas responsabilidades y obligaciones de cada función asegura la independencia del actuar entre ellas.

Además, sostuvo que de lo resuelto por el tribunal de alzada respecto al recurso de apelación presentado dependerá la designación y posesión para el Superintendente de Bancos.

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«Una jueza emitió una sentencia constitucional, que revisó el fondo de la acción y la posible vulneración de derechos constitucionales, y resolvió. Primero, la nulidad de la designación de la primera autoridad de la Superintendencia de Bancos. Y segundo, la disposición al presidente del CPCCS para que le solicite el Ejecutivo una nueva terna y sobre ella se deisgne a la nueva autoridad de la Superinte», expresó Ulloa.

Ulloa explicó que la Asamblea Nacional debe posesionar al nuevo superintendente. Asimismo, refirió que el juez de Yaguachi, John Rodríguez, que ordenó al Legislativo posesionar a González, actuó en incompetencia.

Además, enfatizó que una medida cautelar no puede ir en contra de una decisión judicial. Hacer lo contrario es un abuso del derecho, apuntó. «No tiene el mismo peso una medida cautelar constitucional que no resuelve el fondo de la controversia».

Los candidatos de la nueva terna

Romero es el presidente del Directorio de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias. «He generado importantes hitos dentro de mi gestión, como la consecución de fondos con organismos internacionales para impulsar y fortalecer a la economía popular y solidaria», dice parte de su perfil en LinkedIn. Es economista por la Universidad Católica del Ecuador. Tienes un máster en Administración de Empresas y otro en Dirección Comercial.

Delgado ya había trabajado en la Superintendencia de Bancos. En 2019 constaba como intendente general encargada. Antes de eso fue asesora para el sector seguros en la Superintendencia de Compañías. Según su LinkedIn se desempeña como Consultora independiente en gestión de proyectos y riesgos.

Cabezas- Klaere es abogado por la Universidad Católica de Guayaquil, especialista en derecho constitucional y maestrante en la misma rama en la Universidad Espíritu Santo, de acuerdo con el perfil que muestra el bufete Cabezas & Cabezas- Klaere.

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El designado superintendente de Bancos denunció ante la Comisión de Transparencia, Participación ciudadana haber recibido llamadas amenazantes, con el fin de intimidarlo para que desista del cargo asignado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).

«Lamentablemente el presidente Guillermo Lasso al parecer está mal asesorado por sus actores políticos, de lo que yo si he recibido amenazas. A mí me han tratado de pendejo, me han dicho te vas arrepentir de haber nacido», aseguró González.

De la misma manera, el superintendente de Bancos señaló que se han desnaturalizado las garantías jurisdiccionales al permitir que una función del poder quiera tener injerencia en otra.

En este caso, González recalcó la intervención que ha tenido el sistema Judicial en la función del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Por su parte, el abogado del superintendente, Robert Freind sostuvo que harán todo lo posible para conseguir que se haga justicia

«Que no se piense que no vamos a hacer nada. Vamos hacer todo lo que se tenga que hacer para que brille la justicia. Ya denunciamos este mañana a estos «aparicios», indicó

González solicitó a la Asamblea Nacional que no sea acatada la sentencia de la jueza, Larrisa Ibarra, donde anula el proceso de designación por parte del CPCCS.

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«Pudimos identificar toda esta campaña de desprestigio que habían hecho en contra de Raúl González, a través de redes sociales, que ‘tiene impedimentos’, que ‘es correísta’, que ‘tiene contratos en ejecución con el Estado”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Friend recalcó que esta medida cautelar era una posibilidad porque no quieren que Raúl se posesione ante la Asamblea.

«¿Cómo puede ser posible que quieran trasladar la responsabilidad a Raúl González? por una inobservancia del operador político del gobierno que fue el encargado de revisar los requisitos de los postulantes de la terna que envió el Presidente de la República», cuestionó el abogado.

Además, aseveró que se está utilizando la justicia constitucional para resolver desde el punto de vista jurídico lo que no se ha podido resolver desde el punto de vista político.

