En dicho informe, destacan una veintena de documentos en formatos PDF y Excel, todos certificados por la Superintendencia. En los mismo se detalla información de decenas de empresas cuyos accionistas son ciudadanos albaneses. Asimismo, figura el nombre de Rubén Cherres, presunto implicado en la red de corrupción presentanda en el caso ‘Encuentro’.

Adicionalmente, la Superintendencia diseñó organigramas que exponen las conexiones entre las compañías encabezadas por albaneses y Cherres con otras empresas representadas por ecuatorianos con pasado en cargos públicos.

Estas empresas estan vínculadas a los sectores de la construcción y la producción y cultivo de cannabis con fines terapéuticos.

Lesgiladores también estarían implicados en informe de Superintendencia

El asambleísta Ricardo Vanegas argumentó que varios serían los asambleístas y exfuncionarios asociadas a las empresas descritas en el informe. Así lo explicó durante una rueda de prensa este miércoles.

“Dalton Bacigalupo Buenaventura (Izquierda Democrática), Carlos Bergman (exlegislador), Fernando Cedeño Rivadeneira (UNES), Hugo Cruz Andrade (exasambleísta), Daniel Mendoza Arévalo (exdfuncionario), Xavier Santos Sabando (Izquierda Democrática), Tanlly Vera Mendoza (exministra de Agricultura), Mariano Zambrano Vera (exprefecto de Manabí) y María Álvarez Valverde son hasta el momento los que les puedo decir”, expresó Vanegas respecto de los presuntos asambleístas vinculados en el informe.

«La información que estamos entregando es la que consta en el informe de la Superintendencia y de ninguna manera se ha señalado que estas personas son parte de una mafia, el informe de la Superintendencia tampoco lo dice«, recalcó Vanegas, quien tuvo acceso a dicha información el pasado 3 de marzo. «Cómo se desclasificó ahora haré lo que antes no podía hacer», señaló.

El asambleísta reveló, además, que se descubrieron alrededor de 306 empresas con nexos directos o indirectos con ciudadanos albaneses, solo en la provincia de Manabí.

Otro factor que resaltó fue que algunas de estas compañíasse dedican a la comercialización de cannabis. En Cotopaxi, por ejemplo, el administrador de una de estas empresas es de origen albanés. El mismo ciudadano sería accionista de otras 14 compañías, asociadas a Rubén Cherres.

La información de todos los dueños y accionistas de las empresas vinculadas figuran el el informe de la Superintendencia de Compañías.

JR

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Dicha información también fue entregada a los asambleístas: Ricardo Vanegas (Pachakutik) y Mónica Palacios (UNES). Se suman nueve asambleístas que realizaron 18 pedidos para acceder a la información del caso.

Marco López, superintendente, reveló esos detalles este miércoles mientras comparecía ante la comisión de Transparencia y Participación Ciudadana presidida por Ferdinan Álvarez (UNES).

El pedido fue planteado por Viviana Veloz (UNES) para determinar las circunstancias en que se entregó esa información al asambleísta Ricardo Vanegas, en la que se revelaba los antecedentes de la mafia albanesa en el país. Información que, según trascendió, era de carácter reservado.

Según el funcionario, la Superintendencia de Compañías no tiene responsabilidad sobre quienes revelaron detalles asociados a dicho informe reservado. Sin embargó, aclaró que existe un uso no adecuado de esos datos (pues se mostraron mapas elaborados por la Superintendencia)

También recalcó que ese organismo está obligado a entregar la información, incluso si es reservada. Esto basándose en el artículo 110 de la ley orgánica de la Función Legislativa.

La Superintendencia recibió 18 pedidos

De las 18 solicitudes para acceder a la información vinculada al caso ‘Encuentro’, dos fueron presentadas por Mónica Palacios y Ricardo Vanegas, después de haber sido entregada a la comisión que preside Viviana Veloz.

López explicó que la obligación legal de mantener la reserva sobre la información ha sido traslada a cada uno de los requirientes y, en consecuencia, ellos serán responsables del uso que hagan de la misma. En síntesis, la Superintendencia de Compañías quedaría al margen de lo que ocurra después de entregar dicha información.

Recalcó también que la asambleísta Mónica Palacios pidió esa información sobre el caso mencionado y que, porsteriormente, recibió una copia igual a la que entregó la Superintendencia a la Comisión ocasional en noviembre de 2022.

Los asambleístas que solicitaron el acceso a esta información fueron Ana Belén Cordero (CREO), Darwin Pereira (Pachakutik), Fernando Villavicencio (Independiente), Mónica Palacios (UNES), Viviana Veloz (UNES), Ricardo Vanegas (Pachakutik), Ronny Aleaga (UNES), Patricia Nuñez (UNES) y Mayra Morales.

Por último, López sostuvo que no es su competencia establecer vinculos del narcotráfico con políticos, pues eso le corresponde a la UAFE y Fiscalía.

JR

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La Comisión que investiga el caso «El Gran Padrino» solicitó estas bitácoras como parte de la investigación del supuesto entramado de corrupción en las empresas públicas, que estaría encabezada por el cuñado de Lasso, Danilo Carrera.

La presidenta de la comisión, Viviana Veloz, indicó que estos documentos no tiene carácter reservado, secreto o secretísima. También explicó que es «inconsebible» que el Gobierno se niege a entregarlos.

«Esta información es de carácter público, no pueden escudarse que es reservada. Solo los gabinetes de seguridad pueden ser considerados como secretos», mencionó Veloz.

La comisión cerrará las comparecencias este 15 de febrero de 2023 y la discusión del informe se realizará el 22 de febrero.

Sin embargo, ni Lasso ni Carrera se presentaron ante la mesa para rendir su versión. De hecho, el mandatario prefirió presentarse en la condecoración del vicepresidente Alfredo Borrero, por su «gran mérito», que acudir al llamado.

Más pedidos de información

Pedro Zapata, otro miembro de la comisión, explicó que solicitaron información al SRI y a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre movimientos inusuales de Carrera; el exgerente de EMCO, Hernán Luque y Rubén Chérres principales sopechosos de este entramda de corrupción.

Además, mencionó que la Superintendencia de Compañías entregó información sobre la creación de nueve empresas relacionadas con los implicados con un capital de USD 800 en julio de 2021.

Delitos por los que serían inculpados

En este caso, la Fiscalía investiga los delitos de supuesta concusión, cohecho, lavado de activos y delincuencia organizada. Asimismo comentó que la Asamblea puede establecer responsabilidades políticas a los funcionarios supuestamente implicados, según El Comercio. (N.J.C)

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