«Está en la naturaleza del trabajo profesional alcanzar las metas y cerrar ciclos, consecuentemente ha llegado el momento de presentar a usted la renuncia irrevocable al cargo de Superintendenta de Bancos Subrogante», dice parte del documento.

Guerrero agregó que sintió honrada de ocupar ese puesto. «He cumplido con las metas y objetivos propuestos de manera responsable, con la mística de trabajo y honradez que me caracterizan, y en coherencia con las altas responsabilidades, funciones y atribuciones que consigna y manda la ley».

Sin posibilidad de selección

Guerrero fue excluida del proceso de elección que lleva a cabo el CPCCS para el nuevo superintendente/a de Bancos. La razón fue que no tiene un título de tercer nivel en economía y finanzas, uno de los requisitos para postular.

Según su ficha del Senescyt, la exfuncionaria tiene un título de Licenciada en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad Católica del Ecuador. Además registra dos títulos de cuarto nivel: una maestría en Economía por la Universidad Autónoma de México (UNAM). También una maestría en Microfinanzas y Desarrollo Social.

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Los votos afirmativos estuvieron en las bancadas de UNES, Izquierda Democrática y una facción de Pachakutik (PK). En contra votaron los asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN). Los legisladores del Partido Social Cristiano y algunos PK como la propia presidenta Guadalupe Llori se abstuvieron.

El debate

Aunque la Comisión de Fiscalización recomendó el archivo de este juicio político, el Pleno votó por llevarlo acabo. En el debate, varios asambleístas compartieron su punto de vista. «¿Cuántos millones de ecuatorianos fueron perjudicados por los bancos de este país? El pueblo ecuatoriano lo sabe, les vio y sintió el latigazo en plena pandemia. La superitendenta se puso del lado de los bancos y todo el mundo lo sabe», dijo el legislador Mario Ruiz (PK).

Por su parte, Juan Cristóbal Lloret (UNES) expresó que las acciones de la superintendenta merecían no solamente el enjuiciamiento sino la censura. «Aquí hay un abuso permanente por parte del sistema financiero en contra de los clientes. Hoy votamos por la censura».

Arregui es la segunda autoridad de control que este período legislativo destituye de sus funciones. En diciembre, el pleno decidió votar a favor de la destitución de Víctor Anchundia, exsuperintendente de Compañías.

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