«Raúl González no tiene ningún tipo de impedimento para ejercer el cargo. Se respetó el debido proceso dentro de la designación para la Superintendencia de Bancos. El Presidente de la República lo puso en la terna», sostuvo Friend.

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Una medida de acción de protección presentada por la ciudadana Michelle Guerra en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) fue aceptada por una jueza de la Unidad Judicial de Samborondón.

«En concordancia con el Art. 26, 29, 31, 32 y 33 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, resuelve OTORGAR LA SIGUIENTE MEDIDA CAUTELAR a favor de la parte actora: Se deja sin efecto, de manera provisional pero inmediata, hasta que se resuelva en última instancia la presente acción constitucional de protección (…)», indica el documento.

La resolución deja sin efecto el posicionamiento de Raúl González Carrión designado titular de la entidad.

Con cuatro votos a favor, dos abstenciones y un voto en contra, Gonzáles fue designado como el nuevo superintendente de Bancos y su posicionamiento iba ser efectuado este 29 de julio en la Asamblea Nacional.

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“Al parecer consideraron mi hoja de vida y postularon mi candidatura para la terna del Ejecutivo por la gestión que yo he realizado en el Banco Territorial y la Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para Vivienda en liquidación” expresó. La entidad es investigada por un caso de lavado de activos relacionado con el caso de Seguros Sucre.

Previo a su designación, recibió presiones para que no pueda acceder al cargo incluso aseguró que tuvo llamadas falsa de la presidencia para que presente la renuncia.

El cargo de superintendente se encontraba vacío por casi cinco meses. González fue analista de la Corporación Financiera Nacional en el 2012.

¿Vinculaciones con el «correísmo»?

Sobre su trabajo como analista de la Corporación Financiera Nacional (CFN) durante el gobierno de Rafael Correa, González mencionó que en 2012 trabajó para una firma auditora. Postuló para un puesto y en el proceso de seleeción fue escogido por la CFN.

«Tuve que hacer una prueba de evaluación, que eso debe estar en la CFN. Tuve una entrevista. Y ahí yo me adentro a este mundo de la función pública», manifestó.

Al ser cuestionado sobre su relación con el «correísmo» o Alianza País, respondió qué se considera «apolítico». Dijo no conocer al expresidente Rafael Correa y a «ningún otro político».

Polémica designación

González fue elegido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) el 20 de julio de 2022. La resolución se aprobó por cuatro votos. El presidente del Consejo, Hernán Ulloa, votó en contra de esta designación por supuestos impedimentos de ocupar un cargo público por tener un contrato pendiente con el Estado.

González aclaró que esa información no era real. “Creería que el Presidente no tuvo el tiempo suficiente de confirmar esa información que le dieron a último minuto”, dijo.

Entre las funciones que deberá realizar son la supervisión de las operaciones del sistema financiero y las empresas de seguros. Aseguró que va a conformar un equipo multidisciplinario para investigar el caso Isspol. Se enfocará en los correctivos e implementará políticas de refuerzo para la buena gobernanza de estas instituciones.

El nuevo superintendente ocupará este cargo hasta 2026. Entra en remplazo de Ruth Arregui, destituida por la Asamblea Nacional el 22 de febrero.

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«Lo que procuramos es reformar el artículo 358 del Código Monetario referente a la reducción de los plazos de permanencia o antigüedad de la información de riesgo crediticio», manifestó durante una entrevista con Radio La Calle.

Además, comentó que la reforma permitirá también añadir una transitoria que autorice a los bancos recuperar la cartera vencida y a cambio a los clientes se les elimina las clasificaciones de la central de riesgo, acogiéndose a este beneficio durante 120 días.

Cabezas recalcó que la propuesta es que la antigüedad de la información de riesgo crediticio sea solamente de 3 años y el reporte de información crediticia solo hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas en el último año.

«El trámite regular para aprobar la propuesta de ley sería que la califique la Comisión de Administración Legislativa y lo envía a la Comisión que corresponda. Esta tendría un tratamiento inicial de 30 días”, afirmó Cabezas.

La asambleísta detalló que una vez que el proyecto sea Ley, la Superintendencia de Bancos y la Junta Monetaria reformarán los códigos correspondientes para que se materialice.

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